Sentencia Civil 306/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 8769/2022 de 26 de febrero del 2025

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.Para la resolución del presente recurso son de interés los siguientes antecedentes:

El día 7 de diciembre de 2010, María Purificación concertó con Caixa Galicia (actualmente Abanca) un contrato de préstamo hipotecario, formalizado en escritura pública, para financiar la adquisición de una vivienda. El interés era variable (Euribor más 0,85) y la cláusula tercera bis establecía un límite inferior a la variabilidad (cláusula suelo) del 4,75 por ciento y un límite superior (techo) del 15 por ciento.

Tras la sentencia de Tribunal de Justicia de la UE de 21 de diciembre de 2016 (C- 154/15, C-307/15 y C-308/15) sobre los efectos retroactivos de la nulidad de una cláusula suelo inserta en un préstamo hipotecario concertado con un consumidor, como consecuencia de la falta de transparencia, se dictó el Real Decreto Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.

Después de que María Purificación hubiera reclamado a Abanca las cantidades indebidamente cobradas en aplicación de la cláusula suelo, la entidad bancaria, al amparo del citado Decreto Ley y dentro del plazo previsto en la norma, formuló una oferta, que fue aceptada por María Purificación. Este acuerdo se plasmó en un documento de fecha 20 de abril de 2017. En el acuerdo se hizo constar que era para «poner fin definitivamente a la controversia existente»:

«han llegado al acuerdo de transigir extrajudicialmente y resolver la controversia existente respecto de la aplicación de la cláusula suelo (...) dando efectos de cosa juzgada a los términos y condiciones aquí convenidos».

En virtud del acuerdo, el banco se obligaba a abonar a la demandante la cantidad de 5.668,47 euros, desglosándose los importes correspondientes a cada anualidad desde el inicio del contrato hasta el año 2013, y ambas partes daban por finalizada la controversia existente entre ellas. Al respecto, el tenor literal de la estipulación tercera es del siguiente:

«Las partes, al formalizar este Acuerdo dan por finalizada la controversia existente entre ellas respecto de la cláusula/s suelo establecida/s en el/los préstamo/s hipotecario/s identificado/s en el expositivo I precedente con efectos de cosa juzgada, evitando así la iniciación de un juicio posterior desistiendo de la reclamación formulada al amparo del Real-Decreto-Ley, reconociendo el/los Tribunal/es no tener nada más que reclamar por tal concepto a ABANCA».

2.Años más tarde, en diciembre de 2021, María Purificación interpuso la demanda que inició este procedimiento, en la que pedía la nulidad de la cláusula suelo inserta en el contrato de préstamo hipotecario de 2010, la nulidad de la renuncia de acciones contenida en el acuerdo transaccional de 20 de abril de 2017 y la condena a la demandada al pago de la suma de 3.293,38 euros.

3.La sentencia de primera instancia estimó en parte la demanda: declaró la nulidad de la cláusula suelo inserta en el contrato de préstamo hipotecario de 2010, y desestimó el resto de las pretensiones, al dar validez al acuerdo transaccional de 20 de abril de 2017.

4.La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la demandante y la Audiencia desestima su recurso al considerar válida la cláusula de renuncia de acciones contenida en el acuerdo transaccional de 20 de abril de 2017. Al respecto, la sentencia, después de mencionar la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE y la jurisprudencia de esta sala, razona lo siguiente:

«La simpleza de los términos del acuerdo y de las concesiones de las partes para evitar la iniciación de un pleito, obtenido en un proceso normativamente reglado precisamente para obtener esa finalidad de evitar litigios futuros sobre la cláusula suelo, unido al contexto público en el que se produjo y al hecho de que se había producido una reclamación previa por la actora, en la que ésta apuntaba tener pleno conocimiento de la problemática existente y de los derechos que la asistían, nos lleva a concluir que la demandante estaba plenamente informada de los términos de la transacción y las implicaciones económicas y jurídicas que comportaba la aceptación y firma del acuerdo, habiéndose respetado las exigencias de transparencia legal y jurisprudencialmente requeridas para garantizar la validez del contrato, careciendo de relevancia a estos efectos el hecho de que efectivamente se hubiera abonado la cantidad a cuyo pago se comprometió la entidad bancaria, que puede serle exigido en base a tal acuerdo. Por todo lo expuesto, la sentencia en la que se declara la validez de la renuncia al ejercicio de acciones ha de ser confirmada desestimándose el recurso de apelación interpuesto».

