Sentencia Civil 1493/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 584/2021 de 27 de octubre del 2025

PRIMERO.- Resumen de antecedentes del caso

1.-Banco Espirito Santo S.A. (en lo sucesivo, BES), era un banco portugués que venía realizando en España la actividad que constituye su objeto social mediante la creación de una sucursal en España, posibilidad prevista en el art. 12 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, así como la normativa anterior derogada por dicha ley.

2.-Debido a la grave crisis en que estaba incurso BES, el Consejo de Administración del Banco de Portugal (en lo sucesivo nos limitaremos a referirnos a este organismo como Banco de Portugal) adoptó, en una decisión (en algunas de las traducciones se denomina «acuerdos» a estos actos del Banco de Portugal) de 3 de agosto de 2014, modificada por otra de 11 de agosto de 2014, lo que denominó «medidas de resolución» ( art. 145.º-C y siguientes del Régimen General de las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras, aprobado por Decreto-Ley n.º 298/92, de 31 de diciembre, y modificado por varios Decretos-Leyes posteriores). En dicha decisión, en lo que aquí es relevante, se acordó constituir un «banco puente» denominado Novo Banco S.A. (en lo sucesivo, Novo Banco) al que se transmitió parcialmente el negocio de BES, para lo cual se transmitieron a Novo Banco los activos, pasivos y elementos extrapatrimoniales de BES que se describían en el anexo número 2. En el apartado número 1 de dicho anexo, tal como quedó redactado por la decisión de 11 de agosto de 2014, se establecía:

«[...] b) Las responsabilidades del BES frente a terceros que constituyan pasivos o elementos extrapatrimoniales de aquel serán transmitidos en su totalidad a Novo Banco con excepción de los siguientes ("Pasivos Excluidos"): [...]

»(v) cualesquiera responsabilidades o contingencias, en particular las derivadas de fraude o de violación de disposiciones o decisiones reguladoras, penales o administrativas; [...]

»En cuanto atañe a las responsabilidades de BES que no serán objeto de transmisión, éstas permanecerán en la esfera jurídica de BES».

3.-Banco de Portugal adoptó dos decisiones el 29 de diciembre de 2015; una de ellas sobre «Transferencias, retransmisiones y modificaciones y aclaraciones del Anexo 2 del Acuerdo de 3 de agosto de 2014 (20,00h)»; y la otra sobre «Aclaración y retransmisión de responsabilidades y contingencias definidas como pasivos excluidos en los subapartados (v) a (vii) del apartado (b) del n° 1 del Anexo 2 del Acuerdo del Banco de Portugal de 11 de agosto de 2014 (17 horas)».

En estas decisiones, entre otros extremos, se acordó en relación con el subapartado (vii) del apartado (b) del número 1 del Anexo 2 de la decisión aprobada en el acuerdo de 3 de agosto de 2014 (responsabilidades del BES no transmitidas a Novo Banco):

«En particular, desde este momento, se aclara que no han sido transferidos del BES al Novo Banco los siguientes pasivos del BES: [...]

»(v) Todos los créditos e indemnizaciones relacionados con la alegada anulación de determinadas cláusulas de contratos de préstamos, en los que el BES era el prestamista».

4.-No consta que dichas decisiones fueran publicadas en los términos previstos en el art. 6, apartados 1 a 4, de la Directiva 2001/24/CE. El Banco de España publicó un anuncio en el Boletín Oficial del Estado el 3 de octubre de 2014, con el siguiente contenido:

«En cumplimiento de lo establecido en el artículo 19 de la Ley 6/2005, de 22 de abril , sobre saneamiento y liquidación de las entidades de crédito, y a la vista de las comunicaciones recibidas del Banco de Portugal el 21 de agosto y el 24 de septiembre de 2014, se informa de que, con fecha 3 de agosto de 2014, el Banco de Portugal ha aplicado a Banco Espirito Santo, S.A, una medida de resolución consistente en la transmisión parcial de su negocio a un banco puente constituido al efecto y denominado Novo Banco, S.A., que continuará sin interrupción con la actividad ordinaria de Banco Espirito Santo, S.A. Esta medida tiene la consideración de medida de saneamiento de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la Directiva 2001/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de 2001, relativa al saneamiento y a la liquidación de las entidades de crédito.

»Como resultado de esta medida, la sucursal de Banco Espirito Santo, S.A. en España, Inscrita con el número 0131 en el Registro de entidades de crédito del Banco de España, ha pasado a ser sucursal de Novo Banco, S.A.».

