Sentencia Civil 459/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 153/2020 de 24 de marzo del 2025

PRIMERO.- Antecedentes relevantes

A los efectos decisorios del presente proceso partimos de los siguientes hechos relevantes:

1.º-Doña Adela (antes Clemencia), nació el NUM000 de 1960, en la Clínica del Santo Celo de Valencia, y fue inscrita en el Registro Civil de Barcelona como hija matrimonial de D.ª Blanca y D. Emiliano.

2.º-En el año 1992, como consecuencia de una enfermedad genética que padecía un hijo suyo, D.ª Adela tuvo conocimiento de que su madre era, en realidad, D.ª Sara, con la que llega a entrevistarse, la cual le comunica además la identidad de su padre biológico. Resulta que D.ª Sara había quedado embarazada e ingresó con el nombre de Patricia, en un convento en Valencia, en el que permaneció varios meses hasta dar a luz una niña, que resultó ser la ahora demandante de la que no se hizo cargo.

En julio de 1992, D.ª Sara envió una carta a la demandante felicitándola por su cumpleaños, que terminó con la frase: «muchos besos con todo amor de tu Madre». Existió un breve encuentro en el año 1993 para alcanzar una solución con respecto a la maternidad por medio de un letrado que representaba a D.ª Sara, que no llegó a buen término.

3.º-En el mes de mayo de 1993, la demandante conoció, también, a su padre biológico, D. Erasmo. Ambos se sometieron a las correspondientes pruebas biológicas de determinación de la paternidad, las cuales arrojaron un resultado positivo, según informe de 27 de noviembre de 1993, con una probabilidad de 99,626%.

4.º-Los padres registrales de la demandante fallecieron, D. Emiliano, el 28 de agosto de 2002, y D.ª Blanca, el 14 de mayo de 2007.

5.º-Mediante escritura pública de 2 de febrero de 2009, autorizada por el notario de Barcelona Sr. Giménez Duart, número 273 de su protocolo, la actora aceptó la herencia de sus padres registrales D. Emiliano y D.ª Blanca. Ambos habían fallecido bajo testamento otorgado el 30 de junio de 1976, ante el mismo notario, número correlativo de protocolo, en el que atribuían a su única hija D.ª Rita la legítima que le pudiera corresponder, y se instituían recíprocamente herederos universales con sustitución vulgar a favor de su hija.

6.º-El 16 de febrero de 2010, D.ª Sara otorgó testamento abierto, ante el notario de San Sebastián D. Martín Gabaraín Astoqui, número 99 de su protocolo, en el que manifestó que «su estado civil es el de casada, en únicas nupcias, con don Benigno, de cuyo matrimonio tiene cuatro hijas llamadas doña Hortensia, doña Mónica, doña Debora y doña Mercedes», a las que instituyó herederas, por partes iguales, sin hacer referencia alguna a la demandante D.ª Rita.

7.º-El referido testamento fue el único que otorgó dicha causante, según resulta del certificado de Actos de Última Voluntad de 12 de mayo de 2010.

8.º-La causante D.ª Sara falleció, en San Sebastián, el 5 de abril de 2010, en estado de viuda de su marido D. Benigno.

9.º-En virtud de sentencia de 7 de abril de 2011, dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Puerto de la Cruz (Tenerife), se modificó la filiación paterna de la actora inscrita a favor de D. Emiliano, y se determinó judicialmente que D.ª Rita era hija no matrimonial de don Erasmo, pasando a ser sus apellidos los de « Clemencia».

10.º-De igual manera, D.ª Rita promovió otro procedimiento de reclamación de filiación, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado de Primera Instancia número 5 de Donostia, que se tramitó con el número de registro 758/2010. La demanda se fundó, en síntesis, en los hechos siguientes:

(i) Que la demandante fue inscrita en el Registro Civil de Barcelona como nacida en dicha ciudad e hija del matrimonio formado por D. Emiliano y D.ª Blanca.

(ii) D. Emiliano falleció, el día 28 de agosto de 2002, y D.ª Blanca, el día 14 de mayo de 2007, siendo la demandante la única hija.

(iii) En el mes de febrero de 1992, tuvo noticias de que sus padres que aparecían legalmente como biológicos no lo eran.

(iv) Conoció que su madre biológica era D.ª Sara, y que el nacimiento tuvo lugar en Valencia, en la Clínica de Santo Celo, en la que aquella ingresó a tal fin con el nombre de Patricia.

(v) En el año 1992, la Sra. Sara se encontraba casada con D. Benigno y fruto del matrimonio tenían cuatro hijas, que son las demandadas en este proceso.

(vi) En el mes de mayo de 1992, conoció a su madre y le comunicó ésta que su padre era D. Erasmo.

(vii) En el mes de mayo de 1993, conoció a su verdadero padre, D. Erasmo y, en el mes de septiembre de ese año, se sometieron a las pruebas biológicas para determinar su paternidad, obteniendo un resultado positivo.

(viii) D.ª Sara falleció el día 5 de abril de 2010, en San Sebastián, habiendo otorgado testamento, tanto ella como su marido, D. Benigno, el día 16 de febrero de 2010, y habiendo fallecido este el día 25 de febrero de dicho año.

(ix) La demandante no aparece reflejada ni contemplada en el testamento de D.ª Sara.

En dicho procedimiento acumuló junto con las acciones de reclamación e impugnación de la filiación contradictoria otras de naturaleza sucesoria entre las que figuraba la de preterición en el testamento de su madre biológica, con petición de reducción de la institución de heredero en lo que resultasen lesionados los derechos legitimarios que le correspondían.

Por diligencia de ordenación del Juzgado de fecha 22 de junio de 2010, se acordó requerir a la parte demandante para que subsanara, conforme al artículo 73 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la indebida acumulación de acciones planteadas. Tras un recurso de reposición contra la meritada diligencia que fue desestimado por decreto de 6 de julio de 2010, la procuradora de la actora presentó escrito en el que suplicaba se diese curso al procedimiento ejercitando la acción de reclamación de filiación materna no matrimonial con impugnación de la filiación contradictoria. Y, de esta forma, quedó delimitado el objeto del proceso circunscrito a las pretensiones de filiación.

El procedimiento finalizó por sentencia 229/2011, de 31 de octubre, por la que se estimaron las acciones de declaración de la filiación materna no matrimonial así como la de impugnación de la filiación contradictoria, y, en consecuencia, se declaró que la demandante D.ª Rita era hija biológica de D.ª Sara, y no era hija matrimonial de D.ª Blanca, debiendo llevarse a efecto las correspondientes rectificaciones registrales derivadas de dichos pronunciamientos.

