Sentencia Civil 307/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 6236/2022 de 24 de febrero del 2026

PRIMERO.- Resumen de antecedentes del caso

1.-El 31 de octubre de 2016, D. Teodoro concertó un contrato de tarjeta de crédito con la modalidad revolvingcon una entidad a la que ha sucedido Wizink Bank S.A. La TAE era del 26,70%.

2.-D. Teodoro interpuso demanda de procedimiento ordinario contra Wizink Bank S.A., en la que solicitó: con carácter principal, se declarase que los intereses remuneratorios impuestos al consumidor en el contrato de tarjeta eran usurarios, lo que determina la nulidad del contrato, de acuerdo con la Ley de Represión de la Usura de 23 de julio de 1908; subsidiariamente, se declarase que las condiciones generales del contrato que regulan los intereses y comisiones no superan el control de transparencia, por lo que deben tenerse por no puestas; para cualquiera de las peticiones anteriores, el demandante estará obligado a entregar a la entidad demandada tan solo la suma recibida y, en caso de que la cantidad pagada por el actor superase el capital dispuesto, la entidad demandada deberá devolver la diferencia, más los intereses legales desde cada uno de los pagos; en caso de desestimarse las peticiones anteriores, se declare que la comisión por reclamación de cuota impagada es nula por abusiva, condenando a la demandada a devolver dicha cantidad.

3.-La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda y declaró la nulidad de la comisión por reclamación de deuda de 35 euros, prevista en el contrato, debiendo la demandada abonar al actor la suma total de 365 euros, cobrada por aplicación de dicha cláusula, sin imposición de las costas de la instancia. La sentencia de primera instancia, resumidamente: en primer lugar, rechazó la acción principal, aplicando la doctrina que exponía al caso y considerando que el TAE fijado en el contrato (26,70%) no superaba en un 30% el tipo de referencia (TEDR del Banco de España para créditos al consumo, tarjetas de crédito, para octubre de 2016, que fijaba en el 21,14%), por lo que el interés no debía considerarse usurario; a continuación, rechazó la acción ejercitada con carácter subsidiario, basada en la falta de transparencia, por figurar en la documentación aportada especificados con claridad los tipos de interés aplicables; finalmente, consideró nula la comisión por reclamación de posiciones deudoras.

4.-La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la parte demandante, insistiendo en sus pretensiones iniciales. La Audiencia desestimó el recurso interpuesto y confirmó la sentencia recurrida, sin imposición de las costas de la apelación. La sentencia de la Audiencia, en síntesis: en primer lugar, consideró que se cumplía el control de incorporación y de transparencia, porque la documentación contractual "reúne las especificaciones necesarias para superar el control de transparencia, dado que el cliente a través del mismo puede perfectamente conocer el coste económico de las operaciones que realice con cargo a la referida línea de crédito"; a continuación, descartó, también, el carácter usurario del interés remuneratorio, por no superar el fijado en el contrato (26,70%) en un 30% el tipo medio de interés correspondiente a la categoría que corresponda a la operación crediticia en el momento de la celebración del contrato (20,84%).

5.-D. Teodoro ha interpuesto un recurso de casación contra dicha sentencia, basado en dos motivos, que ha sido admitido a trámite.

6.-La parte recurrida ha presentado un escrito en que manifiesta allanarse a los motivos del recurso de casación.

SEGUNDO.- Recurso de casación

1.La sentencia 1090/2023, de 4 de julio, que se remite a la 397/2018, de 26 de junio, que cita otras anteriores (sentencias 74/2017, de 8 de febrero, 475/2017, de 20 de julio, y 294/2018, de 23 de mayo, de Pleno), recuerda que el allanamiento de la parte recurrida/demandada también tiene efectos en casación y debe dar lugar a la estimación de la demanda, en aplicación del principio dispositivo que rige en el proceso civil ( art. 21 LEC).

El art. 21.1 LEC establece que «cuando el demandado se allane a todas las pretensiones del actor, el tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por éste». Conforme a reiterada jurisprudencia (por todas, sentencias 11/2012, de 19 de enero, 571/2018, de 15 de octubre, y 173/2020, de 11 de marzo), el allanamiento es una manifestación de conformidad con la petición contenida en la demanda, hecha por el demandado al contestar a ella, o en otro momento procesal, y constitutivo de un medio de extinción del proceso a virtud del reconocimiento y conformidad del demandado, que puede comprender todas las materias de carácter privado que sean objeto de pretensión por las partes y que sean disponibles por ellas, porque no es lícito, dentro del orden jurídico, oponerse a que los interesados hagan de lo suyo lo que a bien tengan.