El Banco de España publicó un anuncio en el Boletín Oficial del Estado el 17 de julio de 2019, ya iniciado este litigio, cuya primera parte tenía este contenido:

«En cumplimiento de lo establecido en el artículo 19 de la Ley 6/2005, de 22 de abril , sobre saneamiento y liquidación de las entidades de crédito, y a la vista de la comunicación recibida del Banco de Portugal el 7 de junio de 2019, se informa dela decisión adoptada por el Banco de Portugal el 3 de agosto de 2014 que se adjunta en relación con la aplicación a Banco Espírito Santo, S.A. ("BES") de una medida de resolución consistente en la transmisión parcial de su negocio a un banco puente constituido al efecto y denominado Novo Banco, S.A.

»Igualmente, se informa de las siguientes decisiones del Banco de Portugal, también adjuntas, que aclaran el sentido de la medida adoptada el 3 de agosto de 2014:

» Decisión del 14 de agosto de 2014 en relación con el tratamiento de los clientes minoristas de BES.

»Decisión del 13 de mayo de 2015 en relación con posibles obligaciones de BES, especialmente frente a clientes minoristas.

»Decisión del 29 de diciembre de 2015 sobre pasivos contingentes.

»Decisión del 29 de diciembre de 2015 sobre retransmisión de obligaciones.

»Decisión del 29 de diciembre de 2015 en relación con el perímetro de la transmisión.

»Decisión del 29 de diciembre de 2015 sobre neutralización de riesgos.

»La medida adoptada originalmente por el Banco de Portugal, junto con sus decisiones aclaratorias, tienen la consideración de medida de saneamiento de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la Directiva 2001/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de 2001, relativa al saneamiento y a la liquidación de las entidades de crédito».

Este anuncio tampoco cumplía los requisitos previstos en el artículo 6, apartados 1 a 4, de la Directiva 2001/24/CE pues, aunque contenía una extensa transcripción de las medidas adoptadas en tales decisiones, no informaba sobre los plazos de recurso, en concreto una indicación claramente comprensible de la fecha de expiración de dichos plazos y, de modo preciso, la dirección de las autoridades o del órgano jurisdiccional competentes para conocer del recurso, como establece el apartado 4 del artículo 6 de la Directiva 2001/24. Tampoco informaba de la existencia del procedimiento de liquidación al que se hará referencia en el siguiente párrafo.

5.-El 13 de julio de 2016, BES entró en un proceso de liquidación, como consecuencia de la decisión del Banco Central Europeo de retirarle su autorización como entidad bancaria. No hay constancia de la publicación del inicio de dicho procedimiento de liquidación ni de que se haya notificado a los afectados.

6.-El 27 de enero de 2009, D. Rosendo y D.ª Carla habían suscrito una escritura de compraventa con subrogación y novación de préstamo con garantía hipotecaria con Banco Espirito Santo S.A., Sucursal en España. En la escritura de préstamo con garantía hipotecaria se contenía una cláusula de interés mínimo o «cláusula suelo» del 2%, una cláusula en que se imputaban los gastos al prestatario y una cláusula en que se establecía el interés de demora en el 18%.

La posición de BES en dicho préstamo entró a formar parte de la cartera de Novo Banco desde el 3 de agosto de 2014 en que se adoptó la primera decisión de Banco de Portugal sobre medidas de saneamiento de BES en la que se creó Novo Banco.

7.-D. Rosendo y D.ª Carla interpusieron, en el año 2018, una demanda contra Novo Banco en la que solicitaban que se declarara la nulidad, por abusiva, de la cláusula de interés mínimo (cláusula suelo). de la cláusula relativa a la imposición de gastos a cargo del prestatario y de la cláusula relativa al interés de demora contenidas en el contrato de préstamo hipotecario concertado con Banco Espirito Santo S.A. sucursal en España (en lo sucesivo, BES) y se condenara a Novo Banco a restituirle las cantidades que la demandante había pagado indebidamente al aplicarse tales cláusulas.

8-Entre otros argumentos de oposición a la demanda, Novo Banco alegó que el crédito que pudiera resultar en favor de la parte demandante por la nulidad de las cláusulas, respecto de la restitución de las cantidades cobradas por BES antes de la decisión del Banco de Portugal de 3 de agosto de 2014, no había sido transferido a Novo Banco, por lo que carecía de legitimación pasiva.

