Sentencia Civil 301/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 1078/2023 de 24 de febrero del 2026

PRIMERO. Resumen de antecedentes.

1.El día 11 de octubre de 1999 Begoña celebró un contrato de préstamo hipotecario con Caixa D'Estalvis de Catalunya (actualmente Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.), formalizado en escritura pública. El capital prestado era 4.800.00 pts. La cláusula quinta atribuía a la parte prestataria el pago de todos los gastos generados por el contrato.

La cláusula cuarta establecía una comisión de apertura con cargo a la prestataria, a satisfacer en el momento de la firma del contrato del 1,50% del capital, con un mínimo de 100.000 euros.

La prestataria abonó el importe de la comisión en el momento de la firma de la escritura.

2.Con fecha 4 de julio de 2018 Begoña presentó una demanda contra Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., en la que solicitaba entre otros pedimentos, la nulidad de las cláusulas de comisión de apertura y gastos, y que se condenara a la entidad demandada a devolver el importe de la comisión de apertura, así como las cantidades indebidamente abonadas por aplicación de la cláusula de gastos. En concreto reclamaban los gastos realizados por los siguientes conceptos: notaría, registro, gestoría, con el interés legal, y al pago de las costas.

La sentencia de primera instancia declara la nulidad de la cláusula de gastos, por abusiva; rechazó la excepción de prescripción de la acción de restitución y condenó a la demandada a la restitución de determinados gastos. Así mismo, estimó la pretensión de nulidad de la cláusula que establece la comisión de apertura, por falta de transparencia y por abusiva; igualmente entendió que la reclamación del reintegro de la comisión de apertura no había prescrito y condenó a la demandada a la restitución de la suma abonada por tal concepto. Todo ello con el interés legal y con condena en costas.

3.La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. La Audiencia Provincial estima en parte el recurso de apelación, revoca los pronunciamientos de la sentencia apelada de condena a la restitución de gastos y de la comisión de apertura, que deja sin efecto. No hace imposición de las costas del recurso.

La sentencia de la Audiencia distingue entre la acción de nulidad de la cláusula de atribución de gastos y la acción de reclamación de los abonos realizados por aplicación de dicha cláusula. Considera que esta última acción está sujeta al plazo de prescripción previsto para las acciones personales que no tienen señalado un plazo especial, y debe computarse desde que la acción pudo ejercitarse, que es cuando se realizó el último pago.

En la fecha de interposición de la demanda había transcurrido con creces el plazo de prescripción establecido en el artículo 1964.2 CC, en su redacción anterior a la reforma operada por la Ley 42/2015, de 15 de octubre, que era de quince años. En consecuencia, reputa prescrita la acción de reclamación de las cantidades abonadas por gastos.

También aprecia la prescripción en cuanto a la reclamación de la devolución de la comisión de apertura, al considerar de aplicación a la nulidad de esta cláusula el régimen de nulidad de la cláusula de gastos (distinción entre la acción de nulidad de la cláusula y la acción de restitución, y plazo de prescripción para el ejercicio de esta última).

4.La sentencia de apelación fue recurrida en casación por la demandante y la demandada se allanó a las pretensiones de la demandante.

SEGUNDO. Recurso de casación.

1. Formulación del motivo. El motivo único del recurso se funda en la infracción «[...] de los artículos 1964 y 1969 del Código Civil en relación con el artículo 10 bis de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios (hoy art. 83 TRLGDCU) y 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, y de la jurisprudencia europea[...]».

2.Resolución de la Sala.La sentencia 1090/2023 de 4 de julio , que se remite a la 397/2018 de 26 de junio, que cita otras anteriores (sentencias 74/2017 de 8 de febrero, 475/2017 de 20 de julio, y 294/2018 de 23 de mayo, de Pleno), recuerda que el allanamiento de la parte recurrida/demandada también tiene efectos en casación y debe dar lugar a la estimación de la demanda, en aplicación del principio dispositivo que rige en el proceso civil ( art. 21 LEC) .

El art. 21.1 LEC establece que «cuando el demandado se allane a todas las pretensiones del actor, el tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por éste». Conforme a reiterada jurisprudencia (por todas, sentencias 11/2012 de 19 de enero, 571/2018 de 15 de octubre, y 173/2020 de 11 de marzo), el allanamiento es una manifestación de conformidad con la petición contenida en la demanda, hecha por el demandado al contestar a ella, o en otro momento procesal, y constitutivo de un medio de extinción del proceso a virtud del reconocimiento y conformidad del demandado, que puede comprender todas las materias de carácter privado que sean objeto de pretensión por las partes y que sean disponibles por ellas, porque no es lícito dentro del orden jurídico, oponerse a que los interesados hagan de lo suyo lo que a bien tengan.

