Sentencia Civil 96/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 5000/2025 de 29 de enero del 2026

PRIMERO.- Resumen de antecedentes

El recurso de casación que resolvemos suscita la cuestión de si es adecuado al interés superior de un menor, que en la actualidad tiene seis años, la fijación o no de un régimen de visitas y comunicación con el padre, que ha sido condenado por un delito de malos tratos y que, por aplicación de las medidas cautelares acordadas durante la tramitación de la causa penal, lleva más de tres años sin ver a su hijo.

Son antecedentes relevantes para resolver el recurso, que resultan de los hechos probados y de las actuaciones practicadas en primera y en segunda instancia, los siguientes:

1.-D.ª Lina y D. Alexander contrajeron matrimonio el 11 de abril de 2015 y tuvieron un hijo en común, Hugo, que nació el NUM000 de 2019, de modo que acaba de cumplir 6 años.

2.-A raíz de la denuncia formulada por D.ª Lina en julio de 2022, el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Jaén abrió las Diligencias Previas 1063/2022, por presuntos delitos de violencia de género cometidos por el esposo cuando le comunicó su decisión de divorciarse, en las que se dictó una orden de protección mediante auto de 31 de julio de 2022. Dicha orden contenía como medidas penales la prohibición de acercamiento y comunicación de D. Alexander a su esposa y a su hijo, y como medidas civiles la atribución de la guarda y custodia del menor a la madre, sin régimen de visitas a favor del padre, así como el establecimiento a cargo de este de una pensión de alimentos de 300 € mensuales, más la mitad de los gastos extraordinarios, y la atribución del domicilio familiar al menor y a la madre.

3.-Las medidas de la orden de protección fueron confirmadas por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 1 de Jaén mediante auto de 25 de agosto de 2022. No obstante, las medidas civiles quedaron formalmente sin efecto, ya que D.ª Lina no presentó la demanda civil en el plazo de treinta días establecido legalmente. En todo caso, es un hecho no controvertido que dichas medidas siguieron cumpliéndose por ambos progenitores.

4.-D.ª Lina presentó la demanda de divorcio que dio lugar a este procedimiento el 15 de junio de 2023, y en ella solicitó la adopción de medidas coetáneas, lo que dio lugar al auto de 19 de octubre de 2023, en el que básicamente se reprodujeron las medidas civiles acordadas en su día en la orden de protección. Se acordó también el ejercicio en exclusiva de la patria potestad por la madre.

5.-La sentencia de primera instancia acordó el divorcio solicitado y mantuvo como definitivas las medidas acordadas en el auto de 19 de octubre de 2023. En definitiva, determinó el ejercicio exclusivo de la patria potestad del menor Hugo por D.ª Lina y explicó en el fundamento de derecho cuarto las razones por las que no procedía establecer ningún régimen de visitas, comunicación o estancia de D. Alexander con su hijo menor de edad. Tuvo en cuenta este respecto que la regla general del art 94 CC consiste en la no fijación de régimen de visitas, y que no concurrían circunstancias que por las que el interés del menor justificara la excepción a esta regla, dada la vigencia de medidas de prohibición de comunicación y aproximación del progenitor con su hijo menor de edad, el contenido del art 48.2 del Código Penal, y, en general, «los antecedentes procedimentales por violencia de género», todo ello sin perjuicio de lo que pudiera establecerse en un ulterior procedimiento de modificación de medidas, una vez cesada, en su caso, la medida cautelar penal o las penas de prohibición de comunicación y aproximación que pudieran recaer.

6.-La sentencia fue apelada por las dos partes. En el caso de D.ª Lina, impugnó el pronunciamiento relativo a la pensión de alimentos, respecto de la que solicitó que se fijara en 400 €. Por su parte. D. Alexander impugnó la decisión de no establecer visitas con su hijo y solicitó que se tuviera en cuenta a este respecto el informe psicosocial, que recomendaba la realización de dichas visitas en un punto de encuentro familiar. En su recurso de apelación también discutió el importe de la pensión de alimentos, que a su juicio debía cifrarse en 200 €, y determinadas partidas de los gastos extraordinarios.

En el escrito de oposición a este recurso de apelación, D.ª Lina solicitó que se ratificara el pronunciamiento del juzgado respecto de la no fijación de un régimen de visitas entre padre e hijo. El Ministerio Fiscal, por su parte, solicitó la confirmación de la sentencia de primera instancia.

7.-La Audiencia Provincial de Jaén estimó en parte el recurso del padre, en el único sentido de fijar un régimen de comunicaciones y visitas con el menor «a desarrollar en el punto de encuentro familiar bajo supervisión e informe del equipo técnico familiar de Jaén, teniendo en cuenta las recomendaciones recogidas en el informe psicosocial emitido [...] por el Instituto de Medicina Legal».

La Audiencia motivó esta decisión por remisión a dicho informe psicosocial, ratificado en el acto del juicio, en cuya conclusión segunda se venía a recomendar «un régimen de visitas tuteladas en el punto de encuentro familiar, al objeto de contar con apoyo profesional que facilite el restablecimiento de la relación paternofilial, dada la corta edad del hijo en común, Hugo, de 4 años, y el largo periodo transcurrido sin [...] contacto con su padre (29 de junio de 2022)», lo que consideró especialmente relevante, pese a la existencia del proceso penal en marcha, porque dicha recomendación se había realizado teniendo ya conocimiento de las actuaciones penales, y por tanto de las órdenes de alejamiento fijadas por el Juzgado de Instrucción y ratificadas por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

8.-Las Diligencias Previas 1063/2022 del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 1 de Jaén fueron transformadas en procedimiento abreviado y, más tarde, dieron lugar al procedimiento 371/2023 del Juzgado de lo Penal núm. 4 de Jaén, que finalizó con sentencia dictada el 10 de marzo de 2025, esto es, con posterioridad al dictado de la sentencia civil de segunda instancia, que data del 12 de diciembre de 2024.

Dicha resolución condenó a D. Alexander como autor de un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género, previsto y penado en el art. 153.1 y 3 del Código Penal (CP) a la pena de 11 meses de prisión, más otras penas accesorias, con la prohibición de aproximarse a D.ª Lina, así como a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar frecuentado por ella a menos de 300 metros y prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio en un plazo de tres años. En concepto de responsabilidad civil, la sentencia estableció una indemnización a favor de la Sra. Lina de 350 €, más intereses, por las lesiones causadas.

Los hechos probados declarados en dicha sentencia fueron los siguientes:

«[E]l día 29 de julio de 2022, tras dejar Lina al hijo en la guardería, se inició una discusión entre Alexander y Lina, en el curso de la cual el primero procedió, con ánimo de atentar contra la integridad física de la segunda, la agarró fuertemente del cuello, la tiró sobre la cama, para después agarrarla con fuerza de ambos brazos, inmovilizándola, levantándola y tirándola a un lado, pegándole una patada en el muslo, como consecuencia de estos hechos Lina resultó con lesiones consistentes en hematomas en ambos hemicuellos, hematomas en tercio medio de ambos brazos y hematoma en tercio superior del muslo derecho, para cuya sanidad empleó 7 días de perjuicio personal básico».