9.-El Juzgado de Primera Instancia, rechazó la falta de legitimación pasiva opuesta por la demandada y estimó parcialmente la demanda interpuesta, declaró la nulidad de la cláusula suelo, de la cláusula relativa a gastos y de la cláusula relativa al interés de demora insertas en el contrato objeto de litigio y condenó a la entidad demandada a reintegrar a la actora las cantidades abonadas en aplicación de la cláusula suelo, más los intereses legales desde la fecha de cada pago, sin imposición de costas.

10.-Novo Banco apeló la sentencia, la parte demandante la impugnó y la Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación interpuesto y estimó parcialmente la impugnación formulada, revocando la sentencia recurrida únicamente en cuanto procede imponer a la demandada las costas de la primera instancia, confirmando los restantes pronunciamientos, con imposición de las costas de la apelación, sin pronunciamiento en cuanto a las causadas por la impugnación. En lo que se refiere a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Novo Banco, la sentencia declara:

«[...] La autoridad de resolución, como es el Banco de Portugal, puede acordar transmitir a la entidad puente, como es Novo Banco, todos o parte de los activos y pasivos de una entidad objeto de resolución, como es Banco Espíritu Santo. En este caso, el Banco de Portugal especificó que no se transmitían "todos los créditos e indemnizaciones relacionadas con la alegada anulación de determinadas cláusulas de contratos de préstamo, en los que el BES era el prestamista".

»De conformidad con lo establecido en el art. 19 de la Ley 1/2015, de 18 de junio, las medidas de resolución, como las acordadas, surtirán, sin más formalidades, todos sus efectos en España tan pronto como lo haga en el Estado miembro en el que se haya adoptado la medida o incoado el procedimiento.

»Así parece haberlo entendido el Tribunal Supremo en su sentencia núm. 323/2019, de 6 de junio.

»Ahora bien, el propio Novo Banco, reconoce en su contestación a la demanda, que, en la reunión de fecha 29 de diciembre de 2015 del Banco de Portugal, en su ANEXO 2C, cuando se acordó que no se traspasaba a Novo Banco, " (...) (v) Todos los créditos e indemnizaciones relacionados con la alegada anulación de determinadas cláusulas de contratos de préstamos, en los que el BES era el prestamista",se refería a las responsabilidades anteriores a la transmisión a 3 de agosto de 2014, sin por tanto alcanzar, añadimos nosotros, ni a la propia acción de nulidad ni a las indemnizaciones o créditos posteriores, que en tal caso debían soportarse por la demandada.

»En el mismo documento, en el subapartado (vi), como indicó este Tribunal en su sentencia de 15 de mayo de 2020, no se utiliza la expresión "alegada", ni otra similar para referirse a las indemnizaciones y créditos resultantes de la anulación de operaciones realizadas por BES como prestador de servicios financieros o de inversión sin ningún tipo de limitación, y ello, según parece, porque no se trataba de excluir como en nuestro caso las indemnizaciones anteriores.

»No se utiliza, en la exclusión que nos ocupa, que como excepción a la regla general de transmisión no pude interpretarse extensivamente, la expresión "nacidas" o "surgidas" o similar (relativos a los créditos o indemnizaciones derivadas de la anulación de cláusulas de contratos de préstamo), que pudiera hacernos seguir la tesis de la recurrente, responsabilidades anteriores a la transmisión a 3 de agosto de 2014 derivadas de la anulación de cláusulas de contratos de préstamo. Sólo se emplea la expresión "alegada", que es la única que, como participio pasado, permite establecer una distinción temporal.

»Esta diferenciación temporal no se refiere al momento en que nace o surge la responsabilidad, como entiende el Banco demandado, sino que se refiere, únicamente, al tiempo de la alegación, de modo que, no tratándose aquí del examen de la nulidad de cláusulas del contrato de préstamo, alegadas antes de 3 de agosto de 2014, ni de créditos o indemnizaciones derivadas de tales pretensiones, no podemos estimar, en la dudosa interpretación de la exclusión de la transmisión, incluida en ella la acción que nos ocupa, alegándose la nulidad después de agosto de 2014.

»Por tanto, como en la sentencia de 15 de mayo de 2020, debemos rechazar la falta de legitimación pasiva, ateniendo al tiempo verbal de la expresión "alegada", que también parece tomarse en consideración en la sentencia de la sección 8 de Alicante de 3 de febrero de 2020, para desestimar la excepción examinada.

