Sentencia Civil 281/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 3563/2020 de 23 de febrero del 2026

PRIMERO.- Tramitación en primera instancia

La representación procesal de D. Benjamín y Dña. Marí Juana interpuso una demanda de juicio ordinario contra Banco Popular Español, S. A., (actualmente, Banco Santander, S.A.) en la que se pedía la nulidad relativa respecto de la orden de suscripción de acciones que fue suscrita, con restitución de las prestaciones recíprocas.

La demanda fue repartida al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Leganés y finalizó con la sentencia núm. 131/2019, de 7 de noviembre, cuyo fallo era del siguiente tenor literal:

«Que ESTIMANDO INTEGRAMENTE la demanda interpuesta por la procuradora, Pilar Azorín-Albiñana López, en nombre y representación de Benjamín y Marí Juana, DECLARO la nulidad relativa de las órdenes de suscripción de Acciones y Derechos de BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. ( ahora Banco Santander SA), en cuya virtud la parte actora adquirió 24.011 títulos de BANCO POPULARESPAÑOL S.A. y el consiguiente reintegro entre las partes de las prestaciones recíprocas, CONDENANDO a la demandada devolver a la actora la cantidad de 30.013,75 euros. Esta cantidad deberá incrementarse con los intereses legales devengados desde la fecha inversión, así como los intereses procesales desde la fecha de esta sentencia y hasta su pago o consignación. Por su parte, la demandante deberá proceder a la devolución de cualquier cantidad que hubiera podido percibir en razón de las citadas acciones, incrementada en los intereses legales desde su percepción- Y todo ello con expresa imposición a la parte demandada de las costas procesales causadas».

SEGUNDO. - Tramitación en segunda instancia.

1.La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Banco Santander, S. A.

2.La resolución de este recurso correspondió a la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Madrid, que lo tramitó con el número de rollo 189/2020, y tras seguir los correspondientes trámites dictó la sentencia núm. 344/2020, de 6 de julio, por la que se desestimó el recurso de apelación interpuesto, con expresa imposición de las costas de la alzada a la entidad apelante.

TERCERO.- Interposición y tramitación del recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación

1.La representación de Banco Santander, S.A., interpuso sendos recursos de casación y extraordinario por infracción procesal.

El recurso extraordinario por infracción procesal se apoya en dos motivos formulados bajo los siguientes encabezamientos:

«Motivo primero. La sentencia de segunda instancia funda su ratio decidendi en supuestos hechos que califica expresamente como notorios que no se sabe muy bien qué hechos son, que no merecerían tal consideración y que en todo caso no probarían que Banco Popular fuese insolvente cuando los actores adquirieron acciones de la entidad, lo que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 469.1.4º de la LEC). Infracción del artículo 281.4 de la LEC.

»Motivo segundo. Sin perjuicio de lo correspondiente a los hechos notorios que ha sido objeto de examen, la sentencia de apelación se asienta sobre una premisa que, a falta de toda prueba directa al respecto, ha sido declarada probada a través de una presunción judicial sin que se cumplan los presupuestos establecidos legal y jurisprudencialmente al efecto. La circunstancia que se presume (la insolvencia de Banco Popular cuando tuvo lugar la adquisición de acciones de los demandantes y, en particular, la falsedad del folleto informativo que sirvió de base a la ampliación de capital en mayo de 2016) es precisamente la razón para decidir que los inversores habrían incurrido en un error invalidante del consentimiento y se traslada directamente al fallo. Semejante presunción resulta ilógica y arbitraria: ni existe un enlace preciso y directo entre la circunstancia que se presume y los hechos de los que se parte, ni la sentencia exterioriza el razonamiento que condujo a tal presunción, por lo que se infringe lo dispuesto por el artículo 386.1 de la LEC y se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 469.1.4º de la LEC) .

