Sentencia Civil 494/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 7019/2023 de 25 de marzo del 2025

PRIMERO.- Antecedentes relevantes

A los efectos decisorios del presente recurso, partimos de los antecedentes siguientes

1.º-La mercantil Buildingcenter, S.A.U., promovió una demanda de juicio de precario contra D. Indalecio e ignorados ocupantes de la vivienda sita en la DIRECCION000, en el término municipal de DIRECCION001 (Sevilla).

2.º-En el escrito de demanda se hizo constar que la entidad actora era titular del 100% del pleno dominio de la precitada finca por auto de adjudicación de 10 de octubre de 2018, dictado por el Juzgado de Primera Instancia número 18 de Sevilla, según nota simple del Registro de la Propiedad número tres de dicha ciudad.

3.º-La demanda fue turnada al Juzgado de Primera Instancia número 25, que la tramitó por el cauce del juicio verbal de desahucio por precario número 788/2019.

El procedimiento se siguió en rebeldía del demandado y la sentencia estimatoria se notificó por edictos. Por medio de auto de 2 de diciembre de 2021, dictado por el referido juzgado, se acordó la nulidad de actuaciones con retroacción del procedimiento a los efectos de practicar el emplazamiento personal del demandado y, de esta forma, tuviera la oportunidad de proceder a la contestación de la demanda en el plazo de diez días hábiles.

4.º-En el escrito de contestación, el demandado opuso la excepción de inadecuación del procedimiento por la existencia de un fraude de ley. Se sostuvo que la demandante era perfecta conocedora de que el demandado, actual poseedor de la vivienda, residía en ella. No instó el lanzamiento en el curso del procedimiento de ejecución hipotecaria para evitar la aplicación de la Ley 1/2013, de 14 de mayo y que, por lo tanto, pudiera alegar su situación de vulnerabilidad.

En la vivienda litigiosa consta, por oficio despachado por la policía local, que en ella vivía el demandado y un hijo menor de edad que, en tales fechas, contaba con 13 años, y se aportaron cuatro nóminas del demandado de noviembre y diciembre de 2021, enero y febrero de 2022, por un importe de 600 euros mensuales.

5.º-El juzgado dictó sentencia estimatoria de la demanda por considerar acreditado que el procedimiento tramitado era procedente en derecho, y que el demandado carecía de título alguno para conservar la posesión de la vivienda, así como que no era preciso la interpelación de la madre del menor, en tanto en cuanto éste estaba debidamente defendido por su padre, titular de la patria potestad, el cual además ostentaba la guarda y custodia sobre el niño.

6.º-Contra la referida resolución judicial se interpuso recurso de apelación que fue desestimado por sentencia dictada por la sección quinta de la Audiencia Provincial de Sevilla.

La parte demandada interpuso recurso de casación, que fue admitido a trámite por auto de esta sala de 11 de septiembre de 2024. Al evacuar el traslado conferido para oponerse al recurso, la entidad demandante solicitó su desestimación.

SEGUNDO.- El motivo primero del recurso de casación

Este motivo se fundamenta en la infracción de los artículos 6.4 y 7 del Código Civil. En su desarrollo, se insiste en que debió de instarse el lanzamiento en el procedimiento de ejecución hipotecaria, lo que posibilitaría la aplicación de la Ley 1/2013; lejos de ello, la parte recurrente promovió el presente juicio de precario para obviar la aplicación de aquélla normativa; por otra parte, el artículo 675 de LEC no se refiere al ejecutado, sino a personas distintas de éste.

TERCERO.- Estimación del motivo

Esta sala se ha expresado con reiteración sobre la cuestión objeto del presente proceso, por ejemplo, en las sentencias 443/2024, de 2 de abril y 620/2024, de 8 de mayo, entre otras muchas, en la que señalamos:

«En efecto, sobre la cuestión debatida esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse en sentencia del pleno 771/2022, de 9 de noviembre, citada por el recurrente, y que no ha sido tenida en cuenta por la sentencia dictada por el tribunal provincial de 8 de marzo de 2023, cuya doctrina es reproducida, en ulteriores, como la 515/2023, de 19 de abril, 999/2023, de 20 de junio, 1518/2023, de 2 de noviembre, en la que señalamos, entre otros fundamentos, que:

»En principio, no cabe negar a quien es dueño, usufructuario o persona con derecho a poseer la finca, la posibilidad de instar su recuperación posesoria mediante el juicio de precario al que se refiere el art. 250.1. 2.º LEC.

»Ahora bien, cuando dicha pretensión sea ejercitada por el acreedor ejecutante o por cualquier otra persona física o jurídica adjudicataria de la vivienda en el juicio de ejecución hipotecaria, estos deberán interesar el lanzamiento del deudor en el propio procedimiento en función de las consideraciones siguientes:

»En primer lugar, porque el título del derecho, que faculta al acreedor ejecutante y/o adjudicatario de la vivienda a solicitar su entrega, proviene del propio procedimiento de ejecución hipotecaria.

»Con carácter general, el art. 61 de la LEC, salvo disposición legal en otro sentido, atribuye al tribunal que tenga competencia para conocer de un pleito para resolver sus incidencias y la ejecución de lo resuelto. Con respecto al proceso de ejecución, el art. 545.1 LEC se manifiesta en similares términos. Y el art. 675.1 de la LEC, en sede de procedimiento de ejecución hipotecaria, también atribuye al adquirente el derecho a interesar la entrega del bien hipotecado en el propio procedimiento especial.