2.En el caso, el allanamiento se refiere a materias de carácter privado, comprendidas en el objeto del proceso, disponibles por las partes y no se aprecia fraude de ley ni renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero.

3.En consecuencia, debe estimarse el recurso de casación y, al asumir la instancia, debe estimarse el recurso de apelación formulado por D. Teodoro, revocar la sentencia de primera instancia y estimar la demanda (pretensión principal): declarar la nulidad por usura del contrato de tarjeta de 31 de octubre de 2016 suscrito por las partes y se condena a la demandada, en los términos del artículo 3 de la Ley de Represión de Usura, a devolver a la demandante la cantidad que exceda del total de capital prestado, computando al efecto la totalidad de los pagos efectuados por la parte demandante, defiriendo para ejecución de sentencia la determinación concreta del capital que haya de devolver, con expresa imposición de las costas de la primera instancia a la entidad demandada.

CUARTO.- Costas y depósitos

1.-Al haberse estimado el recurso de casación, no procede hacer expresa imposición de las costas causadas por él, conforme al art. 398.2 LEC.

2.-La estimación del recurso de casación supone la estimación del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, sin imposición de costas de la apelación ( artículo 398 LEC).

3.-Asimismo, al asumir la instancia, se ha estimado la demanda, por lo que procede la imposición de costas de la primera instancia, en aplicación de lo previsto en el artículo 394 de la LEC.

4.-Se acuerda la devolución del depósito constituido para la interposición del recurso de casación y de apelación, de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 8, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

PRIMERO.- Resumen de antecedentes del caso

1.-El 31 de octubre de 2016, D. Teodoro concertó un contrato de tarjeta de crédito con la modalidad revolvingcon una entidad a la que ha sucedido Wizink Bank S.A. La TAE era del 26,70%.

2.-D. Teodoro interpuso demanda de procedimiento ordinario contra Wizink Bank S.A., en la que solicitó: con carácter principal, se declarase que los intereses remuneratorios impuestos al consumidor en el contrato de tarjeta eran usurarios, lo que determina la nulidad del contrato, de acuerdo con la Ley de Represión de la Usura de 23 de julio de 1908; subsidiariamente, se declarase que las condiciones generales del contrato que regulan los intereses y comisiones no superan el control de transparencia, por lo que deben tenerse por no puestas; para cualquiera de las peticiones anteriores, el demandante estará obligado a entregar a la entidad demandada tan solo la suma recibida y, en caso de que la cantidad pagada por el actor superase el capital dispuesto, la entidad demandada deberá devolver la diferencia, más los intereses legales desde cada uno de los pagos; en caso de desestimarse las peticiones anteriores, se declare que la comisión por reclamación de cuota impagada es nula por abusiva, condenando a la demandada a devolver dicha cantidad.

3.-La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda y declaró la nulidad de la comisión por reclamación de deuda de 35 euros, prevista en el contrato, debiendo la demandada abonar al actor la suma total de 365 euros, cobrada por aplicación de dicha cláusula, sin imposición de las costas de la instancia. La sentencia de primera instancia, resumidamente: en primer lugar, rechazó la acción principal, aplicando la doctrina que exponía al caso y considerando que el TAE fijado en el contrato (26,70%) no superaba en un 30% el tipo de referencia (TEDR del Banco de España para créditos al consumo, tarjetas de crédito, para octubre de 2016, que fijaba en el 21,14%), por lo que el interés no debía considerarse usurario; a continuación, rechazó la acción ejercitada con carácter subsidiario, basada en la falta de transparencia, por figurar en la documentación aportada especificados con claridad los tipos de interés aplicables; finalmente, consideró nula la comisión por reclamación de posiciones deudoras.

4.-La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la parte demandante, insistiendo en sus pretensiones iniciales. La Audiencia desestimó el recurso interpuesto y confirmó la sentencia recurrida, sin imposición de las costas de la apelación. La sentencia de la Audiencia, en síntesis: en primer lugar, consideró que se cumplía el control de incorporación y de transparencia, porque la documentación contractual "reúne las especificaciones necesarias para superar el control de transparencia, dado que el cliente a través del mismo puede perfectamente conocer el coste económico de las operaciones que realice con cargo a la referida línea de crédito"; a continuación, descartó, también, el carácter usurario del interés remuneratorio, por no superar el fijado en el contrato (26,70%) en un 30% el tipo medio de interés correspondiente a la categoría que corresponda a la operación crediticia en el momento de la celebración del contrato (20,84%).

