Sentencia Civil 1377/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 4012/2021 de 03 de octubre del 2025

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

El 10 de noviembre de 2005, Urbanización Bonmont Terres Noves S.L.U. concertó un préstamo con garantía hipotecaria sobre trece inmuebles de su propiedad con la entidad Banco Sabadell.

Ante el impago de varias cuotas mensuales, el banco instó la ejecución hipotecaria que dio origen al procedimiento de Ejecución Hipotecaria núm. 691/16, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Reus. El despacho ejecución se hizo por auto de 19 de abril de 2017.

El 27 de junio de 2016, Banco Sabadell cedió su crédito a Pirene Issuer Holdings Designated Activity Company.

Urbanización Bonmont Terres Noves S.L.U. fue declarada en concurso de acreedores por auto de 19 de septiembre de 2017. En el listado provisional de acreedores presentado con el informe de la administración concursal (de 21 de noviembre de 2017) no aparecía Pirene Issuer Holdings Designated Activity Company. Pero el 14 de diciembre de 2017, Pirene Issuer Holdings Designated Activity Company comunicó a la administración concursal su condición de acreedora por cesión y señaló que su crédito, a la fecha de la declaración del concurso, ascendía a 3.289,804,76 euros: 3.248.524,52 euros de principal, 35.148,97 euros de intereses ordinarios y 6.131,27 euros de intereses de demora.

En los textos definitivos (julio de 2018), la administración concursal incluyó en la lista de acreedores un crédito a favor de Pirene Issuer Holdings Designated Activity Company, por un importe de 3.283.673,49 euros, que calificaba del siguiente modo: 1.814.144,12 euros como crédito privilegio especial, en atención al valor de la garantía; y el restante 1.463.398,10 euros como crédito ordinario y 6.131,27 euros como crédito subordinado.

El importe obtenido por la venta directa de los bienes hipotecados, autorizada judicialmente, ascendía a 2.354.221 euros.

2.En la demanda que inició el presente procedimiento, Pirene Issuer Holdings Designated Activity Company (en adelante, Pirene) impugnó la lista definitiva de acreedores porque debía reconocerse a todo su crédito de 3.289,804,76 euros la clasificación de crédito concursal con privilegio especial, al tiempo que debía aplicarse al pago de este crédito el importe obtenido con la venta de los bienes hipotecados (2.354.221 euros).

3.La sentencia de primera instancia desestimó íntegramente la demanda. Entendió que la referencia que el art. 155.5 LC hacía a la deuda originaria («En los supuestos de realización de bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial previstos en este artículo, el acreedor privilegiado hará suyo el montante resultante de la realización en cantidad que no exceda de la deuda originaria...») equivalía al valor de la garantía que se preveía en el art. 94.5 LC, en relación con el art. 90.3 LC. Razón por la cual, de lo obtenido con la realización de los bienes hipotecados, el acreedor hipotecario sólo tenía derecho a cobrar el importe de 1.814.144,12 euros, en que se cuantificó el valor de la garantía.

4.La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por Pirene y la Audiencia desestima el recurso. La sentencia de apelación, en lo que ahora interesa, razona que «la norma concursal (el art. 94.5 LC en relación con el art. 90.3 LC) establece expresamente qué parte del crédito garantizado con la hipoteca sobre bienes inmuebles tiene la consideración de privilegiado especial, señalando que es solo aquel que está cubierto por el valor de la respectiva garantía, estableciendo que el resto del crédito se calificara en atención a su naturaleza, bien como ordinario o bien como subordinado». Consiguientemente, a juicio de la Audiencia, si el valor de la garantía se había tasado en 1.814.144,12 euros, este era el importe máximo que el acreedor hipotecario tenía derecho a cobrar de lo obtenido con la realización de los bienes hipotecados.

5.La sentencia de apelación ha sido recurrida en casación por Pirene, sobre la base de un único motivo.

SEGUNDO. Recurso de casación

1.Formulación del motivo. El motivo denuncia la infracción del artículo 155.5 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal (ahora artículo 213 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal), y se opone jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el límite del importe a abonar al acreedor privilegiado en caso de enajenación del bien afecto a la garantía, establecida en las sentencias 227/2019, de 11 de abril y 112/2019, de 20 de febrero.