»Esta interpretación además entendemos que es la que mejor se ajusta al principio de efectividad del derecho de la Unión Europea, pues en otro caso dificultaría en exceso las reclamaciones del consumidor, pudiéndole disuadir del ejercer de sus derechos, en un contexto de imprecisión de la norma sobre el alcance de la transmisión y de las responsabilidades transmitidas. En otro caso, respecto de la cláusula suelo, el consumidor tendría que demandar a Novo Banco para la declaración de nulidad y la recuperación en todo caso de lo pagado en exceso, parece que después de 3 de agosto de 2014, y a Banco Espíritu Santo (BES), para obtener la restitución de lo pagado antes de la transmisión, pero sin descartar también la necesidad de ejercer la primera acción también contra el último, como establece la sentencia de la sección 1 de 16 de junio de 2020 de la AP de Pontevedra, "al no poder desdoblarse la titularidad pasiva de la relación so pena de abrir la puerta a resoluciones contradictorias",suscitándose también dudas sobre demandar a las dos entidades respecto de la estipulación de gastos, al ser Novo Banco el titular del préstamo, y también beneficiaria de los que en el futuro pudieran devengarse, pero siendo BES la titular del préstamo cuando se hizo efectiva inicialmente la cláusula de gastos».

11.-Novo Banco ha interpuesto un recurso de casación contra la sentencia de apelación, basado en cuatro motivos, que ha sido admitido a trámite.

SEGUNDO.- Formulación del recurso de casación. Admisibilidad

1.-El primer motivo del recurso de casación denuncia infracción de los artículos 9.1 y 10 de la Directiva 2001/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de abril de 2001 relativa al saneamiento y a la liquidación de las entidades de crédito. Lo que viene a denunciarse, en síntesis, es que se infringen tales preceptos al no reconocerse las formalidades establecidas en el Estado de Portugal en relación a la decisión del Banco de Portugal con respecto a los créditos que no deben cargarse en el pasivo de la entidad demandada.

2.-El segundo motivo denuncia la infracción del artículo 19 de la ley 6/2005, de 22 de abril, de saneamiento y liquidación de entidades de crédito. Se alega, en síntesis, que se infringe tal artículo al no reconocerse las formalidades establecidas en el Estado de Portugal en relación a la decisión del Banco de Portugal con respecto a los créditos que no deben cargarse en el pasivo de la entidad demandada.

3.-El tercer motivo del recurso denuncia la infracción del artículo 5.2 de la LEC. Resumidamente, se alega la infracción del precepto al no ser los Juzgados y Tribunales españoles competentes para denegar el reconocimiento de las formalidades establecidas en el Estado de Portugal en relación a la decisión del Banco de Portugal con respecto a los créditos que no deben cargarse en el pasivo de la entidad demandada.

4.-Por último, el cuarto motivo del recurso denuncia la infracción del artículo 10 de la LEC. Se alega que la recurrente no se encuentra legitimada pasivamente para la asunción de responsabilidades que la actora pretende que asuma.

5.-Atendida la evidente conexión entre lo argumentado en los diversos motivos, en definitiva, todos ellos, referidos a la falta de legitimación pasiva de la entidad demandada de conformidad con los argumentos expuestos, se procede a su resolución conjunta.

6.-Se opone la parte recurrida a la admisión del recurso de casación con carácter previo. Sin embargo, no concurre causa de inadmisión del recurso, puesto que presenta interés casacional por contradicción con nuestra jurisprudencia, se identifica la infracción legal cometida y se argumenta cómo se ha producido tal infracción, siendo la discrepancia fundamentalmente jurídica, y pudiendo ser resuelto el recurso sin modificar la base fáctica fijada en la instancia.

TERCERO.-Decisión del tribunal (I): las medidas de resolución de Banco Espirito Santo, la creación de Novo Banco y la transmisión inicial de elementos patrimoniales de uno a otro banco

1.-Hemos declarado en sentencias anteriores que, debido a la situación de insolvencia de BES, el Banco de Portugal inició un proceso de reestructuración y resolución de dicho banco mediante una decisión de su Consejo de Administración adoptada el 3 de agosto de 2014, modificada por otra decisión de 11 de agosto de 2014 cuya finalidad era aclarar y ajustar el perímetro de lo transmitido a Novo Banco S.A.

