Sentencia Civil 663/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 2552/2024 de 28 de abril del 2026

PRIMERO.- Antecedentes relevantes

A los efectos decisorios del presente recurso partimos de los antecedentes siguientes:

1.º-La mercantil Aliseda, S.A.U., interpuso una demanda contra D. Juan Pablo, en la que alegó hallarse vinculado con el demandado en virtud de un contrato de arrendamiento de fecha 15 de noviembre de 2013, sobre el inmueble sito en la calle DIRECCION000, en la localidad de Magán (Toledo), concertado entre el Banco Popular Español, S.A., y el Sr. Juan Pablo, como arrendatario, en el que se subrogó la demandante Aliseda por la adquisición del bien arrendado. La última renta pactada y vigente fue la de 150 euros al mes.

Se señaló, en el hecho tercero de la demanda, que «la parte arrendataria se encontraba al corriente de pago de las rentas en el momento de finalización del contrato», sin perjuicio de las que se pudieran devengar en tanto en cuanto no se declare la resolución del contrato de arrendamiento y se produzca la entrega efectiva de la finca arrendada.

La acción que se dedujo fue la de desahucio por expiración del plazo contractual y reclamación de las cantidades asimiladas, que pudieran devengarse hasta la efectiva recuperación de la posesión del inmueble, más intereses y gastos.

2.º-El conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Toledo, que la tramitó por el cauce del juicio verbal 171/2020. Seguido el procedimiento, con la oposición del demandado, concluyó por sentencia 62/2021, de 15 de abril, estimatoria de la demanda deducida.

En ella, se declaró la extinción del contrato de arrendamiento de 15 de noviembre de 2013, por expiración de su plazo de duración, con efectos a 15 de noviembre de 2018, y se condenó al demandado D. Juan Pablo a estar y pasar por dicha declaración, y a que procediese a dejar la finca litigiosa, libre, expedita y a disposición de la sociedad Aliseda, S.A.U., bajo apercibimiento expreso de que, en caso contrario, se procederá a su lanzamiento. También, se le condenó a abonar a la demandante la cantidad de 150 € mensuales, desde el 1 de mayo de 2021, hasta la entrega de la posesión efectiva de la finca.

3.º-Contra dicha sentencia se interpuso por el demandado recurso de apelación. En su escrito de oposición al recurso de fecha 29 de septiembre de 2021, la parte demandante recurrida alegó que:

«Con la interposición del recurso, no acredita el demandado haber abonado las mensualidades que abarcan desde mayo hasta 30 de septiembre, importe total que asciende a 750,00 €.

»Por tanto, el demandado ha incumplido el requisito establecido en el artículo 449.1 LEC pues no ha abonado todas las rentas que son vencidas y las que con arreglo al contrato deba pagar adelantadas.

»Por lo que, salvo que el demandado no ingrese dicha cantidad, por importe de 750,00 €, entiende esta parte, no se puede admitir el recurso interpuesto de contrario».

Como consecuencia de dicha alegación, el arrendatario presentó escrito, ante la audiencia, en el que constaba haber transferido el importe de dichas rentas correspondientes a los precitados meses, mediante justificante bancario de las transferencias efectuadas mensualmente como renta.

4.º-El conocimiento del recurso correspondió a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo, que dictó sentencia, en la que consideró improcedente la admisión del recurso por incumplimiento del requisito del art. 449.1 LEC, al no haber acreditado el recurrente arrendatario haber abonado las mensualidades a las que fue condenado desde mayo de 2021 en adelante, al interponer el recurso de apelación.

Consideró que dicho requisito era preciso en los casos de procesos en los que se dictase sentencia condenatoria que llevara aparejado el lanzamiento del demandado, sin que tal requisito procesal se limitase a los casos de desahucio por impago de la renta, así como que la doctrina jurisprudencial distingue entre el hecho del pago o consignación y el de su prueba o acreditación, permitiendo la subsanación de esta última.

