Sentencia Civil 63/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 5356/2021 de 26 de enero del 2026

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.D. Jacobo formuló una «demanda de juicio ordinario, en reclamacion (sic) de cantidad» contra la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de Reestructuración Bancaria, SA (SAREB), en la que alegó, en síntesis, que prestó servicios profesionales como letrado a la demandada en los autos de ejecución hipotecaria seguidos con el número 971/2012 ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Alicante, en virtud de un crédito inicialmente ejecutado por el Banco de Valencia, SA y posteriormente cedido a la demandada mediante escritura de cesión de créditos de fecha 21 de diciembre de 2012.

Expuso que se personó en dicho procedimiento mediante escrito de fecha 8 de abril de 2014, interesando la sucesión procesal del ejecutante. El proceso concluyó mediante decreto de adjudicación de fecha 18 de abril de 2016, practicándose tasación de costas que incluyó el importe de 58.844,47 euros en concepto de minuta de letrado, la cual fue aprobada por decreto de fecha 4 de diciembre de 2017.

Asimismo, señaló que había suscrito un contrato de prestación de servicios con el Banco de Valencia en fecha 5 de junio de 2012, pero que nunca prestó su consentimiento a la cesión de dicho contrato en favor de la demandada ni a su novación subjetiva, por lo que esta no podía beneficiarse de lo pactado, al tratarse de un contrato intuitu personaecon un marcado carácter subjetivista.

Añadió que resultaba contrario a la doctrina de los actos propios que la demandada invocara la aplicación de dicho contrato en su relación jurídica con el actor, cuando previamente había abonado las facturas números NUM000 y NUM001 conforme a las normas colegiales. Finalmente, expuso que instó un procedimiento de reclamación de honorarios ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Alicante, que fue archivado por apreciarse la existencia de una cuestión compleja. Por todo ello, solicitó que se condenara a la demandada al pago de 58.844,47 euros, importe de su minuta según la tasación de costas practicada, más los intereses de la Ley 3/2004, con expresa imposición de costas.

2.La demandada se opuso alegando, también en síntesis, que en el contrato de prestación de servicios suscrito por el letrado demandante con el Banco de Valencia se subrogó Caixabank como consecuencia de la fusión de ambas entidades operada en fecha 14 de junio de 2013, y que el demandante prestó su consentimiento a la aplicación de dicho contrato mediante el correo electrónico remitido a esa entidad el día 6 de septiembre de 2013.

Sostuvo que únicamente procedía el abono de honorarios por importe de 2.000 euros conforme al apartado F) de la cláusula 5.ª del contrato, y que las facturas números NUM000 y NUM001 fueron abonadas por resultar conformes con los apartados D) y E) de dicha cláusula. Añadió que nunca designó de forma expresa al letrado demandante y que este incurre en contradicción con sus propios actos, al haber facturado anteriormente conforme a los criterios del contrato de 5 de junio de 2012.

Por todo ello, se allanó parcialmente a la demanda, reconociendo adeudar la cantidad de 2.000 euros, más IVA.

3.La sentencia de primera instancia estimó sustancialmente la demanda y condenó a la demandada a abonar al demandante 58.544,47 euros, más el interés previsto en el artículo 7.2 de la Ley 3/2004 desde la presentación de la demanda. El juzgado consideró que no había quedado debidamente acreditado que el contrato suscrito por el demandante con el Banco de Valencia en fecha 5 de junio de 2012 rigiera la prestación de servicios por la que se reclamaban los honorarios, y que, recayendo sobre la demandada la carga de probar que dichos honorarios estaban sujetos a los límites cuantitativos establecidos en ese contrato, tal extremo no había resultado probado. En consecuencia, estimó procedente condenar a la demandada al pago íntegro de la cantidad reclamada, correspondiente a la minuta incluida en la tasación de costas practicada.

4.La demandada interpuso un recurso de apelación, que fue estimado por la Audiencia Provincial, la cual revocó parcialmente la sentencia apelada y dictó nueva resolución estimando también en parte la demanda, condenando a la demandada a pagar al demandante 2.000 euros más IVA, así como los intereses del artículo 7.2 de la Ley 3/2004 desde la presentación de la demanda.

