Sentencia Civil 1684/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 3807/2021 de 24 de noviembre del 2025

PRIMERO.- Antecedentes del caso

1.-D. Patricio, en su condición de heredero del adquiriente originario, interpuso una demanda contra Bankia, S.A. (en lo sucesivo, Bankia) en la que ejercitó las acciones de nulidad de las órdenes de compras de participaciones preferentes y, subsidiariamente, de indemnización de daños y perjuicios, respecto del negocio de adquisición de participaciones preferentes por un importe total de 30.000 euros y posterior canje por acciones de la entidad bancaria.

Bankia se opuso a la demanda y alegó la caducidad de la acción de nulidad, la inexistencia de error o vicio del consentimiento y la improcedencia de la indemnización de daños y perjuicios conforme el artículo 1101 del Código Civil.

2.-La sentencia de primera instancia estimó la demanda, declaró la nulidad de la adquisición de las participaciones preferentes y posterior canje por acciones de la entidad financiera por vicio del consentimiento, condenó a Bankia a la restitución íntegra al demandante del capital nominal, más los intereses pactados desde la suscripción de la orden de compra, minorando dicha cantidad en la suma en que cifren los intereses mensualmente liquidados al adquirente desde la firma de la orden de compra, con sus correspondientes intereses y resto de cantidades, que con fundamento en las sucesivas vicisitudes padecidas por la inversión, hubiera recibido el adquirente, lo que se determinaría en ejecución de sentencia.

3.-Bankia apeló la sentencia de primera instancia. La Audiencia Provincial estimó en parte el recurso de apelación interpuesto, revocó la sentencia de primera instancia en el sentido de desestimar la acción de anulación del contrato de adquisición de participaciones preferentes por error en el consentimiento, al apreciar la caducidad de la acción ejercitada. Estimó parcialmente la pretensión subsidiaria y condenó a Bankia a pagar al demandante, como indemnización de daños y perjuicios, la cantidad de 2.024 euros, con el interés legal desde la fecha de interposición de la demanda.

La sentencia de la Audiencia Provincial indica que la acción ejercitada en la demanda es la de anulabilidad por error en el consentimiento y no la de nulidad absoluta por inexistencia del consentimiento. Señala la improcedencia de declarar la nulidad absoluta por infracción de normas imperativas. Estima que la acción de anulación por error en el consentimiento está caducada: el canje del producto por acciones se produjo el 21 de marzo de 2012 respecto al 75% del producto y los restantes canjes tuvieron lugar el 22 de junio y el 20 de diciembre de 2012, y el 26 de junio de 2013. En esta última fecha, el inversor ya conocía las consecuencias de su inversión y pudo tener conocimiento de los elementos que integran el error ahora aducido, fecha incluso posterior a la reducción nominal de las acciones que se produjo en abril de 2013. Presentada la demanda en enero de 2019, el plazo de cuatro años había transcurrido sobradamente.

Y en cuanto a la indemnización de daños y perjuicios, la sentencia de segunda instancia afirma que no se ha practicado prueba alguna que acredite que la entidad financiera facilitara suficiente información sobre la naturaleza y riesgos del producto pues no se ha aportado la orden de compra ni documento precontractual alguno. Al tiempo de suscripción del producto, el adquirente (abuelo del hoy demandante) tenía 81 años sin que se haya probado que tuviera especiales conocimientos sobre productos financieros, por lo que, al igual que la sentencia de primera instancia al tratar de la nulidad por vicio del consentimiento, la sentencia de segunda instancia aprecia una total falta de diligencia en la contratación por parte de la entidad financiera, que incumplió las obligaciones de informar y asesorar al cliente sobre la naturaleza y adecuación del producto.

Respecto del daño susceptible de indemnización, la sentencia de segunda instancia declara:

«[...] En consecuencia, al tiempo de suscribir la oferta de recompra, momento en el que cesa[n] los efectos del producto objeto de este litigio, el inversor recuperó la suma de 22.500 euros, con posterioridad mantuvo las acciones, de modo que se benefició del resto de canjes, pero también se vio perjudicado por la reducción del nominal de las acciones y su cotización a la baja, circunstancias ajenas a la adquisición del producto objeto de este litigio.