2.-En el seno de este proceso, se creó una nueva entidad, Novo Banco, como banco puente, a la que se transmitieron los activos, pasivos y demás elementos extrapatrimoniales de BES descritos en el anexo 2 de la citada decisión. En virtud de esta transmisión patrimonial, Novo Banco pasó a ser el acreedor hipotecario del contrato de préstamo celebrado el 6 de febrero de 2007 y comenzó a cobrar mensualmente a la demandante las cuotas de amortización del préstamo.

El citado anexo 2 del acuerdo mencionaba algunos pasivos que estaban, no obstante, excluidos de la transferencia a Novo Banco y que, por tanto, permanecían en el patrimonio de BES. Entre estos pasivos figuraban los enumerados en el apartado 1, letra b), inciso v), de dicho anexo 2, a saber, «cualesquiera responsabilidades o contingencias, en particular las derivadas de fraude o de violación de disposiciones o decisiones reguladoras, penales o administrativas».

3.-A la vista de los términos en que se redactó la decisión del Banco de Portugal, y dado que la acción ejercitada en este litigio es la de nulidad de cláusulas no negociadas en un contrato celebrado con un consumidor, no puede estimarse que el pasivo que supondría la estimación de dicha acción (la obligación de restitución) haya sido excluido de la transmisión operada entre BES y Novo Banco por las decisiones de agosto de 2014, pues no se trata de una responsabilidad derivada de fraude o de violación de disposiciones o decisiones reguladoras, penales o administrativas, sino de una obligación de restitución que derivaría del carácter abusivo, por falta de información, de la cláusula cuestionada.

4.-Como hemos declarado en anteriores recursos interpuestos por Novo Banco en los que se ha planteado esta misma cuestión, el subapartado "v" ha de interpretarse conjuntamente con el enunciado del apartado "b" del anexo de la decisión, de modo que la regla general es la contenida en el enunciado general («las responsabilidades del BES frente a terceros que constituyan pasivos o elementos extrapatrimoniales de aquel serán transmitidos en su totalidad a Novo Banco») y el contenido del subapartado "v" constituye una excepción. Por tal razón, no puede considerarse que las responsabilidades o contingencias de BES que se mencionan como excluidas de la transmisión sean todas en las que hubiera podido incurrir BES, sino solo las expresamente señaladas en ese subapartado "v", que son «las derivadas de fraude o de violación de disposiciones o decisiones reguladoras, penales o administrativas», lo que no es el caso de la obligación de restitución por la nulidad de una cláusula del contrato celebrado con el cliente.

5.-No es admisible, por tanto, la tesis que da una extensión desmesurada a la expresión «responsabilidades derivadas de fraude o de violación de disposiciones o decisiones reguladoras, penales o administrativas» hasta el punto de incluir la obligación de restitución derivada de la nulidad de una cláusula abusiva.

CUARTO.- Decisión del tribunal (II): las medidas adoptadas en la decisión del Banco de Portugal de 29 de diciembre de 2015, antes del inicio de este litigio

1.-La decisión del Banco de Portugal de 29 de diciembre de 2015, estableció:

«[...] se aclara que no han sido transferidos del BES al Novo Banco los siguientes pasivos del BES: [...]

»(v) Todos los créditos e indemnizaciones relacionados con la alegada anulación de determinadas cláusulas de contratos de préstamos, en los que el BES era el prestamista».

2.-En virtud de esta previsión, la decisión de 29 de diciembre de 2015 excluyó de la transmisión operada entre BES y Novo Banco las responsabilidades objeto de este procedimiento, y lo hizo con efectos retroactivos, desde la primera de las decisiones adoptadas, la de 3 de agosto de 2014.

3.-La sentencia del TJUE de 29 de abril de 2021, asunto 504/19, declaró:

«61. Es cierto que la Directiva 2001/24 no se opone a que el Estado miembro de origen modifique, incluso con efectos retroactivos, el régimen legal aplicable a las medidas de saneamiento (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de octubre de 2013, LBI, C 85/12, EU:C:2013:697, apartado 38).