La sentencia absolvió al Sr. Alexander de los dos delitos de amenazas del art. 171.4. y 5 CP y del delito de quebrantamiento de medida cautelar del art. 468.2 CP de los que también había sido acusado.

La sentencia penal acordó que, en tanto adquiriera firmeza, se mantuviera la vigencia de las medidas de protección adoptadas en la fase de instrucción. Una vez firme, procedería descontar el período de cumplimiento de la medida cautelar en la liquidación definitiva de la condena. Por último, el Juzgado de lo Penal acordó remitir testimonio de la sentencia al Juzgado Decano de Jaén para su reparto al órgano judicial al que le correspondiera adoptar, en su caso, las medidas del art. 94 en el Código Civil ( CC) a través del procedimiento del art. 158 CC.

9.-Aunque ninguna de las partes lo ha puesto de manifiesto en sus escritos, del contenido del sistema integrado de registros de administración de Justicia (SIRAJ) se desprende que la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal fue recurrida y que la apelación fue resuelta por la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Jaén. No se ha aportado la sentencia dictada en esa segunda instancia penal, pero los datos del SIRAJ evidencian que la Audiencia confirmó la sentencia del Juzgado de lo Penal y que dicha sentencia adquirió firmeza el 12 de noviembre de 2025. A la fecha de consulta del SIRAJ (19 de diciembre de 2025) tanto la pena privativa de libertad como la prohibición de comunicación y acercamiento aparecían formalmente como pendientes de cumplimiento.

No obstante, debe tenerse en cuenta también que la medida de prohibición de acercamiento y comunicación comenzó a ser cumplida, con el carácter de medida cautelar, el 29 de julio de 2022, por lo que, aun no constando la liquidación de la condena, dicha medida habría finalizado su vigencia el 29 de julio de 2025. La condena en cuestión es la única anotada en el SIRAJ. No constan otros antecedentes penales del Sr. Alexander.

SEGUNDO.- Recurso de casación y posición de los progenitores

1.-La sentencia dictada en la segunda instancia del procedimiento civil fue recurrida en casación únicamente por el Ministerio Fiscal, que impugnó en exclusiva la fijación del régimen de visitas. A su juicio, el establecimiento de dicho régimen de visitas infringe el interés superior del menor y vulnera el art. 48.2 CP en relación con los arts. 94.1 y 4 CC, 66 de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, 39 de la Constitución Española ( CE) , puesto en relación con los arts. 9.1 y 9.3 CE, y con el art. 18.1.1 de la Convención del Niño, con el art. 3 del Convenio de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño, con la Carta Europea de Derechos del Niño de 1992 y, finalmente, con el art. 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, que obliga a garantizar la vida y el desarrollo de los menores en un entorno libre de violencia, primando su interés superior sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. Cita también como infringido el art. 31 del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011.

En el desarrollo del motivo, el Fiscal considera que la Audiencia no valoró adecuadamente la vigencia y los efectos de las medidas cautelares penales adoptadas desde julio de 2022, que incluían prohibiciones de aproximación y comunicación tanto respecto de la madre como del menor, medidas confirmadas reiteradamente por distintos órganos judiciales. Conforme al art. 48.2 CP, tales prohibiciones impiden cualquier régimen de estancias o visitas mientras estén en vigor. En su opinión, la Audiencia se aparta del marco normativo interno e internacional que exige extremar la protección de los menores en contextos de violencia, y vulnera la doctrina consolidada de esta sala y del Tribunal Constitucional (TC), con cita de las STC 106/2022, de 13 de septiembre, y de las sentencias de esta sala -entre otras más antiguas- 281/2023, de 21 de febrero y 379/2024, de 14 de marzo, que ha avalado la exigencia de una motivación reforzada cuando se adopten medidas que incidan sobre la seguridad de menores en entornos de violencia de género y que, además, prioriza la protección del menor frente a cualquier forma de violencia. Subraya que el derecho de visitas no es absoluto y decae cuando el contacto puede suponer riesgo grave o injerencia lesiva en el interés superior del niño.

El recurso critica que la sentencia recurrida se apoya casi exclusivamente en un informe psicosocial que, según el Fiscal, fue emitido sin plena consideración de las medidas cautelares vigentes ni de la existencia del procedimiento penal en curso, y además presenta deficiencias de contextualización, pues sus autores desconocían aspectos esenciales del proceso penal.

La Audiencia, afirma el Fiscal, no realizó una valoración completa del conjunto de las pruebas y omitió ponderar el efecto del mantenimiento ininterrumpido de las medidas penales durante dos años y la ausencia de cualquier contacto entre padre e hijo durante un periodo tan prolongado, sin que se aprecie indicio alguno de beneficio para el menor en reactivar dicho contacto.

Concurre, además, como hecho nuevo, el dictado de la sentencia condenatoria del Juzgado de lo Penal núm. 4 de Jaén, que reafirma y mantiene las prohibiciones de aproximación y comunicación. Ello confirma -según el recurso- que resulta contrario al interés superior del menor restablecer visitas con el padre, incluso aunque sean supervisadas.

2.- La representación de D.ª Lina muestra su conformidad con el recurso en lo referente a las visitas, a lo que añade su oposición a la falta de impugnación de la cuantía de la pensión de alimentos y solicita literalmente que «se mantenga conforme a lo dictado en la sentencia de la instancia». Entendemos que con ello se refiere realmente a la petición de la demanda, pues la pensión de alimentos en cuantía de 300 € fue establecida en la primera instancia y luego ratificada por la audiencia provincial.

Respecto del régimen de visitas, la defensa de la Sra. Lina considera imprescindible tener en cuenta la vigencia de las medidas cautelares impuestas en relación con el menor, con cita del art. 48.2 CP. Por otro lado, dio por hecho que el trámite subsiguiente al auto de admisión del recurso de casación del Fiscal le habilita para interponer un recurso de casación propio e impugnar así la cuantía de la pensión de alimentos.

3.-La representación de D. Alexander se opuso al recurso sobre la base del interés del menor y de la interpretación del art. 94.4 CC, que no impone una prohibición automática de visitas, sino una facultad ponderativa de los tribunales. Añadió que a la fecha de la sentencia recurrida no existía condena penal firme, sino únicamente medidas cautelares, y que el art. 48.2 CP, invocado tanto por el Fiscal como por la Sra. Lina, se refiere expresamente a quien ha sido condenado mediante sentencia firme, por lo que no era aplicable al caso. Cita la sentencia de esta sala 720/2022, de 2 de noviembre, y la STC 106/2022, de 13 de septiembre, y defiende, por último, que la sentencia penal condenatoria dictada con posterioridad a la resolución civil no puede servir de fundamento al recurso de casación por tratarse de un hecho nuevo.

TERCERO.- Firmeza del pronunciamiento que fija la pensión de alimentos

Como ya hemos apuntado, la defensa de la Sra. Lina ha dado por hecho que el trámite subsiguiente al auto de admisión del recurso de casación del Fiscal le habilita para interponer un recurso de casación propio e impugnar así la cuantía de la pensión de alimentos.

