Sentencia Civil 296/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 2278/2022 de 24 de febrero del 2026

PRIMERO. Resumen de antecedentes.

1.El día 17 de mayo 2000, Irene y Gabino, celebraron un contrato de préstamo hipotecario con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., formalizado en escritura pública. La cláusula quinta atribuía a los prestatarios el pago de todos los gastos generados por el contrato.

La cláusula cuarta establecía una comisión de apertura con cargo a los prestatarios a satisfacer en el momento de la firma del contrato, con el siguiente contenido.

«Este préstamo devenga una comisión de apertura del cero coma setenta y cinco (0*75%) por ciento sobre el capital total del préstamo, equivalente a ochenta y seis mil doscientas cincuenta (86.250'-) pesetas equivalentes a 518'37 Euros, que se liquida y se abona en este acto por la parte prestataria al Banco, mediante deducción que éste hace de su importe del capital del préstamo.»

Los prestatarios abonaron el importe de la comisión en el momento de la firma de la escritura.

Después, con fecha 24 de noviembre de 2003, Irene y Gabino y la entidad bancaria acordaron la modificación de determinadas cláusulas del contrato, entre otras, la referente al capital, que ampliaron. El contrato de novación también asignaba el pago de todos los gastos a los prestatarios.

2.Con fecha 8 de junio de 2018 Irene y Gabino presentaron una demanda contra Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., en la que solicitaban entre otros pedimentos, la nulidad de las cláusulas de la comisión de apertura (préstamo 17 de mayo de 2000) y de gastos (préstamo 17 de mayo de 2000 y novación 24 de noviembre de 2003), y la condena a la entidad demandada a devolver el importe de la comisión de apertura y de las cantidades indebidamente abonadas por aplicación de las cláusulas de gastos de las dos escrituras, con el interés legal, y al pago de las costas.

La sentencia de primera instancia declaró la nulidad de las cláusulas de gastos del contrato de préstamo y de la novación, por abusivas; y condenó a la demandada a la restitución de determinados gastos.

Así mismo, estimó la pretensión de nulidad de la cláusula que establece la comisión de apertura (préstamo 17 de mayo de 2000), por falta de transparencia y por abusiva y condenó a la demandada a la restitución de determinados gastos de los contratos de préstamo y de novación, y al abono de las costas causadas.

3.La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. La Audiencia Provincial estima en parte el recurso de apelación, revoca los pronunciamientos de la sentencia apelada de condena a la restitución de gastos realizados con ocasión de la constitución y formalización del contrato de préstamo de 17 de mayo de 2000 y de la comisión de apertura establecida en dicho contrato, que deja sin efecto. No hace imposición de las costas del recurso.

La sentencia de la Audiencia examina la cláusula que establece la comisión de apertura y, al igual que la de primera instancia, considera que carece de validez, por falta de prueba de la aportación a los prestatarios de información precontractual sobre la cláusula y por no haber demostrado la entidad los servicios que prestó a los consumidores para la concesión del préstamo y el coste que tuvieron para la entidad tales servicios.

En cuanto a la prescripción, la sentencia distingue entre la acción de nulidad de la cláusula de atribución de gastos y la acción de reclamación de los abonos realizados por aplicación de dicha cláusula. Considera que esta última acción está sujeta al plazo de prescripción previsto para las acciones personales que no tienen señalado un plazo especial, y debe computarse desde que la acción pudo ejercitarse, que es cuando se realizó el último pago.

En la fecha de interposición de la demanda había transcurrido con creces el plazo de prescripción establecido en el artículo 1964.2 CC, en su redacción anterior a la reforma operada por la Ley 42/2015, de 15 de octubre, que era de quince años con relación a los pagos realizados con ocasión de la constitución y formalización del contrato de préstamo de 17 de mayo de 2000. En consecuencia, reputa prescrita la acción de reclamación de las cantidades abonadas por gastos.

Igualmente aprecia la prescripción respecto a la reclamación de la devolución de la comisión de apertura, al considerar de aplicación a la nulidad de esta cláusula el régimen de nulidad de la cláusula de gastos (distinción entre la acción de nulidad de la cláusula y la acción de restitución, y plazo de prescripción para el ejercicio de esta última).

4.La sentencia de apelación fue recurrida en casación por la demandante y la demandada se allanó a las pretensiones de la demandante.

SEGUNDO. Recurso de casación. Allanamiento.

1. Formulación del motivo. El motivo único del recurso se funda en la infracción «[...] de los artículos 1964 y 1969 del Código Civil en relación con el artículo 10 bis de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios (hoy art. 83 TRLGDCU;) y 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, y de la jurisprudencia del TJUE[...]».

2.Resolución de la Sala.La sentencia 1090/2023 de 4 de julio , que se remite a la 397/2018 de 26 de junio, que cita otras anteriores (sentencias 74/2017 de 8 de febrero, 475/2017 de 20 de julio, y 294/2018 de 23 de mayo, de Pleno), recuerda que el allanamiento de la parte recurrida/demandada también tiene efectos en casación y debe dar lugar a la estimación de la demanda, en aplicación del principio dispositivo que rige en el proceso civil ( art. 21 LEC).

El art. 21.1 LEC establece que «cuando el demandado se allane a todas las pretensiones del actor, el tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por éste». Conforme a reiterada jurisprudencia (por todas, sentencias 11/2012 de 19 de enero, 571/2018 de 15 de octubre, y 173/2020 de 11 de marzo), el allanamiento es una manifestación de conformidad con la petición contenida en la demanda, hecha por el demandado al contestar a ella, o en otro momento procesal, y constitutivo de un medio de extinción del proceso a virtud del reconocimiento y conformidad del demandado, que puede comprender todas las materias de carácter privado que sean objeto de pretensión por las partes y que sean disponibles por ellas, porque no es lícito dentro del orden jurídico, oponerse a que los interesados hagan de lo suyo lo que a bien tengan.

3.En el caso, el allanamiento se refiere a materias de carácter privado, comprendidas en el objeto del proceso, disponibles por las partes y no se aprecia fraude de ley ni renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero. La sentencia recurrida se opone a la Sentencia de Pleno 857/2024 de 14 de junio, que establece:

«[...]salvo en aquellos casos en que la entidad prestamista pruebe que, en el marco de sus relaciones contractuales, ese concreto consumidor pudo conocer en una fecha anterior que esa estipulación (cláusula de gastos) era abusiva, el día inicial del plazo de prescripción de la acción de restitución de gastos hipotecarios indebidamente pagados por un consumidor será el de la firmeza de la sentencia que declara la nulidad de la cláusula que obligaba a tales pagos.»

4.En consecuencia, debe estimarse el recurso de casación y al asumir la instancia, debe desestimarse el recurso de apelación y confirmar la sentencia de primera instancia.

TERCERO. Costas y depósitos.

1.La estimación del recurso de casación conlleva que no proceda hacer expresa imposición de las costas por él generadas, conforme previene el art. 398.2 LEC.

2.Dicha estimación del recurso de casación supone la desestimación del recurso de apelación, razón por la cual procede imponer las costas causadas por dicho recurso a la apelante ( art. 398.1 LEC).

3.Aunque la demanda ha sido estimada parcialmente, se mantiene el pronunciamiento en materia de costas de la sentencia de primera instancia, que condena al banco demandado a las generadas en aquella instancia, de acuerdo con la sentencia del TJUE de 16 de julio de 2020.

4.Procede acordar también la devolución del depósito constituido para la interposición del recurso de casación y la pérdida del que lo fue para la interposición del recurso de apelación, de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartados 8 y 9 LOPJ.