5.La demandante formula un recurso de casación frente a la sentencia de apelación, articulado en tres motivos.

SEGUNDO. Motivo primero del recurso de casación

1.Formulación del motivo. El motivo primero denuncia la infracción del art. 6.2 CC y del art. 10 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, así como la jurisprudencia sobre la renuncia de acciones contenida en las sentencias 643/2021, de 28 de septiembre, 511/2022, de 28 de junio, y 312/2022, de 19 de abril.

En el desarrollo del motivo se razona que el banco ofreció 5.668 euros, cuando en realidad le correspondían 8.961 euros, sin que conste que la demandante supiera esto último cuando aceptó el acuerdo.

2. Resolución del tribunal. Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

El acuerdo alcanzado entre Abanca y la Sra. María Purificación se hizo al amparo del Decreto Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo. Esta norma se dictó tras la sentencia de Tribunal de Justicia de la UE de 21 de diciembre de 2016 (C- 154/15, C-307/15 y C-308/15), sobre los efectos retroactivos de la nulidad de una cláusula suelo inserta en un préstamo hipotecario concertado con un consumidor, como consecuencia de la falta de transparencia.

Se han cumplido los requisitos establecidos en esa norma. Consta que fue la prestataria quién realizó la reclamación previa; que el banco realizó el cálculo y presentó a la prestataria una oferta en la que aparecía desglosado lo que correspondía al exceso de intereses cobrados cada mes en aplicación de la cláusula suelo; y que, también en el plazo legal, la prestataria dio su conformidad.

Este acuerdo, que versa sobre el importe de las cantidades que el banco estaba obligado a devolver por los intereses cobrados de más en aplicación de la cláusula suelo, puede considerarse una transacción. Las partes, en previsión un posible litigio sobre las cantidades a devolver en aplicación de la cláusula suelo, se ponen de acuerdo en el importe de la suma a devolver y, por ello, dan por resuelta la controversia con efectos de cosa juzgada y con la imposibilidad de volver a litigar sobre esta cuestión.

La jurisprudencia de esta sala (contenida en las sentencias 489/2018, de 13 de septiembre, 548/2018, de 5 de octubre, y 101/2019, de 18 de febrero, y de las posteriores sentencias 580/2020 y 581/2020, ambas de 5 de noviembre, así como las que se ha dictado a continuación en aplicación de esta doctrina), que sigue la doctrina del Tribunal de Justicia contenida en la sentencia del TJUE de 9 de julio de 2020 y reiterada en el auto del TJUE de 3 de marzo de 2021, admite la validez de la cláusula de renuncia al ejercicio de acciones dentro de un acuerdo transaccional, que afecta a una cláusula suelo en un contrato de préstamo hipotecario con consumidores, siempre que no se refiera a controversias futuras y haya sido individualmente negociada y libremente aceptada. En caso de no haber sido individualmente negociada, la cláusula de renuncia debería cumplir con las exigencias de transparencia, representadas porque el consumidor dispusiera de la información pertinente que le permitiera comprender las consecuencias jurídicas que se derivaban para él de tal cláusula.

En este caso, en que consta que la iniciativa surgió de la clienta y que se siguió el trámite de negociación individual previsto en el Real Decreto Ley 1/2017, aunque pudiera entenderse que el contenido del acuerdo venia predispuesto por el banco, la clienta tenía a su disposición la información pertinente para conocer si lo que le ofrecía el banco se adecuaba a lo que podría corresponderle, en la medida en que, siguiendo la previsión legal, la oferta desglosaba por meses lo que correspondía devolver por la aplicación indebida de la cláusula suelo.

TERCERO. Motivos segundo del recurso de casación

1. Formulación del motivo. El motivo denuncia la infracción del art. 7 CC y la jurisprudencia que lo interpreta, sobre el principio de la buena fe y la doctrina de los actos propios.

2. Resolución del tribunal. Procede desestimar el motivo, por varias razones. La primera, porque no se explica ni en el encabezamiento, ni en el desarrollo posterior, en qué medida se habría conculcado la doctrina de los actos propios. El recurso contiene en este apartado una referencia general de la jurisprudencia sobre la materia y unas consideraciones generales, sin explicar con la debida claridad en qué habría consistido la infracción denunciada de forma genérica. Y, en cualquier caso, la razón de la desestimación de la demanda y del recurso de apelación no radican en los actos propios, sino en la eficacia vinculante de un acuerdo transaccional.

