Sentencia Civil 1741/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 4254/2021 de 28 de noviembre del 2025

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia

El 28 de noviembre de 2006, Rodrigo adquirió participaciones preferentes de SOS Cuétara, por medio de Banco Santander, por un importe de 600.000 euros, y el 30 de noviembre de 2006 volvió a adquirir participaciones preferentes por un importe de 150.000 euros.

El 27 de septiembre de 2007, el Sr. Rodrigo adquirió Valores Santander por un importe de 230.000 euros.

El 28 de septiembre de 2010, Banco Santander presentó una oferta al Sr. Rodrigo de canjear las participaciones de SOS Cuétara en acciones de esta entidad, a un precio (1,073 euros por acción) que supone que el cliente recibía un 36,8% de lo inicialmente invertido al adquirir las participaciones preferentes. Y el Sr. Rodrigo aceptó esta oferta por temor a perder la totalidad de lo invertido.

2.El 28 de julio de 2016, el Sr. Rodrigo interpuso la demanda que inició el presente procedimiento en la que ejercitaba una pluralidad de acciones.

En primer lugar, una acción de nulidad de las dos órdenes de compra de las particiones preferentes de SOS Cuétara por error vicio en el consentimiento; y subsidiariamente una acción que parecía ser de resolución del contrato por incumplimiento contractual, pero que en la audiencia previa aclaró que se trataba de responsabilidad civil al amparo del art. 1101 CC.

Respecto del contrato de suscripción de Valores Santander de 27 de septiembre de 2007, el Sr. Rodrigo también ejercitaba la acción de nulidad por error en el consentimiento.

La demanda fundaba estas pretensiones en el incumplimiento por la entidad bancaria demandada de sus obligaciones de información sobre la naturaleza del producto y sus concretos riesgos.

3.La sentencia de primera instancia estimó la demanda, declaró la nulidad por error en el consentimiento, tanto de las dos órdenes de suscripción de participaciones preferentes SOS Cuétara, como de la suscripción de Valores Santander, y acordó la recíproca restitución de prestaciones.

4.La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por el banco. La audiencia provincial estima el recurso y desestima la demanda.

La sentencia de apelación, primero, confirma la desestimación de las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva formuladas por el banco. Luego analiza la acción de nulidad por error vicio de las dos órdenes de adquisición de participaciones preferentes y concluye que estaban caducadas cuando se presentó la demanda. Entiende que el dies a quodebe fijarse en el momento del canje de las participaciones preferentes por acciones, lo que ocurrió en el año 2010, con lo que al momento de interponerse la demanda había transcurrido el plazo de cuatro años. A continuación, analiza la acción de resolución contractual por incumplimiento con indemnización de daños y perjuicios, y la desestima porque el incumplimiento, por su propia naturaleza, debía venir referido a la ejecución del contrato, mientras que en este caso el defecto de asesoramiento habría afectado a la prestación del consentimiento.

En cuanto a la adquisición de los Valores Santander, desestima la acción de nulidad por error vicio, al examinar la prueba y concluir que el cliente, contando con su preparación profesional (ingeniero técnico industrial) y su experiencia inversora (con una cartera de valores), fue suficientemente informado para conocer el producto y sus concretos riesgos.

La Audiencia presta mucha atención al folleto informativo que entiende le ha sido entregado, en atención a lo que manifiesta la orden de adquisición:

«[...] Lo cierto es que la referida orden de compra está suscrita por el adquirente de los VALORES SANTANDER y que en ella se manifestaba haber recibido el tríptico informativo y además "que conoce y entiende las características de los Valores Santander que suscribe, sus complejidades y riesgos, y que, tras haber realizado su propio análisis, ha decidido suscribir el importe que se recoge más arriba". No es cierto por tanto que no se comunicara que era un producto de riesgo y que se utilizara expresamente esa palabra. Por su parte el folleto informativo explica con suficiencia la dinámica de la inversión; cómo, de prosperar la adquisición de ABN AMRO, los valores se canjearían necesariamente por obligaciones convertibles en acciones ordinarias del Banco de Santander de nueva emisión. Quedaba claro que el final de la inversión era la adquisición de acciones de la entidad emisora ("los inversores reciben acciones Santander cuando ocurra el canje"). Y también nos lo parece que al momento de la conversión, la acción se valoraba con una prima del 16%, es decir, al 116% de su cotización, lo que predeterminaba el número de acciones a recibir ("las obligaciones necesariamente convertibles se valorarán por 5000 € y las acciones de Banco Santander se valorarán al 116% de la media aritmética de la cotización media ponderada de la acción Santander en los cinco días hábiles anteriores a la emisión de las obligaciones necesariamente convertibles"), siendo así que el valor final de la cartera así adquirida (que en ese momento era superior al de su inversión nominal) calculada al momento del canje voluntario u obligatorio dependía ya del que tuvieran en el mercado en ese instante las acciones del Banco de Santander.

