Sentencia Civil 294/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 1888/2021 de 24 de febrero del 2026

PRIMERO.- Resumen de antecedentes

1.-Mediante escritura pública de 8 de julio de 2011, D. Jon se separó de la sociedad Puertacerrada S.L.

2.-Como pago de su cuota de separación, el Sr. Jon recibió diversos inmuebles.

3.-En la escritura pública constaba una cláusula que, bajo la rúbrica «Gastos», establecía:

«Todos los gastos e impuestos que se originen por el otorgamiento de la escritura serán satisfechos con arreglo a la Ley».

4.-Como consecuencia de la transmisión de los inmuebles, la Agencia Tributaria liquidó a Puertacerrada la suma de 943.6969,60 euros en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

5.-Puertacerrada formuló una demanda contra los herederos del Sr. Jon, en la que solicitó que se les condenase al pago de la citada cantidad abonada en concepto de IVA, con sus intereses legales, en cumplimiento de la citada cláusula contractual sobre abono de gastos e impuestos.

6.-Los demandados se opusieron y alegaron que lo que se pactó es que los impuestos se abonarían conforme a ley, y la Ley del IVA prevé la repercusión por el sujeto pasivo a terceros en el plazo de un año, lo que la demandante no realizó. De hecho, el TEAR dictó resolución que declaró caducada la posibilidad de repercusión.

7.-La sentencia de primera instancia estimó íntegramente la demanda, al entender que la parte demandada había asumido en la escritura pública el pago de todos los impuestos y aunque la repercusión tributaria estuviera caducada, era exigible el cumplimiento del pacto en vía civil.

8.-Recurrida la sentencia por los demandados, la Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación, revocó la sentencia de primera instancia y desestimó la demanda, al considerar que lo pactado suponía una remisión a la Ley, por lo que, si la del IVA establecía un plazo de caducidad para repercutir el impuesto y el mismo se cumplió, nada cabía ya reclamar.

9.-La entidad demandante formuló un recurso de casación.

SEGUNDO.- Único motivo de casación. Pacto sobre repercusión de impuestos

1.- Planteamiento: El único motivo de casación denuncia la infracción de los arts. 1091, 1258 y 1964 CC, en relación con el art. 88.4 de la Ley del IVA.

En el desarrollo del motivo, la parte recurrente alega, resumidamente, que la resolución del TEAR no es vinculante para la jurisdicción civil, ya que lo que se reclama lo es con fundamento en un pacto contenido en un contrato civil.

2.- Decisión de la Sala. El recurso de casación debe ser estimado por las razones que se exponen a continuación.

Con fundamento en la autonomía de la voluntad ( art. 1255 CC) , son admisibles los acuerdos contractuales por los que una de las partes asume obligaciones tributarias que, según la normativa fiscal, serían a cargo de la otra parte del contrato. Si bien, conforme al art. 17 LGT, tales pactos carecen de eficacia ante la administración tributaria, sin perjuicio de sus consecuencias jurídico-privadas.

Una cuestión prácticamente idéntica a la planteada en este recurso fue resuelta por la sentencia 2/2015, de 19 de enero (plenamente concorde con la sentencia 19/2015, de la misma fecha), que declaró que «la fuerza obligatoria y vinculante de los contratos no está en función de la aplicación de normas de carácter administrativo sobre la posible repercusión del IVA a los compradores, cualesquiera que sean las resoluciones que sobre ello se hayan dictado».

Previamente, la sentencia 742/2010, de 17 de noviembre, tras afirmar la competencia del orden jurisdiccional civil en esta materia, en cuanto dirime controversias entre particulares acerca del cumplimiento de obligaciones dimanantes de relaciones contractuales, había indicado expresamente que ello incluía «las cuestiones que surgen sobre la repercusión del IVA en relación con actos de los particulares».

3.-A tenor de esta jurisprudencia, han de distinguirse dos supuestos: (i) aquellos en que se trata de obtener el cumplimiento de una obligación contractual no discutida, que se estiman de naturaleza civil; y (ii) aquellos otros en que la cuestión debe ser resuelta por la Administración o en el orden contencioso-administrativo, por cuanto ha de determinarse el tipo impositivo correspondiente y con ello la procedencia o no de la repercusión por existir controversia sobre estos aspectos tributarios.

