Sentencia Civil 1592/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 1925/2024 de 28 de noviembre del 2024

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.El Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. 5 de Valdemoro dictó, el 22 de julio de 2022, una sentencia que declaró disuelto por divorcio el matrimonio que D. Camilo y D.ª Tamara habían contraído el 12 de septiembre de 1985. En la sentencia se establecieron, además, las siguientes medidas: (i) una pensión de alimentos de 200 euros al mes, actualizable anualmente conforme al IPC, más el 50% de los gastos extraordinarios, a favor del hijo mayor de edad, D. Severiano, hasta que este alcance capacidad económica, y a cargo de D. Camilo; (ii) la atribución del uso de la vivienda familiar, hasta su venta o liquidación como bien ganancial, a D.ª Tamara, porque su interés es el más necesitado de protección, ya que «[c]arece de empleo con dificultad para el acceso al mercado laboral, convive con el hijo común mayor de edad, lleva ocupando la vivienda todo el tiempo del matrimonio, el demandado tiene otras residencias, tiene empleo fijo de funcionario [...]», y (iii) una pensión compensatoria a favor, también, de D.ª Tamara, de 900 euros al mes, que se reducirá a 700 cuando se jubile D. Camilo, y cuya cuantía se establece por el juzgado teniendo en cuenta los siguientes datos: a) el matrimonio ha durado 37 años y fruto del mismo nacieron dos hijos, actualmente mayores de edad, aunque uno de ellos sigue viviendo con su madre; b) D.ª Tamara durante todo ese tiempo se ha dedicado en exclusiva a atender a la familia y no ha trabajado nunca, pues tan solo consta que antes de casarse se dedicó a cuidar niños y ancianos en un hotel; c) tiene 61 años de edad y carece de experiencia laboral; y d) D.ª Tamara y D. Camilo «[a]bonan una hipoteca de 900 euros al mes, con un consumo de luz de unos 120 euros, y unos 60 euros de agua, 40 euros de teléfono, 40 euros de comunidad, siendo todos estos gastos aproximados, constando también que el demandado abona un alquiler, residiendo la demandante también junto a su madre que tiene 95 años de edad y es dependiente, habiendo abonado el demandado 450 euros a favor de la demandante y unos 180 euros ahora 200 a favor del hijo mayor de edad».

2.La sentencia fue recurrida en apelación tanto por D.ª Tamara como por D. Camilo.

La primera pidió que la pensión compensatoria se fijará en la cantidad de 1500 euros mensuales, ya que «[s]e ajusta más a la renta percibida por el Sr. Camilo y equilibra de manera justa la posición de las partes». Además, «Don Camilo desde la separación [...] ha venido pagando una cantidad incluso superior a la solicitada por el concepto de pensión compensatoria», por lo que procede aplicar la doctrina de los actos propios.

El segundo solicitó que no se fijara pensión compensatoria, o, subsidiariamente, que se estableciera en la «[s]uma de 450 euros y de cuantía equivalente al 25% del importe mensual neto, con el límite máximo de 300 euros, una vez que el demandado se jubile»; y que se revocara «[e]l pronunciamiento de la resolución recurrida respecto a la atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar, acordando establecer en favor de ambos cónyuges un periodo el uso alternativo de la vivienda familiar.» (sic).

3.La sentencia de segunda instancia desestima el recurso de D.ª Tamara y estima en parte el recurso de D. Camilo «[e]n el sentido de reducir la pensión compensatoria a 450 euros mensuales con las correspondientes actualizaciones del IPC, sin fijar reducción futura; y establecer un uso alternativo anual de la vivienda que fuera familiar, sita en DIRECCION002 de DIRECCION001, comenzando el primer periodo anual doña Tamara desde la fecha de notificación de esta sentencia».

La Audiencia Provincial considera desproporcionada la pensión compensatoria fijada por el juzgado, aunque se rebaje de 900 a 700 euros cuando D. Camilo se jubile. Dice que los ingresos de este son de 3761,62 euros netos al mes y que no consta ningún otro ingreso adicional; que va a abonar la mitad de la cuota hipotecaria que supone 450 euros mensuales; y que la disolución de la sociedad de gananciales va a suponer un incremento del patrimonio de D.ª Tamara. Afirma, también, que no se ha probado que existiera un acuerdo expreso o tácito sobre las cantidades que D. Camilo tenía que pagar y rechaza que este haya vulnerado sus propios actos. En lo relativo a la vivienda familiar considera que no hay un interés más necesitado de protección y que el hecho de que D.ª Tamara conviva con su madre no justifica el uso indefinido de la vivienda.

4.D.ª Tamara ha interpuesto un recurso de casación, y el recurso ha sido admitido.

SEGUNDO. Planteamiento del recurso. Alegaciones del recurrido. Decisión de la sala

Planteamiento del recurso

1.El recurso de casación se funda en tres motivos.

