Sentencia Civil 1783/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 13/2021 de 03 de diciembre del 2025

PRIMERO.- Antecedentes del caso

1.-Hiper Number One Bonaire S.L. interpuso una demanda contra Generali España S.A. Seguros y Reaseguros (en lo sucesivo, Generali), en la que solicitaba que se condenara a la aseguradora a indemnizar los daños sufridos por un vehículo de su propiedad sobre el que había contratado con la aseguradora un seguro de los denominados «a todo riesgo», que incluía la cobertura de los daños causados en el vehículo asegurado por un incendio iniciado en el propio vehículo, incendio que tuvo lugar en enero de 2018. En su demanda alegó que, conforme al art. 3 de la Ley del Contrato de Seguro (en adelante, LCS) , es necesaria la aceptación expresa de las cláusulas limitativas de los derechos del asegurado, que deben destacarse especialmente.

2.-Generali se opuso a la demanda. Alegó que rechazó la cobertura del siniestro porque el vehículo siniestrado no había pasado la inspección técnica de vehículos (ITV) desde 2016 y la cláusula 3.23.e) de las condiciones generales del seguro establecía como una de las «exclusiones generales del seguro voluntario»: «Los daños que se produzcan bajo cualquiera de las siguientes circunstancias: [...] e) incumplimiento de las obligaciones legales de orden técnico relativas al estado de seguridad del vehículo [...]». Y no haber pasado la preceptiva ITV anual constituía uno de estos incumplimientos.

Respecto de la alegación contenida en la demanda relativa a que dicha cláusula debía haber sido destacada especialmente y aceptada específicamente por escrito por el tomador del seguro, Generali alegó que no era una cláusula limitativa sino una cláusula delimitadora del riesgo por lo que no estaba sujeta a los requisitos del art. 3 LCS.

3.-El Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda. Tras indicar que el mediador del seguro afirmó en su declaración testifical que «el contrato de seguro se suscribió en la página web de la referida empresa, de ahí que no pudo asegurar si el condicionado fue expresamente recibido por el asegurado, ya que fue remitido por correo ordinario», añadió que «este documento ha sido acompañado a la demanda como documento nº 1, de tal manera que se entiende que el asegurado ha aceptado expresamente las cláusulas limitativas, en cumplimiento de lo establecido en el art. 3 de la Ley 50/1980 de 8 de octubre del Contrato de Seguro, ya que es habitual que al contratarse una póliza de seguros se haga entrega al tomador, junto con copia de la póliza, del libro conteniendo las Condiciones Generales. Tampoco consta que el asegurado, a la vista de la referida estipulación 20, formulara reclamación alguna al asegurador con el fin de obtener dicho condicionado. Todo ello nos permite concluir que no estamos ante una cláusula limitativa de derechos, sino que nos encontramos ante una cláusula de delimitación de riesgo».

4.-La demandante apeló la sentencia de primera instancia y la Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación. La sentencia de segunda instancia, tras argumentar que la cláusula 3.23 de las condiciones generales del seguro no era una cláusula delimitadora del riesgo sino limitativa de los derechos del asegurado, desestimó el recurso con base en los siguientes argumentos (texto entre corchetes añadido):

«[..] si bien, ni el art. 3.23.f) [rectiusart. 3.23.e)] de la póliza ni ésta [...] no excluyen expresamente la cobertura del incendio por la ausencia de ITV, este pacto no es una cláusula limitativa de derechos, sino una causa legal y automática de falta de cobertura indisponible en la medida de que esta inspección [es] obligatoria y no se trata, del cumplimiento del trámite administrativo, sino del ejercicio de la responsabilidad importante en función de la peligrosidad que representa el uso de vehículos a motor, en coherencia con el principio de la buena fe contractual, pues su finalidad fundamental es la de comprobar que tanto el estado general del vehículo, como los elementos de seguridad se encuentren en unas condiciones que le permitan seguir circulando sin que represente un peligro.

»La función de las cláusulas de exclusión es por tanto no delimitadora en un sentido genuino, contractual, sino de advertencia del alcance de una serie de disposiciones legales imperativas, quedando por tanto esta cuestión fuera del ámbito del art. 3 de la LCS».

5.-La demandante ha interpuesto un recurso extraordinario por infracción procesal y un recurso de casación contra dicha sentencia, que han sido admitidos.

Dado que la cuestión fundamental sobre la que ha de pronunciarse la sala es la planteada en el recurso de casación, procede alterar el orden de resolución de los recursos.

SEGUNDO.- Motivos primero y segundo del recurso de casación

1.- Planteamiento. En ambos motivos del recurso de casación se alega la infracción de los arts. 1 y 3 de la Ley del Contrato de Seguro y 1256 y 1258 del Código Civil.

En su desarrollo, la recurrente alega que condicionar el pago de la indemnización a la vigencia de la ITV supone una cláusula limitativa. E invoca la jurisprudencia de esta sala que declara que «la cláusula limitativa opera para restringir, condicionar o modificar el derecho del asegurado a la indemnización una vez que el riesgo objeto del seguro se ha producido».

La estrecha relación entre los argumentos esgrimidos en estos motivos aconseja su resolución conjunta.

2.- Decisión de la sala. El recurso de casación debe ser estimado por las razones que a continuación se expresan.

No existe una previsión legal que excluya la cobertura del riesgo asegurado por el hecho de que el vehículo asegurado no haya pasado la ITV en plazo, sin perjuicio de que tal hecho pueda conllevar consecuencias de orden administrativo para el titular del vehículo que ha incumplido tal obligación.