11.º-La actora D.ª Adela y las codemandadas, las hermanas Mónica Hortensia Debora Mercedes, en el curso de este procedimiento de filiación, se sometieron a la práctica de las pruebas biológicas para la determinación de la filiación. Obra en autos informe científico de fecha 18 de marzo de 2011, en cuya conclusión segunda consta que las litigantes eran «compatibles con una misma madre biológica, si bien, D.ª Adela no comparte con las anteriores el padre biológico», y de la conclusión tercera resulta que la probabilidad de parentesco de media hermana (hija de la misma madre biológica y distinto padre) con respecto a las otras personas estudiadas -las codemandadas- era de 99,9937803%.

12.º-La precitada sentencia fue objeto de recurso de apelación cuyo conocimiento correspondió a la Sección 2.ª de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, que dictó sentencia de fecha 3 de mayo de 2013, que revocó la pronunciada por el juzgado y desestimó la demanda por entender que la misma implicaba un retraso desleal en el ejercicio de un derecho.

13.º-Contra dicha resolución interpuso la demandante recurso de casación mediante escrito de 12 de junio de 2013, en el que recayó sentencia 773/2014, de 12 de enero de 2015, de la Sala 1.ª del Tribunal Supremo, que casó la pronunciada por el tribunal provincial y, con asunción de la instancia, confirmó la dictada por el juzgado.

Se partió de la base, para ello, de que la maternidad estaba acreditada, incluso no fue negada por la madre biológica sino reconocida epistolarmente por ésta, así como que la acción de reclamación de filiación es imprescriptible al hallarse anudada a la dignidad de la persona, y que no era aplicable la doctrina de los actos propios en relación con el retraso desleal en el ejercicio del derecho con respecto a la acción de reclamación de filiación que es imprescriptible. Destacamos de la referida resolución los razonamientos siguientes con respecto a la fundamentación de la sentencia del tribunal provincial, que no llegó a aceptarse:

«Dicha sentencia, aunque con una sistematización poco ordenada, (i) no niega la imprescriptibilidad de las acciones de reclamación de filiación, (ii) no entiende que "per se" el retraso en el ejercicio de la misma sea abusivo o desleal y (iii) tampoco califica como abusivo que sean intereses económicos los que animen e induzcan a la parte a su toma de postura.

»Deja claro que es ese retraso en el ejercicio de la acción, "en unión de otros factores", lo que justifica que aquél se considere abusivo por ser desleal.

»Por tanto, son las concretas circunstancias que rodean el ejercicio de la acción las que hacen inferir el carácter abusivo de la misma.

»A la hora de exponer esas circunstancias destaca que la actora desde que tuvo noticias de quien era su madre biológica ha desplegado una conducta, con el fugaz y esporádico encuentro del año 1993, denotadora de aceptar la situación jurídica existente sobre su filiación a pesar de su falsedad, creando tanto en los padres registrales como en la madre biológica expectativas en tal sentido con indudables efectos jurídicos. Hecho clave a tal fin es que para el ejercicio de la acción espera a que fallezcan sus padres registrales, acepta la herencia de éstos como "hija" de ellos, siendo la única heredera, y cuando fallece su madre biológica ejercita la acción de reclamación de filiación acumulando a ella la de participación en la herencia de la finada, lo que daría lugar a un resultado contrario a la norma defraudada, a saber, heredar a dos madres por naturaleza. Existirían, pues, intereses económicos pero indignos de ser amparados por los Tribunales, pues ejercitados los derechos propios de una determinada filiación se postulan los inherentes a una filiación distinta, resultando unos y otros incompatibles.

»Por tanto lo que la sentencia recurrida sanciona como desleal no es el ejercicio tardío de la acción sino las circunstancias concretas que lo rodean, fruto de actos propios y voluntarios de la actora recurrente, puntualizando que dirige su acción a la maternidad, obviando la paternidad».

No obstante, sin entrar en la bondad de estos argumentos, señala el tribunal de casación como fundamento de la estimación del recurso:

«Todo el debate para calificar su conducta procesal de desleal y de ir contra sus propios actos se concentra en su pasividad en relación con los derechos sucesorios relacionados con los "progenitores registrales" y con la "madre biológica", que no le negó serlo.

»No obstante, como decimos, ello podrá ser objeto de valoración y calificación en hipotéticos litigios de futuro en los que ahora no puede entrar esta Sala por no ser objeto del presente.

»Cercenar por abusiva o desleal una acción en cuya virtud solo se decide algo tan consustancial a la dignidad de la persona como es su filiación por haber utilizado la actora los tiempos con fines sucesorios no es posible, sin perjuicio, como decimos, de que tales retrasos y combinaciones temporales puedan valorarse con arreglo a derecho en futuros litigios con pretensiones de otra naturaleza, si llegasen a plantearse.

»No concurren, pues, circunstancias suficientes para alterar la doctrina clara y contundente de la Sala en materia de acciones de reclamación de filiación por los hijos».

En definitiva, se casó la sentencia de la audiencia y se confirmó la dictada por el juzgado, que había proclamado la maternidad biológica de D.ª Sara respecto a D.ª Rita, la cual no era hija biológica de su madre registral, D.ª Rita, cuya filiación se rectificó registralmente.

14.º-Así las cosas, con fecha 29 de junio de 2015, D.ª Adela interpuso una demanda de juicio ordinario contra sus hermanas de un solo vínculo D.ª Mónica, D.ª Hortensia, D.ª Debora y D.ª Mercedes, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado de Primera Instancia número 2 de Donostia-San Sebastián, que la tramitó bajo número de registro 551/2015, en la que interesó que, con carácter principal, se declarase la nulidad de la institución de heredero del testamento otorgado por D.ª Sara con fecha 16 de febrero de 2010, por preterición no intencional; subsidiariamente, la nulidad del testamento por falta de capacidad de la otorgante o por la concurrencia de vicios en la voluntad de la testadora, consistentes en dolo y fraude; y, por último, también de forma subsidiaria, se declarare la preterición intencional de la demandante en el testamento de su madre D.ª Sara, todo ello con los otros pronunciamientos derivados que constan en los antecedentes de esta sentencia.

Seguido el procedimiento, con la oposición de las hermanas Mónica Hortensia Debora Mercedes, se dictó sentencia 61/2018, de 21 de marzo, por la que el juzgado consideró no concurría ninguno de los motivos de nulidad del testamento esgrimidos por la parte demandante, aunque sí una preterición intencional dado que la causante conocía la existencia de su hija D.ª Adela, que fue conscientemente omitida en su testamento. Ahora bien, con respecto a esta pretensión, la acción se encontraba caducada por transcurso del plazo de cuatro años, así como, en cualquier caso, la demanda tampoco podría prosperar por aplicación de la doctrina del retraso desleal en el ejercicio de los derechos sucesorios.

15.º-Contra dicha sentencia se interpuso por la demandante un recurso de apelación. Su conocimiento correspondió a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Donostia-San Sebastián, que dictó sentencia 728/2019, de 7 de noviembre, que confirmó la pronunciada por el juzgado.