1.1 En el motivo primero se denuncia la infracción del art. 24 CE en relación con los arts. 218.2, 319 y 326 LEC por valoración manifiestamente arbitraria, ilógica y errónea de la prueba que determina el nivel de ingresos del demandado y, por extensión, de la pensión compensatoria.

La recurrente afirma que la situación económica del recurrido se determina por las autoliquidaciones del IRPF, las cuales reflejan para el año 2021 unas retribuciones netas de 3761,62 euros, a las que se deben sumar 3000 euros en concepto de devolución, es decir, 250 euros más al mes. Esto demostraría que su retribución es superior a la indicada en la sentencia

A continuación, se refiere a los actos propios del recurrido, que, según aduce, evidencian la intención de este de sostenerla, aportando más de 1500 euros al mes por el enorme desequilibrio existente.

Añade que hay una carencia absoluta de motivación, ya que la Audiencia Provincial corrige y reduce a la mitad la cuantía de la pensión compensatoria fijada por el juzgado sin ningún tipo de argumento, limitándose a aludir a la futura jubilación del recurrido, hecho que no se ha producido, que tampoco se sabe cuándo se va a producir, y que podrá dar lugar a un procedimiento de modificación de medidas si las circunstancias varían de manera sustancial.

Por todo ello, la recurrente solicita que se establezca una pensión compensatoria de 1500 euros o, subsidiariamente, no menor a la fijada por el juzgado en la cantidad de 900 euros.

1.2 En el motivo segundo se denuncia la infracción del art. 97 CC, así como la vulneración de la doctrina jurisprudencial establecida por esta sala en las sentencias 369/2020, de 29 de junio, y 120/2018, de 7 de marzo.

La recurrente dice que la sentencia recurrida no tiene en cuenta los acuerdos alcanzados por los cónyuges. Por un lado, que ella se ocuparía del cuidado de los hijos y de la casa. Y, por otro, que el recurrido, una vez producida la separación de hecho, se encargaría de mantenerla. Afirma, también, que la Audiencia Provincial no realiza un juicio lógico de la situación económica de las partes.

1.3 En el motivo tercero se denuncia la infracción del art. 24 CE en relación con los arts. 218.2, 319 y 326 LEC por valoración manifiestamente arbitraria, ilógica y errónea de la prueba con resultado de indefensión, ya que no contiene motivación que justifique la inexistencia de un interés más necesitado de protección a la hora de atribuir la vivienda familiar con lo que también se vulnera lo dispuesto en el art. 96.2 CC, así como la doctrina jurisprudencial establecida por esta sala en las sentencias 624/2011, de 5 septiembre, y 741/2016, de 21 diciembre.

La recurrente alega que está probado que el demandado reside en una comunidad distinta y en un domicilio que comparte con su pareja actual. Dice, además, que dispone de un segundo domicilio por motivos laborales y que gana más de 4000 euros al mes. Añade que ella no tiene otra casa que no sea la familiar en la que vive con su hijo y que no tiene recursos para otro domicilio, siendo su retribución actual los 450 euros de la pensión compensatoria.

Alegaciones del recurrido

2.El recurrido se opone al recurso alegando causa de inadmisión y por razones de fondo.

Dice que no concurre interés casacional, ya que la sentencia recurrida no se opone a la doctrina jurisprudencial de esta sala, sino que la aplica correctamente, aunque el resultado no sea favorable para la recurrente.

En relación con el fondo, afirma que su salario es de 3761,62 euros por lo que no existe error en la valoración de la prueba y que el hecho de que haya sufragado determinados gastos mientras estaba casado no significa que tenga que seguir haciéndolo una vez divorciado. Alega que la pensión compensatoria no debe entenderse como un derecho de nivelación o de indiscriminada igualación. Sostiene, por último, que la atribución del domicilio a uno de los cónyuges es una medida de carácter excepcional, y que el hecho de que la recurrente conviva con su madre supone para ella mayores ingresos, puesto que aquella percibe una pensión y con la misma debe contribuir a los gastos de la vivienda.

Decisión de la sala

3.La causa de inadmisión se rechaza.

Las cuestiones jurídicas que plantea el recurso están claramente identificadas en el escrito de interposición, que también justifica de forma suficiente su interés casacional con la cita de las sentencias representativas de la doctrina jurisprudencial a las que, a juicio de la recurrente, se opone la sentencia recurrida. La real existencia de dicha oposición forma parte de la cuestión debatida que corresponde abordar y responder al examinar y resolver el fondo del recurso de casación (por todas, sentencia 201/2024, de 19 de febrero).

4.El motivo primero se desestima.