Bajo esta distinción, la existencia de una cláusula contractual en virtud de la cual una de las partes se compromete a hacerse cargo de todos los gastos y tributos que conlleve la operación es suficiente para entender que debe «prevalecer lo pactado en el contrato frente a cualquier "incidencia" de carácter administrativo». Lo que en el caso enjuiciado por las citadas sentencias 2/2015 y 19/2015, ambas de 19 de enero, supuso la condena a quien había asumido contractualmente su pago al abono de las cantidades del IVA repercutidas fuera de plazo con los intereses de demora generados desde la fecha en la que se les requirió el pago.

Esta jurisprudencia fue ratificada por las sentencias 646/2015, de 16 de noviembre, 382/2016, de 18 de mayo, y 528/2016, de 12 de septiembre, que insistieron en la idea de que, una vez asumida contractualmente por una de las partes la obligación de pago del IVA, la caducidad de la reclamación de dicho impuesto en la vía tributaria «no excluye, ni impide, ni extingue la acción civil fundada en el contrato».

4.-Como quiera que la sentencia recurrida se opone a esta jurisprudencia, debe ser casada, con la consecuencia de desestimar el recurso de apelación de los demandados y confirmar la sentencia de primera instancia.

TERCERO.- Costas y depósito

1.-Al haber sido estimado el recurso de casación, no procede hacer expresa imposición de las costas por él causadas, de conformidad con el art. 398.2 LEC.

2.-En cuanto a las costas del recurso de apelación, al haberse desestimado, se imponen a los demandados, a tenor del art. 398.1 LEC.

3.-Procede ordenar la devolución del depósito constituido para la formulación del recurso de casación y la pérdida del prestado para el recurso de apelación, de conformidad con la disposición adicional 15ª, apartados 8 y 9, LOPJ.

PRIMERO.- Resumen de antecedentes

1.-Mediante escritura pública de 8 de julio de 2011, D. Jon se separó de la sociedad Puertacerrada S.L.

2.-Como pago de su cuota de separación, el Sr. Jon recibió diversos inmuebles.

3.-En la escritura pública constaba una cláusula que, bajo la rúbrica «Gastos», establecía:

«Todos los gastos e impuestos que se originen por el otorgamiento de la escritura serán satisfechos con arreglo a la Ley».

4.-Como consecuencia de la transmisión de los inmuebles, la Agencia Tributaria liquidó a Puertacerrada la suma de 943.6969,60 euros en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

5.-Puertacerrada formuló una demanda contra los herederos del Sr. Jon, en la que solicitó que se les condenase al pago de la citada cantidad abonada en concepto de IVA, con sus intereses legales, en cumplimiento de la citada cláusula contractual sobre abono de gastos e impuestos.

6.-Los demandados se opusieron y alegaron que lo que se pactó es que los impuestos se abonarían conforme a ley, y la Ley del IVA prevé la repercusión por el sujeto pasivo a terceros en el plazo de un año, lo que la demandante no realizó. De hecho, el TEAR dictó resolución que declaró caducada la posibilidad de repercusión.

7.-La sentencia de primera instancia estimó íntegramente la demanda, al entender que la parte demandada había asumido en la escritura pública el pago de todos los impuestos y aunque la repercusión tributaria estuviera caducada, era exigible el cumplimiento del pacto en vía civil.

8.-Recurrida la sentencia por los demandados, la Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación, revocó la sentencia de primera instancia y desestimó la demanda, al considerar que lo pactado suponía una remisión a la Ley, por lo que, si la del IVA establecía un plazo de caducidad para repercutir el impuesto y el mismo se cumplió, nada cabía ya reclamar.

9.-La entidad demandante formuló un recurso de casación.

SEGUNDO.- Único motivo de casación. Pacto sobre repercusión de impuestos

1.- Planteamiento: El único motivo de casación denuncia la infracción de los arts. 1091, 1258 y 1964 CC, en relación con el art. 88.4 de la Ley del IVA.

En el desarrollo del motivo, la parte recurrente alega, resumidamente, que la resolución del TEAR no es vinculante para la jurisdicción civil, ya que lo que se reclama lo es con fundamento en un pacto contenido en un contrato civil.

2.- Decisión de la Sala. El recurso de casación debe ser estimado por las razones que se exponen a continuación.

Con fundamento en la autonomía de la voluntad ( art. 1255 CC) , son admisibles los acuerdos contractuales por los que una de las partes asume obligaciones tributarias que, según la normativa fiscal, serían a cargo de la otra parte del contrato. Si bien, conforme al art. 17 LGT, tales pactos carecen de eficacia ante la administración tributaria, sin perjuicio de sus consecuencias jurídico-privadas.