5.-D. Teodoro ha interpuesto un recurso de casación contra dicha sentencia, basado en dos motivos, que ha sido admitido a trámite.

6.-La parte recurrida ha presentado un escrito en que manifiesta allanarse a los motivos del recurso de casación.

SEGUNDO.- Recurso de casación

1.La sentencia 1090/2023, de 4 de julio, que se remite a la 397/2018, de 26 de junio, que cita otras anteriores (sentencias 74/2017, de 8 de febrero, 475/2017, de 20 de julio, y 294/2018, de 23 de mayo, de Pleno), recuerda que el allanamiento de la parte recurrida/demandada también tiene efectos en casación y debe dar lugar a la estimación de la demanda, en aplicación del principio dispositivo que rige en el proceso civil ( art. 21 LEC).

El art. 21.1 LEC establece que «cuando el demandado se allane a todas las pretensiones del actor, el tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por éste». Conforme a reiterada jurisprudencia (por todas, sentencias 11/2012, de 19 de enero, 571/2018, de 15 de octubre, y 173/2020, de 11 de marzo), el allanamiento es una manifestación de conformidad con la petición contenida en la demanda, hecha por el demandado al contestar a ella, o en otro momento procesal, y constitutivo de un medio de extinción del proceso a virtud del reconocimiento y conformidad del demandado, que puede comprender todas las materias de carácter privado que sean objeto de pretensión por las partes y que sean disponibles por ellas, porque no es lícito, dentro del orden jurídico, oponerse a que los interesados hagan de lo suyo lo que a bien tengan.

2.En el caso, el allanamiento se refiere a materias de carácter privado, comprendidas en el objeto del proceso, disponibles por las partes y no se aprecia fraude de ley ni renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero.

3.En consecuencia, debe estimarse el recurso de casación y, al asumir la instancia, debe estimarse el recurso de apelación formulado por D. Teodoro, revocar la sentencia de primera instancia y estimar la demanda (pretensión principal): declarar la nulidad por usura del contrato de tarjeta de 31 de octubre de 2016 suscrito por las partes y se condena a la demandada, en los términos del artículo 3 de la Ley de Represión de Usura, a devolver a la demandante la cantidad que exceda del total de capital prestado, computando al efecto la totalidad de los pagos efectuados por la parte demandante, defiriendo para ejecución de sentencia la determinación concreta del capital que haya de devolver, con expresa imposición de las costas de la primera instancia a la entidad demandada.

CUARTO.- Costas y depósitos

1.-Al haberse estimado el recurso de casación, no procede hacer expresa imposición de las costas causadas por él, conforme al art. 398.2 LEC.

2.-La estimación del recurso de casación supone la estimación del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, sin imposición de costas de la apelación ( artículo 398 LEC).

3.-Asimismo, al asumir la instancia, se ha estimado la demanda, por lo que procede la imposición de costas de la primera instancia, en aplicación de lo previsto en el artículo 394 de la LEC.

4.-Se acuerda la devolución del depósito constituido para la interposición del recurso de casación y de apelación, de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 8, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

PRIMERO.- Resumen de antecedentes del caso

1.-El 31 de octubre de 2016, D. Teodoro concertó un contrato de tarjeta de crédito con la modalidad revolvingcon una entidad a la que ha sucedido Wizink Bank S.A. La TAE era del 26,70%.

2.-D. Teodoro interpuso demanda de procedimiento ordinario contra Wizink Bank S.A., en la que solicitó: con carácter principal, se declarase que los intereses remuneratorios impuestos al consumidor en el contrato de tarjeta eran usurarios, lo que determina la nulidad del contrato, de acuerdo con la Ley de Represión de la Usura de 23 de julio de 1908; subsidiariamente, se declarase que las condiciones generales del contrato que regulan los intereses y comisiones no superan el control de transparencia, por lo que deben tenerse por no puestas; para cualquiera de las peticiones anteriores, el demandante estará obligado a entregar a la entidad demandada tan solo la suma recibida y, en caso de que la cantidad pagada por el actor superase el capital dispuesto, la entidad demandada deberá devolver la diferencia, más los intereses legales desde cada uno de los pagos; en caso de desestimarse las peticiones anteriores, se declare que la comisión por reclamación de cuota impagada es nula por abusiva, condenando a la demandada a devolver dicha cantidad.