»62. Sin embargo, en el caso de autos, es preciso subrayar que, como se desprende de los apartados 26 y 29 de la presente sentencia, las Decisiones de 29 de diciembre de 2015, que modificaron, con efectos retroactivos, la Decisión de agosto de 2014, y, muy especialmente, la imputación de la responsabilidad inherente a la celebración con VR [la demandante en aquel litigio] del contrato de compraventa de participaciones, se adoptaron en el contexto de un procedimiento judicial en curso, incoado para que se declarara tal responsabilidad. En efecto, dichas Decisiones pretenden precisamente hacer inoperante la sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Vitoria de 15 de octubre de 2015, al cuestionar la interpretación que dicho tribunal había efectuado de la Decisión de agosto de 2014. Como resulta del apartado 19 de la presente sentencia, las citadas Decisiones se refieren expresamente a la demanda interpuesta por VR para establecer, contrariamente a la referida sentencia, que la responsabilidad que pudiera derivarse de dicha demanda no se había transmitido de BES a Novo Banco.

»63. Pues bien, admitir que unas medidas de saneamiento adoptadas por la autoridad competente del Estado miembro de origen con posterioridad a la interposición de tal demanda y a dicha sentencia, y que tienen como consecuencia modificar, con efectos retroactivos, el marco jurídico pertinente para resolver el litigio que motivó la citada demanda, o incluso directamente la situación jurídica objeto de ese litigio, puedan llevar al juez que conoce del asunto a desestimarla constituiría una limitación del derecho a la tutela judicial efectiva, en el sentido del artículo 47, párrafo primero, de la Carta, aun cuando dichas medidas no sean, como tales, contrarias a la Directiva 2001/24 , como se ha recordado en el apartado 61 de la presente sentencia».

4.-En el caso objeto del presente recurso no son aplicables los razonamientos contenidos en la sentencia de pleno 560/2021, de 23 de julio (en concreto en los apartados 62 y 63) y reflejados en el fallo de dicha sentencia del TJUE. A diferencia del supuesto que fue objeto de aquella sentencia, en el caso objeto de este recurso la decisión de 29 de diciembre de 2015 fue adoptada antes de la iniciación del presente litigio.

5.-En el caso objeto del presente recurso, en el que el litigio se ha iniciado con posterioridad a la decisión de 29 de diciembre de 2015 y por tanto no puede considerarse que cuando se adoptó la decisión fuera un «procedimiento en curso» a efectos de lo previsto en el art. 32 de la Directiva 2001/24, lo relevante es lo declarado en el apartado 61 de la citada sentencia del TJUE que, con cita de otra anterior, afirma que «la Directiva 2001/24 no se opone a que el Estado miembro de origen modifique, incluso con efectos retroactivos, el régimen legal aplicable a las medidas de saneamiento».

6.-En consecuencia, de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE, es conforme a la citada directiva que la autoridad competente del Estado de origen modifique el régimen de las medidas de saneamiento, incluyendo entre los pasivos que no fueron transmitidos de BES a Novo Banco la deuda restitutoria derivada de la nulidad de una cláusula abusiva, y que lo haga con efectos retroactivos al momento de adopción de las medidas de saneamiento, esto es, el 3 de agosto de 2014, siempre que no se pretenda aplicar esa modificación a procedimientos judiciales en curso.

QUINTO.- Decisión del tribunal (III): la falta de publicación de las decisiones del Banco de Portugal de 29 de diciembre de 2015

1.-La falta de publicación de las decisiones de 29 de diciembre de 2015 en la forma prevista en el art. 6 de la Directiva 2001/24 y 19 de la Ley 6/2005, de 22 de abril, tampoco puede enervar el reconocimiento de la eficacia de las medidas adoptadas en dichas decisiones. El art. 3.2 de la citada directiva establece:

«Las medidas de saneamiento se aplicarán de conformidad con lo dispuesto en las leyes, reglamentos y procedimientos aplicables en el Estado miembro de origen, en tanto en cuanto la presente Directiva no disponga otra cosa.

»Surtirán todos sus efectos con arreglo a la legislación de dicho Estado miembro en toda la Comunidad y sin otras formalidades, incluso con respecto a terceros establecidos en los demás Estados miembros, aunque la normativa aplicable del Estado miembro de acogida no prevea tales medidas o condicione su aplicación a unos requisitos que no se cumplen.

»Las medidas de saneamiento surtirán efecto en toda la Comunidad en cuanto surtan efecto en el Estado miembro en el que se hayan tomado».

2.-Asimismo, dicho precepto de la directiva, tras regular en sus apartados 1 a 3 la publicación de las medidas de saneamiento cuando puedan afectar a los derechos de terceros en un Estado miembro de acogida, establece en su apartado 5:

«Las medidas de saneamiento se aplicarán independientemente de las medidas establecidas en los apartados 1 a 3 y surtirán todos sus efectos con respecto a los acreedores, a menos que las autoridades administrativas o judiciales del Estado miembro de origen o la legislación de dicho Estado relativa a esas medidas dispongan otra cosa».

