Sentencia Civil 1529/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 2752/2019 de 30 de octubre del 2025

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

(i) D. Cesar y Dña. Caridad adquirieron 1.000 títulos de participaciones preferentes el 26/03/2009 por importe de 100.000 euros.

(ii) El 20/03/2021, se produjo el canje de estas participaciones preferentes por bonos subordinados obligatoriamente convertibles en acciones del Banco Popular 1/2012. (Orden de Valores nº NUM003 de fecha 20/03/2012, cuenta de valores nº NUM002, relativa al canje de 1.000 títulos de participaciones preferentes Banco Pastor por Bonos Subordinados Convertibles en Acciones del Banco Popular). D. Cesar y Dña. Caridad percibieron intereses tanto por las participaciones preferentes como por los bonos subordinados convertibles de Banco Popular por importe total de 29.978 euros.

(iii) El 6 de enero de 2014 fueron canjeados los bonos subordinados obligatoriamente convertibles en acciones del Banco Popular -"valor nominal de los bonos a entregar: 100 euros", "fecha de conversión: 6 de enero de 2014" y "precio de conversión: 4,3826 euros (media ponderada de los cambios de cierre de los días 27-12-13 al 03 01-14, ambos inclusive)-. Los actores, hoy recurrentes, recibieron 18.254 acciones por valor de 83.380,73 euros

(iv) El 7 de junio de 2017, la Comisión Europea adoptó la Decisión (UE) 2017/1246, por la que se aprobaba el régimen de resolución del Banco Popular Español S.A. (DO 2017, L 178, p. 15); la Junta Única de Resolución (JUR) adoptó la Decisión SRB/EES/2017/08 que activó el dispositivo de resolución de Banco Popular; y el FROB adoptó las medidas necesarias para ejecutar la Decisión de resolución (BOE de 30 de junio de 2017).

El instrumento de resolución adoptado consistió en la venta del negocio, mediante la transmisión de las acciones a un comprador, el Banco Santander, que las adquirió por el valor de un euro. Para ello el art. 6 de la decisión de la JUR acordó lo siguiente: a) amortizar el valor nominal del capital social de Banco Popular, con la consiguiente cancelación del 100 % de las acciones de Banco Popular (las acciones existentes); b) convertir todo el importe principal de los instrumentos de capital adicional de nivel 1 emitidos por Banco Popular y en circulación en la fecha de la Decisión de resolución, en acciones de nueva emisión de Banco Popular, las «nuevas acciones I»; c) amortizar a cero el valor nominal de las «nuevas acciones I», con la consiguiente cancelación del 100 % de esas «nuevas acciones I»; y d) convertir todo el importe principal de los instrumentos de capital de nivel 2 emitidos por Banco Popular y en circulación en la fecha de la Decisión de resolución en acciones de nueva emisión de Banco Popular, las «nuevas acciones II».

Las acciones de Banco Popular perdieron todo su valor.

2.En la demanda que inició al presente procedimiento, formulada el 15 de septiembre de 2017, los actores ejercitaron una acción en la que pedían la nulidad de la adquisición de los productos reseñados, por haber estado viciado el consentimiento, derivado de una información defectuosa y falsa. En concreto, los demandantes alegaban que el banco no informó debidamente sobre la naturaleza, características y riesgos de los productos suscritos. El efecto consiguiente a la nulidad solicitada era la restitución recíproca de prestaciones. Con carácter subsidiario, entablaron la acción indemnizatoria al amparo de lo previsto en el TRLMV.

3.El banco demandado excepcionó la caducidad de la acción de nulidad y, en cuanto al fondo, alegó que había cumplido debidamente con los deberes de información que le incumbían.