En ella, entendió el tribunal provincial, que nos hallábamos ante un caso de preterición intencional, toda vez que la causante D.ª Sara excluyó, de forma consciente, de su testamento a su hija no matrimonial D.ª Adela, con plena constancia de su maternidad, como resultó acreditado a través de la prueba practicada.

Consideró, también, que no concurrían las infracciones procesales denunciadas en el recurso de apelación, así como tampoco los vicios del consentimiento alegados que anulasen el testamento otorgado por la causante.

Compartió con el juzgado que la acción se encontraba caducada. Obtuvo tal conclusión del hecho de que, al menos, desde el 29 de septiembre de 2010, la demandante tenía conocimiento del testamento de su madre que la excluía de la herencia, toda vez que había sido aportado por las hermanas Mónica Hortensia Debora Mercedes al contestar a la demanda del proceso de reclamación de la filiación promovido por D.ª Adela contra ellas. Comoquiera que la demanda fue presentada el 29 de junio de 2015, transcurrió, con creces, el plazo de los 4 años de caducidad para el ejercicio de la acción de preterición.

Se razonó igualmente que no era óbice para apreciar la caducidad, la pendencia del procedimiento de reclamación de filiación, dado que éste no impedía el ejercicio de la acción de preterición, «[p]or cuanto que la acción de reclamación de una filiación no matrimonial es de naturaleza meramente declarativa, no constitutiva, y, por ello, pueden acumularse perfectamente a las acciones de filiación las acciones relacionadas con el procedimiento sucesorio, cuales son, por ejemplo, las relativas a la declaración de herederos y a la partición de herencia, tal y como ha sido establecido por distintas resoluciones de nuestro más Alto Tribunal en fechas 23 de Octubre de 1990, 6 de Noviembre de 1998 y 2 de Julio de 2004». Incluso, cabría promover una cuestión prejudicial civil de las previstas en el artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que suspendiese el curso de la demanda de preterición mientras se dirimía la acción de reclamación de filiación. La actora no observó una conducta de tal clase con lo que la acción había caducado.

Por otra parte, con respecto al retraso desleal en el ejercicio del derecho se consideró innecesario proceder a su examen al hallarse la acción de preterición caducada.

En definitiva, confirmó la sentencia dictada por el juzgado.

16.º-Contra dicha resolución se interpuso por la demandante recurso de casación, que fue admitido a trámite por auto de esta sala de 2 de marzo de 2022. Al evacuar el traslado conferido del recurso interpuesto, la parte demandada recurrida solicitó su desestimación, mediante la alegación de motivos formales impeditivos de su admisibilidad y otros de fondo con respecto a las infracciones en que se fundamentó el recurso.

SEGUNDO.- Los motivos del recurso de casación

El recurso de casación se fundamentó en cinco motivos, todos ellos articulados por interés casacional ( art. 477.2 3º y 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en adelante LEC) .

2.1 Fundamento y admisibilidad formal de los dos primeros motivos del recurso de casación.

En el primero de ellos, se sostiene que la sentencia de la audiencia vulnera los arts. 814 y 807 del Código Civil (en adelante CC) , en relación a los arts. 1.299, 1.969 y 1.080 CC y 10 de la LEC, así como la doctrina jurisprudencial respecto del dies a quopara el ejercicio de acciones de declaración de preterición.

El motivo segundo, se fundamenta en que la sentencia recurrida vulnera los mentados preceptos y la doctrina jurisprudencial respecto de la suspensión del plazo de caducidad para el ejercicio de acciones de preterición.

Estos dos primeros motivos se encuentran íntimamente ligados entre sí, pues atacan la base decisoria de la sentencia dictada por el tribunal provincial, que considera que la acción de preterición ejercitada se encuentra fuera del plazo de caducidad de cuatro años, y se apoyan en la vulneración de los mismos preceptos de derecho material o sustantivo.

No se cuestiona la naturaleza del referido plazo, sino que se considera que éste no ha transcurrido, por lo que no debió ser apreciado.

En el primero de ellos, se sostiene que, constituye antecedente necesario del presente proceso, el juicio de filiación interpuesto por la demandante contra sus hermanas en el que había acumulado a la acción de reclamación de la maternidad no matrimonial, otras de declaración de herederos, preterición e impugnación del testamento, desistiendo de éstas últimas dado que, por diligencia de ordenación de 22 de junio de 2010, se requirió a la demandante para que subsanara la indebida acumulación de acciones, resolución contra la que se recurrió en reposición, que fue desestimado por decreto de 6 de julio de 2010.

Se señala que la acción de filiación fue estimada por sentencia de 31 de octubre de 2011 dictada por el juzgado, pero recurrida ésta en apelación fue revocada por otra de 3 de mayo de 2013, que le denegaba la filiación no matrimonial reclamada, y, por lo tanto, el título para ejercitar sus derechos sucesorios.

No obstante, dicha resolución judicial fue casada por la STS de 12 de enero de 2015. Es, a partir de entonces, cuando debe contarse el plazo de caducidad, dado que es el momento en que la actora adquiere legalmente la condición jurídica de hija de la testadora, que le legitima para el ejercicio de sus derechos sucesorios y, por lo tanto, cuando pudo ejercitarlos conforme al art. 1969 CC. Considera, por lo tanto, errónea la decisión de la audiencia de computar el plazo desde el 29 de septiembre de 2010, data en que la demandante tuvo conocimiento del testamento de su madre D.ª Sara.

En el segundo motivo del recurso de casación, se parte de la base de que, aun aceptando el criterio restrictivo de que la actora pudo ejercitar la acción de preterición el 29 de septiembre de 2010, dicho plazo no finalizaría el 29 de septiembre de 2014, puesto que se vio interrumpido o si se quiere suspendido, entre el 3 de mayo de 2013 -fecha de la sentencia de la audiencia que revocó la declaración de filiación no matrimonial de la actora- hasta el 12 de enero de 2015 -fecha en se casó la sentencia del tribunal provincial por esta sala del Tribunal Supremo-, y toda vez que la presente demanda se interpuso el 29 de junio de 2015 no transcurrió el plazo de los cuatro años previsto en la ley.

La parte demandada opone la concurrencia de óbices formales de admisibilidad de dichos motivos del recurso de casación. No podemos acoger tal pretensión obstativa. En efecto, como señalamos en las SSTS 1233/2024, de 3 de octubre, y 1634/2024, de 5 de diciembre, entre otras muchas:

«[e]ste tribunal ha elaborado la doctrina de las causas absolutas y relativas de inadmisibilidad, fijada en el auto del pleno de 6 de noviembre de 2013 (recurso 485/2012), asumida en resoluciones posteriores como las sentencias 577/2015, de 5 de noviembre; 667/2016, de 14 de noviembre; 292/2017, de 12 de mayo; o más recientemente 142/2021, de 15 de marzo; 629/2021, de 27 de septiembre; 658/2021, de 4 de octubre; 843/2021, de 9 de diciembre; 283/2022, de 4 de abril, 1032/2022, de 23 de diciembre o 1219/2023, de 11 de septiembre, entre otras muchas. Según tal doctrina:

»"[...] puede ser suficiente para pasar el test de admisibilidad y permitir el examen de fondo del recurso, la correcta identificación de determinados problemas jurídicos, la exposición aun indiciaria de cómo ve la parte recurrente el interés casacional y una exposición adecuada que deje de manifiesto la consistencia de las razones de fondo. En tales casos, una interpretación rigurosa de los requisitos de admisibilidad que impidan el acceso a los recursos extraordinarios no es adecuada a las exigencias del derecho de tutela efectiva jurídica de la sentencia ( sentencias 667/2016, de 14 de noviembre, con cita de la 439/2013, de 25 de junio; 2/2017, de 10 de enero y 149/2017, de 2 de marzo)"».

