Sentencia Civil 1211/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 7371/2021 de 03 de septiembre del 2025

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.El 3 de junio de 2020, Pedro instó el procedimiento de acuerdo extrajudicial de pagos.

Frustrado el intento de acuerdo extrajudicial, el juzgado mercantil dictó un auto que abría el concurso consecutivo. En el curso del mismo, el Sr. Pedro solicitó la exoneración del pasivo insatisfecho, mediante un plan de pagos.

La Diputación Foral de Gipuzkoa, acreedora concursal, se opuso a la exoneración de su crédito, porque estaba excluida de la exoneración conforme al art. 491 TRLC. Según este precepto, los créditos públicos no se exoneran en ningún supuesto, sea cual sea su calificación. Además, indicaba que el art 495.1 TRLC dispone que los créditos públicos deberán regirse por sus reglas propias de aplazamiento y fraccionamiento de pago. De tal forma que la demanda de oposición pedía que «se excluyeran los créditos de derecho público y, en caso de aprobar un plan de pagos, excluya del mismo los créditos a favor de la Diputación Foral de Gipuzkoa, al corresponder a esta Administración pública la concesión del oportuno aplazamiento o fraccionamiento de pago con arreglo a la normativa que especialmente le es aplicable».

2.La sentencia desestimó la demanda de oposición de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

La Diputación Foral de Gipuzkoa recurrió en apelación la sentencia de primera instancia porque infringía el artículo 491.1 TRLC, que impide la exoneración del crédito público, por lo que la totalidad de la deuda debe exigirse conforme con la normativa reguladora del aplazamiento y fraccionamiento del pago. Entiende que no se ha producido una extralimitación en la delegación legislativa conferida para refundir, en tanto el texto refundido se ha limitado a sistematizar el anterior art. 178 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, dotándolo de mayor claridad con el fin de resolver las dudas interpretativas. Y por ello entiende que no cabe seguir el criterio expuesto en la sentencia del Tribunal Supremo 381/2019, de 2 de julio, que alcanza otra conclusión, en la medida en que vulnera el orden de prelación de las fuentes de nuestro ordenamiento jurídico.

3.La Audiencia desestima el recurso de apelación. Si bien entiende que resulta de aplicación el régimen previsto en el Texto Refundido de la Ley Concursal de 2020, y discrepa del juzgado porque la refundición no ha incurrido en ninguna extralimitación, rechaza la pretensión de la exclusión del crédito público de la exoneración, por ser contrario a la Directiva 2019/1023, de 20 de junio:

«(...) en el supuesto que nos ocupa, (...) pese a lo señalado por la Directiva en el art. 23.4, donde tras exponer la posibilidad de los Estados miembros a excluir algunas categorías específicas de la exoneración de deudas, o limitar el acceso a la exoneración, o establecer un plazo más largo, pero ello siempre y en todo caso en las categorías que se relacionan, entre las cuales no se incluyen las deudas de carácter público, con lo que el art. 491.1 del TRLC, al excluir del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho los créditos de derecho público se está legislando en contra de lo dispuesto por el Derecho comunitario y ello cuando la Directiva ya había sido publicada en el DOUE y por lo tanto resulta obligada su transposición al Derecho español».

4.La Diputación Foral de Gipuzkoa recurre en casación la sentencia de apelación, sobre la base de un único motivo.

SEGUNDO. Recurso de casación

1.Formulación del motivo. El motivo denuncia la infracción del art. 497.1.1º del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal: «la sentencia recurrida ha inaplicado indebidamente dicho precepto, en virtud del cual los créditos de derecho público se exceptúan del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho en el caso de deudores que acepten someterse a un plan de pagos, por considerar erróneamente que dicha excepción contraviene lo dispuesto en el artículo 23.4 de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019».

2. Resolución del tribunal. Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

El recurso cuestiona la interpretación realizada por la Audiencia, por la que concluye que la exclusión del crédito público de la exoneración prevista en la originaria redacción del art. 497 TRLC es contraria a lo regulado en el art. 23.4 de la Directiva (UE) 2019/1023.

El precepto afirma lo siguiente:

«4. Los Estados miembros podrán excluir algunas categorías específicas de la exoneración de deudas, o limitar el acceso a la exoneración de deudas, o establecer un plazo más largo para la exoneración de deudas en caso de que tales exclusiones, restricciones o prolongaciones de plazos estén debidamente justificadas, como en los siguientes casos:

»a) deudas garantizadas;

«b) deudas derivadas de sanciones penales o relacionadas con estas;

»c) deudas derivadas de responsabilidad extracontractual;

»d) deudas relativas a obligaciones de alimentos derivadas de relaciones de familia, de parentesco, de matrimonio o de afinidad;

»e) deudas contraídas tras la solicitud o la apertura del procedimiento conducente a la exoneración de deudas, y

»f) deudas derivadas de la obligación de pagar los costes de un procedimiento conducente a la exoneración de deudas. [...]»