2. Resolución del tribunal. Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

No se cuestiona que la normativa aplicable es la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en la versión que resultó tras la reforma introducida por la ley 9/2015, de 25 de mayo. Bajo esta legislación, el crédito de un acreedor hipotecario, en el concurso de su deudor hipotecante, merecía la clasificación de crédito con privilegio especial hasta el valor de la garantía que conste en la lista de acreedores ( art. 90.3 LC), que se calculaba de acuerdo con lo previsto en el art. 94.5 LC. En lo que excediera de este valor, debía clasificarse según su naturaleza.

En este caso, la garantía hipotecaria había sido valorada en 1.814.144,12 euros, por lo que, en principio, la clasificación de crédito con privilegio especial debía ajustarse a este importe, y el resto clasificarse según su naturaleza.

Pero esta clasificación, que cumple una función esencial en el caso en que se opte por el convenio de acreedores, para poder calcular las mayorías exigidas por la ley para la aceptación del convenio y, una vez aprobado, precisar la extensión de efectos del convenio, no es incompatible con la regla prevista en el art. 155.5 LC, que en caso de realización de los bienes hipotecados, reconoce al acreedor hipotecario el derecho a hacerse pago de su crédito con el importe obtenido con la realización «en cantidad que no exceda de la deuda originaria». Esta sala, en su sentencia 227/2019, de 11 de abril, interpretó este precepto en el sentido de que «la deuda originaria es la cubierta por la garantía, teniendo en cuenta que no incluye los intereses moratorios posteriores a la declaración de concurso, porque no se habrían devengado».

Y esta interpretación ha sido asumida en el texto refundido de 2020, en el art. 213, cuando después de prescribir lo que se contenía antes en el art. 155.5 LC («cualquiera que sea el modo de realización de los bienes afectos, el acreedor privilegiado tendrá derecho a recibir el importe resultante de la realización del bien o derecho en cantidad que no exceda de la deuda originaria»), apostilla a continuación: «cualquiera que fuere el valor atribuido en el inventario, conforme a lo establecido en esta ley, al bien o derecho sobre el que se hubiera constituido la garantía». Con ello se remarca que el valor de la garantía, que determina la clasificación del crédito con privilegio especial, no limita el derecho que el acreedor tiene a cobrar su crédito con cargo lo obtenido con la realización del bien.

En un caso como el presente, en el que al tiempo de formulación de los textos definitivos, ya se había realizado la garantía hipotecaria sobre las 13 fincas mediante una venta directa con autorización judicial, de la que se obtuvo la suma de 2.354.221 euros, el acreedor hipotecario, por una parte, tenía derecho a que ese importe se aplicara a satisfacer su crédito hipotecario hasta esa suma, quedando el resto sujeto al orden de pago que le correspondiera conforme a la clasificación del crédito que le correspondiera en función de su naturaleza. Y por otra parte, como al tiempo de elaborarse la lista de acreedores los bienes hipotecados ya habían sido realizados, la regla prevista en el art. 90.3 LC, en relación con el art. 94.5 LC, para determinar el valor de la garantía carecía de sentido, pues ese valor en ese momento ya se conocía con exactitud, al coincidir con el importe obtenido con la realización de esos bienes (2.354.221 euros). De este modo, procedía clasificar el crédito de Pirene como crédito con privilegio especial, hasta este importe, y al resto le correspondía la clasificación que correspondiera con arreglo a la naturaleza de los créditos: el principal no cubierto por la garantía, como crédito ordinario y el correspondiente a los intereses como subordinado del art. 92.3º LC.

3.Procede pues la estimación del recurso de casación, dejar sin efecto la sentencia de apelación y, al asumir la instancia, estimar el recurso de apelación por las mismas razones aducidas en el apartado anterior, en el sentido de estimar en parte la demanda, en cuanto que se reconoce el derecho de la demandante (Pirene) a que su crédito hipotecario de 3.283.673,49 euros sea satisfecho con cargo a lo obtenido por la realización de las fincas hipotecadas (2.354.221 euros), debiendo satisfacerse el resto de acuerdo con la clasificación que corresponda a su naturaleza.

TERCERO. Costas

1.Estimado el recurso de casación, no hacemos expresa condena en costas ( art. 398.2 LEC) , con devolución del depósito constituido para recurrir, de conformidad con la Disposición Adicional 15.ª, apartado 8.ª, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

2.La estimación del recurso de casación, supone la estimación del recurso de apelación, razón por la cual tampoco hacemos condena de las costas de este recurso ( art. 398.2 LEC) .

3.La estimación del recurso de apelación ha supuesto que en primera instancia las pretensiones de las partes hayan sido estimadas en parte, motivo por el cual no hacemos expresa condena en costas ( art. 394 LEC) .