5.º-Contra la sentencia de la audiencia se formuló por la parte demandada solicitud de complemento y/o subsanación, en la que sostuvo no había existido incumplimiento de lo establecido en el artículo 449.1 de la LEC, por lo que procedía entrar en el fondo del asunto, petición que fue desestimada por el tribunal provincial con el argumento siguiente:

«Téngase en cuenta que por la vía inadecuada de la subsanación no es posible la introducción de un nuevo pronunciamiento sobre el fondo del asunto, lo que supondría, por tanto, una vulneración de la tutela Judicial Efectiva reconocida en el artículo 24 de la CE, máxime cuando del nuevo examen de las actuaciones se colige bien a las claras que en el momento de la presentación del escrito interponiendo recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de primera instancia número dos de Toledo, de fecha 15 de abril de 2021 , escrito de recurso de fecha 12 de julio de 2021 no se acreditó justificadamente tener por efectuados los pagos correspondientes a las rentas devengadas, por lo que nunca debió admitirse a trámite dicho recurso de apelación, admisión de la instancia que en todo caso tiene la consideración de provisional como bien se remarca en nuestra Sentencia de fecha siete de febrero de dos mil veinticuatro».

6.º-Contra dicha resolución se promovió incidente de nulidad por vulneración de derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, que no fue admitido a trámite, por providencia de 27 de febrero de 2024, del siguiente tenor literal:

«Dada cuenta, vistas las presentes actuaciones, NO HA LUGAR A ADMITIR A TRÁMITE el incidente excepcional de nulidad de actuaciones planteado por la Procuradora de los Tribunales Sra. González Navamuel, en nombre y representación de Juan Pablo, respecto de la Sentencia de fecha siete de febrero de dos mil veinticuatro dictada por la Sección Segunda de esta Ilma. Audiencia Provincial, previa audiencia a la parte contraria, toda vez que conforme a lo dispuesto en el Artículo 228 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en el Artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sólo y excepcionalmente podrán admitirse los mismos, cuando la declaración de tal nulidad de actuaciones se funde en cualquier vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el Artículo 53.2 de la Constitución, siempre que no hayan podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario o extraordinario".

»En el presente caso, además de considerarse que la resolución judicial a la que se refiere el incidente no vulnera ningún derecho fundamental, habiéndose expresado en la misma los motivos de su decisión amparados tanto en la norma legal como en la jurisprudencia aplicable al caso concreto que nos ocupa, siendo que la solicitud se basa más bien en meras discrepancias con la decisión adoptada, y, por otro lado, la resolución judicial es susceptible de recurso extraordinario, como precisamente indica el solicitante del incidente extraordinario de nulidad de actuaciones en su propio escrito».

7.º-Al entender el arrendatario que las resoluciones dictadas por la audiencia no eran ajustadas a derecho formuló contra ellas el presente recurso extraordinario.

SEGUNDO.- Motivos y fundamentación del recurso

Aunque en el escrito de formulación del recurso se señala que se interpone el extraordinario por infracción procesal, realmente el procedente es el de casación, dado que, al interponerse, se encontraba vigente la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC) , por Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, que dio una nueva redacción al art. 477.2 de la precitada ley procesal civil, que ahora dispone: «El recurso de casación habrá de fundarse en infracción de norma procesal o sustantiva, siempre que concurra interés casacional». Y buena muestra de ello, es que, al cubrir la carátula del presente recurso, el demandado ya hace la referencia a que el formulado es el recurso de casación, y de esta manera fue admitido a trámite por esta Sala en su auto de 14 de enero de 2026.

El recurso se fundamenta en tres motivos:

El primero se formula al amparo de lo establecido en el artículo 469.1-3.º LEC, por infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso cuando la infracción determinare la nulidad conforme a la ley o hubiere podido producir indefensión, todo ello en función de los normado en los artículos 449.1, 449.6 y 231 LEC, en relación con el artículo 11.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El segundo por vulneración, en el proceso civil, de derechos fundamentales reconocidos en el art. 24 de la Constitución, al amparo de lo dispuesto en el ordinal 4.º del art.469.1 LEC, por aplicación indebida del artículo 449.1 LEC, en el que fundamenta la sentencia de la audiencia la desestimación del recurso sin entrar en el fondo.

