Sentencia Civil 468/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 424/2022 de 24 de marzo del 2025

PRIMERO. Tramitación en primera instancia

La representación procesal de D. Abel interpuso una demanda de juicio ordinario contra Banco Santander, S.A., en la que se ejercitaba respecto del contrato de adquisición de acciones de Banco Popular la acción indemnizatoria por responsabilidad civil derivada del incumplimiento de los deberes de información previstos en la Ley del Mercado de Valores, demanda que fue repartida al Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Móstoles y finalizó con la sentencia núm. 353/2020, de 20 de noviembre, cuyo fallo era del siguiente tenor literal:

«[...]Que estimando la demanda formulada por la representación de D. Abel, debo condenar y condeno a BANCO SANTANDER S.A. a que abone a la actora en concepto de daños y perjuicios la suma de 200.540,54 euros, más los intereses legales desde la interpelación judicial; así como al abono de las costas procesales.»

SEGUNDO. Tramitación en segunda instancia.

1.La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Banco Santander, S. A.

2.La resolución de este recurso correspondió a la Sección Decimonovena de la Audiencia Provincial de Madrid, que lo tramitó con el número de rollo 202/2021, y tras seguir los correspondientes trámites dictó la sentencia de 25 de noviembre de 2021, cuya parte dispositiva era del siguiente tenor literal:

«[...]Que desestimando el recurso de apelación interpuesto en nombre y representación de la entidad BANCO SANTANDER, S.A. contra la Sentencia dictada en fecha 20 de noviembre de 2020 por el Juzgado de Primera Instancia nº 04 de Móstoles, en los autos de Juicio Ordinario nº 556/2020 seguidos a instancia de D. Abel, DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS dicha resolución, condenando a la parte apelante al pago de las costas causadas en esta alzada.»

TERCERO. Interposición y tramitación del recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación

1.La sentencia dictada por la Audiencia Provincial fue recurrida por la representación procesal de Banco Santander, S. A.

La representación de Banco Santander, S.A., interpuso sendos recursos de casación y extraordinario por infracción procesal.

1.1. El recurso extraordinario por infracción procesal se apoya en dos motivos formulados bajo los siguientes encabezamientos:

«[...]MOTIVO PRIMERO.- AL AMPARO DEL MOTIVO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 469.1 DE LA LEC, LA SENTENCIA RECURRIDA INFRINGE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 37.2. B) Y 39.2 DE LA LEY 11/2015 EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 10 LEC AL ADMITIR LA LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LOS ANTIGUOS ACCIONISTAS DE UNA ENTIDAD RESUELTA PARA DEDUCIR CONTRA LA ENTIDAD SUCESORA UNA ACCIÓN DE NULIDAD POR ERROR EN EL CONSENTIMIENTO PADECIDO AL TIEMPO DE EJECUTAR LA COMPRA DE LAS ACCIONES. LA ACCIÓN DE NULIDAD EJERCIDA NO ES COMPATIBLE CON LOS INSTRUMENTOS DE RECAPITALIZACIÓN INTERNA Y VENTA DE LA ENTIDAD APLICADOS POR EL FROB COMO ÓRGANO DE EJECUCIÓN DE LA DECISIÓN DE LA JUR DE RESOLUCIÓN DEL BANCO POPULAR.»

«[...]MOTIVO SEGUNDO.- LA SENTENCIA DE APELACIÓN VALORA LA PRUEBA PRACTICADA DE MANERA ARBITRARIA, IRRAZONABLE E ILÓGICA POR INCURRIR EN UN JUICIO MERAMENTE INTUITIVO Y FUNDADO EN UN EVIDENTE SESGO RETROSPECTIVO. LA CIRCUNSTANCIA QUE SE DECLARA PROBADA EN TALES CONDICIONES (QUE BANCO POPULAR ERA INSOLVENTE CUANDO LOS ACTORES INVIRTIERON EN ACCIONES DE BANCO POPULAR Y QUE ESA SITUACIÓN HABRÍA SIDO OCULTADA) ES PRECISAMENTE LA RAZÓN PARA ESTIMAR LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL FOLLETO QUE TIENE POR OBJETO LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES EN EL MERCADO SECUNDARIO EN JULIO DE 2016; Y SE TRASLADA DIRECTAMENTE AL FALLO, POR LO QUE SE VULNERA EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA ( ART. 469.1.4º DE LA LEC) »

1.2. El recurso de casación se basa en dos motivos articulados bajo los siguientes encabezamientos:

«[...]MOTIVO PRIMERO.- AL AMPARO DEL ARTÍCULO 477.1 DE LA LEC POR VULNERACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37.2 DE LA LEY 11/2015, EN CONEXIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1.300 Y 1.308 DEL CÓDIGO CIVIL Y ARTÍCULOS 38 Y 124 DE LA LMV, EN LA MEDIDA EN QUE DE DICHO PRECEPTO RESULTA QUE CUANDO LA AUTORIDAD DE RESOLUCIÓN HA APLICADO EL INSTRUMENTO DE RECAPITALIZACIÓN INTERNA, ESTA CIRCUNSTANCIA IMPIDE EL EJERCICIO DE ACCIONES DE NULIDAD E INDEMNIZATORIAS. LA MODALIDAD DE INTERÉS CASACIONAL QUE SE INVOCA ES LA DE APLICACIÓN DE NORMA DE VIGENCIA INFERIOR A CINCO AÑOS, ASÍ COMO LA DE EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA CONTRADICTORIA DE AUDIENCIAS PROVINCIALES.»