3.-El art. 19 de la Ley 6/2005, de 22 de abril, regula en sus apartados 2 y 3 la publicación en el BOE de la decisión de adopción de la medida de saneamiento o de la incoación del procedimiento de liquidación de las entidades de crédito autorizadas en otro Estado miembro que tengan alguna sucursal o presten servicios en España, y su inscripción en el Registro Mercantil. Pero antes de estas previsiones, en el apartado primero, establece:

«Cuando respecto a una entidad de crédito autorizada en un Estado miembro de la Unión Europea que tenga al menos una sucursal o preste servicios en España se haya adoptado una medida de saneamiento o incoado un procedimiento de liquidación, dicha medida o procedimiento surtirá, sin más formalidades, todos sus efectos en España tan pronto como lo haga en el Estado miembro en el que se haya adoptado la medida o incoado el procedimiento».

4.-Por tanto, de acuerdo con la directiva y con la norma nacional que la traspone, la falta de publicación en el BOE y la falta de inscripción en el Registro Mercantil de las medidas adoptadas por el Banco de Portugal en las decisiones de 29 de diciembre de 2015 no constituye un obstáculo para su eficacia, al ser eficaces en el Estado miembro cuya autoridad de resolución las haya adoptado, razón por la cual las medidas de saneamiento acordadas surtieron, sin más formalidades, todos sus efectos en España.

5.-Esta es la interpretación que se desprende de la sentencia del TJUE de 5 de septiembre de 2024, asuntos acumulados C-498/22 a C-500/22, que resolvió las cuestiones prejudiciales planteadas por este tribunal (lo que motivó de hecho la suspensión de la tramitación de este recurso hasta que fueron resueltas), y que vincula a este tribunal con base en lo previsto en el art. 4.bis.1) de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En esta sentencia, el TJUE declaró que «los artículos 3, apartado 2 , y 6 de la Directiva 2001/24, en relación con los artículos 21, apartado 2, y 47, párrafo primero, de la Carta y con el principio de seguridad jurídica, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen, en caso de no haberse efectuado la publicación prevista en el artículo 6, apartado 1, de esta Directiva, a que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro distinto del Estado miembro de origen reconozca los efectos de una medida de saneamiento adoptada, antes de que se hubiera sometido el asunto a dicho órgano jurisdiccional, con respecto a una entidad de crédito y por la que las obligaciones y responsabilidades de esta última fueron transferidas parcialmente a un banco puente».

SEXTO.- Decisión del tribunal (IV): el mantenimiento en BES de la obligación de restituir lo cobrado por la cláusula abusiva pese a la transmisión a Novo Banco del préstamo hipotecario concertado con el demandante

1.-Este tribunal planteó al TJUE una cuestión prejudicial sobre la compatibilidad con el derecho fundamental a la propiedad del artículo 17 de la Carta, el principio de elevada protección a los consumidores del artículo 38 de la Carta, el artículo 6.1 de la Directiva 1993/13/CEE, de 5 de abril, y el principio general de seguridad jurídica, de una interpretación del artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2001/24 que suponga el reconocimiento, en un Estado miembro de acogida, de los efectos de una decisión de la autoridad administrativa competente del Estado miembro de origen que transmite a un banco puente la posición acreedora en un contrato de préstamo hipotecario pero deja en el banco inviable la obligación de restituir al prestatario consumidor las cantidades cobradas por la aplicación de una cláusula abusiva de ese contrato.

2.-Sobre la cuestión relativa a la protección del consumidor demandante que prevé el Derecho de la Unión y su posible incompatibilidad con el mencionado fraccionamiento de la relación contractual que transmite la posición acreedora al banco puente y deja la posición deudora en el banco insolvente, la sentencia del TJUE de 5 de septiembre de 2024, asuntos acumulados C-498/22 a C-500/22, declara:

«144. En el presente asunto, el reconocimiento de los efectos de las medidas de saneamiento en el Estado miembro de acogida, de conformidad con la Directiva 2001/24, implica que permanezcan en el patrimonio de BES la responsabilidad y las contingencias relacionadas con la aplicación de intereses excesivos por el período de ejecución del contrato de préstamo hipotecario anterior a la adopción de la decisión de agosto de 2014. Pues bien, la protección del consumidor contra la utilización de cláusulas abusivas en los contratos celebrados con profesionales, con arreglo al artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, no puede llegar a hacer abstracción del reparto de responsabilidades patrimoniales entre la entidad de crédito inviable y el banco puente que se ha establecido en las medidas de saneamiento adoptadas por el Estado miembro de origen.