El recurso de casación se basa en un motivo único articulado bajo el siguiente encabezamiento:

«Motivo único. Al amparo de lo dispuesto por el artículo 477.1 de la LEC, infracción de los artículos 1265 y 1266 del CC y la doctrina jurisprudencial que los interpreta: la sentencia recurrida no se ajusta a los criterios que se ha considerado que deben regir la apreciación del error como vicio en la contratación de acciones. La sentencia declara la concurrencia de error invalidante del consentimiento sin que concurran los presupuestos jurídicos exigidos para ello (identificación del error, esencialidad, excusabilidad y nexo causal). Se conculca la doctrina jurisprudencial establecida, entre otras, por las sentencias 618/2018, de 7 de noviembre, 312/2018, de 28 de mayo, 278/2018, de 16 de mayo, 264/2018 de 9 de mayo, 261/2018, de 3 de mayo, 97/2018 de 26 de febrero, 387/2017, de 20 de junio, 322/2017, de 23 de mayo, 260/2017, de 26 de abril, 102/2016, de 25 de febrero, 66/2016, de 16 de febrero, 504/2015, de 30 de septiembre, 467/2015, de 21 de julio, 400/2015, de 9 de julio, 377/2015, de 6 de julio, 323/2015, de 30 de junio, 82/2014, de 20 de febrero, 41/2014, de 17 de febrero, 683/2013, de 21 de noviembre, 626/2013, de 29 de octubre, 244/2013, de 8 de abril, 840/2013, de 20 de enero, 683/2012, de 21 de noviembre, 199/2010, de 5 de abril, 998/2005, de 16 de diciembre, 1215/2002, de 20 de diciembre, 868/2002, de 30 de septiembre, 67/1998, de 6 de febrero, 756/1996, de 28 de septiembre, 712/1995, de 14 de julio, y 295/1994, de 29 de marzo. El recurso de casación tiene como propósito que se declare que la sentencia de apelación vulnera la doctrina jurisprudencial de esta Excma. Sala en los términos enunciados, que se desarrollarán seguidamente, para evitar que se alteren los principios establecidos a lo largo de constantes resoluciones».

2.Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones y personadas ante la misma las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, mediante auto de 19 de marzo de 2025 fueron admitidos los recursos y se acordó dar traslado a la parte recurrida personada para que formalizara su oposición.

3.La parte recurrida, dentro del plazo conferido para formalizar su oposición a los recursos, puso de manifiesto su allanamiento e interesó que no le fueran impuestas las costas.

4.Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 17 de febrero de 2026, fecha en que ha tenido lugar.

PRIMERO.- Tramitación en primera instancia

La representación procesal de D. Benjamín y Dña. Marí Juana interpuso una demanda de juicio ordinario contra Banco Popular Español, S. A., (actualmente, Banco Santander, S.A.) en la que se pedía la nulidad relativa respecto de la orden de suscripción de acciones que fue suscrita, con restitución de las prestaciones recíprocas.

La demanda fue repartida al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Leganés y finalizó con la sentencia núm. 131/2019, de 7 de noviembre, cuyo fallo era del siguiente tenor literal:

«Que ESTIMANDO INTEGRAMENTE la demanda interpuesta por la procuradora, Pilar Azorín-Albiñana López, en nombre y representación de Benjamín y Marí Juana, DECLARO la nulidad relativa de las órdenes de suscripción de Acciones y Derechos de BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. ( ahora Banco Santander SA), en cuya virtud la parte actora adquirió 24.011 títulos de BANCO POPULARESPAÑOL S.A. y el consiguiente reintegro entre las partes de las prestaciones recíprocas, CONDENANDO a la demandada devolver a la actora la cantidad de 30.013,75 euros. Esta cantidad deberá incrementarse con los intereses legales devengados desde la fecha inversión, así como los intereses procesales desde la fecha de esta sentencia y hasta su pago o consignación. Por su parte, la demandante deberá proceder a la devolución de cualquier cantidad que hubiera podido percibir en razón de las citadas acciones, incrementada en los intereses legales desde su percepción- Y todo ello con expresa imposición a la parte demandada de las costas procesales causadas».

SEGUNDO. - Tramitación en segunda instancia.

1.La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Banco Santander, S. A.

2.La resolución de este recurso correspondió a la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Madrid, que lo tramitó con el número de rollo 189/2020, y tras seguir los correspondientes trámites dictó la sentencia núm. 344/2020, de 6 de julio, por la que se desestimó el recurso de apelación interpuesto, con expresa imposición de las costas de la alzada a la entidad apelante.