4.La sentencia de primera instancia, aclarada por el Auto de 12 de junio de 2018, tras rechazar la caducidad de la acción, estimó sustancialmente la demanda, con imposición de las costas a la entidad demandada. El juzgado de primera instancia tuvo por acreditado que los actores sufrieron un error esencial y excusable en la contratación de los productos reseñados, como consecuencia del incumplimiento por la entidad demandada de su deber de transparencia e información. Por ello, condenó al banco a «[...]restituir a los actores la cantidad de 100.000 euros, así como los intereses legales de dicha suma desde la fecha del contrato hasta la fecha de esta resolución, y desde esta fecha hasta el completo pago los intereses del art. 576 de la LEC; cantidad que deberá compensarse con la devolución por los actores a la entidad demandada de las cantidades que en concepto de intereses netos han percibido los demandantes, a determinar en ejecución de sentencia, más los intereses legales desde la percepción hasta la fecha de esta resolución, y desde esta fecha hasta el completo pago los intereses del art. 576 de la LEC, añadiendo a dicha cantidad las retenciones abonadas directamente por la entidad demandada a la Administración Tributaria en concepto de IRPF, que se determinaran igualmente en fase de ejecución de Sentencia.[...]

5.La sentencia de primera instancia fue recurrida por el banco demandado. La Audiencia estimó parcialmente el recurso, sin especial pronunciamiento sobre las costas de la alzada. La Audiencia consideró que no existía perjuicio patrimonial por el canje de bonos en acciones del Banco Popular que luego resultaron amortizadas.

6.La sentencia de apelación ha sido recurrida en casación por D. Cesar y Dña. Caridad.

SEGUNDO. Motivos de casación

Planteamiento:

1.La parte recurrente articula su recurso de casación con fundamento en dos motivos.

Por razones sistemáticas, serán analizados de forma conjunta, toda vez que plantean la cuestión de la debida aplicación de los arts. 1303, 1307 y 1314 CC, una vez acogida la acción de nulidad por vicio del consentimiento ejercitada respecto de los productos financieros objeto de esta litis.

2.En el desarrollo del motivo, la parte recurrente alega, resumidamente, que con la decisión adoptada por la sentencia recurrida la Audiencia infringe los artículos citados «[...]al condenar a los actores a que reintegren a la entidad bancaria demandada una suma equivalente al valor de las acciones de Banco Popular al precio medio de cotización alcanzado durante el mes siguiente a la fecha de su entrega por medio del canje forzoso acaecido el día 06/01/2014, con motivo de la declaración de nulidad de los siguientes contratos de compra de participaciones preferentes de fecha 26/03/2009, canje de estas participaciones preferentes por bonos subordinados obligatoriamente convertibles de 20/03/2012, y canje forzoso de estos bonos subordinados obligatoriamente convertibles en acciones del Banco Popular de fecha 06/01/2014. Ello por no ser posible la restitución "in natura" de los valores originarios al haber sido canjeados por otros por voluntad unilateral del banco demandado, ni tampoco la devolución de las acciones de Banco Popular en que se convirtieron aquellos al haber sido amortizadas por mandato de la Resolución del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) de fecha 07/06/2017.»

TERCERO. Incidencia de la doctrina de las sentencias del TJUE de 5 de mayo de 2022 y 5 de septiembre de 2024 en la resolución del recurso de casación

La doctrina de las sentencias del TJUE de 5 de mayo de 2022 y 5 de septiembre de 2024, sobre la falta de acción de los antiguos inversores para el ejercicio de acciones de responsabilidad civil o de nulidad tras la decisión de resolución de la entidad Banco Popular Español, S. A., carece de incidencia en la resolución del presente recurso de casación, ya que el pronunciamiento relativo a la nulidad de la orden de suscripción, consentido por no impugnado, quedó firme, por lo que no puede ser revisado con ocasión de este recurso que queda ceñido, atendidos sus dos motivos, a los efectos restitutorios previstos en el art. 1303 del CC en relación con lo dispuesto en los arts. 1307 y 1314 CC.

CUARTO. Materialización del daño cuando las acciones ya estaban dentro del ámbito de decisión del inversor. Inexistencia de perjuicio patrimonial

1.Como dijimos en nuestra sentencia 370/2025, de 11 de marzo, tanto para el éxito de la acción indemnizatoria del art. 1101 CC, como de la acción de enriquecimiento injusto, es condición necesaria que se haya producido un perjuicio en el patrimonio del inversor.