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

El 10 de noviembre de 2005, Urbanización Bonmont Terres Noves S.L.U. concertó un préstamo con garantía hipotecaria sobre trece inmuebles de su propiedad con la entidad Banco Sabadell.

Ante el impago de varias cuotas mensuales, el banco instó la ejecución hipotecaria que dio origen al procedimiento de Ejecución Hipotecaria núm. 691/16, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Reus. El despacho ejecución se hizo por auto de 19 de abril de 2017.

El 27 de junio de 2016, Banco Sabadell cedió su crédito a Pirene Issuer Holdings Designated Activity Company.

Urbanización Bonmont Terres Noves S.L.U. fue declarada en concurso de acreedores por auto de 19 de septiembre de 2017. En el listado provisional de acreedores presentado con el informe de la administración concursal (de 21 de noviembre de 2017) no aparecía Pirene Issuer Holdings Designated Activity Company. Pero el 14 de diciembre de 2017, Pirene Issuer Holdings Designated Activity Company comunicó a la administración concursal su condición de acreedora por cesión y señaló que su crédito, a la fecha de la declaración del concurso, ascendía a 3.289,804,76 euros: 3.248.524,52 euros de principal, 35.148,97 euros de intereses ordinarios y 6.131,27 euros de intereses de demora.

En los textos definitivos (julio de 2018), la administración concursal incluyó en la lista de acreedores un crédito a favor de Pirene Issuer Holdings Designated Activity Company, por un importe de 3.283.673,49 euros, que calificaba del siguiente modo: 1.814.144,12 euros como crédito privilegio especial, en atención al valor de la garantía; y el restante 1.463.398,10 euros como crédito ordinario y 6.131,27 euros como crédito subordinado.

El importe obtenido por la venta directa de los bienes hipotecados, autorizada judicialmente, ascendía a 2.354.221 euros.

2.En la demanda que inició el presente procedimiento, Pirene Issuer Holdings Designated Activity Company (en adelante, Pirene) impugnó la lista definitiva de acreedores porque debía reconocerse a todo su crédito de 3.289,804,76 euros la clasificación de crédito concursal con privilegio especial, al tiempo que debía aplicarse al pago de este crédito el importe obtenido con la venta de los bienes hipotecados (2.354.221 euros).

3.La sentencia de primera instancia desestimó íntegramente la demanda. Entendió que la referencia que el art. 155.5 LC hacía a la deuda originaria («En los supuestos de realización de bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial previstos en este artículo, el acreedor privilegiado hará suyo el montante resultante de la realización en cantidad que no exceda de la deuda originaria...») equivalía al valor de la garantía que se preveía en el art. 94.5 LC, en relación con el art. 90.3 LC. Razón por la cual, de lo obtenido con la realización de los bienes hipotecados, el acreedor hipotecario sólo tenía derecho a cobrar el importe de 1.814.144,12 euros, en que se cuantificó el valor de la garantía.

4.La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por Pirene y la Audiencia desestima el recurso. La sentencia de apelación, en lo que ahora interesa, razona que «la norma concursal (el art. 94.5 LC en relación con el art. 90.3 LC) establece expresamente qué parte del crédito garantizado con la hipoteca sobre bienes inmuebles tiene la consideración de privilegiado especial, señalando que es solo aquel que está cubierto por el valor de la respectiva garantía, estableciendo que el resto del crédito se calificara en atención a su naturaleza, bien como ordinario o bien como subordinado». Consiguientemente, a juicio de la Audiencia, si el valor de la garantía se había tasado en 1.814.144,12 euros, este era el importe máximo que el acreedor hipotecario tenía derecho a cobrar de lo obtenido con la realización de los bienes hipotecados.

5.La sentencia de apelación ha sido recurrida en casación por Pirene, sobre la base de un único motivo.

SEGUNDO. Recurso de casación

1.Formulación del motivo. El motivo denuncia la infracción del artículo 155.5 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal (ahora artículo 213 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal), y se opone jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el límite del importe a abonar al acreedor privilegiado en caso de enajenación del bien afecto a la garantía, establecida en las sentencias 227/2019, de 11 de abril y 112/2019, de 20 de febrero.