«[...]MOTIVO SEGUNDO.- AL AMPARO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 477.1 DE LA LEC, INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 124 DEL TRLMV (RÉGIMEN ESPECIAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA INFORMACIÓN PERIÓDICA), NORMA CON UNA VIGENCIA INFERIOR A CINCO AÑOS ( ART. 477.3 DE LA LEC) , SIN QUE EXISTA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL SOBRE LA NORMA PREVIAMENTE EN VIGOR AL RESPECTO (ART. 35 TER DE LA LMV) . ADMITIENDO POR SUPUESTO LA BASE FÁCTICA DECLARADA PROBADA POR LA SENTENCIA QUE SE RECURRE, LA SENTENCIA ESTIMA ESE REMEDIO SIN QUE CONCURRAN LOS PRESUPUESTOS EXIGIDOS AL RESPECTO Y OMITE LA IMPORTANCIA DEL HECHO DE QUE EL DEMANDANTE NO TOMÓ LA DECISIÓN INVERSORA, SINO QUE LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES SE PRODUJO POR CONVERSIÓN DE UN PRODUCTO PREVIO QUE YA TENÍAN EN CARTERA. SE INTERESA QUE SE ESTABLEZCA JURISPRUDENCIA AL RESPECTO, DE TAL MANERA QUE LAS RELEVANTES CUESTIONES JURÍDICAS QUE HAN DE EXAMINARSE Y RESOLVERSE (INFORMACIÓN A LA QUE SE EXTIENDE EL ALCANCE DE LA NORMA, DOBLE NEXO CAUSAL, DAÑO INDEMNIZABLE, IMPUTACIÓN OBJETIVA) SEAN OBJETO DE TRATAMIENTO UNIFORME Y CON VOCACIÓN DE PERMANENCIA POR LAS ILMAS. AUDIENCIAS PROVINCIALES. EN PARTICULAR, SE INTERESA QUE SE VALORE JURÍDICAMENTE LA EXIGENCIA DE QUE EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD SE CIRCUNSCRIBA AL INFORME FINANCIERO ANUAL, AL INFORME FINANCIERO SEMESTRAL Y AL INFORME DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES; LA EXIGENCIA DE UN DOBLE NEXO CAUSAL PARA QUE PUEDA GENERARSE RESPONSABILIDAD (QUE EL INVERSOR - 49 - HAYA BASADO SU DECISIÓN DE INVERTIR EN LA INFORMACIÓN DEL INFORME MÁS ACTUALIZADO CORRESPONDIENTE Y QUE HAYA SIDO LA DIFUSIÓN SOBRE LA VERDADERA SITUACIÓN DEL EMISOR LA QUE HAYA CAUSADO EL DESCENSO DE LA COTIZACIÓN DE LOS VALORES QUE HABRÍA SUPUESTO UN DAÑO PARA LOS INVERSORES); QUE EL DAÑO SEA CONSECUENCIA DE QUE LA INFORMACIÓN PERIÓDICA RELEVANTE FACILITADA FUESE FALSA O ENGAÑOSA; Y QUE EL CONCRETO DAÑO SEA IMPUTABLE OBJETIVAMENTE AL EMISOR DE ESA INFORMACIÓN PERIÓDICA»

2.Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones y personadas ante la misma las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, mediante auto de 5 de junio de 2024 fueron admitidos los recursos interpuestos por Banco Santander, S. A., respecto de los que se acordó dar traslado a la parte recurrida personada para que formalizara su oposición.

3.La parte recurrida cumplió con el trámite de oposición al recurso dentro del plazo legal establecido y se opuso a la admisibilidad de éste por los siguientes motivos:

(i) por no contener el recurso de casación explicación razonada alguna sobre la vigencia inferior a cinco años de la normativa que reputa infringida, ni sobre la inexistencia de la doctrina jurisprudencial del TS relativa a la misma; (ii) por no presentar el recurso interés casacional al llevar la norma que se pretende infringida más de cinco años en vigor; (iii) por no presentar el recurso interés casacional al existir doctrina jurisprudencial del TS relativa a una norma anterior de similar contenido; (iv) por haberse resuelto ya otros recursos sustancialmente iguales en sentido contrario al pretendido por la recurrente; (v) por carecer el recurso manifiestamente de fundamento al alterar la base fáctica de la sentencia recurrida y hacer supuesto de cuestión; (vi) por fundarse el recurso de casación en la infracción de las normas de la carga de la prueba.

4.Ambas partes efectuaron alegaciones sobre la sentencia del TJUE de 5 de mayo de 2022 (asunto C-410/20).

5.Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 18 de marzo de 2025, fecha en que ha tenido lugar.