»Por todo ello, la pérdida de la inversión al tiempo del canje fue de 7.500 euros, diferencia entre el capital invertido (30.000 euros) y el valor acciones otorgadas al suscribir el canje (22.500 euros). A dicha cantidad debe deducirse los importes percibidos como rendimientos de las participaciones preferentes, es decir, 5.476 euros [...] por lo que los daños y perjuicios indemnizables, al tiempo del canje, alcanzan la suma de 2.024 euros, cantidad a la que debe condenarse a la demandada, estimando parcialmente la demanda. La cantidad resultante devengará el interés legal desde la fecha de presentación de la demanda. [...]».

4.-El demandante ha interpuesto un recurso de casación basado en tres motivos, que han sido admitidos.

SEGUNDO.- Motivo primero

1.- Planteamiento. En el encabezamiento de este motivo el recurrente alega la infracción de los arts. 1261, 1265 y 1266, en relación con el artículo 1969 del Código Civil.

La infracción habría consistido en que estamos en presencia de un supuesto de nulidad absoluta (y no de anulabilidad) por inexistencia de consentimiento o por una infracción total del ordenamiento jurídico que regula dichos productos y la información que se debe proporcionar o facilitar, deduciendo de ello que esa acción de nulidad es imprescriptible y por tanto no está sujeta a plazo de caducidad alguno.

2.- Decisión de la sala. El motivo debe desestimarse por las razones que a continuación se expresan.

La cuestión planteada en este motivo ha sido resuelta hace varios años y es pacífica en nuestra jurisprudencia. En nuestra sentencia 380/2016, de 3 de junio, declaramos:

«La segunda cuestión también ha sido resuelta en un sentido negativo por este tribunal en otras ocasiones: la infracción de los deberes legales de información contenidos en el art. 79 bis LMV, incorporados con la Ley 47/2007, de 15 de noviembre, que traspuso la Directiva MiFID, no vicia por sí de nulidad absoluta el contrato o negocio, y por ello no puede ser apreciada de oficio.

»En la Sentencia 716/2014, de 15 de diciembre, después de recordar que la normativa comunitaria MiFID no imponía la sanción de nulidad del contrato para el incumplimiento de los deberes de información, analizamos si, de conformidad con nuestro derecho interno, cabría justificar la nulidad del contrato de adquisición de un producto financiero complejo en el mero incumplimiento de los deberes impuestos en el art. 79 bis LMV, al amparo del art. 6.3 CC, y concluimos que no.

»Conforme al art. 6.3 CC, "(l)os actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención". La norma legal que introdujo los deberes legales de información del art. 79 bis LMV no estableció, como consecuencia a su incumplimiento, la nulidad del contrato de adquisición de un producto financiero. Sin embargo sí que dispuso expresamente otro efecto distinto, de orden administrativo, para el caso de contravención. La Ley 47/2007, al tiempo que traspuso la Directiva MiFID, estableció una sanción específica para el incumplimiento de estos deberes de información del art. 79 bis, al calificar esta conducta de "infracción muy grave" (art. 99.2.bis LMV) , lo que permite la apertura de un expediente sancionador por la Comisión Nacional del Mercados de Valores (CNMV) para la imposición de las correspondientes sanciones administrativas (art. 97 y ss LMV) .

»Con lo anterior no negamos que la infracción de estos deberes legales de información pueda tener un efecto sobre la validez del contrato, en la medida en que la falta de información pueda provocar un error vicio, en los términos que expusimos en la Sentencia 840/2013, de 20 de enero de 2014.

»Pero la mera infracción de estos deberes, en concreto, en este caso el deber de recabar el test de conveniencia, no conlleva por sí sola la nulidad de pleno derecho del contrato, como pretende el recurrente, por las razones antes apuntadas y porque, con la contravención de estos deberes legales no cabe advertir que se hayan traspasado los límites autonomía privada de la voluntad ( art. 1255 CC) ».

Por tanto, la infracción de las normas que regulan la información que debe suministrarse por la entidad financiera a quien contrata con ella un producto financiero no trae como consecuencia la nulidad radical del contrato por vulneración de normas imperativas. Y la ausencia de información sobre la naturaleza, características y riesgos del producto financiero ofrecido al causante del demandante no supone que no existiera consentimiento y, por tanto, que concurriera una causa de nulidad absoluta del contrato, sino que concurrió error vicio en la prestación del consentimiento, por lo que, al ser este error esencial y excusable, el contrato podía haber sido anulado si se hubiera ejercitado la acción de anulación en el plazo previsto en el art. 1301 del Código Civil.