Esta interpretación del trámite del art. 485 LEC es errónea. Según dicho artículo «[a]dmitido el recurso de casación, [se] dará traslado del escrito de interposición, con sus documentos adjuntos, a la parte o partes recurridas y personadas, para que formalicen su oposición por escrito en el plazo de veinte días y manifiesten si consideran necesaria la celebración de vista».

El tenor literal de la norma no impide, obviamente, que la parte recurrida muestre su conformidad con el recurso o exprese su allanamiento, en los procedimientos en los que ello es posible -no es este el caso, pues lo impide el art. 751 LEC-. En particular, en los procedimientos en los que interviene el Fiscal y es la única parte recurrente, el traslado del art. 485 LEC habilita a las partes para mostrar su conformidad con el recurso o adherirse a él, pero no para interponer extemporáneamente un recurso de casación propio que no formularon en el plazo legalmente habilitado para ello. Por tanto, hemos de considerar que el pronunciamiento relativo a la pensión de alimentos quedó firme y que, por la propia motivación de la sentencia, protege suficientemente el interés del menor Hugo.

En efecto, la sentencia tuvo en cuenta la capacidad económica del padre, con unos ingresos anuales de 19.306 €, y de la madre (10.820 €, a los que ha de añadirse otra partida no cuantificada por rendimientos agrícolas y rentas exentas, así como un ahorro por saldos positivos en cuentas de 36.667 €). Por otro lado, se deduce de la lectura de la sentencia que también se ha valorado la atribución del uso de la vivienda que fuera familiar al hijo y a la madre y que Hugo no tiene necesidades específicas diferentes de las propias de un niño de su edad.

Por todo ello, la sentencia aplica los criterios legales de proporcionalidad en la fijación de la pensión de alimentos ( arts. 93, 145 y 146 CC) con adecuada salvaguarda del interés del menor, y no procede la elevación de la cuantía solicitada por la madre.

CUARTO.- Marco normativo del régimen de visitas y comunicación de los menores con el progenitor no custodio en contextos de violencia de género.

1.-El recurso de casación identifica con exhaustividad y rigor el marco normativo que debe tomarse como referencia para decidir si procede o no fijar un régimen de visitas y comunicación de los menores con el progenitor no custodio en contextos de violencia de género.

2.-El art. 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, indica que «los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño».

Por su parte, el art. 24.3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece que «[t]odo niño tiene derecho a mantener de forma periódica relaciones personales y contactos directos con su padre y con su madre, salvo si ello es contrario a sus intereses».

3.-El art. 2.2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( LOPJM) establece que, a efectos de la interpretación y aplicación en cada caso del interés superior del menor, se tendrán en cuenta como criterios generales, entre otros y sin perjuicio de los establecidos en la legislación específica aplicable y de aquellos otros que puedan estimarse adecuados atendiendo a las circunstancias concretas del supuesto, «la protección del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del menor y la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, físicas y educativas como emocionales y afectivas» (apartado a]) y «la conveniencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en un entorno familiar adecuado y libre de violencia» (apartado c).

4.-El art. 66 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género regula la suspensión del régimen de visitas, estancia, relación o comunicación con los menores, en el sentido siguiente:

«El Juez ordenará la suspensión del régimen de visitas, estancia, relación o comunicación del inculpado por violencia de género respecto de los menores que dependan de él. Si, en interés superior del menor, no acordara la suspensión, el Juez deberá pronunciarse en todo caso sobre la forma en que se ejercerá el régimen de estancia, relación o comunicación del inculpado por violencia de género respecto de los menores que dependan del mismo. Asimismo, adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y recuperación de los menores y de la mujer, a través de servicios de atención especializada, y realizará un seguimiento periódico de su evolución, en coordinación con dichos servicios».

5.-El art. 31 del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011, obliga a los Estados parte «a tomar las medidas legislativas u otras necesarias para que, en el momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los hijos, se tengan en cuenta los incidentes de violencia incluidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio» y «para que el ejercicio de ningún derecho de visita o custodia ponga en peligro los derechos y la seguridad de la víctima y de los niños».

6.-El preámbulo de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, advierte de los graves perjuicios que las conductas violentas generan sobre los menores:

«Cualquier forma de violencia ejercida sobre un menor es injustificable. Entre ellas, es singularmente atroz la violencia que sufren quienes viven y crecen en un entorno familiar donde está presente la violencia de género. Esta forma de violencia afecta a los menores de muchas formas. En primer lugar, condicionando su bienestar y su desarrollo. En segundo lugar, causándoles serios problemas de salud. En tercer lugar, convirtiéndolos en instrumento para ejercer dominio y violencia sobre la mujer. Y, finalmente, favoreciendo la transmisión intergeneracional de estas conductas violentas sobre la mujer por parte de sus parejas o exparejas. La exposición de los menores a esta forma de violencia en el hogar, lugar en el que precisamente deberían estar más protegidos, los convierte también en víctimas de la misma».

7.-La Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de octubre de 2021, sobre el impacto de la violencia doméstica y del derecho de custodia en las mujeres y los niños [2019/2166(INI)], en el apartado N, declara:

«[l]os niños también pueden sufrir la denominada «violencia presenciada» en el hogar y el entorno familiar, al asistir a cualquier tipo de maltrato a través de actos de violencia física, verbal, psicológica, sexual y económica contra personas de referencia o significativas desde el punto de vista afectivo; que esta violencia tiene consecuencias muy graves para el desarrollo psicológico y emocional del niño, por lo que es esencial prestarle la debida atención en las separaciones y los acuerdos de custodia parental, garantizando que el interés superior del menor sea la consideración primordial, en particular para determinar los derechos de custodia y visita en los casos de separación; que la violencia presenciada no siempre es fácil de reconocer y que las mujeres víctimas de violencia doméstica viven en un estado de tensión y dificultades emocionales; que, en los casos relacionados tanto con la violencia doméstica como con cuestiones de protección de la infancia, los tribunales deben remitirse a expertos con conocimientos y herramientas para evitar tomar decisiones contra la madre que no tengan debidamente en cuenta todas las circunstancias».

8.-El art. 94 del Código Civil ( CC) , después de establecer que el juez determinará el tiempo, modo y lugar en que el progenitor que no tenga consigo a los hijos menores podrá ejercitar el derecho de visitarlos, comunicar con ellos y tenerlos en su compañía, añade lo siguiente:

«No procederá el establecimiento de un régimen de visita o estancia, y si existiera se suspenderá, respecto del progenitor que esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o sus hijos. [...]. No obstante, la autoridad judicial podrá establecer un régimen de visita, comunicación o estancia en resolución motivada en el interés superior del menor [...] previa evaluación de la situación de la relación paternofilial.

»No procederá en ningún caso el establecimiento de un régimen de visitas respecto del progenitor en situación de prisión, provisional o por sentencia firme, acordada en procedimiento penal por los delitos previstos en el párrafo anterior».

QUINTO.- Doctrina jurisprudencial sobre el interés superior del menor en la fijación o denegación de un régimen de visitas y estancias con el progenitor investigado o condenado por delitos de violencia de género.