Una cuestión prácticamente idéntica a la planteada en este recurso fue resuelta por la sentencia 2/2015, de 19 de enero (plenamente concorde con la sentencia 19/2015, de la misma fecha), que declaró que «la fuerza obligatoria y vinculante de los contratos no está en función de la aplicación de normas de carácter administrativo sobre la posible repercusión del IVA a los compradores, cualesquiera que sean las resoluciones que sobre ello se hayan dictado».

Previamente, la sentencia 742/2010, de 17 de noviembre, tras afirmar la competencia del orden jurisdiccional civil en esta materia, en cuanto dirime controversias entre particulares acerca del cumplimiento de obligaciones dimanantes de relaciones contractuales, había indicado expresamente que ello incluía «las cuestiones que surgen sobre la repercusión del IVA en relación con actos de los particulares».

3.-A tenor de esta jurisprudencia, han de distinguirse dos supuestos: (i) aquellos en que se trata de obtener el cumplimiento de una obligación contractual no discutida, que se estiman de naturaleza civil; y (ii) aquellos otros en que la cuestión debe ser resuelta por la Administración o en el orden contencioso-administrativo, por cuanto ha de determinarse el tipo impositivo correspondiente y con ello la procedencia o no de la repercusión por existir controversia sobre estos aspectos tributarios.

Bajo esta distinción, la existencia de una cláusula contractual en virtud de la cual una de las partes se compromete a hacerse cargo de todos los gastos y tributos que conlleve la operación es suficiente para entender que debe «prevalecer lo pactado en el contrato frente a cualquier "incidencia" de carácter administrativo». Lo que en el caso enjuiciado por las citadas sentencias 2/2015 y 19/2015, ambas de 19 de enero, supuso la condena a quien había asumido contractualmente su pago al abono de las cantidades del IVA repercutidas fuera de plazo con los intereses de demora generados desde la fecha en la que se les requirió el pago.

Esta jurisprudencia fue ratificada por las sentencias 646/2015, de 16 de noviembre, 382/2016, de 18 de mayo, y 528/2016, de 12 de septiembre, que insistieron en la idea de que, una vez asumida contractualmente por una de las partes la obligación de pago del IVA, la caducidad de la reclamación de dicho impuesto en la vía tributaria «no excluye, ni impide, ni extingue la acción civil fundada en el contrato».

4.-Como quiera que la sentencia recurrida se opone a esta jurisprudencia, debe ser casada, con la consecuencia de desestimar el recurso de apelación de los demandados y confirmar la sentencia de primera instancia.

TERCERO.- Costas y depósito

1.-Al haber sido estimado el recurso de casación, no procede hacer expresa imposición de las costas por él causadas, de conformidad con el art. 398.2 LEC.

2.-En cuanto a las costas del recurso de apelación, al haberse desestimado, se imponen a los demandados, a tenor del art. 398.1 LEC.

3.-Procede ordenar la devolución del depósito constituido para la formulación del recurso de casación y la pérdida del prestado para el recurso de apelación, de conformidad con la disposición adicional 15ª, apartados 8 y 9, LOPJ.

PRIMERO.- Resumen de antecedentes

1.-Mediante escritura pública de 8 de julio de 2011, D. Jon se separó de la sociedad Puertacerrada S.L.

2.-Como pago de su cuota de separación, el Sr. Jon recibió diversos inmuebles.

3.-En la escritura pública constaba una cláusula que, bajo la rúbrica «Gastos», establecía:

«Todos los gastos e impuestos que se originen por el otorgamiento de la escritura serán satisfechos con arreglo a la Ley».

4.-Como consecuencia de la transmisión de los inmuebles, la Agencia Tributaria liquidó a Puertacerrada la suma de 943.6969,60 euros en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

5.-Puertacerrada formuló una demanda contra los herederos del Sr. Jon, en la que solicitó que se les condenase al pago de la citada cantidad abonada en concepto de IVA, con sus intereses legales, en cumplimiento de la citada cláusula contractual sobre abono de gastos e impuestos.

6.-Los demandados se opusieron y alegaron que lo que se pactó es que los impuestos se abonarían conforme a ley, y la Ley del IVA prevé la repercusión por el sujeto pasivo a terceros en el plazo de un año, lo que la demandante no realizó. De hecho, el TEAR dictó resolución que declaró caducada la posibilidad de repercusión.

7.-La sentencia de primera instancia estimó íntegramente la demanda, al entender que la parte demandada había asumido en la escritura pública el pago de todos los impuestos y aunque la repercusión tributaria estuviera caducada, era exigible el cumplimiento del pacto en vía civil.