4.1 En la valoración de la prueba y la fijación de los hechos, la Audiencia Provincial no ha incurrido en error de hecho, patente e inmediatamente verificable a partir de las propias actuaciones.

Los ingresos netos mensuales del recurrido son los que se recogen en la sentencia recurrida (3761,62 euros). Las devoluciones a las que se refiere la recurrente no son salario y que se produzcan o no depende de circunstancias diversas que la recurrente no considera y que, además, no tienen por qué reproducirse o repetirse en el tiempo de forma invariable.

El hecho de que el recurrido haya costeado determinados gastos mientras los cónyuges permanecieron separados de hecho, incluidos los propios de la recurrente, no es notoria y patentemente demostrativo de la existencia de un acuerdo sobre la pensión compensatoria y su cuantía.

Es doctrina reiterada de esta sala que la relevancia del error en la valoración de la prueba en el marco del recurso de casación exige la concurrencia, entre otros, de los requisitos siguientes: (i) que se trate de un error fáctico, -material o de hecho-, es decir, sobre las bases fácticas que han servido para sustentar la decisión; y (ii) que sea patente, manifiesto, evidente o notorio, lo que se complementa con el hecho de que sea inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales ( art. 477.5 LEC y, por todas, sentencia 1432/2024, de 30 de octubre).

Es claro que dichos requisitos no concurren en este caso.

4.2 Y también es claro, por otro lado, que la sentencia recurrida expone las razones por las que considera desproporcionada la pensión fijada por el juzgado. Que la recurrente no las considere acertadas, lo que habrá que determinar al examinar la debida aplicación del art. 97 CC y de la doctrina de esta sala, no significa que la sentencia no esté motivada (por todas, sentencia 1428/2023, de 17 de octubre).

5.Los motivos segundo y tercero, que agrupamos en este apartado, puesto que al examinarlos vamos a partir de los mismos hechos, pero que vamos a tratar de forma diferenciada, refiriéndonos en primer lugar al tercero, se estiman.

5.1 Los hechos de los que partimos (reconocidos o probados), son los siguientes: (i) el matrimonio tuvo una duración de 37 años y fruto de este nacieron dos hijos, actualmente mayores de edad; (ii) durante todo ese tiempo, la recurrente se dedicó exclusivamente a las tareas del hogar y al cuidado de la familia, sin trabajar fuera del ámbito doméstico. Cuando se dictó la sentencia de primera instancia tenía 61 años. Carece de experiencia laboral y no consta que disponga de ingresos propios. Reside en la vivienda familiar junto con uno de sus hijos mayores y su madre, quien al dictarse la sentencia de primera instancia tenía 95 años, era dependiente y percibía dos pagas por importe en total de 1100 euros. Entre otros, tiene que hacer frente a unos gastos aproximados por consumo de luz, agua, teléfono y comunidad de 260 euros al mes; (iii) el recurrido posee otras residencias fuera de Madrid, y tiene un empleo fijo como funcionario. En el año 2021, sus ingresos netos mensuales eran de 3761,62 euros. Entre sus gastos se incluye el pago de un alquiler (las sentencias de instancia no concretan su importe, y él a lo que se refirió expresamente fue a asignaciones en concepto bien de alquiler y/o bien de gastos varios -luz, agua, gas, Internet, etc.- por importe de 700 euros) y una pensión de alimentos de 200 euros mensuales, actualizable anualmente conforme al IPC, destinada al hijo mayor que convive con la recurrente; (iv) los gastos de la hipoteca que grava la vivienda familiar, por un importe de 900 euros, son costeados a partes iguales por la recurrente y el recurrido. La vivienda constituye un bien de la sociedad ganancial, cuya liquidación no se ha llevado a cabo.

5.2 El uso de la vivienda familiar cuando los hijos son mayores de edad, supuesto que esta sala ha equiparado al de la inexistencia de hijos, puede atribuirse, por el tiempo que prudencialmente se fije, siempre que las circunstancias del caso lo hicieran aconsejable, al cónyuge cuyo interés fuera el más necesitado de protección, que puede ser el no titular porque la vivienda es privativa del otro, pero también cualquiera de ellos cuando la vivienda tiene el carácter de bien ganancial, como ocurre en el presente caso, ya que esta sala ha considerado aplicable el art. 96.3 CC (en la actualidad 96.2) en ese supuesto, mediante una interpretación lógica y extensiva del precepto (por todas, sentencia 527/2017, de 27 de septiembre).

