Sentencia Civil 72/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 920/2021 de 27 de enero del 2026

PRIMERO.- Resumen de antecedentes

1.-El 13 de septiembre de 2018 se produjo un incendio en las instalaciones de la empresa Castañas Barredo S.L., sita en la localidad de O Barco (Ourense), en una nave donde se almacenaba maquinaria y restos de residuos de castañas.

2.-El incendio ocasionó cuantiosos daños, no solo en la nave y en la maquinaria y ajuar industrial de Castañas Barredo, sino también en una partida de pizarra almacenada en palotsen una explanada colindante con la nave donde se originó el incendio, que tenía un valor de 66.387,48 euros y era propiedad de la empresa Porredo S.L.

3.-El lugar de almacenaje de la pizarra era una explanada, dentro de un recinto vallado y al aire libre, en el que realizan sus actividades tres empresas: Castañas Barredo, Lambone en Casa y Porredo.

4.-En la fecha del incendio, Castañas Barredo tenía concertada una póliza de seguro de responsabilidad civil con la compañía Generali S.A., dentro de cuyas garantías se encontraban los daños causados a terceros a consecuencia de un incendio originado en el interior de las instalaciones donde realiza su actividad el asegurado.

5.-Como las reclamaciones extrajudiciales no dieron resultado, Porredo formuló una demanda contra Generali, en la que reclamó una indemnización de 66.387,48 euros, con sus intereses legales del art. 20 LCS.

6.-La parte demandada se opuso y alegó que tanto Castañas Barredo como Porredo tienen los mismos socios y el mismo administrador, por lo que Porredo no es realmente un tercero perjudicado. La póliza establece que no tienen la condición de terceros «Las personas jurídicas filiales o matrices del tomador del seguro o del asegurado, así como aquellas con las que compartan la condición de filiales dentro del mismo grupo, o en las que el tomador o asegurado mantenga un control efectivo de su funcionamiento».

Además, en la póliza quedan excluidos expresamente los «daños sufridos por los bienes de terceros que, por cualquier motivo (Deposito, uso, manipulación, custodia, trasporte u otro), se hallen en poder del asegurado».

7.-La sentencia de primera instancia desestimó la demanda, al considerar que la demandante no tenía la condición legal y contractual de tercero, por cuanto una misma persona tiene el cincuenta por ciento del capital de la asegurada y de la demandante y administra ambas sociedades.

8.-El recurso de apelación de la demandante fue desestimado por la Audiencia Provincial, que declaró que las cláusulas en las que se basaba la aseguradora para la denegación de la indemnización eran delimitadoras del riesgo, que la demandante no tenía la condición de tercera y que la actividad de almacenaje de pizarra no estaba comprendida en los riesgos cubiertos por la póliza.

9.-Porredo interpuso un recurso de casación.

SEGUNDO.- Cláusulas delimitadoras del riesgo. Cobertura del contrato

1.- Planteamiento: El único motivo de casación denuncia la infracción de los arts. 3 de la Ley de Contrato de Seguro ( LCS) y 6.2 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación (LCGC).

En el desarrollo del motivo, la parte recurrente alega, resumidamente, que: (i) la cláusula que define quiénes no pueden ser considerados terceros perjudicados es sorprendente y limitativa de los derechos del asegurado, por lo que tendría que haber reunido los requisitos del art. 3 LCS; (ii) en todo caso, que la asegurada y la demandante compartan administrador no diluye su personalidad jurídica diferenciada, distinta a su vez de la de la mencionada persona física; (iii) la definición de la actividad asegurada podrá afectar a la empresa asegurada, no al tercero perjudicado, que podrá dedicarse a cualquier otra.

Las objeciones de admisibilidad opuestas por la recurrida no pueden ser atendidas, por cuanto el recurso identifica las normas sustantivas que considera infringidas y la jurisprudencia de esta sala que entiende vulnerada, lo que es suficiente para su admisión, sin perjuicio de lo que corresponda en cuanto a su estimación o desestimación.

2.- Decisión de la Sala: El recurso de casación debe ser estimado por las razones que se exponen a continuación.