1.-Sobre la doctrina del Tribunal Constitucional en materia de derecho de visitas en contextos de violencia de género nos remitimos a la STC 106/2022, de 13 de septiembre, sobradamente conocida, que descarta la inconstitucionalidad del art. 94 CC y reitera que el criterio que ha de presidir la decisión que en cada caso corresponda adoptar al juez, a la vista de las circunstancias concretas, debe ser necesariamente el del interés prevalente del menor, ponderándolo con el de sus progenitores que, aun siendo de menor rango, no por ello resulta desdeñable:

«Es la autoridad judicial la que tomará la decisión de suspender, de restringir o no el régimen de visitas y estancias, y lo deberá hacer guiada por la finalidad de velar por el interés del menor ( art. 39 CE) . A tal fin, el precepto impugnado no limita la posibilidad de que el órgano judicial valore la gravedad, naturaleza y alcance del delito que se atribuye a un progenitor o a ambos, ni su incidencia en la relación paterno o maternofilial, su carácter doloso o imprudente, la persona o personas directamente afectadas por el mismo, así como las concretas circunstancias del caso. De este modo, a diferencia de lo que afirman los recurrentes, el precepto impugnado faculta a la autoridad judicial para que pondere entre otras las consecuencias irremediables que el trascurso del tiempo de duración de la instrucción puede tener para las relaciones entre el niño y los progenitores que no viven con él (por todas, STEDH Saleck Bardi c. España, § 52), el carácter provisional de la condición de investigado en un proceso penal, así como su deber de adoptar medidas eficientes y razonables para proteger a los niños de actos de violencia o de atentados contra su integridad personal. Dichas medidas, desde luego, pueden ocasionar la pérdida de los derechos dimanantes de la patria potestad si el interés superior del menor, que puede incluir la seguridad de la víctima, no se puede garantizar de ninguna otra forma ( art. 45 del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011)».

Por su parte, la STC 54/2025, de 10 de marzo, se centra en el deber de motivación judicial reforzada por afectación del interés superior del menor en los regímenes de guarda, custodia y visitas en contextos de violencia de género:

«Como hemos recordado en nuestra STC 53/2024, de 8 de abril, FJ 3, es doctrina consolidada de este tribunal el deber de todos los poderes públicos de atender "de un modo preferente la situación del menor de edad, observando y haciendo observar el estatuto del menor como norma de orden público [...] incluso si ello significa atemperar la rigidez de algunas normas procesales o sacrificar los legítimos intereses y perspectivas de terceros". El interés superior del menor es, "considerado en abstracto, un bien constitucional suficientemente relevante para motivar la adopción de medidas legales que restrinjan derechos y principios constitucionales". Pero la decisión de lo que sea en cada caso más beneficioso para el interés general del menor "corresponde tomarla a los jueces y tribunales ordinarios".

»El "interés superior del menor es la consideración primordial a la que deben atender todas las medidas concernientes a los menores que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos" (por todas, STC 126/2024, de 21 de octubre, FJ 2). Y aunque compete a este tribunal examinar si la motivación ofrecida "para adoptar cuantas medidas conciernen a los menores, está sustentada en su mayor beneficio y así comprobar que no se han lesionado sus derechos fundamentales", es a los órganos judiciales a quienes corresponde delimitar el contenido del interés superior del menor en cada caso ofreciendo para ello, dada la afectación de un principio superior de nuestro ordenamiento, una motivación reforzada ( SSTC 141/2000, de 29 de mayo, FJ 5; 217/2009, de 14 de diciembre, FJ 5; 127/2013, de 3 de junio, FJ 6, y 138/2014, de 8 de septiembre, FJ 2, entre otras).

»Motivar "debidamente las resoluciones en las que están concernidos los intereses y derechos de los menores ( art. 39 CE) , significa explicitar el juicio de ponderación entre los valores y derechos en liza para hacer así efectiva la exigencia de proporcionalidad inherente a la justicia" (entre otras, SSTC 178/2020, de 14 de diciembre, FJ 3; 2/2024, de 15 de enero, FJ 2, y 53/2024, de 8 de abril, FJ 3), encontrándonos en estos casos "ante un juicio de ponderación que debe constar expresamente en la resolución judicial, identificando los bienes y derechos en juego que pugnan de cada lado, a fin de poder calibrar la necesidad y proporcionalidad de la medida adoptada" ( STC 176/2008, de 22 de diciembre, FJ 6). Una pluralidad de bienes y derechos que siempre habrán de tener presentes los órganos judiciales en sus decisiones sobre los regímenes de guarda y custodia, en las que el interés superior del menor ha de operar como contrapeso de los derechos de cada progenitor ( SSTC 106/2022, de 13 de septiembre, FJ 2, y 176/2008, de 22 de diciembre, FJ 6).

»Es doctrina constitucional consolidada que, cuando está en juego el interés de los menores, sus derechos exceden del ámbito estrictamente privado y pasan a tener una consideración más cercana a los elementos de ius cogens ( SSTC 106/2022, de 13 de septiembre, FJ 2, y 185/2012, de 17 de octubre, FJ 4). Es en este sentido que hemos afirmado que en la atribución y ejecución de los regímenes de guarda, custodia y visitas el interés superior del menor ha de operar como contrapeso de los derechos de cada progenitor (SSTC 106/2022, de 13 de septiembre, FJ 2, y 176/2008, de 22 de diciembre, FJ 6). Y ello se predica tanto de la toma de decisiones provisionales, en el marco de la adopción de medidas cautelares, como en la adopción de decisiones definitivas».

2.-La jurisprudencia de esta sala, a partir de la sentencia 680/2015, de 26 de noviembre, estableció como doctrina «que el juez o tribunal podrá suspender el régimen de visitas del menor con el progenitor condenado por delito de maltrato con su cónyuge o pareja y/o por delito de maltrato con el menor o con otro de los hijos, valorando los factores de riesgo existentes».

3.-Desde entonces, han sido numerosas las sentencias que se han pronunciado sobre la aplicación de los criterios que se extraen del marco normativo y jurisprudencial que ha quedado expuesto a las singularidades de cada caso concreto.

3.1.La sentencia 1413/2025, de 13 de octubre, recuerda el deber de motivación judicial reforzada por afectación del interés superior del menor y estima el recurso de la madre, por falta de audiencia de una de las menores que ya había cumplido 12 años y porque en el caso concreto se apreció que la sentencia recurrida vulneraba el interés superior de los menores en el sentido de:

«[...] establecer el régimen de visitas sin realizar un razonamiento riguroso sobre si las visitas son beneficiosas para los menores, atendiendo a las concretas circunstancias concurrentes, y sin valorar tampoco los hechos nuevos posteriores a la sentencia de primera instancia y que son de gran relevancia, como es un nuevo procedimiento por violencia de género ejercida sobre los niños, con insultos y amenazas, y que ha provocado que se dictara una orden de protección con medidas civiles consistentes en la suspensión de las visitas acordadas por entender que los menores se encuentran en situación objetiva de riesgo y que tal medida es necesaria para su protección».

