Sentencia Civil 1593/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 2429/2024 de 28 de noviembre del 2024

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.El Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. 2 de Pozoblanco dictó, el 16 de diciembre de 2022, una sentencia que declaró disuelto por divorcio el matrimonio que D. Valentín y D.ª Ascension habían contraído el 14 de octubre de 1989. En la sentencia se establecen, además, las siguientes medidas: (i) una pensión de alimentos de 300 euros al mes, actualizable anualmente conforme al IPC, a favor del hijo mayor de edad, D. Miguel, y a cargo de D. Valentín, hasta que aquel encuentre un trabajo o sea económicamente independiente; y (ii) una pensión compensatoria a favor de D.ª Ascension y a cargo de D. Valentín de 700 euros mensuales, sin límite temporal, y actualizable anualmente conforme al IPC, cuya cuantía se establece por el juzgado teniendo en cuenta: a) que el matrimonio ha durado 33 años y fruto de este nacieron dos hijos, actualmente mayores de edad, aunque uno de ellos, D. Miguel, sigue viviendo con su madre; b) que D.ª Ascension ha sido quien se ha dedicado al cuidado de los hijos y del propio D. Valentín por sus problemas de visión, alcohol y drogas; c) que D.ª Ascension tiene 57 años de edad y nula cualificación académica; d) que durante dos años regentó y atendió junto con su hijo, D. Miguel, un kiosco de golosinas; que dicho negocio fue financiado por su otro hijo mayor, D. Valentín, y que lo tuvieron que cerrar por las pérdidas producidas el último año y su falta de rentabilidad; e) que D. Ascension no tiene ingreso alguno y sigue viviendo en el que fue domicilio familiar con su hijo mayor, D. Miguel, siendo ella la que corre con los gastos de la casa; y d) que D. Valentín tiene reconocida una pensión estable desde 2002, por gran invalidez, de unos 2300 euros mensuales, habiéndose nutrido la economía familiar, prácticamente de modo exclusivo, de los recursos económicos de D. Valentín.

2.La sentencia fue recurrida en apelación por D. Valentín. Pidió que se denegara la concesión de la pensión compensatoria, dado el carácter personalísimo e intransmisible de la pensión de gran invalidez que percibía. Alegó, además, que la cuantía de la pensión que había fijado el juzgado (700 euros al mes) era desproporcionada y le dejaba en situación de total desamparo.

3.La sentencia de segunda instancia estimó el recurso de apelación y dejó sin efecto la pensión compensatoria establecida por el juzgado.

La Audiencia Provincial considera las siguientes circunstancias: (i) D.ª Ascension (que tiene 58 años) y D. Valentín (que tiene 56 años) contrajeron matrimonio el 14 de octubre de 1989, y el 3 de julio de 2021, tras una serie de discusiones, D. Valentín abandonó el domicilio común, rompiéndose la convivencia, que duró casi 32 años; (ii) D.ª Ascension permanece en el uso y disfrute de la vivienda que fue familiar, que es un bien ganancial, y D. Valentín no ha acreditado que satisfaga como renta de un arrendamiento la suma de 500 euros mensuales, «[p]ero es claro que no teniendo otra vivienda, esa cesión del uso a su ex esposa e hijo le supone tanto a él un coste económico (deberá afrontarlo de algún modo, aunque sea ayudando económicamente a la persona que le cede habitación) como a la Sra. Ascension le evita el tenerlo»; (iii) D. Valentín percibe una pensión de gran invalidez por importe, a partir de mayo de 2022, de 2307,05 euros, no puede trabajar y ha figurado de alta en el sistema de la Seguridad Social durante más de 21 años, desde 1999 hasta el 31 de octubre de 2010 estuvo dado de alta en la Organización Nacional de Ciegos; (iv) D.ª Ascension fue dada de alta en el Régimen Agrario por cuenta ajena el 1 de febrero de 1989 y causó baja el 31 de enero de 2001; reconoció que trabajó, estando ya casada, cinco meses en una cafetería sin estar dada de alta en la Seguridad Social; en junio de 2020 se dio de alta como autónoma, y en enero de 2023, junto con su hijo, D. Miguel, abrió un negocio que fue dado de baja en diciembre de ese año, sin que el motivo del cierre se haya acreditado; (iv) no se ha probado que D.ª Ascension ayudara a su marido cuando tuvo problemas en la ONCE o cuando vendía cupones ni que cuando lo hacía muchos días lo acompañara; (v) aunque se ha demostrado que D.ª Ascension no recibe pensiones del Sistema de Seguridad Social ni otras prestaciones públicas, debió probar qué prestación solicitó y no puede obtener, ya que existen varias ayudas públicas disponibles para personas con recursos limitados en su unidad familiar»; y (vi) D. Valentín, además de la pensión por gran invalidez mencionada, señaló como bienes privativos un moto Rieju, herramientas, un grupo electrógeno, una hormigonera, ropa y enseres personales, así como una parcela situada Córdoba. D.ª Ascension, por su parte, señaló como bienes privativos parte de una parcela situada, también, en Córdoba.