A diferencia de lo que sucede en la regulación legal de algunos tipos de seguro que contienen una precisa delimitación del riesgo objeto de cobertura, en el seguro de responsabilidad civil la definición legal del riesgo ( art. 73 LCS) remite a la disciplina convencional, de manera que la regulación que sobre el particular se contenga en el propio contrato resulta imprescindible para la determinación del contenido de la obligación del asegurador ( sentencias 58/2019, de 29 de enero, y 541/2021, de 15 de julio).

Es decir, dado que el riesgo cubierto en el seguro de responsabilidad civil es el nacimiento de la obligación de indemnizar derivada del acaecimiento de un hecho previsto en el contrato, será precisa la definición convencional - positiva y negativa- del mencionado evento, a fin de concretar el contenido de la obligación asumida por el asegurador.

3.-Desde ese punto de vista, si tenemos en cuenta la definición y la funcionalidad del seguro de responsabilidad civil antes indicadas, unas cláusulas que definen quienes no pueden ser considerados terceros perjudicados por su vinculación con la empresa asegurada, así como los bienes de terceros no cubiertos, no pueden considerarse limitativas de los derechos del asegurado, puesto que precisamente lo que hacen es definir el objeto del contrato y fijar, aunque sea por exclusión, los riesgos que, en caso de producirse, hacen surgir en el asegurado el derecho a la prestación por constituir el objeto del seguro ( art. 8.3 LCS) . Es decir, no solo no desnaturalizan el contrato, sino que se adaptan a su funcionalidad jurídica y económica.

4.-Ahora bien, que tales cláusulas no sean limitativas no significa que, correctamente interpretadas, excluyan la procedencia de la indemnización solicitada en la demanda.

Respecto de la definición de tercero perjudicado, porque la sentencia recurrida aplica una especie de teoría de levantamiento del velo que va más allá de lo expresado en la cláusula, ya que ni consta que Castañas Barredo y Porredo sean filiales o matrices entre sí, ni que formen parte de un grupo (en sentido jurídico, conforme al art. 42 CCom), ni que una controle a la otra. Solamente consta que comparten como administrador mancomunado a una misma persona, pero ese supuesto no es ninguno de los contenidos en la estipulación controvertida. Y que compartieran una zona de almacenamiento en una explanada colindante con la nave de la empresa asegurada tampoco diluye la personalidad jurídica diferenciada de ambas sociedades. Lo que pretende la cláusula en cuestión es evitar el fraude derivado de un abuso de personalidad jurídica y la mera coincidencia de la persona del administrador no constituye tal situación.

En cuanto a la definición de la actividad, tampoco es impeditiva, porque ello afecta al asegurado, no al tercero perjudicado. Sin que se haya discutido que el incendio se originó en el ejercicio de la empresa de manipulación de castañas, de la que nació la responsabilidad civil asegurada (el almacenamiento de pizarra no se contemplaba en la póliza por la sencilla razón de que no era Porredo quien aseguraba en ella la responsabilidad civil generada por su actividad empresarial).

Y, por último, los bienes dañados (la pizarra) tampoco estaban en poder de la asegurada en custodia, depósito, transporte, etc., sino que estaban almacenados en un terreno colindante a la nave de la asegurada donde se produjo el incendio, como consecuencia de una actividad empresarial diferente ejercida por una tercera empresa.

5.-En atención a lo expuesto, procede la estimación del recurso de casación y, al asumir la instancia, por los mismos fundamentos jurídicos, la estimación del recurso de apelación y la estimación de la demanda. Por lo que la demandada habrá de ser condenada al pago de la indemnización solicitada, con los intereses del art. 20 LCS.

TERCERO.- Costas y depósitos

1.-La estimación del recurso de casación conlleva que no proceda hacer expresa imposición de las costas causadas por él, según determina el art. 398.2 LEC.

2.-La estimación del recurso de apelación implica, igualmente, que no proceda hacer expresa imposición de sus costas, a tenor del art. 398.2 LEC.

3.-La íntegra estimación de la demanda supone que se deban imponer las costas de la primera instancia a la parte demandada, según determina el art. 394.1 LEC.

4.-Igualmente, debe acordarse la devolución de los depósitos constituidos para la interposición de los recursos de apelación y de casación, de conformidad con la disposición adicional 15ª, apartado 8, LOPJ.