3.2.La sentencia 1215/2025, de 16 de septiembre, al asumir la instancia tras apreciar que la motivación de la sentencia recurrida no cumplía el canon reforzado exigible, consideró que era preferible para el interés del menor fijar un régimen de visitas, en un caso en el que, pese a la alegación por la madre de múltiples episodios y denuncias por violencia de género, existía una única manifestación constatada de tal violencia cuando no había nacido el menor, no existía constatación de que permaneciera latente o enquistada una situación de violencia de género, y el resto de circunstancias (órdenes de búsqueda y detención contra el demandado y antecedentes penales por delitos ajenos a la violencia de género y de una considerable antigüedad, consumo de hachís, en absoluto deseable, pero que no afectaba de forma peyorativa a las relaciones con el menor ni suponía una situación de riesgo real y efectiva para éste, edad del menor -6 años- e inexistencia de indicios de manifestación de violencia vicaria) no eran suficientes para excepcionar la regla general según la cual el régimen de comunicación entre padres e hijos constituye el interés de los menores salvo excepciones que justifiquen su suspensión. Sobre la importancia de mantener el vínculo afectivo, la sentencia razonó:

«Esta sala ha destacado la importancia que tiene la fijación del régimen de comunicación entre los progenitores y sus hijos como mecanismo para mantener los lazos de unión y afectividad inherentes a las relaciones parentales ( STS 1149/2024, de 18 de septiembre). Es, por otra parte, un derecho de doble titularidad, al que se refiere la STC 176/2008, de 22 de diciembre, en los términos siguientes:

»[d]ebe tenerse presente que la comunicación y visitas del progenitor que no ostenta la guarda y custodia permanente del hijo menor de edad se configura por el art. 94 del Código Civil como un derecho del que aquél podrá gozar en los términos que se señalen judicialmente, pero sin que pueda sufrir limitación o suspensión salvo "graves circunstancias que así lo aconsejen o se incumplieren grave o reiteradamente los deberes impuestos por la resolución judicial". Se trata, en realidad, de un derecho tanto del progenitor como del hijo, al ser manifestación del vínculo filial que une a ambos y contribuir al desarrollo de la personalidad afectiva de cada uno de ellos».

»En definitiva, como señalamos en la STS 373/2013, de 31 de enero, cuya doctrina se ratifica en las SSTS 1149/2024, de 18 de septiembre y 1695/2024, de 17 de diciembre:

»"[d]ebe asegurarse que tanto la función paterna como la materna estén garantizadas, porque ambas funciones precisa el niño para el desarrollo emocional. El niño no puede ver cortada la relación y comunicación con personas que le son próximas humana y afectivamente por causa de las diferencias entre dichas personas".

»También, se ha manifestado en tal sentido la STS 106/2022, de 13 de setiembre (FJ 2), cuando sostiene que:

»"[d]ebe tenerse presente que la comunicación y visitas del progenitor que no ostenta la guarda y custodia permanente del hijo menor de edad se configura por el art. 94 del Código civil como un derecho del que aquel podrá gozar en los términos que se señalen judicialmente" ( STC 176/2008, de 22 de diciembre, FJ 5). En el mismo fundamento de esta sentencia hemos referido que "los instrumentos jurídicos internacionales sobre protección de menores, integrados en nuestro ordenamiento ex art. 10.2 CE y por expresa remisión de la propia Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, sobre protección jurídica del menor (art. 3), contemplan el reconocimiento del derecho a la comunicación del progenitor con el hijo como un derecho básico de este último, salvo que en razón a su propio interés tuviera que acordarse otra cosa".

» Señala la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que la «[d]esintegración de una familia constituye una medida muy grave que debe reposar en consideraciones inspiradas en el interés del niño y tener bastante peso y solidez» ( STEDH de 13 de julio de 2000, asunto Scozzari y Giunta c. Italia, § 148). También, ha sostenido, en numerosas ocasiones, que «[e]l artículo 8 implica el derecho de un progenitor, a medidas propias para reunirse con su hijo y la obligación de las autoridades a tomarlas» ( SSTEDH de 22 de junio de 1989, asunto Eriksson c. Suecia, § 71, y de 27 de noviembre de 1992, asunto Olsson c. Suecia, § 90).

»Constituye, pues, interés del niño que los lazos con su familia deben mantenerse, excepto en los casos en los que la familia o alguno de los progenitores resulten contraproducentes para el ulterior desarrollo de la personalidad del menor. De ello se infiere que los lazos familiares solo pueden romperse en circunstancias muy excepcionales y que se debe hacer todo lo posible para mantener las relaciones personales y, en su caso, si llega el momento, «reconstruir» la familia ( SSTEDH de 19 de septiembre de 2000, asunto Gnahoré c. Francia, § 59, y de 6 de septiembre de 2018, asunto Jansen c. Noruega, § 88-93).

»En cualquier caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en los asuntos Gnahoré c. Francia, § 59, y Jansen c. Noruega, § 88 a 93 ( SSTEDH de 19 de septiembre de 2000 y de 6 de septiembre de 2018), ha considerado con insistencia de que solo excepcionalmente estaría justificado el cese absoluto de dichas relaciones en casos cuya gravedad o especial naturaleza o circunstancias concurrentes lo aconsejaren».

3.3.La sentencia 729/2025, de 12 de mayo, desestimó el recurso del Fiscal contra la sentencia que había establecido un régimen de visitas tutelado en un punto de encuentro familiar. Constaba en el caso una sentencia, no firme, en la que se condenaba al padre por un delito de malos tratos en el ámbito familiar del art. 153.1 y 3 CP y en los hechos probados se declaró que los hechos se produjeron en presencia de la hija menor. La Audiencia había justificado su decisión con apoyo en el siguiente razonamiento:

«Pues bien, en este caso esta Sección y, exclusivamente por el bien de la menor, entiende que el régimen de visitas ha de restablecerse, ya que si se mantuviera en suspenso por una sentencia dictada en el ámbito de la violencia de género que afecta a la progenitora materna, no a la niña, y que no es firme, supone cortar toda relación entre la niña y su padre, causándose un perjuicio irreparable cuando además las visitas en sede de medidas provisionales ya se hacían en un Punto de Encuentro Familiar y supervisadas, lo que dota de garantía a la reunión familiar».

En la desestimación del recurso tuvimos en cuenta que la madre no había recurrido la sentencia y que la motivación ofrecida en ella no se apartaba de la jurisprudencia de esta sala ni la doctrina del TC por estas razones:

«porque no obvia las repercusiones que pueden tener para los niños la exposición a situaciones de violencia de género, tanto cuando son víctimas directas como cuando el acto por el que está condenado el padre, según dice la sentencia recurrida, por sentencia no firme, tuvo lugar contra la madre en presencia de la niña [...]. Por el contrario, pondera lo que es mejor para la situación y el desarrollo de la niña. La sentencia argumenta que por el bien de la menor las vistas deben restablecerse, ya que mantenerlas en suspenso por una sentencia dictada en el ámbito de la violencia de género que afecta a la madre y no a la niña y que no es firme suponía cortar toda relación entre la niña y su padre, causándose un perjuicio irreparable, lo que podía evitarse mediante un sistema de comunicación limitado y tutelado, sometido a una evaluación».