La Audiencia Provincial aplicó el criterio fijado en una sentencia anterior -la dictada el 12 de noviembre de 2020, rec. n.º 388/2020-, según el cual «el contrato que regulaba la prestación de servicios jurídicos para una (sic) procedimiento determinado en el año 2012 entre el Letrado demandante y la entidad en aquella fecha titular de la acción para reclamar el crédito que entendía le correspondía, ha seguido rigiendo durante todo el procedimiento de ejecución; en este caso, el instado ante el Juzgado de primera instancia n.º 1 de los de Alicante, bajo el número 971/2012». Asimismo, consideró que «la conducta del actor permite considerar acreditado su consentimiento a la novación del contrato de prestación de servicios que suscribió con el Banco de Valencia, por sustitución en la persona del deudor», y que «debe rechazarse la aplicación de la doctrina de los actos propios, esgrimida en la demanda, respecto al pago por la demandada de otras facturas conforme a criterios colegiales». En consecuencia, concluyó que «no compartimos la apreciación que se hace en la sentencia apelada de que corresponde a la parte aquí demandada acreditar que los honorarios pretendidos por el demandante deban sujetarse a los límites cuantitativos expresados en el contrato de 5 de junio de 2012, sino que será el demandante en todo caso, quien deberá acreditar que ha existido una modificación o un acuerdo posterior, en virtud del cuál (sic) asumiera un nuevo encargo o en condiciones distintas a las asumidas inicialmente».

El recurrente presentó un escrito solicitando el complemento de la sentencia, que fue denegado por la Audiencia Provincial, si bien esta efectuó las siguientes aclaraciones: (i) en relación con la necesidad de reconvención, señaló que dicha alegación no había sido introducida en el procedimiento en tiempo y forma, por lo que nada procedía acordar al respecto y que, en todo caso, su formulación no era necesaria; (ii) en cuanto a la denunciada ausencia de respuesta o falta de motivación sobre las relaciones contractuales de la demandada con el demandante, que «El hecho de que cuando el demandante remitió el correo a CAIXABANK el 9 de septiembre de 2013, aceptando las condiciones propuestas por ésta, el crédito que seguía reclamándose en el procedimiento por el que se reclaman aquí los honorarios, ya no perteneciera a BANCO DE VALENCIA, como tampoco a CAIXABANK que había absorbido a la anterior el 14 de junio de 2013, no impide que pueda apreciarse, como así se concluye en esta sentencia que existiera una novación modificativa del contrato inicial y que el contrato de 2012 siguiera desplegando su eficacia, como se pone de manifiesto por el comportamiento del demandante, en cuanto sabedor de que en septiembre de 2013. (sic) el crédito no era titularidad del BANCO DE VALENCIA, ni de CAIXABANK, no consideró que ello fuera obstáculo para que aceptara las condiciones propuestas por esta entidad, que tampoco había suscrito el contrato de 2012, ni era titular del crédito para cuya recuperación prestó sus servicios el demandante».

5.Contra la sentencia de apelación, el demandante ha interpuesto un recurso extraordinario por infracción procesal y un recurso de casación, que han sido admitidos, formulando la SAREB oposición a ambos.

SEGUNDO. Recurso extraordinario por infracción procesal

1. Planteamiento del recurso.El recurso extraordinario por infracción procesal se funda en tres motivos:

1.1. En el motivo primero, al amparo del art. 469.1, 2.º y 4.º , LEC, se denuncia la infracción del art. 218.1 LEC en relación con el art. 406.3 del mismo cuerpo legal y el 24 CE, « puesto que la sentencia de apelación afirma que el objeto del proceso no exige el planteamiento de reconvención y, no obstante ello, estima la pretensión de la demandada -que no fue oportunamente deducida mediante reconvención-, y condena al pago de honorarios profesionales conforme al contrato de fecha 5 de junio de 2012, marco jurídico ajeno a SAREB y específico de Banco de Valencia y su letrado».

1.2. En el motivo segundo, al amparo del art. 469.1.4.º LEC, se denuncia la infracción del art. 24 CE por contravenir la sentencia, que fija como elementos de prueba meras deducciones o juicios de valor, «la consecuencia jurídica derivada del valor probatorio irrefutable de la escritura pública [...] de fecha 21 de diciembre de 2012 [...], puesto que lo cedido por Banco de Valencia a la SAREB el 21 de diciembre de 2012, era un crédito que ostentaba el Banco de Valencia frente a determinada mercantil, pero no el contrato de servicios profesionales de 5 de junio de 2012, que era otra relación contractual distinta que no se transmitía con la cesión».