»En coherencia con tales reglas, la competencia funcional para conocer del incidente de solicitud de suspensión del lanzamiento y comprobación de sus requisitos que se acreditarán, por el deudor hipotecario, en cualquier momento del procedimiento y antes de la ejecución del lanzamiento, corresponde al juez o al notario encargado de la tramitación del juicio hipotecario, como norma el art. 2 de la Ley 1/2013.

»Lo dispuesto en el art. 675.2 II LEC se circunscribe a los ocupantes del inmueble, que no tengan la condición de deudores hipotecarios, ya sean arrendatarios u ocupantes de hecho. Así resulta, también, de la remisión que efectúa dicho precepto al art. 661 LEC. No es, por consiguiente, aplicable, al presente caso, el plazo al que se refiere el art. 675, cuando norma que, una vez transcurrido un año sin haber instado el desalojo, la parte adquirente hará valer sus derechos en el juicio que corresponda, toda vez que nadie discute que el demandado es deudor hipotecario, que ha perdido su título dominical en virtud de la venta forzosa llevada a efecto precisamente en el procedimiento de ejecución hipotecaria, y no arrendatario o tercero ocupante de hecho.

»Tampoco tiene sentido, por elementales razones de economía procesal, instar un juicio de desahucio por precario para hacer efectivo el lanzamiento del deudor, ocupante del inmueble, cuando se cuenta con el correspondiente decreto de atribución de la condición de adjudicatario de la vivienda litigiosa, que habilita para hacer efectivo el derecho a la entrega de la cosa, y correlativo lanzamiento de quien la ocupa, en el propio juicio de tal naturaleza.

»Por otra parte, se evita acudir al juicio de precario, con la intención de liberarse o dificultar la aplicación del régimen tuitivo que establece la Ley 1/2013 y sus sucesivas modificaciones, del que se benefician los deudores hipotecarios en situación de especial vulnerabilidad, quienes deben ser debidamente tutelados en sus intereses legítimos».

La actora alega que no consta que el demandado fuese deudor hipotecario para la aplicación de lo dispuesto en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social; no obstante, la expuesta es una cuestión nueva que no fue suscitada en primera y segunda instancia y que, por lo tanto, no puede ser alegada en casación ( SSTS 1795/2023, de 20 de diciembre; 40/2024, de 15 de enero y 1478/2024, de 11 de noviembre, entre otras muchas).

Es más, con la demanda aporta la propia entidad actora un informe de tasación, en el que consta que el demandado era el titular registral del inmueble litigioso, por lo que su posesión inicial sobre la vivienda estaría justificada y no se trata de persona que se hubiera introducido violenta o clandestinamente en el inmueble objeto de este proceso. Además, tal situación se da por admitida en el apartado tercero del escrito de oposición al recurso de apelación interpuesto por el demandado, en el que consta que: «[e]l hecho de que antecedentes procesales previos a la demanda motivadora de la presente litis, relativos a la previa tramitación de una ejecución hipotecaria contra parte de los codemandados ...», y así resulta también de las sentencias de ambas instancias que no niegan al demandado la condición de deudor hipotecario, sino que precisamente consideran que tal circunstancia no constituye obstáculo para la promoción del juicio de precario.

Tampoco podemos admitir el razonamiento de que no consta en autos elemento alguno de convicción del que resulte la posible situación de vulnerabilidad del demandado, cuando la familia constituida con su hijo es monoparental, éste es menor de edad, y las nóminas aportadas no evidencian ingresos superiores al salario mínimo interprofesional. El art. 2 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social norma que: «[e]n cualquier momento del procedimiento de ejecución hipotecaria y antes de la ejecución del lanzamiento, ante el Juez o el Notario encargado del procedimiento», la parte podrá presentar los documentos para acreditar su situación de vulnerabilidad. Los elementos aportados al proceso conducen indiciariamente a la conclusión contraria sostenida por la parte demandante, sin perjuicio de su valoración definitiva, en su caso, en el procedimiento de ejecución hipotecaria.

Procede, en consecuencia, asumir la instancia y, con ello, dictar sentencia desestimatoria de la demanda de precario deducida por inadecuación de procedimiento conforme a la jurisprudencia antes citada.

CUARTO.- Motivos segundo y tercero del recurso de casación

En cuanto al motivo segundo relativo a que se produjo indefensión en tanto en cuanto el hijo no fue demandado y además debe ser representado por ambos progenitores -la madre no vive con ellos-, carece de la más mínima consistencia.

El hijo menor, que ocupa la vivienda, no es parte necesaria en el proceso y sigue la misma suerte que su principal, en este caso su progenitor. En cualquier caso, no existe ningún conflicto de intereses con su padre en tanto en cuanto confluye en ambos la conveniencia de mantenerse en la posesión del inmueble objeto de precario, con lo que tampoco sería de aplicación el art. 163 II del CC, ni ha sufrido el menor ninguna clase de indefensión, ya que el demandado, como titular de la patria potestad, ejerció el derecho de defensa frente a la pretensión actora. Es el padre quien ostenta la custodia del menor y la condición de deudor contra el que se dirigió el procedimiento de ejecución hipotecaria.

El motivo tercero corre la misma suerte que el primero, con lo que carece de interés su examen, además de apoyarse en similares argumentos, por lo que, incluso, la parte recurrida se opuso a ellos conjuntamente por su íntima conexión.

QUINTO.- Costas y depósitos

No procede hacer expresa imposición de las costas del recurso de casación interpuesto al haber sido estimado, ni tampoco las de segunda instancia por las mismas razones ( art. 398 LEC) . Las costas de primera instancia se imponen a la parte demandante al desestimarse la demanda ( art. 394 LEC) . Procede la devolución de los depósitos constituidos para recurrir ( disposición adicional 15.ª apartado 8, de la LOPJ) .