8.-Recurrida la sentencia por los demandados, la Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación, revocó la sentencia de primera instancia y desestimó la demanda, al considerar que lo pactado suponía una remisión a la Ley, por lo que, si la del IVA establecía un plazo de caducidad para repercutir el impuesto y el mismo se cumplió, nada cabía ya reclamar.

9.-La entidad demandante formuló un recurso de casación.

SEGUNDO.- Único motivo de casación. Pacto sobre repercusión de impuestos

1.- Planteamiento: El único motivo de casación denuncia la infracción de los arts. 1091, 1258 y 1964 CC, en relación con el art. 88.4 de la Ley del IVA.

En el desarrollo del motivo, la parte recurrente alega, resumidamente, que la resolución del TEAR no es vinculante para la jurisdicción civil, ya que lo que se reclama lo es con fundamento en un pacto contenido en un contrato civil.

2.- Decisión de la Sala. El recurso de casación debe ser estimado por las razones que se exponen a continuación.

Con fundamento en la autonomía de la voluntad ( art. 1255 CC) , son admisibles los acuerdos contractuales por los que una de las partes asume obligaciones tributarias que, según la normativa fiscal, serían a cargo de la otra parte del contrato. Si bien, conforme al art. 17 LGT, tales pactos carecen de eficacia ante la administración tributaria, sin perjuicio de sus consecuencias jurídico-privadas.

Una cuestión prácticamente idéntica a la planteada en este recurso fue resuelta por la sentencia 2/2015, de 19 de enero (plenamente concorde con la sentencia 19/2015, de la misma fecha), que declaró que «la fuerza obligatoria y vinculante de los contratos no está en función de la aplicación de normas de carácter administrativo sobre la posible repercusión del IVA a los compradores, cualesquiera que sean las resoluciones que sobre ello se hayan dictado».

Previamente, la sentencia 742/2010, de 17 de noviembre, tras afirmar la competencia del orden jurisdiccional civil en esta materia, en cuanto dirime controversias entre particulares acerca del cumplimiento de obligaciones dimanantes de relaciones contractuales, había indicado expresamente que ello incluía «las cuestiones que surgen sobre la repercusión del IVA en relación con actos de los particulares».

3.-A tenor de esta jurisprudencia, han de distinguirse dos supuestos: (i) aquellos en que se trata de obtener el cumplimiento de una obligación contractual no discutida, que se estiman de naturaleza civil; y (ii) aquellos otros en que la cuestión debe ser resuelta por la Administración o en el orden contencioso-administrativo, por cuanto ha de determinarse el tipo impositivo correspondiente y con ello la procedencia o no de la repercusión por existir controversia sobre estos aspectos tributarios.

Bajo esta distinción, la existencia de una cláusula contractual en virtud de la cual una de las partes se compromete a hacerse cargo de todos los gastos y tributos que conlleve la operación es suficiente para entender que debe «prevalecer lo pactado en el contrato frente a cualquier "incidencia" de carácter administrativo». Lo que en el caso enjuiciado por las citadas sentencias 2/2015 y 19/2015, ambas de 19 de enero, supuso la condena a quien había asumido contractualmente su pago al abono de las cantidades del IVA repercutidas fuera de plazo con los intereses de demora generados desde la fecha en la que se les requirió el pago.

Esta jurisprudencia fue ratificada por las sentencias 646/2015, de 16 de noviembre, 382/2016, de 18 de mayo, y 528/2016, de 12 de septiembre, que insistieron en la idea de que, una vez asumida contractualmente por una de las partes la obligación de pago del IVA, la caducidad de la reclamación de dicho impuesto en la vía tributaria «no excluye, ni impide, ni extingue la acción civil fundada en el contrato».

4.-Como quiera que la sentencia recurrida se opone a esta jurisprudencia, debe ser casada, con la consecuencia de desestimar el recurso de apelación de los demandados y confirmar la sentencia de primera instancia.

TERCERO.- Costas y depósito

1.-Al haber sido estimado el recurso de casación, no procede hacer expresa imposición de las costas por él causadas, de conformidad con el art. 398.2 LEC.

2.-En cuanto a las costas del recurso de apelación, al haberse desestimado, se imponen a los demandados, a tenor del art. 398.1 LEC.

3.-Procede ordenar la devolución del depósito constituido para la formulación del recurso de casación y la pérdida del prestado para el recurso de apelación, de conformidad con la disposición adicional 15ª, apartados 8 y 9, LOPJ.