TERCERO.- Interposición y tramitación del recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación

1.La representación de Banco Santander, S.A., interpuso sendos recursos de casación y extraordinario por infracción procesal.

El recurso extraordinario por infracción procesal se apoya en dos motivos formulados bajo los siguientes encabezamientos:

«Motivo primero. La sentencia de segunda instancia funda su ratio decidendi en supuestos hechos que califica expresamente como notorios que no se sabe muy bien qué hechos son, que no merecerían tal consideración y que en todo caso no probarían que Banco Popular fuese insolvente cuando los actores adquirieron acciones de la entidad, lo que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 469.1.4º de la LEC). Infracción del artículo 281.4 de la LEC.

»Motivo segundo. Sin perjuicio de lo correspondiente a los hechos notorios que ha sido objeto de examen, la sentencia de apelación se asienta sobre una premisa que, a falta de toda prueba directa al respecto, ha sido declarada probada a través de una presunción judicial sin que se cumplan los presupuestos establecidos legal y jurisprudencialmente al efecto. La circunstancia que se presume (la insolvencia de Banco Popular cuando tuvo lugar la adquisición de acciones de los demandantes y, en particular, la falsedad del folleto informativo que sirvió de base a la ampliación de capital en mayo de 2016) es precisamente la razón para decidir que los inversores habrían incurrido en un error invalidante del consentimiento y se traslada directamente al fallo. Semejante presunción resulta ilógica y arbitraria: ni existe un enlace preciso y directo entre la circunstancia que se presume y los hechos de los que se parte, ni la sentencia exterioriza el razonamiento que condujo a tal presunción, por lo que se infringe lo dispuesto por el artículo 386.1 de la LEC y se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 469.1.4º de la LEC) .

El recurso de casación se basa en un motivo único articulado bajo el siguiente encabezamiento:

«Motivo único. Al amparo de lo dispuesto por el artículo 477.1 de la LEC, infracción de los artículos 1265 y 1266 del CC y la doctrina jurisprudencial que los interpreta: la sentencia recurrida no se ajusta a los criterios que se ha considerado que deben regir la apreciación del error como vicio en la contratación de acciones. La sentencia declara la concurrencia de error invalidante del consentimiento sin que concurran los presupuestos jurídicos exigidos para ello (identificación del error, esencialidad, excusabilidad y nexo causal). Se conculca la doctrina jurisprudencial establecida, entre otras, por las sentencias 618/2018, de 7 de noviembre, 312/2018, de 28 de mayo, 278/2018, de 16 de mayo, 264/2018 de 9 de mayo, 261/2018, de 3 de mayo, 97/2018 de 26 de febrero, 387/2017, de 20 de junio, 322/2017, de 23 de mayo, 260/2017, de 26 de abril, 102/2016, de 25 de febrero, 66/2016, de 16 de febrero, 504/2015, de 30 de septiembre, 467/2015, de 21 de julio, 400/2015, de 9 de julio, 377/2015, de 6 de julio, 323/2015, de 30 de junio, 82/2014, de 20 de febrero, 41/2014, de 17 de febrero, 683/2013, de 21 de noviembre, 626/2013, de 29 de octubre, 244/2013, de 8 de abril, 840/2013, de 20 de enero, 683/2012, de 21 de noviembre, 199/2010, de 5 de abril, 998/2005, de 16 de diciembre, 1215/2002, de 20 de diciembre, 868/2002, de 30 de septiembre, 67/1998, de 6 de febrero, 756/1996, de 28 de septiembre, 712/1995, de 14 de julio, y 295/1994, de 29 de marzo. El recurso de casación tiene como propósito que se declare que la sentencia de apelación vulnera la doctrina jurisprudencial de esta Excma. Sala en los términos enunciados, que se desarrollarán seguidamente, para evitar que se alteren los principios establecidos a lo largo de constantes resoluciones».

2.Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones y personadas ante la misma las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, mediante auto de 19 de marzo de 2025 fueron admitidos los recursos y se acordó dar traslado a la parte recurrida personada para que formalizara su oposición.

3.La parte recurrida, dentro del plazo conferido para formalizar su oposición a los recursos, puso de manifiesto su allanamiento e interesó que no le fueran impuestas las costas.

4.Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 17 de febrero de 2026, fecha en que ha tenido lugar.