»Al efecto, el folleto informativo contenía un cuadro en el que se desarrollaba una simulación a modo de "ejemplo teórico sobre rentabilidad", en el que, sobre un precio de conversión de 14,57 euros (equivalente al 116% del valor de la acción Santander a 17/septiembre/2007, 12,56 euros), y al margen de la remuneración obtenida (7,30% hasta 4/octubre/2008, y EURIBOR más 2,75% desde entonces), se explicaba cómo si la acción Santander en el momento del canje cotizaba a 16,50 euros, había una ganancia del 9,394%, pero sí lo hacía a 11,50 euros, la pérdida, destacada en negrita, era del 21,07%. Aparentemente se daba con ello respuesta a las exigencias de la sentencia del Tribunal Supremo de 17/junio/2016 citada en el recurso, en relación a un caso de bonos subordinados necesariamente canjeables en acciones, conforme a la cual: "El quid de la información no está en lo que sucede a partir del canje puesto que cualquier inversor conoce que el valor de las acciones que cotizan en bolsa puede oscilar al alza o a la baja. Sino en lo que sucede antes del canje, es decir, que el inversor le quede claro que las acciones que va a recibir no tienen por qué tener un valor necesariamente equivalente al precio que compró los bonos, sino que pueden tener un valor bursátil inferior, en cuyo caso habrá perdido, ya en la fecha del canje, todo o parte de la inversión"».

Y también tiene en cuenta el perfil del adquirente:

«Con todo, el nivel de esa información ha de ser calibrada y valorada a partir de los conocimientos del Sr. Rodrigo en el mundo de las inversiones financieras. No debe olvidarse, según el testimonio de la testigo Sra. Maite que disponía de asesoría externa a través de su empresa y vinculación con los propios asesores del Banco a través de la Banca privada de la que era cliente. Quizás sea por tanto bueno volver a recordar que a nivel profesional, amén de su inicial formación como ingeniero técnico industrial, era un experimentado empresario de éxito que le había llevado a ser consejero y apoderado de Ecología Canaria S.A. (con unas ventas de 5.603.442 euros), consejero y también apoderado de Befesa Tratamientos Especiales S.L. (con una facturación de 3.208.637 euros) y sobre todo ser titular real y administrador único de Unión Química Naval e Industrial S.L. Todo ello sin duda le debía proporcionar una base de conocimientos amplio sobre el funcionamiento de los mercados financieros, siempre buscando la máxima rentabilidad (tal y como sugieren los testigos procedentes del Banco de Santander) a los cuales venía acudiendo con asiduidad en fechas anteriores al contrato litigioso del año 2007.

»Disponían de una discreta cartera de valores en la que figuraban o habían figurado acciones de distintas compañías cotizadas amén de otros productos complejos, realizando múltiples operaciones de inversión, que no de mero ahorro. Su detalle aparece en la contestación a la demanda suficientemente documentado y se reproduce con amplia explicación de cada producto entre las páginas 40 y 52 del escrito de recurso.

»(...) cabe destacar la amplia cartera de acciones de Banco de Santander (con compras de hasta 36.000 títulos y reventas con generosas plusvalías); Banesto, Bolsas y Mercados Españoles o Iberdrola Renovables, la suscripción de múltiples y variados Fondos de Inversión (hasta 29 Fondos de Inversión, con una inversión total de 8.032.013,10 euros, muchos de ellos en renta variable manifiestamente volátiles) y Planes de Pensiones, así como participaciones preferentes y futuros financieros tanto sobre tipos de intereses como sobre divisas.