A continuación, el tribunal de apelación acuerda la supresión de la pensión compensatoria fijada en la sentencia de instancia con base en las siguientes razones: (i) D.ª Ascension no adolece de padecimientos físicos que la incapaciten para el trabajo; (ii) lleva más de un año percibiendo la pensión compensatoria fijada por la sentencia de instancia; (iii) se ha probado que durante el matrimonio estuvo trabajando y no se acredita que su situación laboral y económica actual sea más desfavorable consecuencia de su dedicación a la familia y al cuidado de su marido y, tampoco, que dicha dedicación le haya mermado expectativas laborales razonables; además, y dado que ya no tendrá que cuidar a D. Valentín, D.ª Ascension podrá retomar, si lo desea, su actividad laboral con mayor intensidad. Añade la Audiencia Provincial que la simple desigualdad económica no determina de modo automático un derecho de compensación.

4.D.ª Valentín ha interpuesto un recurso de casación que ha sido admitido.

SEGUNDO. Planteamiento del recurso. Oposición del recurrido. Decisión de la sala

Planteamiento del recurso

1.El recurso de casación, por interés casacional, plantea un motivo único en el que se denuncia la infracción del art. 97 CC, así como la conculcación de la jurisprudencia que lo interpreta y aplica (se citan las sentencias de esta sala 324/2018, de 30 de mayo, 403/2020, de 6 de julio, y 993/2022, de 22 de diciembre).

La recurrente lo que sostiene, en síntesis, es que en el caso todas las circunstancias que menciona el art. 97 CC determinan el establecimiento a su favor de una pensión compensatoria por desequilibrio económico y que las mismas han sido inobservadas por la Audiencia Provincial en la sentencia recurrida, que se opone a la doctrina jurisprudencial que se contiene en las sentencias citadas.

Oposición del recurrido

2.El recurrido se opone al recurso alegando, por lo que se refiere a su admisión, que carece de interés casacional, ya que la sentencia dictada por la Audiencia Provincial no se opone a la doctrina jurisprudencial, de la que no se aparta ni un ápice; y en relación con el fondo, que no ha quedado acreditada la existencia de elementos que justifiquen la concesión de una pensión compensatoria, ya que no existe desequilibrio económico real, siendo la aplicación del art. 97 CC correcta según las reglas establecidas tanto legal como jurisprudencialmente.

Decisión de la sala

3.No hay razón para la inadmisión del recurso.

Las cuestiones jurídicas que plantea están claramente identificadas en el escrito de interposición, que también justifica de forma suficiente su interés casacional con la cita de las sentencias representativas de la doctrina jurisprudencial a las que, a juicio de la recurrente, se opone la sentencia recurrida. La real existencia de dicha oposición forma parte de la cuestión debatida que corresponde abordar y responder al examinar y resolver el fondo del recurso (por todas, sentencia 201/2024, de 19 de febrero).

4.El recurso se estima por las siguientes razones.