3.4.En el caso de la sentencia 244/2025, de 14 de febrero, el recurso de la madre solo impugnaba los términos concretos del régimen de visitas, establecido por la Audiencia como un modelo convencional -fines de semana alternos y mitad de vacaciones, sin supervisión de profesionales-, pese a la existencia de una sentencia penal que condenó al padre como autor de un delito de maltrato en el ámbito de la violencia de género y otro de lesiones, recurso que fue estimado porque el interés superior de la menor en ese caso quedaba mejor atendido con el establecimiento de un régimen progresivo y tutelado.

3.5.La sentencia 1695/2024, de 17 de diciembre, anuló la resolución de la Audiencia que había fijado un régimen de visitas porque en la conducta observada por el padre, condenado por dos delitos de violencia de género, uno de maltrato habitual y otro de amenazas contra su esposa, los hijos habían sido testigos presenciales de los hechos acaecidos, en un escenario de violentos episodios que se desarrollaron durante un dilatado periodo de tiempo (entre 2007 y 2021), con insultos y vejaciones hacia la madre, que continuaban tras la separación física de los padres con manifestaciones ulteriores de desprecio hacia la madre.

3.6.La sentencia 915/2024, de 26 de junio, dejó sin efecto el régimen de visitas establecido por la audiencia provincial, en un caso en el que la condena penal por tres delitos relacionados con la violencia de género ponía de manifiesto una situación de humillación continua de la esposa durante los 15 años que había durado la convivencia en una modalidad de maltrato habitual presenciado por los menores, que sufrieron de forma directa el impacto psicológico negativo de las agresiones físicas y morales que el padre ejerció con reiteración sobre la madre y que, además, fueron instrumentalizados por el padre como componentes de la violencia ejercida sobre la que fue su mujer, a la que amenazaba con frecuencia con quitarle a los niños. Se valoró, además, que el padre, consumidor habitual de alcohol y hachís y con evidentes carencias para asumir sus deberes afectivos, no había interiorizado las consecuencias de su conducta y los daños que generó su comportamiento a sus propios hijos. Estaba acreditada, además, la existencia de malos tratos psíquicos con respecto a los menores, a los que el padre profería comentarios despectivos y humillantes.

En estas circunstancias, la sentencia 915/2024, de 26 de junio, con cita de la sentencia 379/2024, de 14 de marzo, recordó:

«Difícilmente, cabe rebatir que la infancia conforma un periodo fundamental en el devenir de las personas -la vida es lo que hacemos y nos pasa-, de ahí la importancia que alcanza contar con un adecuado sistema jurídico de protección con raíces constitucionales en el art. 10.1 de la Carta Magna, en cuanto reconoce el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y, en el art. 39, que proclama la protección integral de los hijos. El principio del interés superior del menor debe ser satisfecho, en primer término, por sus progenitores, como así resulta de lo dispuesto en el art. 39.3 CE [...]; ahora bien, en los supuestos en que dicho interés no sea debidamente satisfecho en el ámbito estrictamente familiar, transciende a los poderes públicos tanto administrativos como judiciales que deberán velar de que aquel sea respetado; en este sentido, proclama el art. 39.2 de la CE que "los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia", de manera que están obligados a intervenir en situaciones de desatención o incumplimiento de las más elementales responsabilidades parentales. En definitiva, nuestra Constitución se inspira en un sistema mixto para brindar la protección del menor. [....] Este sistema tuitivo reconocido en las leyes exige que el menor cuente con un entorno favorable que posibilite su desarrollo en los ámbitos emocionales, intelectuales y sociales, sin que se vea inmerso en un escenario perjudicial para su futura integración en el mundo de los adultos, con las secuelas que le puedan generar amargas experiencias sufridas en el desarrollo futuro de su personalidad.

[....]

»Es necesario, por consiguiente, preservar a los menores a la exposición de situaciones de riesgo cara a una deseada inserción futura en el mundo de los adultos, sin repercusiones peyorativas provenientes de las situaciones vividas. Todo ello sin perder además la perspectiva de que los niños y las niñas son titulares de derechos, no simples personas objeto de protección jurídica, y, como tales, indiscutibles beneficiarios de todos los derechos humanos ( STC 99/2019, de 18 de julio, FJ 5)».

3.7.La sentencia 379/2024, de 14 de marzo, estimó el recurso de casación de la madre contra la sentencia que había fijado un régimen de visitas con uno de los tres hijos habidos del matrimonio, en un caso en el que se había dictado un auto de procesamiento contra el padre por presuntos abusos sexuales de una de sus hijas y existía además una condena firme por un delito de amenazas en el ámbito familiar y como otro delito leve de injurias.

3.8.La STS 625/2022, de 26 de septiembre, resaltó la necesidad de «preservar a los menores a la exposición de situaciones de riesgo cara a una deseada inserción futura en el mundo de los adultos, sin repercusiones peyorativas provenientes de las situaciones vividas». En ella se incide en la idea que el menor, como individuo en formación con una personalidad en desarrollo que es necesario preservar, precisa de una protección especial y en la consideración -con cita de muchas otras sentencias de esta sala, como las sentencias 705/2021, de 19 de octubre y 729/2021, de 27 de octubre, y del TC como las STC 81/2021, de 19 de abril y 113/2021, de 31 de mayo- de la protección del interés de los menores como un verdadero principio de orden público, que no está al mismo nivel que el de los otros intereses concurrentes, sino que ocupa un lugar superior y preferente desde el que resolver los conflictos de derechos que puedan afectar a los niños. Así, el interés preferente de los menores puede justificar la limitación y suspensión del régimen de comunicación entre padres e hijos.

SEXTO.- Ponderación del interés superior del menor en el caso concreto. Estimación parcial del recurso de casación.

1.-El resumen expuesto en el fundamento de derecho anterior pone de manifiesto que como hemos razonado, entre otras, en la sentencia 915/2024, de 24 de junio, con remisión a la doctrina del TC, para valorar qué es lo que resulta más beneficioso para el menor, «ha de atenderse especialmente a las circunstancias concretas del caso, pues no hay dos supuestos iguales, ni puede establecerse un criterio apriorístico sobre cuál sea su mayor beneficio ( SSTC 178/2020, de 14 de diciembre, FJ 3 y 81/2021, de 19 de abril, FJ 2)». En el mismo sentido, en la sentencia 281/2023, de 21 de febrero, con cita de la sentencia 984/2023, de 20 de junio, puntualizamos que:

«Otra premisa de la que necesariamente hemos de partir es la de que el interés del menor difícilmente puede concebirse, desde un punto de vista estrictamente abstracto o general, mediante una simple especulación intelectual que prescinda del concreto examen del contexto en que se manifiesta. O dicho de otro modo, no puede fijarse a priori para cualquier menor, sino que debe ser apreciado con relación a un menor determinado en unas concretas circunstancias.

»Como dice la sentencia de esta sala 444/2015, de 14 de julio, cuya doctrina reproduce expresamente la STS 720/2022, de 2 de noviembre:

»"El interés que se valora es el de unos menores perfectamente individualizados, con nombres y apellidos, que han crecido y se han desarrollado en un determinado entorno familiar, social y económico que debe mantenerse en lo posible, si ello les es beneficioso ( STS 13 de febrero 2015). El interés en abstracto no basta ni puede ser interpretado desde el punto de vista de la familia biológica, sino desde el propio interés del menor"».