2. Resolución del tribunal. Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

No se cuestiona que la normativa aplicable es la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en la versión que resultó tras la reforma introducida por la ley 9/2015, de 25 de mayo. Bajo esta legislación, el crédito de un acreedor hipotecario, en el concurso de su deudor hipotecante, merecía la clasificación de crédito con privilegio especial hasta el valor de la garantía que conste en la lista de acreedores ( art. 90.3 LC), que se calculaba de acuerdo con lo previsto en el art. 94.5 LC. En lo que excediera de este valor, debía clasificarse según su naturaleza.

En este caso, la garantía hipotecaria había sido valorada en 1.814.144,12 euros, por lo que, en principio, la clasificación de crédito con privilegio especial debía ajustarse a este importe, y el resto clasificarse según su naturaleza.

Pero esta clasificación, que cumple una función esencial en el caso en que se opte por el convenio de acreedores, para poder calcular las mayorías exigidas por la ley para la aceptación del convenio y, una vez aprobado, precisar la extensión de efectos del convenio, no es incompatible con la regla prevista en el art. 155.5 LC, que en caso de realización de los bienes hipotecados, reconoce al acreedor hipotecario el derecho a hacerse pago de su crédito con el importe obtenido con la realización «en cantidad que no exceda de la deuda originaria». Esta sala, en su sentencia 227/2019, de 11 de abril, interpretó este precepto en el sentido de que «la deuda originaria es la cubierta por la garantía, teniendo en cuenta que no incluye los intereses moratorios posteriores a la declaración de concurso, porque no se habrían devengado».

Y esta interpretación ha sido asumida en el texto refundido de 2020, en el art. 213, cuando después de prescribir lo que se contenía antes en el art. 155.5 LC («cualquiera que sea el modo de realización de los bienes afectos, el acreedor privilegiado tendrá derecho a recibir el importe resultante de la realización del bien o derecho en cantidad que no exceda de la deuda originaria»), apostilla a continuación: «cualquiera que fuere el valor atribuido en el inventario, conforme a lo establecido en esta ley, al bien o derecho sobre el que se hubiera constituido la garantía». Con ello se remarca que el valor de la garantía, que determina la clasificación del crédito con privilegio especial, no limita el derecho que el acreedor tiene a cobrar su crédito con cargo lo obtenido con la realización del bien.

En un caso como el presente, en el que al tiempo de formulación de los textos definitivos, ya se había realizado la garantía hipotecaria sobre las 13 fincas mediante una venta directa con autorización judicial, de la que se obtuvo la suma de 2.354.221 euros, el acreedor hipotecario, por una parte, tenía derecho a que ese importe se aplicara a satisfacer su crédito hipotecario hasta esa suma, quedando el resto sujeto al orden de pago que le correspondiera conforme a la clasificación del crédito que le correspondiera en función de su naturaleza. Y por otra parte, como al tiempo de elaborarse la lista de acreedores los bienes hipotecados ya habían sido realizados, la regla prevista en el art. 90.3 LC, en relación con el art. 94.5 LC, para determinar el valor de la garantía carecía de sentido, pues ese valor en ese momento ya se conocía con exactitud, al coincidir con el importe obtenido con la realización de esos bienes (2.354.221 euros). De este modo, procedía clasificar el crédito de Pirene como crédito con privilegio especial, hasta este importe, y al resto le correspondía la clasificación que correspondiera con arreglo a la naturaleza de los créditos: el principal no cubierto por la garantía, como crédito ordinario y el correspondiente a los intereses como subordinado del art. 92.3º LC.

3.Procede pues la estimación del recurso de casación, dejar sin efecto la sentencia de apelación y, al asumir la instancia, estimar el recurso de apelación por las mismas razones aducidas en el apartado anterior, en el sentido de estimar en parte la demanda, en cuanto que se reconoce el derecho de la demandante (Pirene) a que su crédito hipotecario de 3.283.673,49 euros sea satisfecho con cargo a lo obtenido por la realización de las fincas hipotecadas (2.354.221 euros), debiendo satisfacerse el resto de acuerdo con la clasificación que corresponda a su naturaleza.

TERCERO. Costas

1.Estimado el recurso de casación, no hacemos expresa condena en costas ( art. 398.2 LEC) , con devolución del depósito constituido para recurrir, de conformidad con la Disposición Adicional 15.ª, apartado 8.ª, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

2.La estimación del recurso de casación, supone la estimación del recurso de apelación, razón por la cual tampoco hacemos condena de las costas de este recurso ( art. 398.2 LEC) .

3.La estimación del recurso de apelación ha supuesto que en primera instancia las pretensiones de las partes hayan sido estimadas en parte, motivo por el cual no hacemos expresa condena en costas ( art. 394 LEC) .