3.En el caso, el allanamiento se refiere a materias de carácter privado, comprendidas en el objeto del proceso, disponibles por las partes y no se aprecia fraude de ley ni renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero. La sentencia recurrida se opone a la Sentencia de Pleno 857/2024 de 14 de junio, que establece:

«[...] salvo en aquellos casos en que la entidad prestamista pruebe que, en el marco de sus relaciones contractuales, ese concreto consumidor pudo conocer en una fecha anterior que esa estipulación (cláusula de gastos) era abusiva, el día inicial del plazo de prescripción de la acción de restitución de gastos hipotecarios indebidamente pagados por un consumidor será el de la firmeza de la sentencia que declara la nulidad de la cláusula que obligaba a tales pagos.»

4.En consecuencia, debe estimarse el recurso de casación y al asumir la instancia, debe desestimarse el recurso de apelación formulado por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.,. y confirmar la sentencia de primera instancia.

TERCERO. Costas y depósitos.

1.La estimación del recurso de casación conlleva que no proceda hacer expresa imposición de las costas por él generadas, conforme previene el art. 398.2 LEC.

2.Dicha estimación del recurso de casación supone la desestimación del recurso de apelación, razón por la cual se imponen las costas causadas por dicho recurso a la apelante ( art. 398.1 LEC) .

3.La desestimación del recurso de apelación supone la estimación íntegra de la demanda, por lo que se mantiene el pronunciamiento en materia de costas de la sentencia de primera instancia ( art. 394. 1 LEC) .

4.Procede acordar también la devolución del depósito constituido para la interposición del recurso de casación, y la pérdida del que lo fue para la interposición del recurso de apelación, de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartados 8 y 9 LOPJ.

PRIMERO. Resumen de antecedentes.

1.El día 11 de octubre de 1999 Begoña celebró un contrato de préstamo hipotecario con Caixa D'Estalvis de Catalunya (actualmente Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.), formalizado en escritura pública. El capital prestado era 4.800.00 pts. La cláusula quinta atribuía a la parte prestataria el pago de todos los gastos generados por el contrato.

La cláusula cuarta establecía una comisión de apertura con cargo a la prestataria, a satisfacer en el momento de la firma del contrato del 1,50% del capital, con un mínimo de 100.000 euros.

La prestataria abonó el importe de la comisión en el momento de la firma de la escritura.

2.Con fecha 4 de julio de 2018 Begoña presentó una demanda contra Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., en la que solicitaba entre otros pedimentos, la nulidad de las cláusulas de comisión de apertura y gastos, y que se condenara a la entidad demandada a devolver el importe de la comisión de apertura, así como las cantidades indebidamente abonadas por aplicación de la cláusula de gastos. En concreto reclamaban los gastos realizados por los siguientes conceptos: notaría, registro, gestoría, con el interés legal, y al pago de las costas.

La sentencia de primera instancia declara la nulidad de la cláusula de gastos, por abusiva; rechazó la excepción de prescripción de la acción de restitución y condenó a la demandada a la restitución de determinados gastos. Así mismo, estimó la pretensión de nulidad de la cláusula que establece la comisión de apertura, por falta de transparencia y por abusiva; igualmente entendió que la reclamación del reintegro de la comisión de apertura no había prescrito y condenó a la demandada a la restitución de la suma abonada por tal concepto. Todo ello con el interés legal y con condena en costas.

3.La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. La Audiencia Provincial estima en parte el recurso de apelación, revoca los pronunciamientos de la sentencia apelada de condena a la restitución de gastos y de la comisión de apertura, que deja sin efecto. No hace imposición de las costas del recurso.

La sentencia de la Audiencia distingue entre la acción de nulidad de la cláusula de atribución de gastos y la acción de reclamación de los abonos realizados por aplicación de dicha cláusula. Considera que esta última acción está sujeta al plazo de prescripción previsto para las acciones personales que no tienen señalado un plazo especial, y debe computarse desde que la acción pudo ejercitarse, que es cuando se realizó el último pago.

En la fecha de interposición de la demanda había transcurrido con creces el plazo de prescripción establecido en el artículo 1964.2 CC, en su redacción anterior a la reforma operada por la Ley 42/2015, de 15 de octubre, que era de quince años. En consecuencia, reputa prescrita la acción de reclamación de las cantidades abonadas por gastos.

También aprecia la prescripción en cuanto a la reclamación de la devolución de la comisión de apertura, al considerar de aplicación a la nulidad de esta cláusula el régimen de nulidad de la cláusula de gastos (distinción entre la acción de nulidad de la cláusula y la acción de restitución, y plazo de prescripción para el ejercicio de esta última).

4.La sentencia de apelación fue recurrida en casación por la demandante y la demandada se allanó a las pretensiones de la demandante.

SEGUNDO. Recurso de casación.