La sentencia recurrida entiende que el crédito público no aparece en la lista de créditos susceptibles de exclusión de la exoneración prevista en este art. 23.4 de la Directiva, y no está justificada su exclusión legal.

3.El Tribunal de Justicia se ha pronunciado sobre esta cuestión en dos ocasiones. Primero en la sentencia de 11 de abril de 2024 (asunto C-687/22, Agencia Tributaria) y después en la sentencia de 7 de noviembre 2024 (C-289/23, asunto Corván y C-305/23, Bacigán). La primera, en la medida que resuelve una cuestión prejudicial que cuestionaba la adaptación del art. 497 TRLC, en su redacción originaria, nos afecta más directamente; mientras que las cuestiones prejudiciales resueltas por la segunda se referían a la normativa introducida con la Ley 16/2022, de 5 de septiembre. La STJUE de 11 de abril de 2024 (asunto C-687/22, Agencia Tributaria) ha declarado que «el artículo 23, apartado 4, de la Directiva sobre reestructuración e insolvencia debe interpretarse en el sentido de que la relación de categorías específicas de créditos que figura en él no tiene carácter exhaustivo y de que los Estados miembros tienen la facultad de excluir de la exoneración de deudas categorías específicas de créditos distintas de las enumeradas en esa disposición, siempre que tal exclusión esté debidamente justificada con arreglo al Derecho nacional»(42).

El motivo de casación nos hubiera llevado a valorar en qué medida estaba justificada la exclusión de la exoneración del crédito público, que en la literalidad del art. 497 TRLC es total, si no fuera porque carece de efecto útil, a la vista de la jurisprudencia establecida en la sentencia de pleno 450/2025, de 20 de marzo, sobre la extralimitación del mandato del refundidor al redactar el art. 497 TRLC.

4.En esa sentencia 450/2025, de 20 de marzo, entendimos que el texto refundido de 2020, en el art. 491.1 incurre en una extralimitación cuando, al regular el sistema de exoneración inmediata, después de decir que «el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho se extenderá a la totalidad de los créditos insatisfechos», añade: «exceptuando los créditos de derecho público y por alimentos». Esta extralimitación conlleva que se tenga por no incorporada al texto legal y siga siendo aplicable la interpretación jurisprudencial contenida en la sentencia del pleno 381/2019, de 2 de julio, sobre el alcance de la exoneración si se opta por la vía del plan de pagos, al extenderlo también a los créditos públicos (en este caso de la Diputación Foral de Gipuzkoa), salvo los créditos que merecieran la consideración de crédito contra la masa o crédito concursal privilegiado.

TERCERO. Costas

Aunque el recurso de casación ha sido desestimado, no imponemos las costas, en atención a las dudas que la cuestión litigiosa podría suscitar, y que justificaban el recurso ( art. 398 LEC, en relación con el art. 394 LEC) .

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.El 3 de junio de 2020, Pedro instó el procedimiento de acuerdo extrajudicial de pagos.

Frustrado el intento de acuerdo extrajudicial, el juzgado mercantil dictó un auto que abría el concurso consecutivo. En el curso del mismo, el Sr. Pedro solicitó la exoneración del pasivo insatisfecho, mediante un plan de pagos.

La Diputación Foral de Gipuzkoa, acreedora concursal, se opuso a la exoneración de su crédito, porque estaba excluida de la exoneración conforme al art. 491 TRLC. Según este precepto, los créditos públicos no se exoneran en ningún supuesto, sea cual sea su calificación. Además, indicaba que el art 495.1 TRLC dispone que los créditos públicos deberán regirse por sus reglas propias de aplazamiento y fraccionamiento de pago. De tal forma que la demanda de oposición pedía que «se excluyeran los créditos de derecho público y, en caso de aprobar un plan de pagos, excluya del mismo los créditos a favor de la Diputación Foral de Gipuzkoa, al corresponder a esta Administración pública la concesión del oportuno aplazamiento o fraccionamiento de pago con arreglo a la normativa que especialmente le es aplicable».