2.En las sentencias 867/2021, de 15 de diciembre, y 108/2025, de 21 de enero, también referidas a un supuesto de canje de los mismos bonos subordinados convertibles por acciones, en que las demandas se interpusieron después de que las acciones hubieran perdido todo su valor en junio de 2017 y más de cuatro años después del canje de los bonos por las acciones, declaramos que en el momento en que el inversor adquirió las acciones obtuvo también el poder de libre disposición sobre ellas, inclusive su inmediata venta en el mercado de valores. Por lo que concluimos que en este tipo de casos debía tomarse como referencia para determinar el importe del abono por equivalencia el de la cotización en el mercado oficial de valores de las acciones en la fecha en que se produjo su adquisición por el canje de los bonos convertibles.

3.Advertimos, igualmente, en las mencionadas sentencias, que el periodo que medió entre la adquisición de las acciones y la interposición de la demanda era casi cuatro veces superior al plazo de vigencia de doce meses del folleto informativo a que se refiere el art. 27 del Reglamento de la Ley del Mercado de Valores, plazo durante el que se mantiene la obligación de las personas responsables a indemnizar por los daños y perjuicios causados a los adquirentes de buena fe por cualquier información falsa u omisión en el folleto (art. 28.3 LMV) . Ese límite temporal responde a la propia naturaleza de las acciones como valores sujetos a oscilación por razón de múltiples factores.

4.Sobre estas bases, debe tenerse en cuenta que en el momento del canje no se había producido un daño patrimonial para los demandantes, ya que las acciones obtenidas tenían un valor más alto que la inversión, aparte de que en el ínterin habían percibido los rendimientos pactados. Es decir, el valor inicial de las acciones y los rendimientos percibidos eran superiores al capital invertido. Como hemos declarado en las sentencias indicadas, con cita de la sentencia 1274/2024, de 10 de octubre: «[...]Lo acaecido con posterioridad, respecto de la cotización de esas acciones o de los rendimientos posteriores, es a riesgo y ventura del adquirente de las acciones, pues estaba en su mano venderlas o mantenerlas. De lo argumentado se desprende que, constatado el perjuicio al vencimiento del producto, lo acaecido con posterioridad es irrelevante, tanto para la propia cuantificación del daño, como para la interrupción del nexo causal».

5.Por todo ello, procede desestimar el recurso de casación y confirmar íntegramente la sentencia núm. 42/2019, de 7 de febrero, dictada en grado de apelación (rollo núm. 467/2018) por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de León.

QUINTO. Costas y depósitos.

1.La desestimación del recurso de casación conlleva que deban imponerse a la parte recurrente las costas causadas por éste, según ordena el art. 398.1 LEC.

2.Igualmente, dicha desestimación implica la pérdida del depósito constituido para su formulación, de conformidad con la disposición adicional 15ª, apartado 9, LOPJ.

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

(i) D. Cesar y Dña. Caridad adquirieron 1.000 títulos de participaciones preferentes el 26/03/2009 por importe de 100.000 euros.

(ii) El 20/03/2021, se produjo el canje de estas participaciones preferentes por bonos subordinados obligatoriamente convertibles en acciones del Banco Popular 1/2012. (Orden de Valores nº NUM003 de fecha 20/03/2012, cuenta de valores nº NUM002, relativa al canje de 1.000 títulos de participaciones preferentes Banco Pastor por Bonos Subordinados Convertibles en Acciones del Banco Popular). D. Cesar y Dña. Caridad percibieron intereses tanto por las participaciones preferentes como por los bonos subordinados convertibles de Banco Popular por importe total de 29.978 euros.

(iii) El 6 de enero de 2014 fueron canjeados los bonos subordinados obligatoriamente convertibles en acciones del Banco Popular -"valor nominal de los bonos a entregar: 100 euros", "fecha de conversión: 6 de enero de 2014" y "precio de conversión: 4,3826 euros (media ponderada de los cambios de cierre de los días 27-12-13 al 03 01-14, ambos inclusive)-. Los actores, hoy recurrentes, recibieron 18.254 acciones por valor de 83.380,73 euros

(iv) El 7 de junio de 2017, la Comisión Europea adoptó la Decisión (UE) 2017/1246, por la que se aprobaba el régimen de resolución del Banco Popular Español S.A. (DO 2017, L 178, p. 15); la Junta Única de Resolución (JUR) adoptó la Decisión SRB/EES/2017/08 que activó el dispositivo de resolución de Banco Popular; y el FROB adoptó las medidas necesarias para ejecutar la Decisión de resolución (BOE de 30 de junio de 2017).