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

El 10 de noviembre de 2005, Urbanización Bonmont Terres Noves S.L.U. concertó un préstamo con garantía hipotecaria sobre trece inmuebles de su propiedad con la entidad Banco Sabadell.

Ante el impago de varias cuotas mensuales, el banco instó la ejecución hipotecaria que dio origen al procedimiento de Ejecución Hipotecaria núm. 691/16, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Reus. El despacho ejecución se hizo por auto de 19 de abril de 2017.

El 27 de junio de 2016, Banco Sabadell cedió su crédito a Pirene Issuer Holdings Designated Activity Company.

Urbanización Bonmont Terres Noves S.L.U. fue declarada en concurso de acreedores por auto de 19 de septiembre de 2017. En el listado provisional de acreedores presentado con el informe de la administración concursal (de 21 de noviembre de 2017) no aparecía Pirene Issuer Holdings Designated Activity Company. Pero el 14 de diciembre de 2017, Pirene Issuer Holdings Designated Activity Company comunicó a la administración concursal su condición de acreedora por cesión y señaló que su crédito, a la fecha de la declaración del concurso, ascendía a 3.289,804,76 euros: 3.248.524,52 euros de principal, 35.148,97 euros de intereses ordinarios y 6.131,27 euros de intereses de demora.

En los textos definitivos (julio de 2018), la administración concursal incluyó en la lista de acreedores un crédito a favor de Pirene Issuer Holdings Designated Activity Company, por un importe de 3.283.673,49 euros, que calificaba del siguiente modo: 1.814.144,12 euros como crédito privilegio especial, en atención al valor de la garantía; y el restante 1.463.398,10 euros como crédito ordinario y 6.131,27 euros como crédito subordinado.

El importe obtenido por la venta directa de los bienes hipotecados, autorizada judicialmente, ascendía a 2.354.221 euros.

2.En la demanda que inició el presente procedimiento, Pirene Issuer Holdings Designated Activity Company (en adelante, Pirene) impugnó la lista definitiva de acreedores porque debía reconocerse a todo su crédito de 3.289,804,76 euros la clasificación de crédito concursal con privilegio especial, al tiempo que debía aplicarse al pago de este crédito el importe obtenido con la venta de los bienes hipotecados (2.354.221 euros).

3.La sentencia de primera instancia desestimó íntegramente la demanda. Entendió que la referencia que el art. 155.5 LC hacía a la deuda originaria («En los supuestos de realización de bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial previstos en este artículo, el acreedor privilegiado hará suyo el montante resultante de la realización en cantidad que no exceda de la deuda originaria...») equivalía al valor de la garantía que se preveía en el art. 94.5 LC, en relación con el art. 90.3 LC. Razón por la cual, de lo obtenido con la realización de los bienes hipotecados, el acreedor hipotecario sólo tenía derecho a cobrar el importe de 1.814.144,12 euros, en que se cuantificó el valor de la garantía.

4.La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por Pirene y la Audiencia desestima el recurso. La sentencia de apelación, en lo que ahora interesa, razona que «la norma concursal (el art. 94.5 LC en relación con el art. 90.3 LC) establece expresamente qué parte del crédito garantizado con la hipoteca sobre bienes inmuebles tiene la consideración de privilegiado especial, señalando que es solo aquel que está cubierto por el valor de la respectiva garantía, estableciendo que el resto del crédito se calificara en atención a su naturaleza, bien como ordinario o bien como subordinado». Consiguientemente, a juicio de la Audiencia, si el valor de la garantía se había tasado en 1.814.144,12 euros, este era el importe máximo que el acreedor hipotecario tenía derecho a cobrar de lo obtenido con la realización de los bienes hipotecados.

5.La sentencia de apelación ha sido recurrida en casación por Pirene, sobre la base de un único motivo.

SEGUNDO. Recurso de casación

1.Formulación del motivo. El motivo denuncia la infracción del artículo 155.5 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal (ahora artículo 213 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal), y se opone jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el límite del importe a abonar al acreedor privilegiado en caso de enajenación del bien afecto a la garantía, establecida en las sentencias 227/2019, de 11 de abril y 112/2019, de 20 de febrero.