2.La sentencia desestimó la demanda de oposición de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

La Diputación Foral de Gipuzkoa recurrió en apelación la sentencia de primera instancia porque infringía el artículo 491.1 TRLC, que impide la exoneración del crédito público, por lo que la totalidad de la deuda debe exigirse conforme con la normativa reguladora del aplazamiento y fraccionamiento del pago. Entiende que no se ha producido una extralimitación en la delegación legislativa conferida para refundir, en tanto el texto refundido se ha limitado a sistematizar el anterior art. 178 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, dotándolo de mayor claridad con el fin de resolver las dudas interpretativas. Y por ello entiende que no cabe seguir el criterio expuesto en la sentencia del Tribunal Supremo 381/2019, de 2 de julio, que alcanza otra conclusión, en la medida en que vulnera el orden de prelación de las fuentes de nuestro ordenamiento jurídico.

3.La Audiencia desestima el recurso de apelación. Si bien entiende que resulta de aplicación el régimen previsto en el Texto Refundido de la Ley Concursal de 2020, y discrepa del juzgado porque la refundición no ha incurrido en ninguna extralimitación, rechaza la pretensión de la exclusión del crédito público de la exoneración, por ser contrario a la Directiva 2019/1023, de 20 de junio:

«(...) en el supuesto que nos ocupa, (...) pese a lo señalado por la Directiva en el art. 23.4, donde tras exponer la posibilidad de los Estados miembros a excluir algunas categorías específicas de la exoneración de deudas, o limitar el acceso a la exoneración, o establecer un plazo más largo, pero ello siempre y en todo caso en las categorías que se relacionan, entre las cuales no se incluyen las deudas de carácter público, con lo que el art. 491.1 del TRLC, al excluir del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho los créditos de derecho público se está legislando en contra de lo dispuesto por el Derecho comunitario y ello cuando la Directiva ya había sido publicada en el DOUE y por lo tanto resulta obligada su transposición al Derecho español».

4.La Diputación Foral de Gipuzkoa recurre en casación la sentencia de apelación, sobre la base de un único motivo.

SEGUNDO. Recurso de casación

1.Formulación del motivo. El motivo denuncia la infracción del art. 497.1.1º del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal: «la sentencia recurrida ha inaplicado indebidamente dicho precepto, en virtud del cual los créditos de derecho público se exceptúan del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho en el caso de deudores que acepten someterse a un plan de pagos, por considerar erróneamente que dicha excepción contraviene lo dispuesto en el artículo 23.4 de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019».

2. Resolución del tribunal. Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

El recurso cuestiona la interpretación realizada por la Audiencia, por la que concluye que la exclusión del crédito público de la exoneración prevista en la originaria redacción del art. 497 TRLC es contraria a lo regulado en el art. 23.4 de la Directiva (UE) 2019/1023.

El precepto afirma lo siguiente:

«4. Los Estados miembros podrán excluir algunas categorías específicas de la exoneración de deudas, o limitar el acceso a la exoneración de deudas, o establecer un plazo más largo para la exoneración de deudas en caso de que tales exclusiones, restricciones o prolongaciones de plazos estén debidamente justificadas, como en los siguientes casos:

»a) deudas garantizadas;

«b) deudas derivadas de sanciones penales o relacionadas con estas;

»c) deudas derivadas de responsabilidad extracontractual;

»d) deudas relativas a obligaciones de alimentos derivadas de relaciones de familia, de parentesco, de matrimonio o de afinidad;

»e) deudas contraídas tras la solicitud o la apertura del procedimiento conducente a la exoneración de deudas, y

»f) deudas derivadas de la obligación de pagar los costes de un procedimiento conducente a la exoneración de deudas. [...]»

La sentencia recurrida entiende que el crédito público no aparece en la lista de créditos susceptibles de exclusión de la exoneración prevista en este art. 23.4 de la Directiva, y no está justificada su exclusión legal.

3.El Tribunal de Justicia se ha pronunciado sobre esta cuestión en dos ocasiones. Primero en la sentencia de 11 de abril de 2024 (asunto C-687/22, Agencia Tributaria) y después en la sentencia de 7 de noviembre 2024 (C-289/23, asunto Corván y C-305/23, Bacigán). La primera, en la medida que resuelve una cuestión prejudicial que cuestionaba la adaptación del art. 497 TRLC, en su redacción originaria, nos afecta más directamente; mientras que las cuestiones prejudiciales resueltas por la segunda se referían a la normativa introducida con la Ley 16/2022, de 5 de septiembre. La STJUE de 11 de abril de 2024 (asunto C-687/22, Agencia Tributaria) ha declarado que «el artículo 23, apartado 4, de la Directiva sobre reestructuración e insolvencia debe interpretarse en el sentido de que la relación de categorías específicas de créditos que figura en él no tiene carácter exhaustivo y de que los Estados miembros tienen la facultad de excluir de la exoneración de deudas categorías específicas de créditos distintas de las enumeradas en esa disposición, siempre que tal exclusión esté debidamente justificada con arreglo al Derecho nacional»(42).