El instrumento de resolución adoptado consistió en la venta del negocio, mediante la transmisión de las acciones a un comprador, el Banco Santander, que las adquirió por el valor de un euro. Para ello el art. 6 de la decisión de la JUR acordó lo siguiente: a) amortizar el valor nominal del capital social de Banco Popular, con la consiguiente cancelación del 100 % de las acciones de Banco Popular (las acciones existentes); b) convertir todo el importe principal de los instrumentos de capital adicional de nivel 1 emitidos por Banco Popular y en circulación en la fecha de la Decisión de resolución, en acciones de nueva emisión de Banco Popular, las «nuevas acciones I»; c) amortizar a cero el valor nominal de las «nuevas acciones I», con la consiguiente cancelación del 100 % de esas «nuevas acciones I»; y d) convertir todo el importe principal de los instrumentos de capital de nivel 2 emitidos por Banco Popular y en circulación en la fecha de la Decisión de resolución en acciones de nueva emisión de Banco Popular, las «nuevas acciones II».

Las acciones de Banco Popular perdieron todo su valor.

2.En la demanda que inició al presente procedimiento, formulada el 15 de septiembre de 2017, los actores ejercitaron una acción en la que pedían la nulidad de la adquisición de los productos reseñados, por haber estado viciado el consentimiento, derivado de una información defectuosa y falsa. En concreto, los demandantes alegaban que el banco no informó debidamente sobre la naturaleza, características y riesgos de los productos suscritos. El efecto consiguiente a la nulidad solicitada era la restitución recíproca de prestaciones. Con carácter subsidiario, entablaron la acción indemnizatoria al amparo de lo previsto en el TRLMV.

3.El banco demandado excepcionó la caducidad de la acción de nulidad y, en cuanto al fondo, alegó que había cumplido debidamente con los deberes de información que le incumbían.

4.La sentencia de primera instancia, aclarada por el Auto de 12 de junio de 2018, tras rechazar la caducidad de la acción, estimó sustancialmente la demanda, con imposición de las costas a la entidad demandada. El juzgado de primera instancia tuvo por acreditado que los actores sufrieron un error esencial y excusable en la contratación de los productos reseñados, como consecuencia del incumplimiento por la entidad demandada de su deber de transparencia e información. Por ello, condenó al banco a «[...]restituir a los actores la cantidad de 100.000 euros, así como los intereses legales de dicha suma desde la fecha del contrato hasta la fecha de esta resolución, y desde esta fecha hasta el completo pago los intereses del art. 576 de la LEC; cantidad que deberá compensarse con la devolución por los actores a la entidad demandada de las cantidades que en concepto de intereses netos han percibido los demandantes, a determinar en ejecución de sentencia, más los intereses legales desde la percepción hasta la fecha de esta resolución, y desde esta fecha hasta el completo pago los intereses del art. 576 de la LEC, añadiendo a dicha cantidad las retenciones abonadas directamente por la entidad demandada a la Administración Tributaria en concepto de IRPF, que se determinaran igualmente en fase de ejecución de Sentencia.[...]

5.La sentencia de primera instancia fue recurrida por el banco demandado. La Audiencia estimó parcialmente el recurso, sin especial pronunciamiento sobre las costas de la alzada. La Audiencia consideró que no existía perjuicio patrimonial por el canje de bonos en acciones del Banco Popular que luego resultaron amortizadas.

6.La sentencia de apelación ha sido recurrida en casación por D. Cesar y Dña. Caridad.

SEGUNDO. Motivos de casación

Planteamiento:

1.La parte recurrente articula su recurso de casación con fundamento en dos motivos.