CUARTO. Motivo tercero del recurso de casación

1.Formulación del motivo. El motivo denuncia la infracción del art. 222 LEC, sobre los efectos de la cosa juzgada del acuerdo transaccional suscrito entre las partes, y se cita la sentencia 589/2020, de 11 de noviembre.

En el desarrollo del motivo se razona que la eficacia vinculante del acuerdo transaccional no puede confundirse con el efecto de cosa juzgada previsto en el art. 222 LEC, ya que no queda vedada la posibilidad de discutir en sede judicial la validez del contrato de transacción en sí mismo considerado a la luz de las normas que regulan los contratos.

2. Resolución del tribunal. Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

Efectivamente, tal y como razona el recurrente, el carácter vinculante de un acuerdo transaccional, y la referencia que el art. 1816 CC hace al efecto de cosa juzgada, no impiden que pueda juzgarse sobre la validez del propio acuerdo. Así lo ha reconocido la propia sala en su sentencia 205/2018, de 11 de abril:

«La referencia contenida en el art. 1816 CC al efecto de cosa juzgada de la transacción no es del todo exacta. Como cualquier otro negocio jurídico, lo convenido por las partes tiene eficacia vinculante entre ellas en tanto no se justifique su nulidad (...).

»En consecuencia, en tanto no se acredite alguna causa de nulidad del acuerdo, las partes quedan vinculadas en los términos transigidos (...), lo que impide en un principio enjuiciar la situación previa a la transacción precisamente porque las partes quedan vinculadas por lo transigido. Como afirma la sentencia 751/2009, de 30 de noviembre, "la transacción extrajudicial es un contrato ( art. 1809 del Código Civil. ..), por lo que genera un vínculo obligacional cuyo cumplimiento está sujeto a las reglas generales de los contratos".

»En este sentido es como la jurisprudencia de esta sala ha interpretado el efecto de cosa juzgada previsto en el art. 1816 CC. Jurisprudencia que se contiene, entre otras, en la sentencia 41/1999, de 30 de enero: "En relación con la eficacia de cosa juzgada que el artículo 1816 del Código Civil atribuye a la transacción entre las partes, declaró la sentencia de 26 de abril de 1963 que "ha de entenderse e interpretarse en el sentido de que una vez acordada la transacción, no será lícito exhumar pactos o cláusulas, vicios o defectos, posiciones o circunstancias afectantes a las relaciones jurídicas cuya colisión o incertidumbre generó el pacto transaccional, sino que será éste, y solo él, quien regule las relaciones futuras ínsitas en la materia transigida, bien integren ésta la ratificación, modificación o extinción de todas o alguna parte de aquéllas o la creación de otras distintas, y por ende, los efectos de la cosa juzgada se manifestarán en el absoluto respeto a la nueva situación y en el escrupuloso cumplimiento de las obligaciones fijadas en la transacción, pero sin que esto quiera decir que tales obligaciones, en orden a su cumplimiento o incumplimiento, se rijan por normas distintas a las establecidas con carácter general, ya que eso requeriría un precepto legal de excepción que la ley no establece, ni se deduce de sus preceptos", doctrina reiterada en sentencias de 20 de abril de 1989 , 4 de abril y 29 de noviembre de 1991 y 6 de noviembre de 1993".

»Pero la eficacia vinculante del acuerdo transaccional no puede confundirse con el efecto de cosa juzgada previsto en el art. 222 LEC , y no queda vedada la posibilidad de discutir en sede judicial la validez del contrato de transacción en sí mismo considerado a la luz de las normas que regulan los contratos».

De conformidad con esta doctrina jurisprudencial, tras el acuerdo transaccional ya no era posible volver a discutir cuál debía ser el importe que el banco prestamista debía restituir en concepto de intereses cobrados de más en aplicación de la cláusula suelo. Sí cabía discutir la validez del acuerdo transaccional, que es lo que pretendió la demandante en su demanda y fue desestimado por los tribunales de instancia. Lo que también ha sido cuestionado en el primer motivo de casación, que ha resultado desestimado.

Visto lo cual, no se aprecia que la sentencia recurrida haya vulnerado el art. 222 LEC sobre el efecto de cosa juzgada, en la medida en que entra a resolver sobre la pretendida nulidad del acuerdo transaccional y la desestima.

QUINTO. Costas

Desestimado el recurso de casación, procede imponer las costas a la parte recurrente ( art. 398.1 LEC) , se acuerda la pérdida del depósito constituido para recurrir, de conformidad con la Disposición Adicional 15.ª, apartado 9.ª, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.