2. Resolución del tribunal. Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

No se cuestiona que la normativa aplicable es la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en la versión que resultó tras la reforma introducida por la ley 9/2015, de 25 de mayo. Bajo esta legislación, el crédito de un acreedor hipotecario, en el concurso de su deudor hipotecante, merecía la clasificación de crédito con privilegio especial hasta el valor de la garantía que conste en la lista de acreedores ( art. 90.3 LC), que se calculaba de acuerdo con lo previsto en el art. 94.5 LC. En lo que excediera de este valor, debía clasificarse según su naturaleza.

En este caso, la garantía hipotecaria había sido valorada en 1.814.144,12 euros, por lo que, en principio, la clasificación de crédito con privilegio especial debía ajustarse a este importe, y el resto clasificarse según su naturaleza.

Pero esta clasificación, que cumple una función esencial en el caso en que se opte por el convenio de acreedores, para poder calcular las mayorías exigidas por la ley para la aceptación del convenio y, una vez aprobado, precisar la extensión de efectos del convenio, no es incompatible con la regla prevista en el art. 155.5 LC, que en caso de realización de los bienes hipotecados, reconoce al acreedor hipotecario el derecho a hacerse pago de su crédito con el importe obtenido con la realización «en cantidad que no exceda de la deuda originaria». Esta sala, en su sentencia 227/2019, de 11 de abril, interpretó este precepto en el sentido de que «la deuda originaria es la cubierta por la garantía, teniendo en cuenta que no incluye los intereses moratorios posteriores a la declaración de concurso, porque no se habrían devengado».

Y esta interpretación ha sido asumida en el texto refundido de 2020, en el art. 213, cuando después de prescribir lo que se contenía antes en el art. 155.5 LC («cualquiera que sea el modo de realización de los bienes afectos, el acreedor privilegiado tendrá derecho a recibir el importe resultante de la realización del bien o derecho en cantidad que no exceda de la deuda originaria»), apostilla a continuación: «cualquiera que fuere el valor atribuido en el inventario, conforme a lo establecido en esta ley, al bien o derecho sobre el que se hubiera constituido la garantía». Con ello se remarca que el valor de la garantía, que determina la clasificación del crédito con privilegio especial, no limita el derecho que el acreedor tiene a cobrar su crédito con cargo lo obtenido con la realización del bien.

En un caso como el presente, en el que al tiempo de formulación de los textos definitivos, ya se había realizado la garantía hipotecaria sobre las 13 fincas mediante una venta directa con autorización judicial, de la que se obtuvo la suma de 2.354.221 euros, el acreedor hipotecario, por una parte, tenía derecho a que ese importe se aplicara a satisfacer su crédito hipotecario hasta esa suma, quedando el resto sujeto al orden de pago que le correspondiera conforme a la clasificación del crédito que le correspondiera en función de su naturaleza. Y por otra parte, como al tiempo de elaborarse la lista de acreedores los bienes hipotecados ya habían sido realizados, la regla prevista en el art. 90.3 LC, en relación con el art. 94.5 LC, para determinar el valor de la garantía carecía de sentido, pues ese valor en ese momento ya se conocía con exactitud, al coincidir con el importe obtenido con la realización de esos bienes (2.354.221 euros). De este modo, procedía clasificar el crédito de Pirene como crédito con privilegio especial, hasta este importe, y al resto le correspondía la clasificación que correspondiera con arreglo a la naturaleza de los créditos: el principal no cubierto por la garantía, como crédito ordinario y el correspondiente a los intereses como subordinado del art. 92.3º LC.

3.Procede pues la estimación del recurso de casación, dejar sin efecto la sentencia de apelación y, al asumir la instancia, estimar el recurso de apelación por las mismas razones aducidas en el apartado anterior, en el sentido de estimar en parte la demanda, en cuanto que se reconoce el derecho de la demandante (Pirene) a que su crédito hipotecario de 3.283.673,49 euros sea satisfecho con cargo a lo obtenido por la realización de las fincas hipotecadas (2.354.221 euros), debiendo satisfacerse el resto de acuerdo con la clasificación que corresponda a su naturaleza.

TERCERO. Costas

1.Estimado el recurso de casación, no hacemos expresa condena en costas ( art. 398.2 LEC) , con devolución del depósito constituido para recurrir, de conformidad con la Disposición Adicional 15.ª, apartado 8.ª, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

2.La estimación del recurso de casación, supone la estimación del recurso de apelación, razón por la cual tampoco hacemos condena de las costas de este recurso ( art. 398.2 LEC) .

3.La estimación del recurso de apelación ha supuesto que en primera instancia las pretensiones de las partes hayan sido estimadas en parte, motivo por el cual no hacemos expresa condena en costas ( art. 394 LEC) .