Por razones sistemáticas, serán analizados de forma conjunta, toda vez que plantean la cuestión de la debida aplicación de los arts. 1303, 1307 y 1314 CC, una vez acogida la acción de nulidad por vicio del consentimiento ejercitada respecto de los productos financieros objeto de esta litis.

2.En el desarrollo del motivo, la parte recurrente alega, resumidamente, que con la decisión adoptada por la sentencia recurrida la Audiencia infringe los artículos citados «[...]al condenar a los actores a que reintegren a la entidad bancaria demandada una suma equivalente al valor de las acciones de Banco Popular al precio medio de cotización alcanzado durante el mes siguiente a la fecha de su entrega por medio del canje forzoso acaecido el día 06/01/2014, con motivo de la declaración de nulidad de los siguientes contratos de compra de participaciones preferentes de fecha 26/03/2009, canje de estas participaciones preferentes por bonos subordinados obligatoriamente convertibles de 20/03/2012, y canje forzoso de estos bonos subordinados obligatoriamente convertibles en acciones del Banco Popular de fecha 06/01/2014. Ello por no ser posible la restitución "in natura" de los valores originarios al haber sido canjeados por otros por voluntad unilateral del banco demandado, ni tampoco la devolución de las acciones de Banco Popular en que se convirtieron aquellos al haber sido amortizadas por mandato de la Resolución del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) de fecha 07/06/2017.»

TERCERO. Incidencia de la doctrina de las sentencias del TJUE de 5 de mayo de 2022 y 5 de septiembre de 2024 en la resolución del recurso de casación

La doctrina de las sentencias del TJUE de 5 de mayo de 2022 y 5 de septiembre de 2024, sobre la falta de acción de los antiguos inversores para el ejercicio de acciones de responsabilidad civil o de nulidad tras la decisión de resolución de la entidad Banco Popular Español, S. A., carece de incidencia en la resolución del presente recurso de casación, ya que el pronunciamiento relativo a la nulidad de la orden de suscripción, consentido por no impugnado, quedó firme, por lo que no puede ser revisado con ocasión de este recurso que queda ceñido, atendidos sus dos motivos, a los efectos restitutorios previstos en el art. 1303 del CC en relación con lo dispuesto en los arts. 1307 y 1314 CC.

CUARTO. Materialización del daño cuando las acciones ya estaban dentro del ámbito de decisión del inversor. Inexistencia de perjuicio patrimonial

1.Como dijimos en nuestra sentencia 370/2025, de 11 de marzo, tanto para el éxito de la acción indemnizatoria del art. 1101 CC, como de la acción de enriquecimiento injusto, es condición necesaria que se haya producido un perjuicio en el patrimonio del inversor.

2.En las sentencias 867/2021, de 15 de diciembre, y 108/2025, de 21 de enero, también referidas a un supuesto de canje de los mismos bonos subordinados convertibles por acciones, en que las demandas se interpusieron después de que las acciones hubieran perdido todo su valor en junio de 2017 y más de cuatro años después del canje de los bonos por las acciones, declaramos que en el momento en que el inversor adquirió las acciones obtuvo también el poder de libre disposición sobre ellas, inclusive su inmediata venta en el mercado de valores. Por lo que concluimos que en este tipo de casos debía tomarse como referencia para determinar el importe del abono por equivalencia el de la cotización en el mercado oficial de valores de las acciones en la fecha en que se produjo su adquisición por el canje de los bonos convertibles.

3.Advertimos, igualmente, en las mencionadas sentencias, que el periodo que medió entre la adquisición de las acciones y la interposición de la demanda era casi cuatro veces superior al plazo de vigencia de doce meses del folleto informativo a que se refiere el art. 27 del Reglamento de la Ley del Mercado de Valores, plazo durante el que se mantiene la obligación de las personas responsables a indemnizar por los daños y perjuicios causados a los adquirentes de buena fe por cualquier información falsa u omisión en el folleto (art. 28.3 LMV) . Ese límite temporal responde a la propia naturaleza de las acciones como valores sujetos a oscilación por razón de múltiples factores.