Por otro lado, los preceptos no son heterogéneos sino complementarios, y la falta legitimación ha sido considerada por esta sala como susceptible de integrar el recurso de casación.

2.2 Fundamento, inadmisibilidad formal y desestimación del tercer motivo del recurso de casación

El tercero de los motivos tiene el encabezamiento siguiente:

«Motivo tercero.- La sentencia se opone a la doctrina jurisprudencial respecto del régimen de aplicación que cabe establecer en el ejercicio conjunto de la acción de preterición de heredero forzoso en sede testamentaria y la propia acción de petición de herencia y sus plazos de prescripción».

Se señala que en el presente motivo se valora al régimen de aplicación que cabe establecer en el ejercicio conjunto de la acción de preterición de heredero forzoso en sede testamentaria y la propia acción de petición de herencia, particularmente de la posible correlación transitiva en el ejercicio de las mismas. Y se razona que tuvo que estimarse en cualquier caso la acción de petición de herencia al no haber prescrito dicha acción sometida al plazo de 30 años.

Debemos de dar la razón a la parte recurrida cuando se opone a la admisibilidad de este motivo del recurso de casación. En efecto, en las sentencias 487/2018, de 12 de septiembre, 518/2018, de 20 de septiembre, así como más recientemente en las sentencias 676/2024, de 13 de mayo, y 1075/2024, de 9 de septiembre, entre otras muchas, declaramos que:

«Hemos interpretado los arts. 481.1 y 487.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el sentido de que la indicación precisa de la norma infringida ha de realizarse en el encabezamiento de cada uno de los motivos en que se funde el recurso, sin que sea suficiente que pueda deducirse del desarrollo de los motivos y sin que tenga que acudirse al estudio de su fundamentación", recordando, entre otras, las sentencias 220/2017, de 4 de abril, 338/2017, de 30 de mayo, 380/2017, de 14 de junio, 901/2021, de 21 de diciembre y 293/22, de 5 de abril, que el motivo del recurso de casación debe estar en el "conflicto jurídico producido por la infracción de una norma sustantiva aplicable al objeto del proceso".

»Esta sala ha venido insistiendo en que es esencial identificar esa norma jurídica infringida al exponer el motivo de casación, y más concretamente, en su encabezamiento ( sentencias 121/2017, de 23 de febrero, 645/2017, de 24 de noviembre, 293/2018, de 22 de mayo, 330/2019, de 6 de junio, 574 y 575/2020, de 4 de noviembre, 135/2021, de 9 de marzo y 997/2023, de 20 de junio entre otras)».

La referencia a la existencia de oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, único contenido del encabezamiento de este motivo del recurso, sirve para justificar, en su caso, el interés casacional, pero no es propiamente el motivo del recurso, sino un presupuesto del mismo. El verdadero motivo debe estar en el «conflicto jurídico producido por la infracción de una norma sustantiva aplicable al objeto del proceso» (entre otras, SSTS 220/2017, de 4 de abril, 338/2017, de 30 de mayo, 380/2017, de 14 de junio y 333/2021, DE 18 de mayo entre otras).

Pues bien, la cita de la norma sustantiva infringida brilla por su ausencia en el encabezamiento del motivo, lo que conduce a su inadmisión en este trance decisorio y correlativa desestimación del mismo.

Como hemos declaramos en numerosas ocasiones (por todas, sentencias 228/2021, de 27 de abril; 719/2023, de 12 de mayo y 1075/2024, de 9 de septiembre), el recurso de casación es un recurso muy diferente a los ordinarios como el de reposición o el de apelación. Su regulación establece exigencias técnicas muy concretas, incluso un mayor rigor formal que en los recursos ordinarios, consecuencia de su función de generar jurisprudencia; esto es, asegurar la interpretación uniforme del ordenamiento jurídico, más que otorgar a las partes la posibilidad de que su litigio vuelva a ser revisado por otro tribunal, pues la tutela judicial efectiva en los procesos civiles se satisface ordinariamente con dos instancias.

Por otra parte, no puede equipararse el escrito de formulación de un recurso de casación con un escrito de alegaciones.

A más abundamiento, las sentencias de ambas instancias no contienen ningún pronunciamiento sobre la acción de petición de herencia; por lo que, de considerar la parte recurrente que dicha acción fue ejercitada autónomamente en la demanda interpuesta, debería haber solicitado el complemento de la sentencia del juzgado por la vía del art. 215 de la LEC, que habría incurrido en incongruencia omisiva, presupuesto necesario para poder interponer un recurso de apelación por infracción procesal y, en su caso, extraordinario por infracción procesal en su redacción entonces vigente, ( arts. 218.1, 459 y 469.1.2.º y 2 de la LEC) , lo que no hace.

El Tribunal Constitucional ha afirmado en numerosas resoluciones que «[l]a comprobación de los presupuestos procesales para la viabilidad de la acción puede volverse a abordar o reconsiderarse en la sentencia, de oficio o a instancia de parte, dando lugar, en su caso, a un pronunciamiento de inadmisión por falta de tales presupuestos» (por todas, SSTC 32/2002, de 11 de febrero; 204/2005, de 18 de julio; 237/2006, de 17 de julio; 7/2007, de 15 de enero; 28/2011, de 14 de marzo; 29/2011 de 14 de marzo; 69/2011, de 16 de mayo; y 200/2012, de 12 de noviembre).

La causa de inadmisión se convierte, en este momento procesal, en causa de desestimación del recurso de casación. No obsta que, en su día, fuera admitido a trámite, dado el carácter provisorio de la admisión acordada inicialmente, por hallarse sujeta a un examen definitivo en la sentencia ( sentencias 97/2011, de 18 de febrero, 548/2012, de 20 de septiembre, 564/2013, de 1 de octubre, 146/2017, de 1 de marzo, 997/2023, de 20 de junio; 676/2024, de 13 de mayo y 1075/2024, de 9 de septiembre).

2.3 Fundamento, inadmisibilidad formal y desestimación del cuarto motivo del recurso de casación

El motivo cuarto se construye sobre la base de los «[e]fectos de la declaración de la filiación con posterioridad al otorgamiento de testamento en relación al art. 108 y 112 del CC y la jurisprudencia que los aplica».