»Así las cosas, quizás no pueda mantenerse sin más que el actor, en razón de su perfil profesional, no fuera un experto en mercados financieros; es evidente que disponía de una cultura y experiencia financiera e inversora más que suficiente como pare entender la trascendencia jurídica y económica que implicaba suscribir los VALORES SANTANDER. La inversión, para alguien como el Sr. Rodrigo, no puede en absoluto calificarse de complejísima por el mero hecho de tratarse de un producto híbrido, esto es, implicar la obligatorio conversión de la inversión efectuada en acciones del Banco Santander S.A.».

Después de este análisis de la prueba, la sentencia concluye así:

«Disponemos de prueba suficiente, señaladamente los documentos aportados por la parte demandada que ilustran las distintas fases del iter contractual (y entre ellos, de forma destacada el folleto informativo que se manifiesta recibido en la orden de suscripción), y el testimonio de la testigo Sra. Maite, como para entender que la información que se cita fue facilitada y que era acorde a las circunstancias personales del actor a las que ya se ha hecho alusión. La demanda, por todo ello, debe ser desestimada. [...]».

5.Frente a la sentencia de apelación, el demandante interpone sendos recursos, extraordinario por infracción procesal, sobre la base de dos motivos, y de casación, articulado en cuatro motivos.

En atención al contenido de los recursos, entendemos procedente alterar el orden de análisis y resolver primero el recurso de casación.

SEGUNDO. Motivos primero y segundo del recurso de casación

1. Formulación de los motivos.Los dos primeros motivos se refieren a la desestimación de las pretensiones contenidas en la demanda respecto de la contratación del producto Valores Santander. Por estar estrechamente vinculados ambos motivos, procederemos a analizarlos conjuntamente.

El motivo primerose basa en «la infracción del artículo 78 bis 3 c) de la Ley del Mercado de Valores 24/1988 de 28 de julio (vigente hasta el 13/11/2015), en relación con el art 1265 del Código Civil». Señala que, en el presente caso, la sentencia incurre en un error jurídico al considerar que las inversiones previas permitían presuponer un conocimiento sobre el funcionamiento de unos productos que nunca antes habían sido contratados con un funcionamiento diferente y que, además, entrañan unos riesgos específicos. Añade que «nos encontramos ante un particular de profesión maquinista naval, resultando irrelevante la experiencia empresarial de este último en empresas cuyo objeto social es la limpieza de tanques de buques, o que ostente o haya ostentado cargos en diversas sociedades ajenas al Mercado Financiero, pues por ello no presupone conocimiento de productos financieros, mucho menos cuando se trata de productos complejos».

El motivo segundose funda en «la infracción del art. 79 bis 3 LMV (redacción entonces vigente), en relación con el art. 1265 del Código Civil». Alega que «la sentencia incurre en una infracción jurídica a la hora de resolver la exigencia de la obligación de información para valorar la existencia de error en el consentimiento, partiendo del error en la calificación de la complejidad del producto. La sentencia resuelve que no ha existido error en el consentimiento porque la inversión no se presentaba como «complejísima» para el Sr. Rodrigo, obviando el carácter complejo del producto Valores Santander, su obligación de información sobre la naturaleza de este producto y sus riesgos, máxime cuando se trata de un producto novedoso, con un funcionamiento diferente y que nunca antes había sido contratado por el demandante».

2. Resolución del tribunal. Procede estimar ambos motivos por las razones que exponemos a continuación.

Con estos dos motivos, el recurrente impugna la valoración realizada por la Audiencia sobre el incumplimiento de los deberes de información y asesoramiento en la contratación de los Valores Santander, que propició que no lo contratara con conocimiento de las características del producto y de sus riesgos.

Conforme a la jurisprudencia de esta sala (contenida en las sentencias 361/2021, de 25 de mayo, y 355/2022, de 3 de mayo), existe una semejanza entre los Valores Santander y los bonos necesariamente convertibles en acciones, respecto de los que en la sentencia 411/2016, de 17 de junio, habíamos afirmado lo siguiente:

«Los bonos necesariamente convertibles son activos de inversión que se convierten en acciones automáticamente en una fecha determinada, y por tanto, el poseedor de estos bonos no tiene la opción, sino la seguridad, de que recibirá acciones en la fecha de intercambio. A su vencimiento, el inversor recibe un número prefijado de acciones, a un precio determinado, por lo que no tiene la protección contra bajadas del precio de la acción que ofrecen los convertibles tradicionales. Los bonos necesariamente convertibles ofrecen al inversor sólo una parte de la futura subida potencial de la acción a cambio de un cupón prefijado, y exponen al inversor a parte o a toda la bajada de la acción».