4.Sobre estas bases, debe tenerse en cuenta que en el momento del canje no se había producido un daño patrimonial para los demandantes, ya que las acciones obtenidas tenían un valor más alto que la inversión, aparte de que en el ínterin habían percibido los rendimientos pactados. Es decir, el valor inicial de las acciones y los rendimientos percibidos eran superiores al capital invertido. Como hemos declarado en las sentencias indicadas, con cita de la sentencia 1274/2024, de 10 de octubre: «[...]Lo acaecido con posterioridad, respecto de la cotización de esas acciones o de los rendimientos posteriores, es a riesgo y ventura del adquirente de las acciones, pues estaba en su mano venderlas o mantenerlas. De lo argumentado se desprende que, constatado el perjuicio al vencimiento del producto, lo acaecido con posterioridad es irrelevante, tanto para la propia cuantificación del daño, como para la interrupción del nexo causal».

5.Por todo ello, procede desestimar el recurso de casación y confirmar íntegramente la sentencia núm. 42/2019, de 7 de febrero, dictada en grado de apelación (rollo núm. 467/2018) por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de León.

QUINTO. Costas y depósitos.

1.La desestimación del recurso de casación conlleva que deban imponerse a la parte recurrente las costas causadas por éste, según ordena el art. 398.1 LEC.

2.Igualmente, dicha desestimación implica la pérdida del depósito constituido para su formulación, de conformidad con la disposición adicional 15ª, apartado 9, LOPJ.

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

(i) D. Cesar y Dña. Caridad adquirieron 1.000 títulos de participaciones preferentes el 26/03/2009 por importe de 100.000 euros.

(ii) El 20/03/2021, se produjo el canje de estas participaciones preferentes por bonos subordinados obligatoriamente convertibles en acciones del Banco Popular 1/2012. (Orden de Valores nº NUM003 de fecha 20/03/2012, cuenta de valores nº NUM002, relativa al canje de 1.000 títulos de participaciones preferentes Banco Pastor por Bonos Subordinados Convertibles en Acciones del Banco Popular). D. Cesar y Dña. Caridad percibieron intereses tanto por las participaciones preferentes como por los bonos subordinados convertibles de Banco Popular por importe total de 29.978 euros.

(iii) El 6 de enero de 2014 fueron canjeados los bonos subordinados obligatoriamente convertibles en acciones del Banco Popular -"valor nominal de los bonos a entregar: 100 euros", "fecha de conversión: 6 de enero de 2014" y "precio de conversión: 4,3826 euros (media ponderada de los cambios de cierre de los días 27-12-13 al 03 01-14, ambos inclusive)-. Los actores, hoy recurrentes, recibieron 18.254 acciones por valor de 83.380,73 euros

(iv) El 7 de junio de 2017, la Comisión Europea adoptó la Decisión (UE) 2017/1246, por la que se aprobaba el régimen de resolución del Banco Popular Español S.A. (DO 2017, L 178, p. 15); la Junta Única de Resolución (JUR) adoptó la Decisión SRB/EES/2017/08 que activó el dispositivo de resolución de Banco Popular; y el FROB adoptó las medidas necesarias para ejecutar la Decisión de resolución (BOE de 30 de junio de 2017).

El instrumento de resolución adoptado consistió en la venta del negocio, mediante la transmisión de las acciones a un comprador, el Banco Santander, que las adquirió por el valor de un euro. Para ello el art. 6 de la decisión de la JUR acordó lo siguiente: a) amortizar el valor nominal del capital social de Banco Popular, con la consiguiente cancelación del 100 % de las acciones de Banco Popular (las acciones existentes); b) convertir todo el importe principal de los instrumentos de capital adicional de nivel 1 emitidos por Banco Popular y en circulación en la fecha de la Decisión de resolución, en acciones de nueva emisión de Banco Popular, las «nuevas acciones I»; c) amortizar a cero el valor nominal de las «nuevas acciones I», con la consiguiente cancelación del 100 % de esas «nuevas acciones I»; y d) convertir todo el importe principal de los instrumentos de capital de nivel 2 emitidos por Banco Popular y en circulación en la fecha de la Decisión de resolución en acciones de nueva emisión de Banco Popular, las «nuevas acciones II».