El tercero y último, por infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia, al amparo de lo dispuesto en el ordinal 2.º del art. 469.1 LEC, en esta ocasión, por vulneración del art. 218 LEC por falta absoluta de motivación, al no pronunciarse la sentencia de la audiencia sobre el escrito de 30 de marzo de 2022, en el que constan los justificantes de las transferencias bancarias del pago de las cantidades abonadas en concepto de rentas.

El recurso se fundamenta, en síntesis, en que si bien, con el escrito de interposición del recurso de apelación no se aportó el justificante correspondiente de hallarse el demandado al día del pago de la renta, al advertirlo la parte apelada en su escrito de oposición al recurso de apelación, el arrendatario presentó, ante el tribunal provincial, escrito con la correspondiente documentación bancaria, acreditativa de las transferencias efectuadas para el pago de la suma fijada en concepto de renta en los meses indicados y posteriores, por lo que no concurre el óbice procesal impeditivo del acceso al recurso de apelación, citando la jurisprudencia correspondiente que distingue entre hallarse al día en el pago de la renta y su justificación, susceptible esta última de subsanación. Señaló, además, que intentó llevar a efecto esta última no solo mediante la referida aportación de las transferencias bancarias, sino también mediante la presentación de escrito de subsanación y complemento de la sentencia, así como a través de la promoción de un incidente de nulidad de actuaciones, peticiones que fueron rechazadas por el tribunal provincial.

El recurrente insiste en que, durante la sustanciación del recurso de apelación, no presentó un pago aplazado o atrasado de rentas o la indemnización de daños y perjuicios (como si de una segunda oportunidad se tratase), sino que acreditó documentalmente (casi dos años antes de la sentencia y durante la tramitación del recurso) que todos y cada uno de los pagos habían sido realizados en plazo, mediante la presentación del correspondiente documento de subsanación durante la tramitación del recurso de apelación.

En definitiva, con la cita de la jurisprudencia aplicable al caso, alegó que se le cerró indebidamente el acceso al recurso de apelación, con patente lesión del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión que proclama el art. 24.1 CE.

La íntima conexión existente entre los tres motivos del recurso de casación por infracción procesal interpuesto ameritan y permiten su tratamiento conjunto.

TERCERO.- Estimación del recurso de casación interpuesto

El recurso debe ser admitido en función de los argumentos siguientes:

1.º-En primer término, hemos de partir de la base de que el derecho a los recursos, de neta caracterización y contenido legal ( SSTC 3/83 y 216/98, entre otras), está condicionado al cumplimiento de los requisitos de admisibilidad establecidos por el legislador y delimitados por vía interpretativa por esta Sala, a la que corresponde la última palabra en el ámbito de la jurisdicción ordinaria sobre la materia, con el único límite consistente en la proscripción de la arbitrariedad y la evitación de los errores materiales ( SSTC 37/95, 186/95, 23/99 y 60/99), sin que la interpretación de las normas rectoras del acceso a la casación tenga que ser necesariamente la más favorable al recurrente ( SSTC 230/93, 37/95, 138/95, 211/96, 132/97, 63/2000, 258/2000 y 6/2001); y que el «principio pro actione»,proyectado sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, no opera con igual intensidad en las fases iniciales del pleito que en las posteriores ( SSTC 3/83, 294/94 y 23/99), de manera que el referido derecho constitucional se satisface incluso con un pronunciamiento sobre la inadmisibilidad del recurso, y no necesariamente sobre el fondo, cuando obedezca a razones establecidas por el legislador y proporcionadas en relación con los fines constitucionalmente protegibles a que los requisitos procesales tienden ( SSTC 43/85, 213/98 y 216/98).