TERCERO.- Motivo segundo

1.- Planteamiento. En este motivo se denuncia la infracción del art. 1301 del Código Civil.

La infracción se habría cometido porque la acción de anulabilidad por error en el consentimiento no está caducada, pues el dies a quo[día inicial del plazo de caducidad] no puede fijarse en la fecha del canje de participaciones preferentes por acciones, como afirma la sentencia recurrida, sino al momento en que el demandante tuvo consciencia del error, lo que aconteció cuando heredó las acciones al fallecer su abuelo, el 28 de octubre de 2015 y aceptar la herencia el 8 de marzo 2016, con lo que al momento de interponerse la demanda no habría transcurrido el plazo de cuatro años.

2.- Decisión de la sala. El motivo debe ser desestimado por las razones que a continuación se expresan.

Respecto de la caducidad de la acción y la interpretación a estos efectos del art. 1301 del Código Civil, hemos declarado entre otras, en las sentencias 769/2014, de 12 de enero de 2015; 376/2015, de 7 de julio; 489/2015, de 16 de septiembre, y 102/2016, de 25 de febrero, que:

«En relaciones contractuales complejas como son con frecuencia las derivadas de contratos bancarios, financieros o de inversión, la consumación del contrato, a efectos de determinar el momento inicial del plazo de ejercicio de la acción de anulación del contrato por error o dolo, no puede quedar fijada antes de que el cliente haya podido tener conocimiento de la existencia de dicho error o dolo. El día inicial del plazo de ejercicio de la acción será, por tanto, el de suspensión de las liquidaciones de beneficios o de devengo de intereses, el de aplicación de medidas de gestión de instrumentos híbridos acordadas por el FROB, o, en general, otro evento similar que permita la comprensión real de las características y riesgos del producto complejo adquirido por medio de un consentimiento viciado por el error».

»Conforme a la jurisprudencia representada por las sentencias 734/2016, de 20 de diciembre; 401/2017, de 27 de junio; 204/2019, de 4 de abril; 573/2022, de 18 de julio; y 600/2022, de 14 de septiembre, el comienzo del plazo de ejercicio de la acción de anulación por vicio en el consentimiento debe computarse, no necesariamente desde que se materializaron de forma efectiva los riesgos, sino desde que los clientes estuvieron en disposición de conocer los riesgos patrimoniales de la operación, que en este caso provendrían de la inexistencia de un mercado efectivo de reventa de los títulos y de la práctica imposibilidad de recuperación de la inversión, por la falta de solvencia de la entidad emisora de las preferentes o subordinadas, pues sería en ese momento cuando pudieron ser conscientes del error en que habían incurrido y ejercitar la acción de anulación del contrato.

»Más en concreto, en asuntos semejantes referidos a comercialización de participaciones preferentes u obligaciones subordinadas hemos referenciado esta fecha al momento en que la entidad emisora tuvo que ser intervenida por el FROB ( sentencias 734/2016, de 20 de diciembre; 204/2019, de 4 de abril; 573/2022, de 18 de julio; 600/2022, de 14 de septiembre; 998/2023, de 20 de junio; 652/2024, de 13 de mayo; 750/2024, de 28 de mayo; 1477/2024, de 8 de noviembre; o 439/2025, de 19 de marzo).

»3.-Conforme a este criterio, dentro de la dicotomía planteada en el recurso, resulta acertada la solución adoptada por la sentencia recurrida, al tomar como momento en que la demandante estuvo en disposición de conocer los riesgos patrimoniales de la operación, el de la comunicación de que iba a tener lugar el canje, en el mes de febrero de 2013. Y, en todo caso, conforme a la doctrina expuesta el inicio del cómputo del plazo de caducidad no podría iniciarse más allá de la fecha de la Resolución del FROB, en abril de 2013. Tal Resolución no puede considerarse sorpresiva, de modo que pudiera pasar inadvertida para los afectados, sino que constituía un hito importante tras un periodo de noticias que permitían que los afectados pudieran estar alerta sobre lo preocupante de la situación de su inversión, que provocó protestas y manifestaciones de los afectados, de modo que la citada resolución del FROB, que no solo fue publicada oficialmente sino que fue ampliamente difundida y comentada en los medios de comunicación, permitió a los afectados ser plenamente conscientes de los riesgos que conllevaba la contratación de las obligaciones subordinadas».