Es doctrina de la sala que la pensión compensatoria tiene como finalidad, y de ahí su denominación, compensar el desequilibrio que se produzca en el momento de la separación o el divorcio y no constituye un sistema de equilibrio de patrimonios de los cónyuges, ni de los ingresos que cada uno obtenga de sus respectivos sueldos o pensiones, porque no significa paridad ni debe entenderse como un derecho de nivelación o indiscriminada igualación (por todas, sentencia 622/2022, de 26 de septiembre); y que los supuestos contemplados en el art. 97 CC operan como criterios determinantes de la existencia del desequilibrio, pero también como módulos de cuantificación de su montante económico (por todas, sentencia 1429/2023, de 17 de octubre).

En el presente caso el desequilibrio económico sufrido por la recurrente es patente, ya que no dispone de ingresos propios, es la que se encargado durante los años del matrimonio del cuidado de la familia, tanto de los hijos como de su marido, aquejado de problemas de visión, alcohol y drogas, ocupándose, igualmente, de la atención y de las necesidades del hogar, lo que ha mermado sus posibilidades de formación y desarrollo profesional, y, en el momento actual, tanto su edad como su falta de cualificación académica y profesional limitan de manera evidente su inserción en el mercado laboral y su capacidad para generar de forma personal e independiente recursos económicos suficientes. El recurrido, en cambio, percibe una pensión por gran invalidez de 2300 euros mensuales, y, aunque es verdad que en este momento satisface en concepto de alimentos a uno de sus hijos mayores una pensión mensual de 300 euros, sigue disponiendo, dado el importe de su pensión, de una base económica sólida para hacer frente a sus propias necesidades y para pagar a la recurrente, por el desequilibrio sufrido, la debida pensión compensatoria.

No es óbice a lo anterior el hecho de que la recurrente no esté físicamente impedida para trabajar. Que pueda trabajar no significa, por las razones de edad y falta de formación mencionadas, que vaya a encontrar trabajo, ni que pueda incorporarse fácilmente al mercado laboral, ni que pueda hacerlo en sectores que ofrecen ingresos suficientes para su subsistencia. Tampoco la pensión compensatoria regulada por el art. 97 CC depende de la posibilidad de que el cónyuge perjudicado acceda a ayudas públicas cuya obtención siempre depende de requisitos y trámites administrativos que, para el ciudadano común, no siempre son sencillos, y que, además, no es inmediata ni está asegurada. En cualquier caso, la compensación económica tiene un fundamento jurídico específico: corregir el desequilibrio económico causado por la separación o el divorcio, no suplirlo con recursos estatales que están establecidos y destinados para atender situaciones de vulnerabilidad de diferente naturaleza. La posibilidad de que la recurrente acceda a ayudas públicas no elimina el desequilibrio económico ni exime al recurrido de su obligación de contribuir a corregirlo mediante una pensión compensatoria.

En definitiva, procede acoger el recurso, casar la sentencia, y, asumiendo la instancia, desestimar el recurso de apelación interpuesto por D. Valentín contra la sentencia de primera instancia que es correcta al reconocer el derecho de D. Ascension a una pensión compensatoria, y que también lo es, atendidas las circunstancias que califican el caso, al establecer su cuantía en la cantidad de 700 euros mensuales, actualizables anualmente conforme al IPC, y fijarla sin límite temporal, sin perjuicio de lo que pudiera llegar a acordarse en el futuro con arreglo a lo establecido en los arts. 100 y 101, por lo que dicha sentencia debe ser confirmada.

CUARTO. Costas y depósitos

1.Al estimarse el recurso de casación no se imponen las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes ( art. 398.3 LEC) y se dispone la devolución del depósito para recurrir ( disposición adicional 15.ª, apartado 8, LOPJ) .

2.Al desestimarse el recurso de apelación se imponen las costas de dicho recurso al apelante ( arts. 398.1 y 394.2 LEC) con pérdida del depósito para recurrir ( disposición adicional 15.ª, apartado 9, LOPJ) .