2.-Las circunstancias acreditadas en este caso concreto nos llevan a considerar que la mejor forma de proteger el interés superior de Hugo es el establecimiento de un régimen de visitas con su padre en un entorno controlado y supervisado, con posibilidad de progresión, siempre con el necesario control judicial. El recurso de casación solo puede ser estimado en este último extremo, pues como ahora veremos la sentencia recurrida no asegura debidamente dicho control, y no en la petición principal de la supresión del régimen de visitas. Llegamos a esta conclusión a través de los siguientes argumentos:

i)Las circunstancias que resultan de los hechos probados se asemejan más al grupo de casos que han mantenido o establecido un régimen de visitas, pese a la existencia de una condena por delitos relacionados con la violencia de género, que al grupo de casos contrario.

ii)La Audiencia, aún de forma sucinta, cumple el canon reforzado de motivación y explica por qué razón considera que la protección del interés de Hugo precisa del establecimiento de un régimen de visitas con el padre. En efecto, motivó esta decisión por remisión al informe psicosocial, ratificado en el acto del juicio, en el que los profesionales que lo elaboraron recomendaban un régimen de visitas tuteladas en el punto de encuentro familiar y el restablecimiento de la relación paternofilial. La sentencia recurrida tuvo en cuenta, además, la corta edad del niño, que en la fecha de su dictado tenía 4 años, y el largo periodo sin contacto con su padre, desde el 29 de junio de 2022, lo que consideró especialmente relevante, pese a la existencia del proceso penal en marcha, porque dicha recomendación se había realizado teniendo ya conocimiento de las actuaciones penales, y por tanto de las órdenes de alejamiento fijadas por el Juzgado de Instrucción y ratificadas por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

iii)El informe psicosocial en el que se basa la sentencia para establecer el régimen de visitas que se discute en el recurso fue emitido el 12 de febrero de 2024 y entendemos que, contrariamente a lo que sostiene el recurso, sí tuvo en cuenta la tramitación del proceso penal, al que se refiere en varios pasajes.

El informe recoge los discursos contradictorios de los progenitores sobre los problemas surgidos durante la convivencia, así como acerca de los hechos que dieron lugar a la denuncia por violencia de género, y del nivel de implicación y de responsabilidad de ambos en las tareas de atención y cuidados del niño cuando aún convivían.

En la entrevista con D.ª Lina, esta refirió gritos y discusiones durante la convivencia, y una única agresión física, que fue la que motivó la incoación del proceso penal y que, aunque comprendía que el padre tenía derecho a ver a su hijo, manifestaba rechazo y preocupación por las posibles reacciones adversas de este con el menor.

D. Alexander, por su parte, relató estar afectado emocionalmente por el tiempo transcurrido sin ver a su hijo y expresó su deseo de retomar el contacto con él. Informó que desde hacía aproximadamente un mes y medio se había iniciado un régimen de visitas con los abuelos paternos en el punto de encuentro familiar (PEF), pero que dicho régimen estaba siendo incumplido por la madre.

En las pruebas realizadas por el equipo psicosocial, ambos progenitores tuvieron una puntuación muy elevada en el índice de deseabilidad social, lo que sugería, a juicio de los profesionales, que habían respondido a los ítems de las pruebas intentando dar una imagen excesivamente positiva de sí mismos, con una marcada tendencia a la ocultación y disimulación de debilidades o de comportamientos que podrían considerarse socialmente inadecuados, de forma que los perfiles obtenidos muy probablemente estuvieran reflejando en ambos casos una imagen poco ajustada a la realidad. No obstante, en la valoración de los factores de segundo orden y del factor adicional, el informe apunta que el padre no tendría problemas a la hora de poder afrontar el cuidado de su hijo, de cubrir sus necesidades afectivas y de proporcionarle la atención necesaria para favorecer su normal desarrollo, aunque por las razones apuntadas este resultado tenga que ser interpretado con cautela. El informe no detectó alteraciones de la personalidad ni otros trastornos psicopatológicos del padre.

El informe también destacó la alta conflictividad entre los progenitores y las discrepancias respecto al inicio de los contactos paternofiliales, y cómo el menor no poseía, por su corta edad, los recursos personales suficientes para hacer frente a esta situación sin el apoyo y el acompañamiento de sus figuras afectivas de referencia, sus padres, lo que suponía una situación de riesgo que, de no resolverse adecuadamente, puede comprometer el normal desarrollo biopsicosocial del menor.

Es muy significativa la información aportada por el centro educativo al que asiste Hugo, de la que se desprende que el primer año de la ruptura de la convivencia (curso académico 2022/2023) el niño hacía referencia a sus progenitores de forma siempre positiva, manifestaba «que su papá se había ido de viaje», mostraba cierta añoranza por su ausencia y exteriorizaba su alegría cuando el abuelo paterno intentaba verlo a través de un ventanal del colegio. Sin embargo, ya en el curso siguiente, Hugo dejó de hacer referencia a su padre incluso, dice literalmente el informe, con alusiones «a la inexistencia de dicho progenitor, utilizando expresiones y razonamientos impropios de un menor de su edad».

Apreciamos, por ello, un riesgo grave y cierto de que el paso del tiempo cronifique la ruptura del vínculo afectivo entre el menor y su padre y que convierta la relación paternofilial en algo irrecuperable.

iv)Sin restar ni un ápice de gravedad a la condena por un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género, también hemos de tener en cuenta que los hechos sucedieron, según la propia denuncia, en un contexto muy concreto, la comunicación de la decisión de la madre de divorciarse, y que se trata de un hecho aislado, pues la sentencia absolvió al Sr. Alexander de los dos delitos de amenazas y del delito de quebrantamiento de medida cautelar del de los que también había sido acusado. Los hechos que motivaron la condena no fueron presenciados por el menor, no se han repetido, ni se aprecia un contexto favorable a la reproducción de este tipo de conductas. Según el propio informe psicosocial, D.ª Lina se muestra emocionalmente estable y no manifiesta sentimientos de tristeza, desánimo ni afectación en su normal desenvolvimiento diario. Por su parte, D. Alexander, aunque refiere estar afectado emocionalmente por el largo tiempo transcurrido sin ver a su hijo, no muestra ninguna dependencia emocional respecto a D.ª Lina.

v)Aunque se ha considerado probado que las medidas cautelares de prohibición de acercamiento afectaban tanto a la madre como al hijo, ya que así lo refiere la sentencia de primera instancia y ninguna de las partes ha controvertido este hecho, lo cierto es que la medida establecida en la sentencia penal condenatoria se refiere única y exclusivamente a D.ª Lina, y no hace ninguna referencia a la relación con Hugo, limitándose a remitir el oportuno testimonio al Juzgado Decano de Jaén, a los efectos, en su caso, del art. 94 CC.

No resulta, pues, de aplicación al menor el art. 48.2 CP, que establece lo siguiente:

«[l]a prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, impide al penado acercarse a ellos, en cualquier lugar donde se encuentren, así como acercarse a su domicilio, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ellos, quedando en suspenso, respecto de los hijos, el régimen de visitas, comunicación y estancia que, en su caso, se hubiere reconocido en sentencia civil hasta el total cumplimiento de esta pena».