En consecuencia, afirmamos en la sentencia 355/2022, de 3 de mayo, lo siguiente:

«Este carácter complejo y arriesgado obliga a la entidad financiera comercializadora a suministrar al inversor no profesional una información especialmente cuidadosa, de manera que le quede claro que, a pesar de que en un primer momento su aportación de dinero tiene similitud con un depósito remunerado a tipo fijo o con un préstamo, a la postre implica la adquisición obligatoria de capital del banco y, por tanto, puede suponer la pérdida de la inversión».

De tal forma que «el quid de la información (...) está en (...) que al inversor le quede claro que las acciones que va a recibir no tienen por qué tener un valor necesariamente equivalente al precio al que compró los títulos que van a ser objeto de conversión, sino que pueden tener un valor bursátil inferior, en cuyo caso habrá perdido, ya en la fecha del canje, todo o parte de la inversión».

3.Al realizar su valoración jurídica, el tribunal de instancia tiene en cuenta esta jurisprudencia de la sala, en la medida en que equipara los Valores Santander con los bonos convertibles y se centra en la acreditación de que el cliente fuera informado de que las acciones que va a recibir no tienen por qué tener un valor necesariamente equivalente al precio al que compró los títulos que van a ser objeto de conversión. Lo que entiende acreditado porque, conforme a la orden de compra, el cliente recibió un folleto informativo que ilustraba con claridad ese punto que debía ser objeto de información previa, sin que existe constancia de que hubiera recibido una información adicional o personalizada.

Pero, no podemos perder de vista que en numerosas sentencias anteriores en relación con el producto financiero denominado Valores Santander (por todas, sentencia 355/2022, de 3 de mayo, y las que en ella se citan), hemos advertido que la documentación tipo ofrecida por la entidad (folleto y tríptico) no era suficientemente expresiva y completa, pues no advertía debidamente de los riesgos de la inversión. Y, advertíamos que la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal Supremo 526/2018, de 23 de marzo, confirmó la sanción impuesta a la entidad de servicios de inversión por el incumplimiento de sus deberes legales respecto a la selección de los clientes y el nivel de información que sus comerciales ofrecían a tales clientes en relación con este producto financiero complejo.

Por ello, en la medida en que no consta que se ofreciera al cliente, que no tenía un perfil inversor experto, la información necesaria sobre los riesgos que asumía en un contrato de adquisición de un producto financiero complejo, en particular sobre las condiciones de la conversión de los valores en acciones de las que derivaba el riesgo de pérdidas al realizarse el canje, debemos concluir que esa falta de información, además de conculcar la exigencia del art. 79 bis.3 LMV, provocó un error vicio relevante en la contratación, que justifica su nulidad al amparo de los artículos 1265 y 1266 CC.

4.La estimación de estos dos motivos conlleva que, sin que sea necesario entrar a analizar el recurso extraordinario por infracción procesal, estimemos el recurso de apelación respecto de los pronunciamientos sobre la nulidad de la adquisición de los Valores Santander. Lo que supone confirmar, respecto de este extremo, la sentencia de primera instancia.

TERCERO. Motivo tercero del recurso de casación

1.Formulación del motivo. El motivo impugna el pronunciamiento de la sentencia recurrida que considera caducada la acción de nulidad por error vicio de la contratación de las participaciones preferentes. El motivo se basa en la infracción del artículo 1301 del Código Civil, porque la sentencia recurrida determina que la acción de anulabilidad de la contratación de las participaciones preferentes se halla caducada, y llega a tal conclusión al considerar que el dies a quodel cómputo del plazo de cuatro años previsto en ese art. 1301 CC es la fecha del canje voluntario, sin tener en cuenta que el canje consistió en una transformación de participaciones preferentes a acciones, sin que en ese momento se materializaran las pérdidas económicas. El demandante no pudo tener conciencia del engaño sufrido, hasta el año 2014 cuando tuvo conocimiento de tal error por las noticias que aparecía en los medios de comunicación.