1.3. En el motivo tercero, al amparo del art. 469.1, 2.º y 4.º , LEC, se denuncia la infracción de los arts. 218.2 LEC y 24 CE, por falta de motivación de la sentencia, ya que «no incide en los elementos fácticos y jurídicos del pleito concreto, obvia la prueba del caso [...] se dicta con fundamento en lo resuelto en otra sentencia anterior [... y] , efectúa una mutación de la causa de pedir y confunde el conjunto de hechos jurídicamente relevantes que fundan la pretensión [...] conformadores del objeto del procedimiento [...] referido exclusivamente a la reclamación de honorarios profesionales derivados del encargo profesional de SAREB a su Letrado para el procedimiento de ejecución nº 971/2012 seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Alicante».

2. Decisión de la Sala. Los motivos del recurso por infracción procesal deben desestimarse por lo que se expone a continuación.

2.1. Motivo primero.La infracción denunciada en este motivo parte de la premisa de que la sentencia de apelación habría estimado una pretensión autónoma de la demandada, basada en la aplicación del contrato de prestación de servicios suscrito entre el recurrente y el Banco de Valencia el 5 de junio de 2012, sin que dicha pretensión hubiera sido articulada mediante reconvención, lo que habría supuesto una alteración del objeto del proceso y la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

Sin embargo, tal planteamiento no puede ser acogido. Como dijimos en la sentencia 117/2016, de 1 de marzo, citada a su vez por la 1727/2025, de 26 de noviembre, «[l]a reconvención supone aumentar el objeto del proceso en cuanto representa el ejercicio de una acción independiente frente a la ejercitada de contrario, pretendiendo la efectividad de un derecho respecto al actor inicial y, si ello no acontece, no resulta necesaria -ni propiamente existe- reconvención».

En el presente supuesto ni la demandada introdujo en el proceso una nueva pretensión ampliando su objeto, ni interesó la condena del demandante ni la Audiencia Provincial incurrió en incongruencia extra petita.De los antecedentes del caso resulta que la demandada, al oponerse a la demanda, no ejercitó acción alguna dirigida a obtener un pronunciamiento constitutivo o declarativo en su favor, sino que se limitó a negar la cuantía reclamada, allanándose parcialmente y reconociendo adeudar únicamente el importe de 2.000 euros conforme a lo que entendía aplicable en virtud del contrato de prestación de servicios cuya vigencia y aplicabilidad defendía. La invocación de dicho contrato y de la subrogación en la posición de la entidad inicialmente titular del crédito no tuvo otra finalidad que la de limitar la pretensión actora, situándose, por tanto, en el ámbito propio de las excepciones materiales, que, aun cuando introduzcan hechos o fundamentos jurídicos distintos de los alegados en la demanda, no amplían el objeto del proceso ni requieren su articulación mediante reconvención cuando su única finalidad es oponerse a la condena interesada. En el presente caso, el objeto del proceso quedó en todo momento delimitado por la acción ejercitada por el demandante, consistente en la reclamación de honorarios profesionales derivados de su intervención como letrado en un concreto procedimiento de ejecución, y la sentencia de apelación se mantuvo dentro de ese marco al fijar la cuantía finalmente debida, sin otorgar a la demandada ningún pronunciamiento favorable distinto de la mera reducción de la condena solicitada. No se aprecia, por ello, incongruencia alguna ni alteración del objeto litigioso, ni tampoco indefensión material, pues la cuestión relativa a la aplicabilidad del contrato de 5 de junio de 2012, tratada tanto en la demanda como en la contestación, fue expresamente combatida por el demandante y constituyó uno de los ejes centrales del debate, sobre el que se practicó prueba y se formularon alegaciones por ambas partes. Por tanto, la sentencia impugnada no vulnera los arts. 218.1 y 406.3 LEC ni el art. 24 CE, pues no resuelve sobre una pretensión no deducida ni otorga tutela a un derecho distinto del controvertido, sino que se limita a resolver el fondo de la controversia dentro de los límites objetivos fijados por la demanda y la contestación, lo que conduce a la desestimación del motivo.

2.2. Motivo segundo.En este motivo, articulado formalmente como infracción del art. 24 CE, se reprocha a la Audiencia Provincial haber fundamentado su decisión en deducciones o juicios de valor y atribuir a la escritura pública de cesión de 21 de diciembre de 2012 un alcance probatorio indebido, al extraer de ella consecuencias jurídicas no contenidas en su tenor, pues la cesión se refería únicamente al crédito y no al contrato de prestación de servicios profesionales. Sin embargo, la sentencia de apelación no niega ni desvirtúa el valor probatorio de la escritura pública en cuanto a su objeto propio, esto es, la cesión del crédito de Banco de Valencia a la recurrida.

La Audiencia Provincial no afirma que en dicha escritura se transmitiera, además del crédito, el contrato de servicios profesionales, ni funda su decisión en una presunción contraria al contenido del documento público. Antes al contrario, no desconoce que se trata de relaciones jurídicas distintas, pero razona que la conducta del recurrente, que dio continuidad a su actuación en el procedimiento de ejecución sin objeción ni matización algunas, aun conociendo que el crédito se había cedido a la recurrida, a favor de la cual solicitó la sucesión procesal, permite apreciar su consentimiento a la continuidad en la prestación del servicio en favor de esta bajo el mismo marco contractual comprometido con quien se lo había cedido. La escritura pública no es, por tanto, ignorada ni contradicha, sino que no resulta determinante para el extremo decisorio, que no se anuda a su contenido, sino a la realidad de lo ocurrido y a la propia actuación seguida por el recurrente que concertó la prestación de sus servicios para el procedimiento de ejecución en unas condiciones que se mantuvieron inalteradas, pese al cambio de ejecutante, hasta su finalización.

En segundo término, el motivo pretende reconducir al ámbito del art. 24 CE lo que en realidad constituye una discrepancia con la valoración probatoria y con las inferencias fácticas realizadas por la Audiencia Provincial. La apreciación del consentimiento del recurrente, deducida de su actuación procesal continuada y de la ausencia de cualquier manifestación contraria a la aplicación del contrato con el que inició su prestación de servicios que tan solo se alteró a consecuencia de la absorción del Banco de Valencia por Caixabank, producida con anterioridad a la sucesión procesal que tuvo lugar en el procedimiento de ejecución a favor de la recurrida, constituye un juicio de valoración que corresponde al tribunal de instancia y que no puede ser revisado a través del recurso extraordinario por infracción procesal, salvo en supuestos de arbitrariedad, irracionalidad o error patente, que aquí no concurren. El recurso no identifica un hecho base acreditado que haya sido ignorado de forma manifiesta, ni una prueba de valor tasado cuyo contenido haya sido frontalmente contradicho, sino que se limita a oponer una interpretación alternativa de los hechos.

Por último, la invocación del art. 24 CE carece de autonomía real, pues no se concreta en una efectiva situación de indefensión material. El recurrente estuvo al tanto en todo momento del criterio de la recurrida sobre la vigencia del contrato de prestación de servicios y la subrogación en la relación jurídica, pudo oponerse a ella, proponer y practicar prueba y formular alegaciones al respecto, sin que la sentencia haya introducido un elemento fáctico o jurídico sorpresivo. La resolución impugnada se apoya en hechos alegados y debatidos, y en una valoración probatoria razonada que no contraviene el canon constitucional (por todas, sentencia 862/2025, de 29 de mayo), todo lo que conduce a la desestimación del motivo.

2.3. Motivo tercero.Lo que denuncia el motivo se articula formalmente como infracción de los arts. 218.2 LEC y 24 CE por falta de motivación de la sentencia, pero su planteamiento revela en realidad una improcedente mezcla de alegaciones heterogéneas, en la que se confunden reproches relativos a la motivación, a la valoración de la prueba, a la exhaustividad de la respuesta judicial y a la congruencia de la resolución, sin deslindar adecuadamente el distinto alcance y régimen de cada uno de estos planos. Tal confusión metodológica impide ya, por sí sola, que el motivo pueda prosperar en los términos en que ha sido formulado, al concurrir causa de inadmisión que en este momento se convierte en causa de desestimación (por todas, sentencia 1569/2024, de 20 de noviembre).

En todo caso, la sentencia de apelación no adolece de falta de motivación constitucionalmente relevante. La resolución expresa de forma clara y comprensible las razones por las que revoca parcialmente la sentencia de primera instancia y fija los honorarios profesionales en el importe de 2.000 euros, exponiendo el criterio seguido para considerar aplicable el contrato de prestación de servicios de 5 de junio de 2012, la apreciación del consentimiento del recurrente a la continuación de la relación contractual tras la transmisión del crédito y el rechazo de la doctrina de los actos propios. Tales razonamientos permiten identificar sin dificultad la ratio decidendiy conocer el itinerario lógico-jurídico seguido por el tribunal, lo que, al no concurrir además error patente o arbitrariedad en la aplicación de la legalidad, satisface plenamente las exigencias del art. 218.2 LEC y del art. 24 CE y la doctrina jurisprudencial de esta Sala sobre el deber de motivación judicial (por todas, sentencia 1904/2025, de 18 de diciembre).

Tampoco puede apreciarse la alegada falta de exhaustividad ni la pretendida mutación de la causa de pedir. La sentencia da respuesta a las cuestiones esenciales planteadas en el proceso y resuelve la controversia dentro del marco objetivo fijado por la demanda y la contestación, sin introducir hechos nuevos ni títulos jurídicos ajenos al debate. El hecho de que la Audiencia Provincial se apoye en criterios ya expresados en resoluciones anteriores no vacía de contenido su motivación ni supone una resolución estereotipada, siempre que -como aquí sucede- dichos criterios se apliquen al caso concreto y se conecten con los hechos acreditados en autos.

En definitiva, el motivo tercero no pone de manifiesto una verdadera ausencia de motivación, sino una discrepancia con la valoración probatoria y con el razonamiento jurídico de la sentencia impugnada, articulada además mediante una acumulación imprecisa de reproches procesales de distinta naturaleza. Ello conduce necesariamente a su desestimación.

TERCERO. Recurso de casación

1. Planteamiento del recurso.El recurso de casación se funda en dos motivos:

1.1. En el primero, por el cauce del art. 477.2.3.º LEC, se denuncia la infracción de los arts. 1203.2.º y 1205 CC, así como la vulneración de la doctrina jurisprudencial (se citan las SSTS 433/1997, de 20 de mayo, 2/2000, de 20 de enero, y 990/1996, de 25 de noviembre), ya que la sentencia recurrida «deduce tácitamente el consentimiento del acreedor a la novación subjetiva pasiva de la demandada, de la conducta de tercero, Caixabank, y por la LOGICA y HABITUALIDAD en el tipo de obligación, estimando de aplicación a SAREB el contrato de prestación de servicios profesionales de 5 de junio de 2012 formalizado por el letrado y el Banco de Valencia» que nada tiene que ver con el contrato de prestación de servicios profesionales entre SAREB el demandante.

1.2. En el segundo, por el cauce del art. 477.2.3.º LEC, se denuncia la infracción de los arts. 1257, 1259 y 1261 CC, así como la vulneración de la doctrina jurisprudencial (se citan las SSTS 668/1999, de 23 de julio, 269/2011, de 11 de abril) sobre el principio de relatividad de los contratos, ya que «el encargo profesional que efectúa SAREB [... al demandante] para que le defienda y se persone en su nombre, hace nacer una relación contractual nueva y diferenciada de la que en el pasado le unió [...] con Banco de Valencia [...] por lo que no cabe confundir la cesión de crédito efectuada por Banco de Valencia a SAREB el 21 de diciembre de 2012, con la inexistente cesión de contrato de prestación de servicios profesionales de fecha 5 de junio de 2012. Además, la sentencia de apelación, en una interpretación desacertada y contraria a lo expresamente analizado por el juzgador de instancia, extiende los efectos a la demandada de unas modificaciones económicas del tarifario de los contratos efectuada por Caixabank el 4 de septiembre de 2013, y ello por razón de la absorción de Banco de Valencia realizada el 14 de junio de 2013, seis meses después de cedido el crédito por Banco de Valencia a SAREB».

2. Decisión de la Sala

2.1. Primer motivo.En el motivo primero de casación se sostiene que la Audiencia Provincial habría apreciado una novación subjetiva pasiva del contrato de prestación de servicios profesionales de 5 de junio de 2012 sin el consentimiento del acreedor, en infracción de los arts. 1203.2.º y 1205 CC y de la doctrina jurisprudencial que se invoca.

Sin embargo, dicha premisa contradice abiertamente el factumde la sentencia recurrida. Esta declara expresamente que «la conducta del actor permite considerar acreditado su consentimiento a la novación del contrato de prestación de servicios que suscribió el 5 de junio de 2012 con el Banco de Valencia, por sustitución en la persona del deudor», precisando que el recurrente inició el procedimiento conforme a un encargo que debía mantenerse hasta su conclusión, lo continuó en nombre de Caixabank con las mejoras pactadas en 2013 y, posteriormente, en favor de la recurrida, sin que conste que negociara otras condiciones ni que comunicara a esta la ineficacia del contrato.

Tal conclusión no vulnera los arts. 1203.2.º y 1205 CC ni la doctrina jurisprudencial citada, que exigen el consentimiento del acreedor para la novación subjetiva, precisamente porque dicho consentimiento es afirmado como hecho probado por la sentencia recurrida. El motivo de casación, al negar su existencia, no denuncia en realidad una infracción normativa, sino que pretende cuestionar la valoración probatoria efectuada por el tribunal de instancia y alterar la base fáctica de la resolución recurrida, lo que resulta improcedente en casación, que debe partir necesariamente de los hechos declarados probados y no constituye una tercera instancia (por todas, sentencia 1378/2025, de 3 de octubre).

En consecuencia, al haberse tenido por acreditado el consentimiento del acreedor, no cabe apreciar la infracción denunciada, por lo que el motivo de casación debe ser desestimado.

2.2. Segundo motivo.El motivo segundo se articula sobre dos premisas: (i) que el encargo profesional efectuado por la recurrida habría dado lugar a una relación contractual nueva y autónoma, distinta de la que el recurrente tenía con el Banco de Valencia; y (ii) que la Audiencia Provincial habría extendido indebidamente a la recurrida el contrato de prestación de servicios de 5 de junio de 2012 y las modificaciones económicas pactadas en septiembre de 2013, vulnerando el principio de relatividad de los contratos ( arts. 1257, 1259 y 1261 CC) .

Sin embargo, la Audiencia Provincial no afirma que la cesión del crédito implique una cesión del contrato de prestación de servicios ni que el recurrente quede vinculado al contrato de 5 de junio de 2012 por un efecto legal ajeno a su voluntad, sino que aprecia, a partir de su propia conducta, su consentimiento a mantener la prestación del servicio bajo el mismo marco contractual, pese a conocer la cesión del crédito, la posterior absorción del Banco de Valencia por Caixabank y la identidad de la entidad a cuyo favor actuaba.

Ello no supone desconocer la relatividad de los contratos, sino constatar la existencia de un consentimiento a la continuidad de la relación contractual. En consecuencia, no se aprecia infracción de los arts. 1257, 1259 y 1261 CC ni de la doctrina jurisprudencial citada.

El motivo contradice, además, el factumde la sentencia recurrida, que declara que el recurrente no negoció nuevas condiciones con la recurrida, no comunicó la ineficacia del contrato anterior y continuó su actuación procesal sin solución de continuidad, solicitando a favor de aquella la sucesión procesal, todo ello con posterioridad a la cesión del crédito y a las modificaciones económicas pactadas en septiembre de 2013, circunstancias que conocía.

Sobre esa base fáctica, la Audiencia Provincial concluye que no nació una relación contractual nueva, sino la continuidad de la existente, con consentimiento del propio recurrente. El motivo, al sostener que el encargo dio lugar necesariamente a un contrato nuevo y diferenciado, niega frontalmente dicha base fáctica, lo que resulta improcedente en casación y conduce a la desestimación del motivo.

CUARTO. Costas y depósitos

Al desestimarse tanto el recurso extraordinario por infracción procesal como el recurso de casación procede imponer las costas de dichos recursos al recurrente, con pérdida del depósito para recurrir ( arts. 398.1 y disposición adicional 15.ª, apartado 9.ª , LOPJ, respectivamente).