El motivo de casación nos hubiera llevado a valorar en qué medida estaba justificada la exclusión de la exoneración del crédito público, que en la literalidad del art. 497 TRLC es total, si no fuera porque carece de efecto útil, a la vista de la jurisprudencia establecida en la sentencia de pleno 450/2025, de 20 de marzo, sobre la extralimitación del mandato del refundidor al redactar el art. 497 TRLC.

4.En esa sentencia 450/2025, de 20 de marzo, entendimos que el texto refundido de 2020, en el art. 491.1 incurre en una extralimitación cuando, al regular el sistema de exoneración inmediata, después de decir que «el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho se extenderá a la totalidad de los créditos insatisfechos», añade: «exceptuando los créditos de derecho público y por alimentos». Esta extralimitación conlleva que se tenga por no incorporada al texto legal y siga siendo aplicable la interpretación jurisprudencial contenida en la sentencia del pleno 381/2019, de 2 de julio, sobre el alcance de la exoneración si se opta por la vía del plan de pagos, al extenderlo también a los créditos públicos (en este caso de la Diputación Foral de Gipuzkoa), salvo los créditos que merecieran la consideración de crédito contra la masa o crédito concursal privilegiado.

TERCERO. Costas

Aunque el recurso de casación ha sido desestimado, no imponemos las costas, en atención a las dudas que la cuestión litigiosa podría suscitar, y que justificaban el recurso ( art. 398 LEC, en relación con el art. 394 LEC) .

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.El 3 de junio de 2020, Pedro instó el procedimiento de acuerdo extrajudicial de pagos.

Frustrado el intento de acuerdo extrajudicial, el juzgado mercantil dictó un auto que abría el concurso consecutivo. En el curso del mismo, el Sr. Pedro solicitó la exoneración del pasivo insatisfecho, mediante un plan de pagos.

La Diputación Foral de Gipuzkoa, acreedora concursal, se opuso a la exoneración de su crédito, porque estaba excluida de la exoneración conforme al art. 491 TRLC. Según este precepto, los créditos públicos no se exoneran en ningún supuesto, sea cual sea su calificación. Además, indicaba que el art 495.1 TRLC dispone que los créditos públicos deberán regirse por sus reglas propias de aplazamiento y fraccionamiento de pago. De tal forma que la demanda de oposición pedía que «se excluyeran los créditos de derecho público y, en caso de aprobar un plan de pagos, excluya del mismo los créditos a favor de la Diputación Foral de Gipuzkoa, al corresponder a esta Administración pública la concesión del oportuno aplazamiento o fraccionamiento de pago con arreglo a la normativa que especialmente le es aplicable».

2.La sentencia desestimó la demanda de oposición de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

La Diputación Foral de Gipuzkoa recurrió en apelación la sentencia de primera instancia porque infringía el artículo 491.1 TRLC, que impide la exoneración del crédito público, por lo que la totalidad de la deuda debe exigirse conforme con la normativa reguladora del aplazamiento y fraccionamiento del pago. Entiende que no se ha producido una extralimitación en la delegación legislativa conferida para refundir, en tanto el texto refundido se ha limitado a sistematizar el anterior art. 178 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, dotándolo de mayor claridad con el fin de resolver las dudas interpretativas. Y por ello entiende que no cabe seguir el criterio expuesto en la sentencia del Tribunal Supremo 381/2019, de 2 de julio, que alcanza otra conclusión, en la medida en que vulnera el orden de prelación de las fuentes de nuestro ordenamiento jurídico.

3.La Audiencia desestima el recurso de apelación. Si bien entiende que resulta de aplicación el régimen previsto en el Texto Refundido de la Ley Concursal de 2020, y discrepa del juzgado porque la refundición no ha incurrido en ninguna extralimitación, rechaza la pretensión de la exclusión del crédito público de la exoneración, por ser contrario a la Directiva 2019/1023, de 20 de junio:

«(...) en el supuesto que nos ocupa, (...) pese a lo señalado por la Directiva en el art. 23.4, donde tras exponer la posibilidad de los Estados miembros a excluir algunas categorías específicas de la exoneración de deudas, o limitar el acceso a la exoneración, o establecer un plazo más largo, pero ello siempre y en todo caso en las categorías que se relacionan, entre las cuales no se incluyen las deudas de carácter público, con lo que el art. 491.1 del TRLC, al excluir del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho los créditos de derecho público se está legislando en contra de lo dispuesto por el Derecho comunitario y ello cuando la Directiva ya había sido publicada en el DOUE y por lo tanto resulta obligada su transposición al Derecho español».