1. Formulación del motivo. El motivo único del recurso se funda en la infracción «[...] de los artículos 1964 y 1969 del Código Civil en relación con el artículo 10 bis de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios (hoy art. 83 TRLGDCU) y 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, y de la jurisprudencia europea[...]».

2.Resolución de la Sala.La sentencia 1090/2023 de 4 de julio , que se remite a la 397/2018 de 26 de junio, que cita otras anteriores (sentencias 74/2017 de 8 de febrero, 475/2017 de 20 de julio, y 294/2018 de 23 de mayo, de Pleno), recuerda que el allanamiento de la parte recurrida/demandada también tiene efectos en casación y debe dar lugar a la estimación de la demanda, en aplicación del principio dispositivo que rige en el proceso civil ( art. 21 LEC) .

El art. 21.1 LEC establece que «cuando el demandado se allane a todas las pretensiones del actor, el tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por éste». Conforme a reiterada jurisprudencia (por todas, sentencias 11/2012 de 19 de enero, 571/2018 de 15 de octubre, y 173/2020 de 11 de marzo), el allanamiento es una manifestación de conformidad con la petición contenida en la demanda, hecha por el demandado al contestar a ella, o en otro momento procesal, y constitutivo de un medio de extinción del proceso a virtud del reconocimiento y conformidad del demandado, que puede comprender todas las materias de carácter privado que sean objeto de pretensión por las partes y que sean disponibles por ellas, porque no es lícito dentro del orden jurídico, oponerse a que los interesados hagan de lo suyo lo que a bien tengan.

3.En el caso, el allanamiento se refiere a materias de carácter privado, comprendidas en el objeto del proceso, disponibles por las partes y no se aprecia fraude de ley ni renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero. La sentencia recurrida se opone a la Sentencia de Pleno 857/2024 de 14 de junio, que establece:

«[...] salvo en aquellos casos en que la entidad prestamista pruebe que, en el marco de sus relaciones contractuales, ese concreto consumidor pudo conocer en una fecha anterior que esa estipulación (cláusula de gastos) era abusiva, el día inicial del plazo de prescripción de la acción de restitución de gastos hipotecarios indebidamente pagados por un consumidor será el de la firmeza de la sentencia que declara la nulidad de la cláusula que obligaba a tales pagos.»

4.En consecuencia, debe estimarse el recurso de casación y al asumir la instancia, debe desestimarse el recurso de apelación formulado por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.,. y confirmar la sentencia de primera instancia.

TERCERO. Costas y depósitos.

1.La estimación del recurso de casación conlleva que no proceda hacer expresa imposición de las costas por él generadas, conforme previene el art. 398.2 LEC.

2.Dicha estimación del recurso de casación supone la desestimación del recurso de apelación, razón por la cual se imponen las costas causadas por dicho recurso a la apelante ( art. 398.1 LEC) .

3.La desestimación del recurso de apelación supone la estimación íntegra de la demanda, por lo que se mantiene el pronunciamiento en materia de costas de la sentencia de primera instancia ( art. 394. 1 LEC) .

4.Procede acordar también la devolución del depósito constituido para la interposición del recurso de casación, y la pérdida del que lo fue para la interposición del recurso de apelación, de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartados 8 y 9 LOPJ.

PRIMERO. Resumen de antecedentes.

1.El día 11 de octubre de 1999 Begoña celebró un contrato de préstamo hipotecario con Caixa D'Estalvis de Catalunya (actualmente Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.), formalizado en escritura pública. El capital prestado era 4.800.00 pts. La cláusula quinta atribuía a la parte prestataria el pago de todos los gastos generados por el contrato.

La cláusula cuarta establecía una comisión de apertura con cargo a la prestataria, a satisfacer en el momento de la firma del contrato del 1,50% del capital, con un mínimo de 100.000 euros.

La prestataria abonó el importe de la comisión en el momento de la firma de la escritura.

2.Con fecha 4 de julio de 2018 Begoña presentó una demanda contra Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., en la que solicitaba entre otros pedimentos, la nulidad de las cláusulas de comisión de apertura y gastos, y que se condenara a la entidad demandada a devolver el importe de la comisión de apertura, así como las cantidades indebidamente abonadas por aplicación de la cláusula de gastos. En concreto reclamaban los gastos realizados por los siguientes conceptos: notaría, registro, gestoría, con el interés legal, y al pago de las costas.

La sentencia de primera instancia declara la nulidad de la cláusula de gastos, por abusiva; rechazó la excepción de prescripción de la acción de restitución y condenó a la demandada a la restitución de determinados gastos. Así mismo, estimó la pretensión de nulidad de la cláusula que establece la comisión de apertura, por falta de transparencia y por abusiva; igualmente entendió que la reclamación del reintegro de la comisión de apertura no había prescrito y condenó a la demandada a la restitución de la suma abonada por tal concepto. Todo ello con el interés legal y con condena en costas.