El recurrente advierte que lo resuelto en la sentencia 264/2018, de 9 de mayo (sobre este mismo producto), no resulta aplicable al presente caso pues en aquel otro caso el demandante rechazó la oferta de canje y continuó con la posesión de las participaciones preferentes, mientras que en el presente caso el demandante aceptó el canje voluntario como única salida para evitar la pérdida total de su capital.

2. Resolución del tribunal. Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

Como hemos recordado en otras ocasiones, en la interpretación del art. 1301 CC, la jurisprudencia ha mantenido que el cómputo del plazo de cuatro años para el ejercicio de la acción de nulidad empieza a correr «desde la consumación del contrato», y no antes ( sentencias 89/2018, de 19 de febrero, y 264/2018, de 9 de mayo). Sin perjuicio de que en la contratación de algunos productos financieros, por ejemplo una participación preferente, puede ser que al tiempo de la consumación del negocio todavía no haya aflorado el riesgo congénito al negocio cuyo desconocimiento podía viciar el consentimiento prestado. Es en estos casos, en que la sentencia 769/2014, de 12 de enero de 2015, entendió que el momento de inicio del cómputo del plazo debía referirse a aquel en que el cliente hubiera podido tener conocimiento de la existencia de dicho error o dolo.

De hecho este tribunal, de forma un tanto casuística, ha ido distinguiendo entre distintos tipos de contratos para advertir, en función de sus características, cuándo podían considerarse consumados.

Hemos entendido que los contratos de suscripción de obligaciones de deuda subordinada y participaciones preferentes, en principio, se perfeccionan desde la adquisición de estos productos (por ejemplo, sentencias 718/2016, de 1 de diciembre, y 576/2020, de 4 de noviembre). No obstante, como ya hemos apuntado, si para entonces no hubiera aflorado el riesgo que se desconocía y en qué consistía el error, el comienzo del cómputo debe referirse al momento en que el cliente hubiera podido tener conocimiento de su existencia.

3.En nuestro caso se discute en qué momento, después de la consumación del contrato con la adquisición de las participaciones preferentes, los clientes pudieron tener conocimiento de la circunstancia en qué consistía el error vicio.

De lo acreditado en la instancia se infiere que el demandante conoció las consecuencias o riesgos del producto que había adquirido (las participaciones preferentes de SOS Cuétara), cuando menos desde el 28 de septiembre de 2010, en que Banco Santander le presentó una oferta de canjear las participaciones de SOS Cuétara en acciones de esta entidad, a un precio (1,073 euros por acción) que suponía que recibía un 36,8% de inicialmente invertido al adquirir las participaciones preferentes, y él la aceptó. Por lo que cuando menos desde entonces debía ser consciente de esos riesgos que había entrañado la adquisición de las participaciones preferentes. De tal forma que la Audiencia no yerra al comenzar a computar desde aquel momento el plazo de cuatro años para el ejercicio de la acción de nulidad por error vicio del art. 1301 CC, y al advertir que este plazo se cumplió antes de que se presentara la demanda el día 28 de julio de 2016.

CUARTO. Motivo cuarto del recurso de casación

1.Formulación del motivo. El motivo se basa en la «infracción del art. 1101 CC en relación con el art. 1964 CC sobre el plazo del ejercicio de la acción». Y aduce que la sentencia incurre en un grave error en este punto, cuando «afirma que todas las acciones ejercitadas por esta parte están caducadas cuando la realidad es que esta parte ejercitó subsidiariamente la acción indemnizatoria y ésta sometida a plazo de prescripción y no de caducidad y, en todo caso, este plazo es el plazo general de 15 años». En realidad, «la sentencia resuelve la improcedencia de la acción ejercitada por esta parte (ex art. 1101 CC) al considerar que se había ejercitado la acción de resolución contractual del art. 1124 CC».