En efecto, la sentencia penal no hace ninguna referencia a la prohibición del padre de aproximarse a su hijo y difiere, como no podía ser de otra manera, a la jurisdicción civil, la decisión sobre el establecimiento o no de un régimen de visitas.

vi)La sentencia condenatoria adquirió firmeza el 12 de noviembre de 2025 y, aunque según la consulta del SIRAJ tanto la pena privativa de libertad como la prohibición de comunicación y acercamiento estaban pendientes de cumplimiento, debemos tener en cuenta también -pese a no disponer de información sobre la eventual liquidación de la condena- que la medida de prohibición de acercamiento comenzó a ser cumplida, con el carácter de medida cautelar, el 29 de julio de 2022, por lo que es muy posible que la vigencia de haya finalizado en torno al 29 de julio de 2025, puesto que la sentencia penal establece explícitamente la necesidad de computar el período de cumplimiento de la medida previo a dicha sentencia.

vii)No constan otros antecedentes penales del Sr. Alexander, por lo que es previsible que el cumplimiento de la pena privativa de libertad de 11 meses de duración no obligue necesariamente a su ingreso en prisión ( art. 80 CP, sobre suspensión de la ejecución de penas de prisión no superiores a dos años).

viii)No compartimos el enfoque del recurso, cuando afirma que la sentencia recurrida no ha ponderado adecuadamente el efecto del mantenimiento ininterrumpido de las medidas penales durante dos años y la ausencia de cualquier contacto entre padre e hijo durante un periodo tan prolongado. Tampoco estamos de acuerdo en que no existan indicios que sustenten el beneficio para el menor en reactivar el contacto con su padre.

Como hemos explicado en otras sentencias, reseñadas en el fundamento de derecho anterior, no podemos obviar la importancia que tiene la fijación del régimen de comunicación entre los progenitores y sus hijos como mecanismo para mantener los lazos de unión y afectividad inherentes a las relaciones parentales, ni tampoco que los regímenes de comunicación y visitas se configuran como un derecho de doble titularidad, en el sentido de que se trata de un derecho tanto del progenitor como del hijo, pues se trata de la manifestación del vínculo filial que une a ambos y que contribuye al desarrollo de la personalidad afectiva de cada uno de ellos.

También hemos destacado la necesidad de asegurar que tanto la función paterna como la materna estén garantizadas, porque ambas funciones son imprescindibles para el desarrollo emocional de los niños y niñas. El art. 3 LOPJM reconoce el derecho a la comunicación del progenitor con el hijo como un derecho básico de este último, salvo que en razón a su propio interés tuviera que acordarse otra cosa. Y hemos aplicado reiteradamente la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según la cual: (a) la «[d]esintegración de una familia constituye una medida muy grave que debe reposar en consideraciones inspiradas en el interés del niño y tener bastante peso y solidez» ( STEDH de 13 de julio de 2000, asunto Scozzari y Giunta c. Italia, § 148); (b) «[e]l art. 8 implica el derecho de un progenitor, a medidas propias para reunirse con su hijo y la obligación de las autoridades a tomarlas» ( SSTEDH de 22 de junio de 1989, asunto Eriksson c. Suecia, § 71, y de 27 de noviembre de 1992, asunto Olsson c. Suecia, § 90); (c) los lazos familiares solo pueden romperse en circunstancias muy excepcionales y debe hacerse todo lo posible para mantener las relaciones personales y, en su caso, si llega el momento, «reconstruir» la familia ( SSTEDH de 19 de septiembre de 2000, asunto Gnahoré c. Francia, § 59, y de 6 de septiembre de 2018, asunto Jansen c. Noruega, § 88-93); y (d) solo excepcionalmente estaría justificado el cese absoluto de dichas relaciones en casos cuya gravedad o especial naturaleza o circunstancias concurrentes lo aconsejaren ( SSTEDH de 19 de septiembre de 2000 y de 6 de septiembre de 2018, asuntos Gnahoré c. Francia, § 59, y Jansen c. Noruega, § 88 a 93).

3.-El paso del tiempo afecta inexorablemente a los efectos de los hechos punibles, en el sentido indicado, y también abona la dificultad de recuperar el vínculo paternofilial entre padre e hijo, ahora que previsiblemente los efectos de la sentencia penal no tendrán ninguna incidencia práctica en las circunstancias vitales del padre. Por todo ello, en este momento, la protección del interés superior de Hugo pasa por el mantenimiento del régimen de visitas establecido en la sentencia recurrida, y en este punto central el recurso de casación no puede ser estimado.

4.-Ahora bien, como explicamos en la sentencia 1215/2025, de 16 de septiembre (y en las precedentes sentencias 33/2024, de 11 de enero, y 1149/2024, de 18 de septiembre), el régimen de visitas no puede quedar establecido en unos términos tan indeterminados como los que fija la sentencia recurrida, sino que debe ser sometido a un efectivo control judicial, con la posibilidad, en su caso, de dejar sin efecto la comunicación entre padre e hijo en el caso de incumplimiento de la presente resolución judicial, así como en atención a la evolución del comportamiento del padre y sus relaciones con su hijo menor.

No es posible dejar en manos de los técnicos del punto de encuentro familiar o del equipo técnico familiar los términos concretos del régimen de visitas, que se desarrollaría en tal caso sin un efectivo y real control judicial. Por ello, procede estimar parcialmente en este punto el recurso de casación y establecer los siguientes criterios de determinación del régimen de visitas:

i)Durante los primeros seis meses el padre podrá estar con el niño durante dos horas los sábados. Tales visitas se desarrollarán en el punto de encuentro más próximo, que fijará el horario según lo requiera el servicio.

ii)Pasados los seis meses, o antes si la evolución fuese satisfactoria, se aumentará ese tiempo, a criterio de los profesionales del punto de encuentro, durante otros seis meses, con la correspondiente comunicación al juzgado. Dicha relación se llevará a efecto en los locales del punto de encuentro.

iii)Transcurrida esta segunda fase, el régimen de visitas será judicialmente determinado previa audiencia de las partes, con la práctica, de considerarse necesario, de los correlativos informes psicosociales y otras pruebas aportadas para evaluar la situación existente, y configurar, mediante resolución judicial, en trámite de ejecución de sentencia, con la celeridad que impone la efectividad de una medida de tal clase, la ampliación del régimen de visitas del padre con su hijo, hasta que pueda normalizarse la situación a través de un régimen convencional de visitas, si procede.

iv)Previa audiencia de las partes y mediante resolución judicial ad hocpodrá dejarse sin efecto la comunicación entre padre e hijo en el caso de incumplimiento por el padre del régimen fijado, y también en atención a la evolución del comportamiento del padre y sus relaciones con su hijo menor, si se advirtiera un riesgo serio, grave y continuado para el bienestar del niño.

SÉPTIMO.-Costas

Tratándose de un recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal que además ha sido estimado parcialmente, no procede hacer pronunciamiento sobre las costas procesales.