El art. 108 norma que:

«La filiación puede tener lugar por naturaleza y por adopción. La filiación por naturaleza puede ser matrimonial y no matrimonial. Es matrimonial cuando los progenitores están casados entre sí.

»La filiación matrimonial y la no matrimonial, así como la adoptiva, surten los mismos efectos, conforme a las disposiciones de este Código».

Por su parte, el art. 112 del CC establece que:

«La filiación produce sus efectos desde que tiene lugar. Su determinación legal tiene efectos retroactivos siempre que la retroactividad sea compatible con la naturaleza de aquéllos y la Ley no dispusiere lo contrario.

»En todo caso conservarán su validez los actos otorgados en nombre del hijo menor por su representante legal o, en el caso de los mayores con discapacidad que tuvieran previstas medidas de apoyo, los realizados conforme a estas, antes de que la filiación hubiera sido determinada».

No vemos qué conexión tiene una supuesta infracción de estos preceptos con el objeto del presente juicio en el que se trata del ejercicio de unas acciones sucesorias de impugnación de un testamento por preterición y vicios del consentimiento. Tales normas no fueron invocadas en las instancias como fundamento de las acciones deducidas. No figuran ni tan siquiera citados en el escrito de demanda.

Según hemos dicho reiteradamente (por ejemplo, en sentencias 108/2017, de 17 de febrero, 91/2018, de 19 de febrero, 330/2019, de 6 de junio, 574 y 575/2020, de 4 de noviembre, 135/2021, de 9 de marzo y 333/2021, de 18 de mayo), el recurso de casación, conforme al art. 477 de la LEC, ha de basarse en una concreta infracción de una determinada norma jurídica aplicable en la resolución de las cuestiones objeto de infracción.

Por consiguiente, este motivo no puede ser admitido y, en consecuencia, se desestima en este trance decisorio.

Tampoco cabe plantear cuestiones nuevas en el recurso de casación, dado que este recurso debe respetar el ámbito de la discusión jurídica previamente establecido y no introducir cuestiones nuevas. Así lo ha recordado esta Sala en las SSTS 1469/2024, de 6 de noviembre y 159/2025, de 30 de enero, al señalar:

«La jurisprudencia de esta sala veda plantear cuestiones per saltum, que son aquellas que pudiendo plantearse, no lo fueron, en la primera instancia y/o en la apelación ( sentencias 614/2011, de 17 noviembre; 632/2012, de 29 octubre; 32/2013, de 6 de febrero; 268/2013, de 22 de abril, entre otras muchas). No pueden plantearse en casación cuestiones que no hayan sido formuladas en la apelación, "pues el recurso de casación permite denunciar las infracciones legales en que el tribunal de apelación haya podido incurrir al resolver las cuestiones planteadas en el recurso de apelación, pero no permite hacer un nuevo planteamiento de la cuestión litigiosa distinta a la que se sometió a la consideración del tribunal de apelación" ( sentencia del Pleno 772/2014, de 12 de enero de 2015)».

2.4 El motivo quinto del recurso de casación

Por último, el motivo quinto, se construye sobre la base de que la sentencia «[s]e opone a la interpretación o aplicación de las normas jurídicas concretamente al art. 7 CC y a la doctrina jurisprudencial respecto una actuación contraria a los propios actos».

Se fundamenta en que el ejercicio de las acciones sucesorias no constituye un retraso desleal en el ejercicio de un derecho. La audiencia señala que no analiza este motivo de oposición, puesto que lo reputa innecesario al considerar que la acción de preterición se encuentra caducada. Sólo cabría entrar en su examen en el caso de que se estimara el recurso de casación, y se considerase que la acción de preterición no hubiese caducado, pues solo en tal supuesto la asunción de la instancia obligaría a analizar los motivos de oposición alegados por la parte recurrida, al contestar a la demanda, entre los que figura el precitado retraso desleal.

En definitiva, no cabe examinar dicho motivo como legítimo causal del recurso de casación interpuesto, dado que no es fundamento de la sentencia desestimatoria dictada por el tribunal provincial, que expresamente señala que no entra en su análisis por hallarse la acción caducada.

TERCERO.- Examen de los dos primeros motivos del recurso de casación

La íntima conexión existente entre ellos, en tanto en cuanto se refieren al cómputo del plazo de caducidad de las acciones de preterición ejercitadas, permite su tratamiento conjunto.

3.1 La acción de preterición ejercitada por la demandante

La preterición consiste en la omisión de uno, varios o todos los herederos forzosos del causante en su testamento. En este caso, el heredero necesario olvidado u omitido puede ejercitar la acción de preterición con distinto tratamiento jurídico, tras la reforma del CC por la Ley 11/1981, de 13 de mayo, según se trate de una preterición intencional ( art. 814, párrafo primero, del CC) , producida por voluntad del causante; o no intencional o errónea ( art. 814, párrafo segundo, del CC) , consecuencia del olvido o desconocimiento por el testador de la existencia del legitimario.

Como señalamos en la STS 325/2010, de 31 de mayo:

«La preterición intencional y errónea. Viene regulada por el artículo 814 del Código civil, redactado por la Ley de 13 de mayo de 1981 que produjo un cambio sustancial en su regulación. En todo caso exige la omisión de todos o alguno legitimarios en el contenido patrimonial del testamento, sin haberles atribuido en el mismo o anteriormente ningún bien y que le sobrevivan. La intencional se produce cuando el testador sabía que existía el legitimario preterido, al tiempo de otorgar testamento y la no intencional o errónea, cuando el testador omitió la mención de legitimario hijo o descendiente ignorando su existencia, siempre al tiempo de otorgar testamento (así la distinguen las sentencias de 30 de enero de 1995, 23 de enero de 2001 y 22 de junio de 2006). Los efectos son bien distintos: mientras en la intencional se rescinde la institución de heredero en la medida que sea precisa para satisfacer la legítima y si no basta, se rescinden los legados a prorrata, en la errónea de alguno de los hijos o descendientes, se anula la institución de heredero y si no basta, los legados».

En el mismo sentido, la STS 981/2004, de 7 de octubre, señala que la preterición intencional es la «[o]misión de los legitimarios en el testamento, sabiendo que existen y que no han recibido nada en concepto de legítima». En este caso, el legitimario tiene derecho a recibir su cuota legitimaria y no, por lo tanto, la que le correspondería como heredero intestato, e implica, en su caso, la reducción de las disposiciones patrimoniales según el orden legalmente establecido para que el heredero preterido reciba lo que le corresponde por legítima.