Las acciones de Banco Popular perdieron todo su valor.

2.En la demanda que inició al presente procedimiento, formulada el 15 de septiembre de 2017, los actores ejercitaron una acción en la que pedían la nulidad de la adquisición de los productos reseñados, por haber estado viciado el consentimiento, derivado de una información defectuosa y falsa. En concreto, los demandantes alegaban que el banco no informó debidamente sobre la naturaleza, características y riesgos de los productos suscritos. El efecto consiguiente a la nulidad solicitada era la restitución recíproca de prestaciones. Con carácter subsidiario, entablaron la acción indemnizatoria al amparo de lo previsto en el TRLMV.

3.El banco demandado excepcionó la caducidad de la acción de nulidad y, en cuanto al fondo, alegó que había cumplido debidamente con los deberes de información que le incumbían.

4.La sentencia de primera instancia, aclarada por el Auto de 12 de junio de 2018, tras rechazar la caducidad de la acción, estimó sustancialmente la demanda, con imposición de las costas a la entidad demandada. El juzgado de primera instancia tuvo por acreditado que los actores sufrieron un error esencial y excusable en la contratación de los productos reseñados, como consecuencia del incumplimiento por la entidad demandada de su deber de transparencia e información. Por ello, condenó al banco a «[...]restituir a los actores la cantidad de 100.000 euros, así como los intereses legales de dicha suma desde la fecha del contrato hasta la fecha de esta resolución, y desde esta fecha hasta el completo pago los intereses del art. 576 de la LEC; cantidad que deberá compensarse con la devolución por los actores a la entidad demandada de las cantidades que en concepto de intereses netos han percibido los demandantes, a determinar en ejecución de sentencia, más los intereses legales desde la percepción hasta la fecha de esta resolución, y desde esta fecha hasta el completo pago los intereses del art. 576 de la LEC, añadiendo a dicha cantidad las retenciones abonadas directamente por la entidad demandada a la Administración Tributaria en concepto de IRPF, que se determinaran igualmente en fase de ejecución de Sentencia.[...]

5.La sentencia de primera instancia fue recurrida por el banco demandado. La Audiencia estimó parcialmente el recurso, sin especial pronunciamiento sobre las costas de la alzada. La Audiencia consideró que no existía perjuicio patrimonial por el canje de bonos en acciones del Banco Popular que luego resultaron amortizadas.

6.La sentencia de apelación ha sido recurrida en casación por D. Cesar y Dña. Caridad.

SEGUNDO. Motivos de casación

Planteamiento:

1.La parte recurrente articula su recurso de casación con fundamento en dos motivos.

Por razones sistemáticas, serán analizados de forma conjunta, toda vez que plantean la cuestión de la debida aplicación de los arts. 1303, 1307 y 1314 CC, una vez acogida la acción de nulidad por vicio del consentimiento ejercitada respecto de los productos financieros objeto de esta litis.

2.En el desarrollo del motivo, la parte recurrente alega, resumidamente, que con la decisión adoptada por la sentencia recurrida la Audiencia infringe los artículos citados «[...]al condenar a los actores a que reintegren a la entidad bancaria demandada una suma equivalente al valor de las acciones de Banco Popular al precio medio de cotización alcanzado durante el mes siguiente a la fecha de su entrega por medio del canje forzoso acaecido el día 06/01/2014, con motivo de la declaración de nulidad de los siguientes contratos de compra de participaciones preferentes de fecha 26/03/2009, canje de estas participaciones preferentes por bonos subordinados obligatoriamente convertibles de 20/03/2012, y canje forzoso de estos bonos subordinados obligatoriamente convertibles en acciones del Banco Popular de fecha 06/01/2014. Ello por no ser posible la restitución "in natura" de los valores originarios al haber sido canjeados por otros por voluntad unilateral del banco demandado, ni tampoco la devolución de las acciones de Banco Popular en que se convirtieron aquellos al haber sido amortizadas por mandato de la Resolución del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) de fecha 07/06/2017.»