Lo alegado por la demandada fue la existencia de una cláusula en las condiciones generales del seguro que excluía de la cobertura del riesgo de incendio del vehículo «[l]os daños que se produzcan bajo cualquiera de las siguientes circunstancias: [...] e) incumplimiento de las obligaciones legales de orden técnico relativas al estado de seguridad del vehículo [...]».

Como esta cláusula no fue aceptada específicamente por escrito por el tomador del seguro, debe decidirse si tal cláusula es simplemente delimitadora del riesgo asegurado, como sostiene la aseguradora, lo que no exigiría para su validez ese requisito previsto en el art. 3 LCS, o si es limitativa de los derechos del asegurado, como sostiene este, lo que supondría que la misma no es válida al no haber sido aceptada con los requisitos exigidos en el art. 3 LCS, dado que la aportación con la demanda del condicionado general en que consta la cláusula controvertida no puede ser interpretado como una aceptación de dicha cláusula limitativa por la demandante.

3.-En la sentencia 1174/2025, de 18 de julio, hemos sintetizado la doctrina jurisprudencial sobre la distinción entre cláusulas delimitadoras y cláusulas limitativas, en estos términos:

«En cuanto a la distinción entre cláusulas de delimitación de cobertura y cláusulas limitativas, las primeras concretan el objeto del contrato y fijan los riesgos que, en caso de producirse, hacen surgir en el asegurado el derecho a la prestación por constituir el objeto del seguro. Mientras que las cláusulas limitativas restringen, condicionan o modifican el derecho del asegurado a la indemnización o a la prestación garantizada en el contrato, una vez que el riesgo objeto del seguro se ha producido.

»La sentencia 853/2006, de 11 de septiembre, sienta una doctrina, recogida posteriormente en otras muchas resoluciones de esta sala, (verbigracia sentencias núm. 1051/2007, de 17 de octubre ; 598/2011, de 20 de julio ; y 661/2019, de 12 de diciembre ), según la cual son estipulaciones delimitadoras del riesgo aquellas que tienen por finalidad delimitar el objeto del contrato, de modo que concretan: (i) qué riesgos constituyen dicho objeto; (ii) en qué cuantía; (iii) durante qué plazo; y (iv) en que ámbito temporal.

»Se trata, pues, como advertimos en las sentencias 273/2016, de 22 de abril, y 548/2020, de 22 de octubre, de individualizar el riesgo y de establecer su base objetiva, eliminar ambigüedades y concretar la naturaleza del riesgo en coherencia con el objeto del contrato o con arreglo al uso establecido, siempre que no delimiten el riesgo en forma contradictoria con las condiciones particulares del contrato o de manera infrecuente o inusual (cláusulas sorprendentes).

»Por su parte, las cláusulas limitativas de derechos se dirigen a condicionar o modificar el derecho del asegurado y por tanto la indemnización, cuando el riesgo objeto del seguro se hubiere producido. Deben cumplir los requisitos formales previstos en el art. 3 LCS, de manera que deben ser destacadas de un modo especial y han de ser expresamente aceptadas por escrito; formalidades que resultan esenciales para comprobar que el asegurado tuvo un exacto conocimiento del riesgo cubierto ( sentencias 268/2011, de 20 de abril; 516/2009, de 15 de julio; 76/2017, de 9 de febrero; y 1479/2023, de 23 de octubre).

»La jurisprudencia de esta sala ha determinado, de forma práctica, el concepto de cláusula limitativa, referenciándolo al contenido natural del contrato, en relación con el alcance típico o usual que corresponde a su objeto, con arreglo a lo dispuesto en la ley o en la práctica aseguradora ( sentencias 273/2016, de 22 de abril; 58/2019, de 29 de enero; 609/2019, de 14 de noviembre; 421/2020, de 14 de julio; 1479/2023, de 23 de octubre; y 423/2024, de 1 de abril)».

Aplicando esos criterios jurisprudenciales al supuesto objeto del recurso ha de concluirse que la cláusula de las condiciones generales que la aseguradora esgrimió para rechazar la cobertura del siniestro no concretaba (i) qué riesgos constituyen dicho objeto; (ii) en qué cuantía; (iii) durante qué plazo; y (iv) en qué ámbito temporal. Al contrario, una vez concretado el riesgo asegurado en la póliza de seguro (incendio de un determinado vehículo durante un determinado periodo temporal), la cláusula 3.23.e) de las condiciones generales condicionaba la cobertura del siniestro al cumplimiento de las obligaciones legales de orden técnico relativas al estado de seguridad del vehículo.

Tal cláusula, para ser válida y poder ser opuesta al asegurado, además de estar destacada de modo especial, debía haber sido aceptada específicamente por escrito ( art. 3 LCS) . No lo fue y, por tanto, la demandada no puede excluir la cobertura del riesgo con base en dicha cláusula.

La estimación de estos motivos del recurso de casación hace innecesario entrar a resolver los del recurso extraordinario por infracción procesal.

TERCERO.- Costas y depósitos

1.-No procede hacer expresa imposición de las costas del recurso de casación, que resulta estimado, ni las del recurso extraordinario por infracción procesal que no ha sido necesario entrar a resolver. Respecto de las costas del recurso de apelación, no procede hacer expresa imposición de las costas al resultar estimado. Y procede condenar a la demandada al pago de las costas de primera instancia. Todo ello de conformidad con los artículos 394 y 398, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2.-Procédase a la devolución de los depósitos constituidos para la interposición de los recursos, de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 8, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.