En consecuencia, cuando el demandante ejercitó la acción de anulación el 24 de enero de 2019 habían transcurrido en exceso más de 4 años desde el momento relevante en que podía considerarse consumado el contrato cuya nulidad pretendía, por lo que su acción estaba caducada.

3.-El hecho de que el demandante sea sucesor mortis causadel adquirente del producto financiero tampoco determina que la acción de nulidad por error vicio no haya caducado porque el plazo de ejercicio de la acción deba computarse desde que el heredero tuvo conocimiento de las circunstancias que determinaron el error del causante, adquirente del producto financiero.

El art. 659 del Código Civil establece:

«La herencia comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona que no se extingan por su muerte».

El art. 661 del Código Civil establece:

«Los herederos suceden al difunto por el hecho solo de su muerte en todos sus derechos y obligaciones».

En consecuencia, que con posterioridad al inicio del plazo de ejercicio de la acción de nulidad por vicio del consentimiento en la adquisición de determinados bienes por el causante se produjera el fallecimiento del titular de la acción, no supone el nacimiento de un nuevo plazo de ejercicio de la acción para el sucesor. El heredero que sucede mortis causaen los bienes del causante le sucede también en las acciones asociadas a la titularidad de tales bienes, en los mismos términos en los que el causante era titular de tales acciones.

En consecuencia, el plazo de caducidad de las acciones se inició cuando se publicó la Resolución del FROB, en abril de 2013 y no cuando el sucesor adquirió la titularidad de los bienes a que estaban vinculadas las acciones.

CUARTO.- Motivo tercero

1.- Planteamiento. En el tercer motivo se alega la infracción de los arts. 1101, 1104 y 1106 del Código Civil.

En el motivo se niega que la determinación del daño en las acciones de indemnización de daños y perjuicios respecto de participaciones preferentes canjeadas por acciones y que no han sido objeto de venta haya de fijarse en el momento del canje, tal y como afirma la sentencia recurrida, sino que debe estarse al momento de la cuantificación de los daños y/o perjuicios y en ese caso la determinación de la cantidad que se debe abonar como indemnización por la entidad bancaria demandada será la de recuperar la inversión (30.000 euros) menos los rendimientos generados en ese tiempo por las participaciones preferentes (5.476,00 euros), más los intereses legales desde la fecha de presentación de la demanda, y devolver los títulos a la entidad bancaria demandada al no haberse transmitido por el demandante las 2566 acciones de Bankia, o bien se deberá determinar en ejecución de sentencia el importe de los daños y/o perjuicios, por el trámite de los arts. 712 y siguientes de la LEC, debiendo valorarse las acciones a la fecha de la sentencia.

2.-Decisión de la sala. Este motivo también debe desestimarse porque esta cuestión ha sido resuelta por la sala en el mismo sentido que la sentencia recurrida.

En las sentencias 867/2021, de 15 de diciembre, 108/2025, de 21 de enero, 370/2025, de 11 de marzo, 400 y 401/2025, de 17 de marzo, y 761/2025, de 14 de mayo, referidas a un supuesto de canje de bonos subordinados convertibles por acciones, en que las demandas se interpusieron varios años después del canje de los bonos por las acciones, declaramos que en el momento en que el inversor adquirió las acciones obtuvo también el poder de libre disposición sobre ellas, inclusive su inmediata venta en el mercado de valores. Por lo que concluimos que en este tipo de casos debía tomarse como referencia para determinar el importe del abono por equivalencia el de la cotización en el mercado oficial de valores de las acciones en la fecha en que se produjo su adquisición por el canje de los bonos convertibles.

En este caso, cuando se produjo el canje de las preferentes por acciones, el cliente pudo optar entre quedárselas o venderlas en el mercado de valores. Por tanto, si decidió mantenerlas en su poder y posteriormente las acciones bajaron su cotización, quedó interrumpida la relación de causalidad entre la conducta ilícita de la entidad financiera y el daño sufrido por el cliente por la pérdida de valor de las acciones.

Por tanto, el criterio aplicado por la sentencia recurrida es correcto.

QUINTO.- Costas y depósito

1.-De acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas del recurso de casación deben ser impuestas a la recurrente.

2.-Procede acordar también la pérdida del depósito constituido de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.