3.2 La cuestión controvertida y las circunstancias concurrentes

En el presente caso, las partes no discuten la naturaleza jurídica del plazo de la acción ejercitada como de caducidad (ver SSTS 695/2014, de 10 de diciembre y 339/2015, de 23 de junio), sino la forma de computar los cuatro años que la sentencia de la audiencia cuenta desde el momento en el que la actora tuvo constancia del contenido del testamento de la causante -el día 29 de septiembre de 2010-, fecha en el que dicho acto de última voluntad fue aportado con la contestación de la demanda de filiación por parte de las hermanas Mónica Hortensia Debora Mercedes.

La recurrente D.ª Adela considera, por el contrario, que la determinación del día inicial del plazo del ejercicio de la acción de preterición está condicionada por la pendencia del procedimiento en el que se dirimía la reclamación de su maternidad biológica con respecto a la testadora D.ª Sara. Comoquiera que dicha pretensión no fue definitivamente resuelta, hasta que se dictó la sentencia firme de 12 de enero de 2015 de reconocimiento de su filiación materna, y dado que la presente demanda se interpuso el 29 de junio siguiente, la acción no se encuentra caducada.

En cualquier caso, de considerarse que el plazo no pudo ser interrumpido al ser de caducidad, que, al menos, se considerase suspendido en el intervalo temporal que medió entre el 3 de mayo de 2013, fecha de la sentencia de la audiencia, que revocó la declaración de filiación no matrimonial de la actora, hasta el 12 de enero de 2015, fecha en se casó y dejó sin efecto la sentencia del tribunal provincial por esta Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. En cuyo caso, la demanda estaría igualmente dentro del plazo de caducidad de los cuatro años.

Las partes no cuestionan que se compute como día inicial del plazo del ejercicio de la acción de preterición el 29 de septiembre de 2010, data en la que la que se entendió que la demandante tuvo conocimiento del testamento de su madre biológica, y pudo constatar su omisión como heredera forzosa.

Y todo ello, pese a que, en la demanda de filiación, la demandante acumuló otras acciones de naturaleza sucesoria, dentro de las cuales se encontraba la nulidad del testamento de 16 de febrero de 2010, por preterición de la demandante, lo que implica el conocimiento previo de tal acto de última voluntad y de su contenido, salvo que la demandante accionase bajo la presunción de haber sido excluida del testamento, y en función de tal presunción ejercitase la acción acumulada. En cualquier caso, respetamos lo declarado probado por la audiencia y consentido por las partes.

3.3Decisión del tribunal

Es requisito necesario que la acción de preterición sea ejercitada por quien ostente la condición de heredero forzoso, la cual corresponde a los hijos sean o no matrimoniales ( art. 807.1 CC) . Esta cuestión se estaba dirimiendo en un juicio especial de filiación.

En dicho procedimiento, promovido tras el fallecimiento de D.ª Sara, dieciocho años después del conocimiento de su filiación biológica, se ejercitaron conjuntamente con las acciones de reclamación de la filiación materna no matrimonial e impugnación de la contradictoria, otras de naturaleza sucesoria, a las que hicimos antes referencia, y entre ellas las de preterición; no obstante, tras requerimiento del juzgado y desestimación del recurso de reposición interpuesto, desistió de ellas la demandante.

Los tribunales de instancia partieron de la base de que la testadora D.ª Sara conocía que la recurrente era su hija, incluso con algún reconocimiento epistolar expreso en 1992, y por el hecho de que fuera D.ª Sara quien le comunicase a la recurrente la identidad de su padre biológico, que quedó, además, comprobada mediante la correspondiente prueba científica de determinación de la filiación paterna a la que voluntariamente se sometieron, en 1993, el padre biológico y la demandante.

La sentencia recurrida imputa a la parte actora que el ordenamiento jurídico le ofrecía remedios procesales para ejercitar la acción de preterición sin esperar a que concluyese el proceso de filiación. Una de ellas era el mecanismo de la acumulación de acciones, y otro el de formular demandas separadas y ulterior planteamiento de una cuestión prejudicial civil. La demandante optó por la primera de ellas de la que terminó desistiendo.

La audiencia le reprocha tal proceder. Considera que las acciones de filiación y las sucesorias eran susceptibles de acumulación, con cita, en apoyo de tal afirmación, de las SSTS de 23 de octubre de 1990, 6 de noviembre de 1998 y 2 de julio de 2004.

Esta última sentencia 578/2004, de 2 de julio, señaló al respecto que:

«I. Las acciones ejercitadas en la demanda (que, como se indicó al principio, fueron las de reclamación de una filiación no matrimonial, de impugnación de una filiación contradictoria determinada legalmente como matrimonial y de declaración de la demandante como heredera abintestato de su verdadero padre), pueden ventilarse en juicios de la misma naturaleza, como ha declarado esta Sala en diversas ocasiones (en la Sentencia de 6 de noviembre de 1.998, para un supuesto en el que las acciones acumuladas eran las de declaración de filiación, declaración de herederos abintestato y petición de la partición de la herencia; y en la Sentencia de 23 de octubre de 1.990, en un caso en que se habían ejercitado acciones de reclamación de la filiación y de alimentos).

»II. Entre las acciones de reclamación de una filiación y las que se dirigen a actuar las consecuencias de la determinación de la misma existe un nexo por razón de la causa de pedir suficiente para justificar el ejercicio acumulado. Así lo consideró esta Sala en las referidas Sentencias de 6 de noviembre de 1.998 y 23 de octubre de 1.990, al admitir la acumulación de las acciones antes mencionadas».

Ahora bien, las precitadas sentencias fueron dictadas bajo la vigencia de la LEC de 1881, cuyo artículo 484.2 disponía que se decidían por el cauce del juicio declarativo de menor cuantía las acciones relativas a filiación, paternidad, maternidad, capacidad y estado civil de las personas. No obstante, bajo la nueva normativa constituida por la LEC 1/2000, los procedimientos de filiación se tramitan, por razón de la materia, por los cauces del juicio verbal con las particularidades que la ley establece ( arts. 753 y 764 y siguientes de la LEC) .

Pues bien, en la LEC 1/2000, su art. 73.1.2.º impide la acumulación de acciones que, por su materia, deban ventilarse en juicios de diferente tipo. Este sería el caso que nos ocupa, puesto que las acciones de filiación deben ser sustanciadas por los trámites del juicio verbal especial previsto en el libro IV de la precitada disposición general ( arts. 753 y 764 y siguientes de la LEC) ; mientras que las sucesorias quedan sometidas al juicio correspondiente por razón de la cuantía que, en este caso, es el juicio ordinario en atención a las pretensiones acumuladas en la demanda y patrimonio de la causante, a la postre fue el promovido.

Así lo entendió el juzgado de San Sebastián, que conoció del proceso de filiación, lo que condujo a que la demandante desistiera de las pretensiones sucesorias para poder obtener una decisión fundada en derecho sobre las acciones de filiación igualmente ejercitadas, y que continuará el procedimiento por los trámites del juicio verbal especial de la LEC para dirimir las pretensiones de dicha naturaleza.