»145. En efecto, si la protección otorgada por la Directiva 93/13 autorizara a todos los consumidores del Estado miembro de acogida que fueran acreedores de la entidad de crédito inviable a oponerse al reconocimiento de las medidas mediante las que el Estado miembro de origen decidió el reparto de responsabilidades patrimoniales entre dicha entidad de crédito y el banco puente, la intervención de las autoridades públicas de este Estado miembro, cuya finalidad es garantizar la protección de la estabilidad del sistema bancario, podría verse privada de todo efecto útil en todos los Estados miembros en los que la entidad de crédito inviable tuviera sucursales».

Y finalmente concluye que:

«El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, en relación con el artículo 38 de la Carta, así como el artículo 17 de dicha Carta y el principio de seguridad jurídica, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen, en principio, al reconocimiento en el Estado miembro de acogida de los efectos de las medidas de saneamiento adoptadas en el Estado miembro de origen, con arreglo a la Directiva 2001/24, por las que se establece la creación de un banco puente y el mantenimiento en el pasivo de la entidad de crédito objeto de esas medidas de la obligación de pagar los importes adeudados en concepto de responsabilidad precontractual o contractual».

3.-En consecuencia, una vez que el TJUE ha declarado que es conforme al Derecho de la Unión el quebranto patrimonial que han supuesto para la parte demandante los acuerdos de la autoridad de resolución portuguesa que adoptaron medidas de resolución de BES, al acordar mantener en el patrimonio de esta entidad insolvente la obligación de pago derivada de la nulidad de las cláusulas abusivas pese a haberse transferido a Novo Banco el contrato de préstamo, no puede rechazarse el reconocimiento de los acuerdos de dicha autoridad de resolución y ha de estimarse la falta de legitimación pasiva de Novo Banco para responder de la restitución y el pago de las cantidades pagadas por el consumidor en aplicación de la cláusula abusiva en fechas anteriores a que se adoptaran tales acuerdos, como son las cantidades correspondientes a la aplicación de la cláusula suelo antes del 3 de agosto de 2014.

4.-Ahora bien, en el caso de autos no consta que la cláusula suelo que se contiene en el préstamo hipotecario objeto de litigio que fue transmitido a Novo Banco haya sido suprimida y tampoco consta si la cláusula se ha aplicado con posterioridad al 3 de agosto de 2014. Del mismo modo, también cabe pensar en la existencia de un interés legítimo de la demandante en la declaración de nulidad de las cláusulas relativas a gastos e interés de demora, que, de otro modo, continuarían vigentes. Una desestimación total de la demanda, que es lo que se pretende, supondría que las cláusulas seguirían incluidas en el contrato de préstamo hipotecario y que Novo Banco podría aplicarlas y no vendría obligada a la restitución de cantidades abonadas con posterioridad a la transmisión del préstamo, lo que no cabe compartir.

La consecuencia de lo expuesto es que el pronunciamiento declarativo de la nulidad de las cláusulas abusivas y la condena a la restitución de cantidades derivadas de la aplicación de la cláusula con posterioridad al 3 de agosto de 2014, contenidos en la sentencia recurrida, en tanto que confirma la de primera instancia, han de mantenerse.

SÉPTIMO.- Costas y depósitos

1.-No procede hacer expresa imposición de las costas de los recursos de casación y de apelación, que han sido estimados, el segundo de ellos en parte, de conformidad con los artículos 394 y 398, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2.-Respecto de las costas de primera instancia, estimada la acción de nulidad por abusiva de la cláusula suelo, la cláusula de imputación de gastos y de interés de demora, pese a que no haya sido estimada la de restitución de las cantidades pagadas por aplicación de dichas cláusulas antes del 3 de agosto de 2014, procede la imposición de las costas de la primera instancia al banco demandado, conforme a la sentencia del TJUE de 16 de julio de 2020, C-224/19 y C-259/19.

3.-Procédase a la devolución de los depósitos constituidos para la interposición del recurso de casación y de apelación, de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 8, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.