4.La Diputación Foral de Gipuzkoa recurre en casación la sentencia de apelación, sobre la base de un único motivo.

SEGUNDO. Recurso de casación

1.Formulación del motivo. El motivo denuncia la infracción del art. 497.1.1º del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal: «la sentencia recurrida ha inaplicado indebidamente dicho precepto, en virtud del cual los créditos de derecho público se exceptúan del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho en el caso de deudores que acepten someterse a un plan de pagos, por considerar erróneamente que dicha excepción contraviene lo dispuesto en el artículo 23.4 de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019».

2. Resolución del tribunal. Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

El recurso cuestiona la interpretación realizada por la Audiencia, por la que concluye que la exclusión del crédito público de la exoneración prevista en la originaria redacción del art. 497 TRLC es contraria a lo regulado en el art. 23.4 de la Directiva (UE) 2019/1023.

El precepto afirma lo siguiente:

«4. Los Estados miembros podrán excluir algunas categorías específicas de la exoneración de deudas, o limitar el acceso a la exoneración de deudas, o establecer un plazo más largo para la exoneración de deudas en caso de que tales exclusiones, restricciones o prolongaciones de plazos estén debidamente justificadas, como en los siguientes casos:

»a) deudas garantizadas;

«b) deudas derivadas de sanciones penales o relacionadas con estas;

»c) deudas derivadas de responsabilidad extracontractual;

»d) deudas relativas a obligaciones de alimentos derivadas de relaciones de familia, de parentesco, de matrimonio o de afinidad;

»e) deudas contraídas tras la solicitud o la apertura del procedimiento conducente a la exoneración de deudas, y

»f) deudas derivadas de la obligación de pagar los costes de un procedimiento conducente a la exoneración de deudas. [...]»

La sentencia recurrida entiende que el crédito público no aparece en la lista de créditos susceptibles de exclusión de la exoneración prevista en este art. 23.4 de la Directiva, y no está justificada su exclusión legal.

3.El Tribunal de Justicia se ha pronunciado sobre esta cuestión en dos ocasiones. Primero en la sentencia de 11 de abril de 2024 (asunto C-687/22, Agencia Tributaria) y después en la sentencia de 7 de noviembre 2024 (C-289/23, asunto Corván y C-305/23, Bacigán). La primera, en la medida que resuelve una cuestión prejudicial que cuestionaba la adaptación del art. 497 TRLC, en su redacción originaria, nos afecta más directamente; mientras que las cuestiones prejudiciales resueltas por la segunda se referían a la normativa introducida con la Ley 16/2022, de 5 de septiembre. La STJUE de 11 de abril de 2024 (asunto C-687/22, Agencia Tributaria) ha declarado que «el artículo 23, apartado 4, de la Directiva sobre reestructuración e insolvencia debe interpretarse en el sentido de que la relación de categorías específicas de créditos que figura en él no tiene carácter exhaustivo y de que los Estados miembros tienen la facultad de excluir de la exoneración de deudas categorías específicas de créditos distintas de las enumeradas en esa disposición, siempre que tal exclusión esté debidamente justificada con arreglo al Derecho nacional»(42).

El motivo de casación nos hubiera llevado a valorar en qué medida estaba justificada la exclusión de la exoneración del crédito público, que en la literalidad del art. 497 TRLC es total, si no fuera porque carece de efecto útil, a la vista de la jurisprudencia establecida en la sentencia de pleno 450/2025, de 20 de marzo, sobre la extralimitación del mandato del refundidor al redactar el art. 497 TRLC.

4.En esa sentencia 450/2025, de 20 de marzo, entendimos que el texto refundido de 2020, en el art. 491.1 incurre en una extralimitación cuando, al regular el sistema de exoneración inmediata, después de decir que «el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho se extenderá a la totalidad de los créditos insatisfechos», añade: «exceptuando los créditos de derecho público y por alimentos». Esta extralimitación conlleva que se tenga por no incorporada al texto legal y siga siendo aplicable la interpretación jurisprudencial contenida en la sentencia del pleno 381/2019, de 2 de julio, sobre el alcance de la exoneración si se opta por la vía del plan de pagos, al extenderlo también a los créditos públicos (en este caso de la Diputación Foral de Gipuzkoa), salvo los créditos que merecieran la consideración de crédito contra la masa o crédito concursal privilegiado.

TERCERO. Costas

Aunque el recurso de casación ha sido desestimado, no imponemos las costas, en atención a las dudas que la cuestión litigiosa podría suscitar, y que justificaban el recurso ( art. 398 LEC, en relación con el art. 394 LEC) .