2. Resolución del tribunal. Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

Efectivamente, en la audiencia previa, el demandante aclaró que la acción ejercitada con carácter subsidiario respecto de la acción de nulidad de la adquisición de las participaciones preferentes era la de indemnización de daños y perjuicios al amparo del art. 1101 CC, y no la de resolución del contrato ex art. 1124 CC, razón por la cual no resultaba procedente desestimar esa acción subsidiaria con la justificación vertida en la sentencia recurrida (la improcedencia de la acción de resolución contractual).

Como recuerda la sentencia 677/2016, de 16 de noviembre, con cita de otras anteriores, en el marco de una relación de asesoramiento prestado por una entidad de servicios financieros y a la vista del perfil e intereses de inversión del cliente, puede surgir una responsabilidad civil al amparo del art. 1101 CC, por el incumplimiento o cumplimiento negligente de las obligaciones surgidas de esa relación de asesoramiento financiero, que causa al inversor un perjuicio consistente en la pérdida total o parcial de su inversión, siempre y cuando exista una relación de causalidad entre el incumplimiento o cumplimiento negligente y el daño indemnizable. Esta doctrina ha sido reiterada en resoluciones posteriores ( sentencias 62/2019, de 31 de enero, 303/2019, de 28 de mayo, 165/2020, de 11 de marzo, y 625/2024, de 9 de mayo, esta última en relación con este mismo producto).

3.En la instancia quedó acreditado que, en noviembre de 2006, Rodrigo adquirió participaciones preferentes de SOS Cuétara, primero por un importe de 600.000 euros (el 28 de noviembre) y después por un importe de 150.000 euros (el 30 de noviembre), por medio de Banco Santander. No hay duda de que las participaciones preferentes tienen la consideración de producto financiero complejo. En este caso, las participaciones preferentes fueron ofrecidas al demandante por los empleados del banco demandado, sin que conste en la instancia que fueran informados de los concretos riesgos que entrañaba el producto contratado. Así lo reseñaba la sentencia de primera instancia, sin que hubiera sido contradicho por la sentencia de apelación, que como hemos visto no llegó a entrar en esta cuestión respecto de las participaciones preferentes.

El servicio de inversión prestado por el banco presuponía un asesoramiento en materia inversión, tal y como lo ha entendido el Tribunal de Justicia de la UE, en su sentencia de 30 de mayo de 2013, caso Genil 48. S.L. (C-604/2011). Para esta calificación, lo relevante no es tanto la naturaleza del producto financiero como la forma en que es ofrecido al cliente. Tiene la consideración de asesoramiento en materia de inversión la recomendación de suscribir un producto financiero complejo, realizada por la entidad financiera al cliente inversor, «que se presente como conveniente para el cliente o se base en una consideración de sus circunstancias personales, y que no esté divulgada exclusivamente a través de canales de distribución o destinada al público».

4.El banco, en el marco de la relación de asesoramiento que propició la contratación de estos productos financieros (participaciones preferentes de SOS Cuétara), los días 28 y 30 de noviembre de 2006, incumplió los deberes que respecto de la comercialización de productos financieros complejos le imponía la normativa pre-MiFID, entonces vigente, que según la jurisprudencia de esta sala ya contenía, para las empresas que comercializaban productos financieros complejos, especiales deberes de información. Así lo expresamos, entre otras, en la Sentencia 60/2016, de 12 de febrero:

«(T)ambién con anterioridad a la trasposición de la Directiva MiFID, la normativa del mercado de valores daba "una destacada importancia al correcto conocimiento por el cliente de los riesgos que asume al contratar productos y servicios de inversión, y obliga a las empresas que operan en ese mercado a observar unos estándares muy altos en la información que sobre esos extremos han de dar a los clientes, potenciales o efectivos. Estas previsiones normativas son indicativas de que los detalles relativos a qué riesgo se asume, de qué circunstancias depende y a qué operadores económicos se asocia tal riesgo, no son meras cuestiones de cálculo, accesorias, sino que tienen el carácter de esenciales, pues se proyectan sobre las presuposiciones respecto de la sustancia, cualidades o condiciones del objeto o materia del contrato, en concreto sobre la responsabilidad y solvencia de aquellos con quienes se contrata (o las garantías existentes frente a su insolvencia), que se integran en la causa principal de su celebración, pues afectan a los riesgos aparejados a la inversión que se realiza" ( Sentencias 460/2014, de 10 de septiembre, y 547/2015, de 20 de octubre).