En otro caso, sería de aplicación lo dispuesto en el ordinal tercero del precitado art. 73 de la LEC, según el cual:

«Si se hubieren acumulado varias acciones indebidamente, el Letrado de la Administración de Justicia requerirá al actor, antes de proceder a admitir la demanda, para que subsane el defecto en el plazo de cinco días, manteniendo las acciones cuya acumulación fuere posible. Transcurrido el término sin que se produzca la subsanación, o si se mantuviera la circunstancia de no acumulabilidad entre las acciones que se pretendieran mantener por el actor, dará cuenta al Tribunal para que por el mismo se resuelva sobre la admisión de la demanda».

En cualquier caso, la recurrente considera que, al ser presupuesto del ejercicio de las acciones de preterición, el reconocimiento de su condición de heredera forzosa, en tanto en cuanto no fuera judicialmente reconocida como hija de la testadora se veía imposibilitada para el ejercicio de aquellas pretensiones, lo que le colocaría en un laberinto sin salida.

A los efectos resolutorios de tal cuestión, no podemos admitir el argumento de la parte recurrente que subordina el día inicial del plazo de caducidad a la resolución de la acción de reclamación de filiación, pues ello supondría que, al ser esta acción imprescriptible ( art. 133.1 CC y STS 773/2014, de 12 de enero de 2015, del pleno de la Sala 1.ª, que cita, a su vez, las sentencias de 11 y 12 de abril de 2012), las sucesorias pudieran ejercitarse sin limitación temporal alguna, máxime cuando la demandante conocía, desde el año 1992, la identidad de su madre biológica, como expresamente reconoció en la demanda de filiación.

Ahora bien, el ejercicio de la acción de preterición requería sendos presupuestos. El primero que la demandante fuera preterida en la herencia de su madre y, en segundo lugar, su condición de descendiente de la testadora, lo que le negaban las otras hijas de D.ª Sara, instituidas como herederas en el testamento de su progenitora, y ya hemos razonado que dichas acciones no pueden ser ejercitadas acumuladamente como así se resolvió en el propio proceso de filiación.

En este punto, no podemos, por lo tanto, compartir el criterio del tribunal provincial con fundamento en una jurisprudencia que no es aplicable a la nueva LEC 1/2000.

Descartada la acumulación, el derecho a la tutela judicial efectiva, que corresponde a la demandante y que le reconoce el art. 24.1 CE, exige que la recurrente dispusiera de un remedio procesal para no ver cercenados sus derechos sucesorios por la pendencia del juicio de filiación.

El tribunal provincial razonó, al respecto, que contaba con la posibilidad del ejercicio de ambas acciones por separado, y plantear a continuación una cuestión prejudicial civil con suspensión del proceso sucesorio mientras no se resolviese definitivamente la acción de filiación al amparo del art. 43 de la LEC. De esta manera, se conjugaba la caducidad de la acción con la proclamación de la condición de hija de la causante. En efecto, el mentado precepto norma que:

«Cuando para resolver sobre el objeto del litigio sea necesario decidir acerca de alguna cuestión que, a su vez, constituya el objeto principal de otro proceso pendiente ante el mismo o distinto tribunal civil, si no fuere posible la acumulación de autos, el tribunal, a petición de ambas partes o de una de ellas, oída la contraria, podrá mediante auto decretar la suspensión del curso de las actuaciones, en el estado en que se hallen, hasta que finalice el proceso que tenga por objeto la cuestión prejudicial».

Al no haber procedido de tal forma la parte recurrente, entiende la audiencia que la acción caducó por causa que le resulta imputable.

Frente a dicho argumento, considera la recurrente que cabría la suspensión del plazo de caducidad mientras se decidía el proceso de filiación. La resolución de esta cuestión exige entrar en la naturaleza y efectos del plazo de caducidad.

La institución de la caducidad sirve primordialmente a la seguridad jurídica, que es un valor constitucional ( art. 9.3 CE) . Las diferencias entre la prescripción y la caducidad han sido reiteradamente declaradas por esta sala; entre ellas, que mientras los plazos de prescripción son susceptibles de interrupción lo que implica que vuelvan a contarse de nuevo, los de caducidad no pueden ser interrumpidos.

La STS 197/1979, de 25 de mayo, y las citadas en ella, explica tales diferencias en los términos siguientes:

«[l]a caducidad o decadencia de derechos surge cuando la Ley o la voluntad de los particulares señalan un plazo fijo para la duración de un derecho, de tal modo que transcurrido no puede ser ya ejercitado, refiriéndose a las facultades o poderes jurídicos cuyo fin es promover un cambio de situación jurídica, nota característica que la diferencia de la prescripción, pues así como ésta tiene por finalidad la extinción de un derecho ante la razón subjetiva de su no ejercicio por el titular, y a fin de evitar la inseguridad jurídica, en la caducidad se atiende sólo al hecho objetivo de la falta de ejercicio dentro del plazo prefijado, hasta el punto de que puede sostenerse en realidad que es de índole preclusiva, al tratarse de un plazo dentro del cual, y únicamente dentro de él, puede realizarse un acto con eficacia jurídica, de tal manera que transcurrido sin ejercitarlo impone la decadencia fatal y automática de tal derecho en razón meramente objetiva de su no utilización».

En el mismo sentido, con cita de la anterior, la STS 999/1994, de 10 de noviembre.

Con respecto a la cuestión que ahora nos ocupa, señala la STS 924/2008, de 17 de octubre:

«En todo caso, la jurisprudencia ha mantenido reiteradamente el principio de no interrupción ni suspensión de la caducidad, desde las más antiguas de 27 de abril de 1940 y 10 de marzo de 1942 hasta las posteriores de 30 de mayo de 1984 que alude a un cuerpo de doctrina constituido por gran número de sentencias que cita y de 14 de febrero de 1986 que cita también, muchísimas».

De igual manera, se expresa la STS 410/2009, de 2 de junio, cuando insiste en la misma doctrina:

«Las sentencias de esta Sala de 30 septiembre 1992, 20 julio 1993, 10 julio 1999, citadas en igual sentido por la de 29 mayo 2006, afirman que la caducidad no admite interrupción de ninguna clase en consonancia con la naturaleza de los derechos para cuyo ejercicio se establece que, siendo de carácter potestativo, nacen y se extinguen con el propio plazo de caducidad; al contrario de lo que ocurre con la prescripción que únicamente afecta al ejercicio del derecho y no a su existencia».

O más recientemente, la STS 463/2022, de 2 de junio, insiste en las mismas ideas, al sostener que:

«[c]aducidad y prescripción son instituciones jurídicas distintas, con fundamentos y regímenes jurídicos diversos, entre cuyas diferencias se encuentra, en lo que aquí interesa, que la prescripción es susceptible de interrupción por acto del que por ella puede resultar perjudicado; mientras que la caducidad no admite la interrupción del tiempo, cuyo simple transcurso la origina, de forma que la caducidad "se funda exclusivamente en la necesidad de dar seguridad al tráfico jurídico y ópera por el mero transcurso del tiempo". Ello sin perjuicio de los concretos casos excepcionales en que la ley expresamente prevé la suspensión del plazo de caducidad (v.gr. art. 4 de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, disposición adicional 4.ª del RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se decretó el estado de alarma, y su prórroga aprobada por RD 537/2020, de 22 de mayo - art. 10-)».