3.-La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda y declaró la nulidad de la comisión por reclamación de deuda de 35 euros, prevista en el contrato, debiendo la demandada abonar al actor la suma total de 365 euros, cobrada por aplicación de dicha cláusula, sin imposición de las costas de la instancia. La sentencia de primera instancia, resumidamente: en primer lugar, rechazó la acción principal, aplicando la doctrina que exponía al caso y considerando que el TAE fijado en el contrato (26,70%) no superaba en un 30% el tipo de referencia (TEDR del Banco de España para créditos al consumo, tarjetas de crédito, para octubre de 2016, que fijaba en el 21,14%), por lo que el interés no debía considerarse usurario; a continuación, rechazó la acción ejercitada con carácter subsidiario, basada en la falta de transparencia, por figurar en la documentación aportada especificados con claridad los tipos de interés aplicables; finalmente, consideró nula la comisión por reclamación de posiciones deudoras.

4.-La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la parte demandante, insistiendo en sus pretensiones iniciales. La Audiencia desestimó el recurso interpuesto y confirmó la sentencia recurrida, sin imposición de las costas de la apelación. La sentencia de la Audiencia, en síntesis: en primer lugar, consideró que se cumplía el control de incorporación y de transparencia, porque la documentación contractual "reúne las especificaciones necesarias para superar el control de transparencia, dado que el cliente a través del mismo puede perfectamente conocer el coste económico de las operaciones que realice con cargo a la referida línea de crédito"; a continuación, descartó, también, el carácter usurario del interés remuneratorio, por no superar el fijado en el contrato (26,70%) en un 30% el tipo medio de interés correspondiente a la categoría que corresponda a la operación crediticia en el momento de la celebración del contrato (20,84%).

5.-D. Teodoro ha interpuesto un recurso de casación contra dicha sentencia, basado en dos motivos, que ha sido admitido a trámite.

6.-La parte recurrida ha presentado un escrito en que manifiesta allanarse a los motivos del recurso de casación.

SEGUNDO.- Recurso de casación

1.La sentencia 1090/2023, de 4 de julio, que se remite a la 397/2018, de 26 de junio, que cita otras anteriores (sentencias 74/2017, de 8 de febrero, 475/2017, de 20 de julio, y 294/2018, de 23 de mayo, de Pleno), recuerda que el allanamiento de la parte recurrida/demandada también tiene efectos en casación y debe dar lugar a la estimación de la demanda, en aplicación del principio dispositivo que rige en el proceso civil ( art. 21 LEC).

El art. 21.1 LEC establece que «cuando el demandado se allane a todas las pretensiones del actor, el tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por éste». Conforme a reiterada jurisprudencia (por todas, sentencias 11/2012, de 19 de enero, 571/2018, de 15 de octubre, y 173/2020, de 11 de marzo), el allanamiento es una manifestación de conformidad con la petición contenida en la demanda, hecha por el demandado al contestar a ella, o en otro momento procesal, y constitutivo de un medio de extinción del proceso a virtud del reconocimiento y conformidad del demandado, que puede comprender todas las materias de carácter privado que sean objeto de pretensión por las partes y que sean disponibles por ellas, porque no es lícito, dentro del orden jurídico, oponerse a que los interesados hagan de lo suyo lo que a bien tengan.

2.En el caso, el allanamiento se refiere a materias de carácter privado, comprendidas en el objeto del proceso, disponibles por las partes y no se aprecia fraude de ley ni renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero.

3.En consecuencia, debe estimarse el recurso de casación y, al asumir la instancia, debe estimarse el recurso de apelación formulado por D. Teodoro, revocar la sentencia de primera instancia y estimar la demanda (pretensión principal): declarar la nulidad por usura del contrato de tarjeta de 31 de octubre de 2016 suscrito por las partes y se condena a la demandada, en los términos del artículo 3 de la Ley de Represión de Usura, a devolver a la demandante la cantidad que exceda del total de capital prestado, computando al efecto la totalidad de los pagos efectuados por la parte demandante, defiriendo para ejecución de sentencia la determinación concreta del capital que haya de devolver, con expresa imposición de las costas de la primera instancia a la entidad demandada.

CUARTO.- Costas y depósitos

1.-Al haberse estimado el recurso de casación, no procede hacer expresa imposición de las costas causadas por él, conforme al art. 398.2 LEC.

2.-La estimación del recurso de casación supone la estimación del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, sin imposición de costas de la apelación ( artículo 398 LEC).

3.-Asimismo, al asumir la instancia, se ha estimado la demanda, por lo que procede la imposición de costas de la primera instancia, en aplicación de lo previsto en el artículo 394 de la LEC.

4.-Se acuerda la devolución del depósito constituido para la interposición del recurso de casación y de apelación, de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 8, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.