2.º-El art. 449.1 LEC, en su redacción vigente a la fecha de interposición del recurso de apelación, normaba que:

«En los procesos que lleven aparejado el lanzamiento, no se admitirán al demandado los recursos de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación si, al interponerlos, no manifiesta, acreditándolo por escrito, tener satisfechas las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato deba pagar adelantadas».

El art. 449.2 LEC expresa que el incumplimiento de este requisito de procedibilidad, observado en cualquier momento de la tramitación del recurso, tiene como consecuencia su declaración de desierto en el estado en que se encuentre procesalmente.

3.º-Hemos señalado, reiteradamente, que la exigencia contenida en el artículo 449 LEC, se erige como un presupuesto procesal necesario para la admisión de los recursos de apelación, extraordinarios por infracción procesal y de casación (actualmente casación), que se impone ya en la fase de interposición de dicho recurso.

4.º-La STEDH de 15 de noviembre de 2022 (caso Dahman Bendhiman c. España) analiza el requisito del art. 449 LEC, y considera que, pese a constituir una restricción del acceso a los recursos, persigue una finalidad legítima y configura una limitación proporcionada, como sin duda lo es evitar recursos infundados con trascedentes dilaciones temporales.

5.º-También, nos hemos manifestado reiteradamente sobre que dicho requisito opera en todos los procesos en que proceda el lanzamiento del demandado, lo que comprende no solo el desahucio por falta de pago de la renta, sino también por expiración del plazo contractual.

Así resulta de una constante doctrina de esta Sala, desde el auto de 6 de julio de 2004 (rec. 329/2004), en el que indicábamos:

«A la vista de las manifestaciones contenidas en la alegación tercera del escrito de queja relativas al cumplimiento del requisito contemplado en el art. 449.1 de la LEC, conviene, inicialmente, precisar que, en contra de lo que se aduce por la entidad recurrente, su cumplimiento no se contrae a los procedimientos de desahucio por falta de pago, puesto que de la literalidad del apartado 1 del art. 449 de la LEC se advierte que el legislador no ha hecho distinción alguna sobre la clase de acción ejercitada en la demanda, y ha establecido la obligatoriedad de cumplimiento de dicho requisito para todos "los procesos que lleven aparejado el lanzamiento"; de manera que la definitiva redacción de este precepto hace exigible el cumplimiento oportuno del requisito en todos aquellos procesos, cualquiera que sea la acción ejercitada y el cauce procedimental seguido, cuya consecuencia sea el lanzamiento, o lo que es lo mismo, lleven aparejado el desalojo o la entrega de la posesión, como consecuencia del cese de una relación jurídica en la que se venga satisfaciendo un canon o renta».

Criterio reiterado en los autos de esta Sala de 20 de enero de 2021 (rec. 212/2020); 3 de marzo de 2021 (rec. 250/2020), 4 de octubre de 2023 (rec. 4366/2023), 11 de marzo de 2025 (rec. 6063/2024), 18 de junio de 2025 (rec. 3/2025) y 16 de septiembre de 2025 (rec. 2232/2025), entre otros.

6.º-Ahora bien, no es extensible a los recursos interpuestos por los fiadores, que no ocupan el inmueble, ni pueden beneficiarse de esa situación, como así precisamos en la STS 1407/2025, de 13 de octubre, en la que dijimos:

«El art. 449.1 de la LEC, de conformidad con la doctrina del Tribunal Constitucional y de esta Sala, debe interpretarse de modo finalista y no puramente literal, evitando convertirlo en un obstáculo injustificado para el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva ( SSTC 46/1989, 31/1992, STS 308/2025, de 26 de febrero, AATS de 30 de septiembre de 2003 -rec. núm. 739/2003- y 15 de diciembre de 2021 -rec. núm. 5878/2020-, entre otros).

»La exigencia de tener satisfechas las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato se deban pagar adelantadas se justifica en la necesidad de asegurar los intereses del arrendador frente a la posibilidad de que el arrendatario se valga del recurso para seguir en la posesión sin pagar, pero en un caso como el presente no resulta justificado imponerla a unos fiadores que no ocupan el inmueble ni pueden beneficiarse de esa situación.