3.La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. La Audiencia Provincial estima en parte el recurso de apelación, revoca los pronunciamientos de la sentencia apelada de condena a la restitución de gastos y de la comisión de apertura, que deja sin efecto. No hace imposición de las costas del recurso.

La sentencia de la Audiencia distingue entre la acción de nulidad de la cláusula de atribución de gastos y la acción de reclamación de los abonos realizados por aplicación de dicha cláusula. Considera que esta última acción está sujeta al plazo de prescripción previsto para las acciones personales que no tienen señalado un plazo especial, y debe computarse desde que la acción pudo ejercitarse, que es cuando se realizó el último pago.

En la fecha de interposición de la demanda había transcurrido con creces el plazo de prescripción establecido en el artículo 1964.2 CC, en su redacción anterior a la reforma operada por la Ley 42/2015, de 15 de octubre, que era de quince años. En consecuencia, reputa prescrita la acción de reclamación de las cantidades abonadas por gastos.

También aprecia la prescripción en cuanto a la reclamación de la devolución de la comisión de apertura, al considerar de aplicación a la nulidad de esta cláusula el régimen de nulidad de la cláusula de gastos (distinción entre la acción de nulidad de la cláusula y la acción de restitución, y plazo de prescripción para el ejercicio de esta última).

4.La sentencia de apelación fue recurrida en casación por la demandante y la demandada se allanó a las pretensiones de la demandante.

SEGUNDO. Recurso de casación.

1. Formulación del motivo. El motivo único del recurso se funda en la infracción «[...] de los artículos 1964 y 1969 del Código Civil en relación con el artículo 10 bis de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios (hoy art. 83 TRLGDCU) y 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, y de la jurisprudencia europea[...]».

2.Resolución de la Sala.La sentencia 1090/2023 de 4 de julio , que se remite a la 397/2018 de 26 de junio, que cita otras anteriores (sentencias 74/2017 de 8 de febrero, 475/2017 de 20 de julio, y 294/2018 de 23 de mayo, de Pleno), recuerda que el allanamiento de la parte recurrida/demandada también tiene efectos en casación y debe dar lugar a la estimación de la demanda, en aplicación del principio dispositivo que rige en el proceso civil ( art. 21 LEC).

El art. 21.1 LEC establece que «cuando el demandado se allane a todas las pretensiones del actor, el tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por éste». Conforme a reiterada jurisprudencia (por todas, sentencias 11/2012 de 19 de enero, 571/2018 de 15 de octubre, y 173/2020 de 11 de marzo), el allanamiento es una manifestación de conformidad con la petición contenida en la demanda, hecha por el demandado al contestar a ella, o en otro momento procesal, y constitutivo de un medio de extinción del proceso a virtud del reconocimiento y conformidad del demandado, que puede comprender todas las materias de carácter privado que sean objeto de pretensión por las partes y que sean disponibles por ellas, porque no es lícito dentro del orden jurídico, oponerse a que los interesados hagan de lo suyo lo que a bien tengan.

3.En el caso, el allanamiento se refiere a materias de carácter privado, comprendidas en el objeto del proceso, disponibles por las partes y no se aprecia fraude de ley ni renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero. La sentencia recurrida se opone a la Sentencia de Pleno 857/2024 de 14 de junio, que establece:

«[...] salvo en aquellos casos en que la entidad prestamista pruebe que, en el marco de sus relaciones contractuales, ese concreto consumidor pudo conocer en una fecha anterior que esa estipulación (cláusula de gastos) era abusiva, el día inicial del plazo de prescripción de la acción de restitución de gastos hipotecarios indebidamente pagados por un consumidor será el de la firmeza de la sentencia que declara la nulidad de la cláusula que obligaba a tales pagos.»

4.En consecuencia, debe estimarse el recurso de casación y al asumir la instancia, debe desestimarse el recurso de apelación formulado por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.,. y confirmar la sentencia de primera instancia.

TERCERO. Costas y depósitos.

1.La estimación del recurso de casación conlleva que no proceda hacer expresa imposición de las costas por él generadas, conforme previene el art. 398.2 LEC.

2.Dicha estimación del recurso de casación supone la desestimación del recurso de apelación, razón por la cual se imponen las costas causadas por dicho recurso a la apelante ( art. 398.1 LEC).

3.La desestimación del recurso de apelación supone la estimación íntegra de la demanda, por lo que se mantiene el pronunciamiento en materia de costas de la sentencia de primera instancia ( art. 394. 1 LEC).

4.Procede acordar también la devolución del depósito constituido para la interposición del recurso de casación, y la pérdida del que lo fue para la interposición del recurso de apelación, de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartados 8 y 9 LOPJ.