La Audiencia Provincial establece el uso alternativo anual de la vivienda familiar porque considera que no hay un interés más necesitado de protección y que el hecho de que la recurrente conviva con su madre no justifica el uso indefinido de la vivienda. Pero esta apreciación, que no es fáctica, sino jurídica, no es correcta. Los hechos que hemos narrado evidencian que sí existe un interés más necesitado de protección, el de la recurrente, a la que resulta aconsejable atribuir, atendidas las circunstancias del caso, el uso de la vivienda familiar, ya que su situación económica, personal y familiar es precaria (no dispone de otra vivienda, no cuenta con ingresos propios, sus posibilidades de acceso al mercado laboral, dada su edad y carencia de experiencia, están muy limitadas, y en la vivienda, en la que ha residido desde que contrajo matrimonio, convive con uno de sus hijos mayores y con su madre, que es una persona muy mayor y dependiente) y la del recurrido no (dispone de otras residencias, trabaja como funcionario, y sus ingresos netos mensuales ascendían, en el año 2021, a la suma de 3761,62 euros).

Por lo tanto, procede acoger el motivo y, asumiendo la instancia, desestimar el recurso de apelación de D. Camilo y confirmar, en este punto, la sentencia del juzgado, que atribuyó correctamente a D.ª Tamara el uso de la vivienda familiar, y no de forma indefinida, sino hasta su venta o liquidación como bien ganancial.

5.3 Es doctrina de la sala que la pensión compensatoria tiene como finalidad, y de ahí su denominación, compensar el desequilibrio que se produzca en el momento de la separación o el divorcio y no constituye un sistema de equilibrio de patrimonios de los cónyuges, ni de los ingresos que cada uno obtenga de sus respectivos sueldos o pensiones, porque no significa paridad ni debe entenderse como un derecho de nivelación o indiscriminada igualación (por todas, sentencia 622/2022, de 26 de septiembre); que los supuestos contemplados en el art. 97 CC operan como criterios determinantes de la existencia del desequilibrio, pero también como módulos de cuantificación de su montante económico (por todas, sentencia 1429/2023, de 17 de octubre); y que no procede revisar en casación las conclusiones alcanzadas por el tribunal de apelación sobre la cuantía de la pensión compensatoria, salvo que estas incurran en falta de lógica o irracionalidad (por todas, sentencia 229/2024, de 21 de febrero).

La Audiencia Provincial ha establecido una pensión compensatoria de 450 euros al mes. Pero su insuficiencia para compensar el desequilibrio económico sufrido por la recurrente a consecuencia del divorcio es patente; y su desajuste con las circunstancias que califican el caso y deben considerarse para determinar su importe, notorio.

La recurrente ha dedicado 37 años de su vida exclusivamente a atender la casa y ocuparse de la familia, sacrificando cualquier desarrollo profesional o independencia económica. Carece de experiencia laboral y, dada su edad, sus posibilidades de acceder al mercado laboral están muy limitadas, lo que reduce notablemente sus posibilidades de generar ingresos y agrava su vulnerabilidad económica. Además, cuida a su madre, persona de muy avanzada edad y dependiente, lo que supone una carga adicional. Por otro lado, no consta que disponga de ingresos propios, dependiendo completamente de terceros para su sustento, lo que la coloca en una posición de claro desamparo económico frente al recurrido, que ha podido desarrollar sin limitaciones su vida profesional, tiene trabajo fijo y dispone de unos ingresos netos mensuales que en el año 2021 ascendían a la cantidad de 3761,62 euros.

Por lo tanto, procede acoger el motivo y, asumiendo la instancia, estimar en parte el recurso de apelación de D.ª Tamara, desestimar el recurso de apelación de D. Camilo, y revocar la decisión del juzgado en lo concerniente a la pensión compensatoria, que establecemos en la cuantía de 1100 euros mensuales, actualizable con arreglo al IPC. Esta cuantía, sin igualar, es más adecuada para compensar el desequilibrio económico de la recurrente y, además, resulta razonable, proporcionada y equitativa en relación con los ingresos del recurrido, que, descontado lo que paga por la pensión de alimentos, los gastos de la hipoteca e incluso las asignaciones a las que se refirió en concepto bien de alquiler y/o bien de gastos varios (luz, agua, gas, Internet, etc.), continuará disponiendo de recursos suficientes y mayores que la recurrente para atender sus propias necesidades.

CUARTO. Costas y depósitos

1.Al estimarse el recurso de casación en parte no se imponen las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes ( art. 398.3 LEC) y se dispone la devolución del depósito constituido para recurrir ( apartado 8 de la disposición adicional decimoquinta LOPJ) .

2.Al estimarse en parte el recurso de apelación de D.ª Tamara no se imponen las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes ( arts. 398.1 y 394.2 LEC) y se dispone la devolución del depósito constituido para recurrir ( apartado 8 de la disposición adicional 15.ª, apartado 8, LOPJ) .

3.Al desestimarse el recurso de apelación interpuesto por D. Camilo se le imponen las costas de dicho recurso ( arts. 398.1 y 394.1 LEC) con pérdida del depósito para recurrir ( disposición adicional 15.ª, apartado 9 LOPJ) .