»En consecuencia, la Audiencia Provincial, al imponer a los fiadores la consignación del art. 449.1 de la LEC como requisito de procedibilidad para recurrir, ha aplicado de forma rigorista y desproporcionada el precepto, lo que ha determinado la inadmisión del recurso de apelación y la privación injustificada del derecho de defensa a los recurrentes respecto de una cuestión -su vinculación como fiadores- que constituye el único objeto de su impugnación».

7.º-No obstante, se exige en los supuestos en los que el arrendatario litigue acogido al beneficio de justicia gratuita, puesto que su concesión no exime del pago, depósito o consignación de las rentas debidas, al no ser éste un depósito para recurrir, toda vez que la exigencia normativa del art. 449.1 LEC, en atención a la propia finalidad que con su imposición persigue el legislador, que no es otra que asegurar que el sistema de los recursos no sea utilizado como instrumento dilatorio, no puede comprenderse dentro de la exención del art. 6.5 de la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita, relativa al pago de depósitos necesarios para la interposición de los recursos ( AATS 25 de mayo de 2010, rec. 651/2009, 15 de febrero de 2022, rec. 5026/2021 y 23 de julio 2025, rec. 165/2024).

8.º-Es también jurisprudencia reiterada la que considera que el requisito del art. 449.1 LEC no puede ser subsanado mediante un pago o consignación extemporánea, pues es doctrina del Tribunal Constitucional (elaborada en relación con otros precedentes de consignación impugnatoria establecidos en nuestro ordenamiento jurídico con anterioridad a la LEC vigente), la que establece que dicha consignación o pago constituye una exigencia sustantiva o esencial, cuya finalidad es asegurar los intereses de quien ha obtenido una sentencia favorable, bajo una interpretación finalista o teleológica que atienda al fundamento que con su imposición persigue el legislador, que no es otro que el de asegurar que el sistema de los recursos no sea utilizado como instrumento dilatorio ( SSTC 46/89 y 31/92), y garantizar además una exégesis de las normas procesales en el sentido más favorable a la efectividad del derecho a la tutela judicial del art. 24.1 CE y a la regla general del art. 11.3 LOPJ, de manera que cabe el acreditamiento del cumplimiento del precitado requisito ( SSTC 12/92, 115/92, 130/93, 214/93, 249/94 y 26/96).

En este mismo sentido, los AATS de 5 de octubre de 2015, rec. 376/2015; 18 de octubre de 2017, rec. 1019/2017; 10 de junio de 2020, queja 34/2020; 15 de febrero de 2022, rec. 5026/2021; 11 de abril de 2023, rec. 8926/2022, todos ellos citados por el ATS de 6 de febrero de 2024, rec. 7005/2022; así como en la STS 567/2019, de 25 de septiembre.

9.º-Pues bien, en el caso presente, consta como el arrendatario aportó escrito para oponerse al argumento formulado por la parte demandante recurrida, en su escrito de oposición al recurso de apelación, concerniente a que el recurrente no acreditó haber abonado las mensualidades desde mayo hasta 30 de septiembre, importe total que asciende a 750,00 €; pues bien, ante dicho óbice procesal, el demandado recurrente aportó ante la audiencia un escrito en el que adjuntaba un justificante bancario en el que constaban que dichas cantidades habían sido transferidas en las precitadas mensualidades.

Por todo ello, en aplicación de la jurisprudencia citada, que distingue entre hallarse al día en el pago de la renta al tiempo de interposición del recurso, y su acreditamiento, factible este último de subsanación, el recurso debe ser estimado, con devolución de las actuaciones a la audiencia para que decida el recurso de apelación interpuesto.

CUARTO.- Costas y depósito

La estimación del recurso de casación conlleva no se haga especial pronunciamiento sobre costas ( artículo 398 LEC) y que proceda la devolución del depósito constituido para recurrir conforme al apartado 8 de la disposición adicional 15.ª de la LOPJ.