No obstante, a veces el legislador de forma expresa, como hemos señalado, y otras veces esta sala ha admitido la posibilidad excepcional de dulcificar tal instituto con la doctrina de la caducidad atenuada, o, incluso, mediante la suspensión del plazo de caducidad, si bien con un criterio restrictivo. Así lo explica, la STS 422/2010, de 5 de julio, que establece:

«Aunque a partir de la de 25 de mayo de 1979 no faltan algunas que se refieren a la posibilidad de interrumpir la caducidad, dando lugar a lo que la sentencia de 18 de octubre de 1988, califica como "caducidad atenuada", de modo que admiten el efecto interruptivo de la caducidad de determinadas actividades dirigidas a posibilitar el ejercicio judicial de la acción, siempre que se lleven a cabo dentro de plazo, en realidad se trata, más que de admitir la interrupción del plazo de caducidad, de entender ejercitada la acción en aquellos supuestos en los que el ordenamiento positivo exige que la presentación de la demanda inicial del proceso esté precedida de ciertas actividades administrativas e incluso procesales».

Precisamente, la precitada STS 197/1979, de 25 de mayo, señala sobre tal cuestión:

«[c]omo ya ha tenido ocasión de declarar esta Sala en sentencias de 5 de julio de 1957 y 22 de mayo de 1965, la regla general de la imposibilidad de interrumpir los plazos de caducidad de la acción, tiene que admitir determinadas excepciones en aquellos supuestos en los que el ordenamiento positivo exige que, a la presentación de la demanda inicial del proceso, hayan de antecederle como es instar reposición previa del acuerdo que se impugne; petición al órgano jurisdiccional para aportar determinados expedientes o intentar la celebración de acto conciliatorio previo, porque en tales casos el ejercicio de esas actividades, precisas para la iniciativa del proceso judicial, lógicamente debe producir la interrupción del plazo de caducidad de la acción, siempre que se lleven a cabo dentro de él; en primer lugar, debido a que, en realidad, ya constituyen una actuación precisa para poder presentar o deducir la demanda iniciadora del proceso judicial, sin la cual no puede entrarse en su formalización; en segundo lugar a causa de que no admitiéndose tal interrupción resultaría que los titulares de esos derechos vendrían a tener diversos plazos, según quien fuere el litigante demandado; y en tercer lugar por la sencilla razón de que en ciertos casos quedaría a merced del obligado el cumplimiento de la prestación, si de su voluntad dependía la consumación de aquel trámite previo necesario para la presentación de la demanda».

Dentro de estos casos excepcionales, se encuentra la pendencia de un proceso penal, como los supuestos contemplados por las SSTS 422/2010, de 5 de julio y 619/2016, de 10 de octubre, sobre suspensión del plazo de caducidad por pendencia de un proceso penal, dada la imposibilidad legal de promover, durante la pendencia de un proceso criminal, otro civil sobre el mismo hecho ( arts. 111 y 114 LECrim) ; la prevalencia del principio pro actioney, en fin, el «[n]o exigir a quien es víctima de un comportamiento fraudulento desplegar actividades que momentáneamente se revelan como inútiles incurriendo en gastos previsiblemente innecesarios» justifican dicha decisión.

Pues bien, en este caso, la demandante, una vez conoció con certeza la identidad de su madre biológica, tras una breve relación con su progenitora, mantuvo su posesión de estado conforme con la filiación proclamada por el Registro Civil. Esperó al fallecimiento de sus padres registrales, heredó de éstos y, posteriormente, tras la muerte de su madre biológica, ejercitó las acciones de reclamación de filiación materna no matrimonial e impugnación de la contradictoria, que son imprescriptibles, y conjuntamente las sucesorias sometidas a plazo, que se consideraron que no eran susceptibles de acumulación, lo que conoció la recurrente cuando se dictó decreto de 6 de julio de 2010, que desestimó su recurso de reposición contra la denegación de la acumulación, lo que provocó además su desistimiento de dichas pretensiones como acto de disposición procesal ( art. 19 LEC) .

Incluso obraba en autos un informe de parentesco biológico elaborado por la Catedrática de Biología Celular de la Universidad del País Vasco, la Dra. Leocadia, de 18 de marzo de 2011, en el que consta, tras el análisis de ADN mitocondrial, que la actora y las cuatro codemandadas tenían la misma madre biológica con un porcentaje del 99,9937803%. En esta fecha, solo habían transcurrido unos meses para el ejercicio de la acción de preterición dentro del plazo de cuatro años. Y la demandante no podía albergar duda alguna de su condición de hija de la testadora.

Es decir, contaba la demandante con datos más que suficientes para el ejercicio de las acciones sucesorias dentro de plazo, pese a ello optó por esperar a que finalizará el proceso de filiación que, además, ganó en primera instancia, perdió en segunda instancia, por las razones antes reseñadas, y cuando se dictó sentencia definitiva el 12 de enero de 2015, ya había transcurrido el plazo de los cuatro años.

Por otra parte, para el ejercicio de la acción de preterición dentro de tal plazo no encontraba ningún obstáculo formal, ni era necesario ninguna reclamación previa o actuación procesal subordinada que operase como requisito legal de admisibilidad formal de la acción sucesoria, tampoco nos hallamos ante un supuesto de pendencia de un proceso penal sobre los hechos objeto del pleito civil, ni contaba la recurrente con alguna disposición legal que posibilitase la suspensión del plazo de caducidad. Por otra parte, la demanda de preterición debía ser admitida a trámite, pues las demandas solo se inadmitirán en los casos y por las causas expresamente previstas en la ley ( art. 403.1 LEC) .

No existe lesión del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, concebida ésta como un derecho de prestación, que sólo puede ejercerse por los cauces que el legislador establece o, dicho de otro modo, es un derecho de configuración legal ( STC 99/1985). El ordenamiento jurídico le brindaba a la recurrente un remedio procesal para que el ejercicio de la acción sucesoria no caducase, como era el del art. 43 LEC. Contaba además con una prueba biológica con lo que el riesgo del ejercicio de la acción sucesoria desde el punto de vista de su condición de hija de la testadora era nulo.

Por todo ello, consideramos que el recurso de casación interpuesto no puede ser estimado, lo que determina no proceda entrar en el examen de la cuestión relativa al retraso desleal en el ejercicio del derecho, tal y como hizo la audiencia.

CUARTO.- Costas y depósito

La desestimación del recurso de casación interpuesto conlleva la condena en costas ( art. 398 LEC) , con la pérdida del depósito constituido para recurrir ( disposición adicional 15.ª, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial).