Sentencia Civil 68/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 7616/2021 de 26 de enero del 2026

PRIMERO.-En el presente litigio el ahora recurrente ha ejercitado una acción indemnizatoria por responsabilidad civil extracontractual contra el cazador demandado y su compañía de seguros, por haber causado la muerte de un perro propiedad del primero durante la batida de un jabalí.

Estimada la demanda parcialmente en ambas instancias, la controversia en casación se reduce a los intereses del art. 20 LCS reclamados a la aseguradora recurrida, devengados por la cantidad a la que la compañía ha sido condenada, pues la sentencia recurrida, confirmando la de primera instancia en este punto, fija el comienzo de su devengo en la fecha de la demanda, mientras que el recurrente considera que no existe causa justificada para no imponerlos desde la fecha del siniestro.

Para la decisión del recurso son datos relevantes los siguientes:

1.Hechos probados o no discutidos:

1.1. El 24 de febrero de 2018, el cazador D. Braulio, que participaba en una cacería de jabalíes, alcanzó con un disparo a un perro raza grifón propiedad de otro de los cazadores participantes en la batida, D. Segundo (en adelante el perjudicado), causando la muerte del animal.

1.2. En esa fecha el Sr. Braulio tenía cubierta su responsabilidad civil como cazador mediante «póliza combinada cazador/pescador» (n.º NUM001), suscrita con Mapfre España, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. (en adelante Mapfre).

Las condiciones generales de la póliza (doc. 2 de la contestación, acontecimiento 78 del expediente digital de las instancias) incluían, dentro de las condiciones generales específicas del seguro de responsabilidad civil del cazador, y más concretamente, de la cobertura del seguro voluntario contratado por dicho asegurado como garantía adicional al seguro obligatorio, un apdo. XIV con la rúbrica «Objeto y Extensión del Seguro», y dentro de este, un art. 27 con la rúbrica «Riesgos cubiertos», del siguiente tenor:

«En los términos y condiciones consignados en la póliza, la Compañía toma a su cargo el pago de las indemnizaciones de que pueda resultar civilmente responsable el Asegurado, conforme a derecho por daños ocasionados a terceros mediando culpa o negligencia, en el ejercicio de la caza, en cuanto excedan de las garantizadas por el Seguro Obligatorio del cazador.

»Esta cobertura comprende:

»[...]

»b) El pago de las indemnizaciones por daños materiales. Para esta cobertura se establece un límite máximo de indemnización por daños causados a perros propiedad de terceros de 300€ por animal.

»[...]

»La máxima cantidad exigible de la Compañía para el conjunto de los daños personales, materiales y costas judiciales en cada siniestro, será la suma asegurada [...]».

1.3. Mapfre abrió el expediente n.º NUM002 y con fechas 12 de marzo, 26 de marzo, 30 de abril y 30 de mayo de 2018 (doc. 9 de la demanda, acontecimiento 56 del expediente digital de las instancias) el perjudicado, a través de los servicios jurídicos de su compañía de seguros, dirigió sendas reclamaciones extrajudiciales a Mapfre pidiendo que esta se hiciera cargo de la indemnización a la que aquel decía tener derecho.

Al respecto, procede destacar lo siguiente:

a) Mapfre remitió al perjudicado documento «Recibo de finiquito» (doc. 10 de la demanda, acontecimiento 57 del expediente digital de las instancias), que se encabezaba con los datos del expediente, número de póliza y fecha del siniestro y el texto «RELATO: Indemnización por muerte de perro en accidente de caza según valoración veterinario». En el cuerpo del documento ofertó una indemnización por importe de 300 euros «en concepto de indemnización total y definitiva por los daños y perjuicios derivados del siniestro mencionado». El documento, que debía ser firmado por el perjudicado y devuelto a la compañía (en el pie del documento se contenía la expresión «DEVUÉLVASE FIRMADO») decía a continuación lo siguiente:

«Con el cobro de la expresada cantidad RENUNCIA EXPRESAMENTE a cuantas acciones judiciales y extrajudiciales pudieran corresponderle por los hechos relatados, tanto frente a esta entidad como a su asegurado Braulio.

»Asimismo, se compromete a ratificar el contenido de la presente RENUNCIA en presencia judicial, si para ello fuese requerido por esta Compañía o por el Asegurado».

b) El perjudicado no aceptó esta oferta y así se lo comunicó a Mapfre en su requerimiento extrajudicial de fecha 26 de marzo de 2018, exigiendo «nueva oferta más adecuada».

c) El perjudicado insistió en dicha pretensión en su requerimiento de 30 de abril de 2018 y a tal efecto acompañó «documentación por perro de similares características al fallecido, rogando procedan a su estudio y realicen oferta al respecto». Esa documentación consistía en la valoración emitida con fecha 2 de abril de 2018 por un veterinario, en la que se indicaba que el valor de adquisición en el mercado de un perro de similares características rondaba los 8.000 euros (doc. 7 de la demanda, acontecimiento 54 del expediente digital de las instancias).

2.Al no atender Mapfre el último de los referidos requerimientos extrajudiciales, en febrero de 2019 el perjudicado promovió el presente litigio contra Mapfre y su asegurado, en reclamación de una indemnización de 9.176,40 euros de principal, más intereses desde la fecha del siniestro (que en el caso de la compañía debían ser los del art. 20 LCS) y costas.

En apoyo de sus pretensiones alegaba, en síntesis, que el codemandado era civilmente responsable de la muerte del perro conforme al art. 1902 CC, al dispararle por descuido cuando intentaba rematar a un jabalí; que la indemnización reclamada, calculada según informe pericial que se aportaba tomando en consideración el valor de un perro de similares características (doc. 6 de la demanda, acontecimiento 53 del expediente digital), debía ser satisfecha solidariamente por dicho responsable y su aseguradora, en virtud del seguro en su día suscrito, en vigor cuando se produjo el siniestro; y que la compañía no había atendido las sucesivas reclamaciones, al ofertar una suma máxima muy inferior al valor del perro. En cuanto a los intereses, se limitó a decir que procedía su imposición.

3.El asegurado codemandado fue declarado en rebeldía mientras que Mapfre, sin negar la existencia del siniestro y aceptando su aseguramiento, no obstante, negó la responsabilidad de su asegurado y mostró también su discrepancia respecto de la cuantía de la indemnización reclamada, por considerar aplicable lo dispuesto en el citado art. 27 como límite de cobertura. Por todo lo cual, pidió la desestimación de la demanda, o subsidiariamente, que su responsabilidad se limitara a los citados 300 euros. Nada dijo sobre los intereses que se le reclamaban.

4.La sentencia de primera instancia (acontecimiento 183 del expediente digital) estimó íntegramente la demanda frente al asegurado y solo en parte frente a Mapfre, cuya responsabilidad limitó a los mencionados 300 euros, y condenó también a los demandados al pago de «los intereses legales prescritos» (sin mayor precisión al respecto) devengados por las cantidades objeto de condena, pero únicamente «desde la interposición de la demanda (21/02/2019)».

Razonó, en síntesis, lo siguiente: (i) al haber reconocido el asegurado (interrogado en el juicio) la realidad del siniestro y su responsabilidad, la controversia se reducía a determinar el valor del daño objeto de indemnización; (ii) conforme al principio de indemnidad, procedía indemnizar el valor «a nuevo» o valor de reposición del perro, fijado en los 9.176,40 euros que se reclamaban conforme al informe pericial, ratificado en juicio por el perito; (iii) de dicha cantidad, la responsabilidad de Mapfre, solidariamente con su asegurado, estaba limitada a los referidos 300 euros del límite de cobertura reflejado en la póliza (sin perjuicio de las acciones que pudieran incumbir al asegurado frente a su compañía de considerar nula dicha cláusula), mientras que de los restantes 8.876,40 euros debía responder únicamente el asegurado; y (iv) en cuanto a los intereses, procedía su imposición, pero únicamente los del CC (nada se decía sobre los del art. 20 LCS) y desde la interposición de la demanda (según el fundamento de derecho quinto de la sentencia, «la cantidad reclamada devengará los intereses legales debiéndose computar desde la interposición de la demanda conforme a los artículos 1.100, 1.101 y 1.108 del Código Civil»).

5.Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación el demandante, pidiendo la íntegra estimación de la demanda también frente a Mapfre, con expresa imposición a esta de los intereses del art. 20 LCS. Además de propugnar la nulidad del referido límite de cobertura, en lo que ahora interesa (intereses del art. 20 LCS) , adujo (motivo quinto de su recurso) que, cualquiera que fuera el importe de la indemnización a la que se condenara a Mapfre, esta también debía ser condenada al pago de los intereses del art. 20 LCS, calculados sobre el importe del principal objeto de condena y devengados desde la fecha del siniestro, todo ello, porque Mapfre no había satisfecho cantidad alguna y porque la oferta de finiquito que remitió nada decía sobre el límite de cobertura sino que se ofrecía la suma máxima de 300 euros «según valoración veterinario».

Mapfre se opuso al recurso e impugnó la sentencia en su pronunciamiento relativo al derecho que tenía el asegurado a instar en otro proceso la nulidad de la cláusula del art. 27 de las condiciones generales. En particular y por lo que ahora interesa, la aseguradora se opuso a la pretensión de que se le impusieran los intereses del art. 20 LCS, respecto de lo cual alegó que, aunque la sentencia apelada no había motivado su decisión de no imponerlos, lo relevante para descartar su imposición era que Mapfre ofertó la suma máxima prevista como límite de cobertura, por lo que la discrepancia del demandante y la tramitación del presente litigio no justificaba que se condenara a Mapfre a pagarlos.

El demandante se opuso a la impugnación.

6.La sentencia de segunda instancia (acontecimiento 22 del expediente digital), estimando en parte el recurso del demandante y en su totalidad la impugnación de Mapfre, revocó la sentencia apelada en el único extremo de dejar sin efecto la expresión del fallo referida a la posibilidad de que el asegurado pidiera en un posterior proceso la nulidad de la cláusula del art. 27 del condicionado general, y de no imponer a ninguna de las partes las costas de la primera instancia causadas a Mapfre.

Razona, en síntesis y por lo que ahora interesa, lo siguiente: (i) la cláusula del art. 27 es delimitadora del riesgo y no es sorpresiva, por lo que es válida y oponible; y (ii) no procede imponer a Mapfre los intereses del art. 20 LCS, porque esta compañía remitió finiquito al perjudicado por la misma cuantía a la que finalmente se la ha condenado, porque para ello se amparó en los términos de la póliza (es decir, en la citada cláusula), y porque el hecho de que en el litigio se haya discutido «la aplicación de la póliza misma y el alcance de sus coberturas» son razones que tienen cabida en la apreciación de causa justificada por parte de la aseguradora para la no imposición de dichos intereses.

7.El demandante interpuso recurso de casación por interés casacional en su modalidad de oposición a la doctrina jurisprudencial de esta sala, articulado en tres motivos, de los cuales, solo se ha admitido el tercero, en el que, como indicamos al principio, la cuestión controvertida es la fijación del comienzo del devengo de los intereses de demora del art. 20 LCS.

8.La aseguradora recurrida ha solicitado la desestimación del motivo, y por tanto del recurso, con imposición de costas al recurrente.

SEGUNDO.-En el único motivo admitido, fundado en infracción del art. 20 LCS y de la jurisprudencia que se cita y extracta, se argumenta que cantidad a la que se ha condenado a Mapfre debe devengar intereses moratorios desde la fecha del siniestro y no desde la demanda, porque Mapfre no ha pagado ni ha consignado cantidad alguna, porque el motivo de que ofreciera la suma máxima de 300 euros no fue que esa fuera la cantidad indicada en la póliza como límite de cobertura, sino que esa era la cantidad en la que Mapfre valoraba el perro según «valoración veterinario», y porque el hecho de que se haya seguido el litigio para despejar dudas sobre la el carácter de las cláusulas y sobre las posibles contradicciones entre las condiciones generales y particulares «no puede servir a la aseguradora que las ha creado para eludir el pago de intereses». En el desarrollo del motivo extracta la sentencia 161/2021, de 22 de marzo, que analiza el valor de los ofrecimientos de pago condicionados a la renuncia al ejercicio de acciones, y las sentencias 419/2020, de 13 de julio, y 116/2020, de 19 de febrero, que exponen la doctrina general sobre la causa justificada del art. 20.8.º LCS y precisan que solo cabe apreciarla cuando es necesario acudir al proceso para despejar una incertidumbre o duda racional en torno a la existencia del siniestro o su cobertura, pero siempre que no haya contribuido la propia aseguradora con un clausulado confuso o contradictorio a generar dudas sobre la cobertura.

La aseguradora recurrida ha pedido la desestimación del motivo por ser la decisión de la sentencia recurrida sobre el devengo de los intereses plenamente conforme con la jurisprudencia sobre la materia, ya que Mapfre ofreció al perjudicado la suma máxima que permitía la póliza y que el hecho de que el perjudicado no la aceptase y haya discutido en este litigio la aplicación o no de la póliza es indicativo de que la oposición de Mapfre era razonable.

TERCERO.-La sentencia 1435/2025, de 14 de octubre, con cita de las sentencias 888/2021, de 21 de diciembre, 793/2021, de 22 de noviembre, 588/2021, de 6 de septiembre, 110/2021, de 2 de marzo, y 37/2021, 1 de febrero, sintetiza la jurisprudencia sobre los intereses del art. 20 LCS y la causa justificada para no imponerlos.

Según esta doctrina: (i) los intereses del art. 20 LCS ostentan un carácter marcadamente sancionador, por lo que se impone una interpretación restrictiva de las causas justificadas de exoneración del deber de indemnizar; (ii) en consecuencia, ni el proceso se puede convertir en una excusa para retrasar la indemnización debida por las aseguradoras a los perjudicados ni su tramitación o el hecho de defenderse en él constituyen, por sí solos, causas que justifiquen el retraso en el cumplimiento de la obligación de indemnizar, ya que no es forzoso presumir la racionalidad de la oposición de la aseguradora, cuyo fundamento ha de examinarse partiendo de los hechos declarados probados por el tribunal de apelación y teniendo en cuenta que solo concurre la causa justificada del art. 20.8 LCS en los específicos supuestos en que se hace necesario acudir al proceso para resolver una situación de incertidumbre o duda racional, en torno al nacimiento de la obligación de indemnizar; y (iii) esta incertidumbre concurre cuando las dudas afectan a la realidad misma del siniestro, y también, cuando por circunstancias que concurren en este o por el texto de la póliza, la duda racional alcanza a la cobertura a cargo de la aseguradora, si bien la jurisprudencia niega que la discusión judicial en torno a la cobertura pueda esgrimirse como causa justificada del incumplimiento de la aseguradora cuando la discusión es consecuencia de una oscuridad de las cláusulas imputable a la propia aseguradora con su confusa redacción (p.ej. sentencia 73/2017, de 8 de febrero, citada por las sentencias 235/2021, de 29 de abril, 556/2019, de 22 de octubre, y 252/2018, de 10 de octubre, y sentencia 743/2012, de 4 de diciembre, con cita de las sentencias «de 7 de enero de 2010, RC n.º 1188/2005 y de 8 de abril de 2010, RC n.º 545/2006»).

Por tanto, no concurre causa justificada que ampare la pasividad de la aseguradora en la liquidación del siniestro cuando no se cuestiona su realidad ni su cobertura, ni cuando únicamente se discrepa de la cuantía de la indemnización.

Como señala el recurrente, también es doctrina reiterada (contenida en la citada sentencia 161/2021, con cita de la 143/2018, de 14 de marzo y de las que en esta se citan) que los ofrecimientos de pago condicionados a la renuncia del asegurado a la acción no son eficaces para evitar la mora de la aseguradora y sus consecuencias, pues en tales casos no hay verdadero ofrecimiento de pago que, si va seguido de consignación, pueda producir el efecto liberatorio establecido en el párrafo primero del art. 1176 CC, sino más bien una propuesta o intento de transacción carente de idoneidad para descartar la mora de la entidad aseguradora.

CUARTO.-La aplicación de esta jurisprudencia al caso, partiendo del relato fáctico que sustenta la razón decisoria de la sentencia recurrida sobre este concreto pronunciamiento, determina que el motivo deba ser estimado por las siguientes razones:

1.ª) Mapfre no ha cuestionado ni la realidad del siniestro, del que tuvo conocimiento por su asegurado, procediendo a la apertura del correspondiente expediente, ni que el mismo estaba cubierto por el seguro voluntario que, como garantía adicional, complementaba la cobertura que ya dispensaba el seguro obligatorio de responsabilidad civil del cazador. Seguro voluntario que amparaba los daños causados a terceros en el ejercicio de la caza mediando culpa o negligencia en su causación, y en particular, los daños materiales, pero según el art. 27 del condicionado general, con un límite de 300 euros por siniestro y animal en el caso -que nos ocupa- de daños causados a perros propiedad de terceros.

Por tanto, desde un principio la discusión entre el perjudicado y Mapfre se ha ceñido a la cuantía de la indemnización con cargo a dicho seguro, por entender la compañía que resultaba aplicable ese límite de cobertura (que es lo que finalmente se ha apreciado en la sentencia recurrida, cuyo pronunciamiento al respecto es firme al haberse inadmitido los otros dos motivos de casación) y defender el perjudicado que dicha estipulación no le era oponible.

2.ª) Mapfre defiende que el proceso ha sido necesario para dilucidar una incertidumbre racional en torno a si el seguro cubría o no la totalidad del daño causado al perjudicado (cuantificado en los 9.176,40 euros reclamados y a los que se ha condenado al cazador-asegurado responsable) o si solo lo hacía hasta dicho límite máximo (tesis defendida por la aseguradora que ha sido acogida en las dos instancias). Pero, más allá de que la discusión judicial sobre el alcance de la cobertura solo sería causa justificada de concluirse que a dicha incertidumbre no contribuyó la propia aseguradora con la redacción de la póliza, Mapfre obvia que asumió por sus propios actos desde un principio la responsabilidad de su asegurado y que admitió que el daño estaba cubierto, al menos, con la suma de 300 euros, misma cantidad a la que finalmente se la ha condenado, pero que no pagó ni tan siquiera consignó. En estas circunstancias, lo determinante es que la jurisprudencia no permite que la compañía pretenda eximirse de pagar intereses de demora respecto de la cantidad que ella misma admitió deber con la excusa de considerar que ha sido necesario seguir el proceso para resolver si debía pagar una indemnización mayor, pues no consta acto alguno de la aseguradora con efectos jurídicos liberatorios, siquiera parciales, al no poderse atribuir dicho efecto liberatorio al mero ofrecimiento de pago, que, tras no ser aceptado, no fue seguido de consignación. Como declaró la citada sentencia 161/2021:

«No estamos ante una cantidad controvertida por la aseguradora, para la cual era la suma que contractualmente procedía y por eso la ofertó, por lo que la consecuencia necesaria debió ser la consignación, la cual no consta aún que se haya efectuado».

3.ª) La no concurrencia de causa justificada determina que la suma de 300 euros objeto de condena a la aseguradora devengue intereses de demora desde la fecha del siniestro, como pide el demandante y establece como regla general el art. 20.6.ª LCS, ya que no ha sido objeto de discusión que la aseguradora tuvo conocimiento del siniestro con anterioridad a la reclamación del perjudicado.

QUINTO.-La estimación del tercer motivo determina la estimación parcial del recurso de casación y que proceda casar en parte la sentencia recurrida para, en su lugar y en funciones de instancia, estimar en parte el recurso de apelación del demandante y revocar la sentencia apelada en el pronunciamiento sobre los intereses a cargo de la aseguradora, a la que se condena a pagar los moratorios del art. 20 LCS devengados por la cantidad de 300 euros desde la fecha del siniestro y hasta su completo pago.

SEXTO.-Conforme al art. 398.2 LEC, no procede imponer a ninguna de las partes las costas del recurso de casación, dada su estimación, ni las costas de la segunda instancia causadas por el recurso de apelación del demandante, ya que subsiste su estimación parcial.

La confirmación de la sentencia recurrida en todo lo demás incluye la no imposición a Mapfre de las costas de la segunda instancia correspondientes a su impugnación y el pronunciamiento sobre las costas de la primera instancia, dado que la demanda frente a Mapfre sigue estimándose solo parcialmente.

SÉPTIMO.-Conforme a la d. adicional 15.ª.8 LOPJ procede devolver a la parte recurrente el depósito constituido.