»El art. 79 LMV ya establecía como una de las obligaciones de las empresas de servicios de inversión, las entidades de crédito y las personas o entidades que actúen en el mercado de valores, tanto recibiendo o ejecutando órdenes como asesorando sobre inversiones en valores, la de "asegurarse de que disponen de toda la información necesaria sobre sus clientes y mantenerlos siempre adecuadamente informados [...]".

»Por su parte, el Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo, que establecía las normas de actuación en los mercados de valores y registros obligatorios, desarrollaba las normas de conducta que debían cumplir las empresas del mercado de valores. Resumidamente, tales empresas debían actuar en el ejercicio de sus actividades con imparcialidad y buena fe, sin anteponer los intereses propios a los de sus clientes, en beneficio de éstos y del buen funcionamiento del mercado, realizando sus operaciones con cuidado y diligencia, según las estrictas instrucciones de sus clientes, de quienes debían solicitar información sobre su situación financiera, experiencia inversora y objetivos de inversión.

»El art. 5 del anexo de este RD 629/1993 regulaba con mayor detalle la información que estas entidades que prestan servicios financieros debían ofrecer a sus clientes:

"1. Las entidades ofrecerán y suministrarán a sus clientes toda la información de que dispongan cuando pueda ser relevante para la adopción por ellos de decisiones de inversión y deberán dedicar a cada uno el tiempo y la atención adecuados para encontrar los productos y servicios más apropiados a sus objetivos [...].

3. La información a la clientela debe ser clara, correcta, precisa, suficiente y entregada a tiempo para evitar su incorrecta interpretación y haciendo hincapié en los riesgos que cada operación conlleva, muy especialmente en los productos financieros de alto riesgo, de forma que el cliente conozca con precisión los efectos de la operación que contrata. Cualquier previsión o predicción debe estar razonablemente justificada y acompañada de las explicaciones necesarias para evitar malentendidos"».

El incumplimiento de estos deberes legales, en el marco de la relación de asesoramiento que ligaba a las partes, propició la contratación de las participaciones preferentes que reportaron al adquirente el perjuicio derivado de su drástica depreciación.

5.Por esta razón, procede estimar el motivo, casar la sentencia en este extremo. Al asumir la instancia, una vez desestimadas la acción principal de nulidad de la adquisición de las participaciones preferentes, estimamos la acción subsidiaria de indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento de las obligaciones de información y asesoramiento en la comercialización de productos financieros complejos. Y condenamos al banco demandado a indemnizar al demandante en la pérdida de valor de la inversión realizada, representada por la diferencia entre: por una parte el importe pagado por las participaciones preferentes (750.000 euros), más los gastos y comisiones, y los intereses devengados; y, por otra, los rendimientos percibidos que deberían descontarse de la suma anterior.

QUINTO. Costas

1.La estimación del recurso de casación, conlleva que no hagamos expresa condena en costas, en aplicación de la regla contenida en el art. 398.2 LEC (aplicable al caso, ratione temporis),con devolución del depósito constituido para recurrir, de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 8.ª LOPJ.

2.En la medida en que no ha sido necesario examinar el recurso extraordinario por infracción procesal, tampoco hacemos expresa condena de las costas de este recurso, con devolución del depósito constituido para recurrir, de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 8.ª LOPJ.

3.El recurso de apelación ha sido sustancialmente desestimado, porque aunque, respecto de las participaciones preferentes de Sos Cuétara se haya apreciado caducidad de la acción de nulidad, estimada en la sentencia de primera instancia, se ha estimado la pretensión subsidiaria de indemnización de daños y perjuicios, además de confirmarse la nulidad de la contratación de los Valores Santander, con el efecto restitutorio consiguiente. Por esa razón se imponen al Banco Santander, apelante, las costas de su recurso de apelación, en aplicación de la regla contenida en el art. 398.2 LEC (aplicable al caso ratione temporis).

4.En cuanto a las costas de primera instancia, procede imponerlas al banco demandado, en la medida en que han sido estimadas sustancialmente todas las pretensiones de la demanda, conforme a la regla contenida en el art. 394 LEC (aplicable al caso ratione temporis).