TERCERO. Incidencia de la doctrina de las sentencias del TJUE de 5 de mayo de 2022 y 5 de septiembre de 2024 en la resolución del recurso de casación

La doctrina de las sentencias del TJUE de 5 de mayo de 2022 y 5 de septiembre de 2024, sobre la falta de acción de los antiguos inversores para el ejercicio de acciones de responsabilidad civil o de nulidad tras la decisión de resolución de la entidad Banco Popular Español, S. A., carece de incidencia en la resolución del presente recurso de casación, ya que el pronunciamiento relativo a la nulidad de la orden de suscripción, consentido por no impugnado, quedó firme, por lo que no puede ser revisado con ocasión de este recurso que queda ceñido, atendidos sus dos motivos, a los efectos restitutorios previstos en el art. 1303 del CC en relación con lo dispuesto en los arts. 1307 y 1314 CC.

CUARTO. Materialización del daño cuando las acciones ya estaban dentro del ámbito de decisión del inversor. Inexistencia de perjuicio patrimonial

1.Como dijimos en nuestra sentencia 370/2025, de 11 de marzo, tanto para el éxito de la acción indemnizatoria del art. 1101 CC, como de la acción de enriquecimiento injusto, es condición necesaria que se haya producido un perjuicio en el patrimonio del inversor.

2.En las sentencias 867/2021, de 15 de diciembre, y 108/2025, de 21 de enero, también referidas a un supuesto de canje de los mismos bonos subordinados convertibles por acciones, en que las demandas se interpusieron después de que las acciones hubieran perdido todo su valor en junio de 2017 y más de cuatro años después del canje de los bonos por las acciones, declaramos que en el momento en que el inversor adquirió las acciones obtuvo también el poder de libre disposición sobre ellas, inclusive su inmediata venta en el mercado de valores. Por lo que concluimos que en este tipo de casos debía tomarse como referencia para determinar el importe del abono por equivalencia el de la cotización en el mercado oficial de valores de las acciones en la fecha en que se produjo su adquisición por el canje de los bonos convertibles.

3.Advertimos, igualmente, en las mencionadas sentencias, que el periodo que medió entre la adquisición de las acciones y la interposición de la demanda era casi cuatro veces superior al plazo de vigencia de doce meses del folleto informativo a que se refiere el art. 27 del Reglamento de la Ley del Mercado de Valores, plazo durante el que se mantiene la obligación de las personas responsables a indemnizar por los daños y perjuicios causados a los adquirentes de buena fe por cualquier información falsa u omisión en el folleto (art. 28.3 LMV) . Ese límite temporal responde a la propia naturaleza de las acciones como valores sujetos a oscilación por razón de múltiples factores.

4.Sobre estas bases, debe tenerse en cuenta que en el momento del canje no se había producido un daño patrimonial para los demandantes, ya que las acciones obtenidas tenían un valor más alto que la inversión, aparte de que en el ínterin habían percibido los rendimientos pactados. Es decir, el valor inicial de las acciones y los rendimientos percibidos eran superiores al capital invertido. Como hemos declarado en las sentencias indicadas, con cita de la sentencia 1274/2024, de 10 de octubre: «[...]Lo acaecido con posterioridad, respecto de la cotización de esas acciones o de los rendimientos posteriores, es a riesgo y ventura del adquirente de las acciones, pues estaba en su mano venderlas o mantenerlas. De lo argumentado se desprende que, constatado el perjuicio al vencimiento del producto, lo acaecido con posterioridad es irrelevante, tanto para la propia cuantificación del daño, como para la interrupción del nexo causal».

5.Por todo ello, procede desestimar el recurso de casación y confirmar íntegramente la sentencia núm. 42/2019, de 7 de febrero, dictada en grado de apelación (rollo núm. 467/2018) por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de León.

QUINTO. Costas y depósitos.

1.La desestimación del recurso de casación conlleva que deban imponerse a la parte recurrente las costas causadas por éste, según ordena el art. 398.1 LEC.

2.Igualmente, dicha desestimación implica la pérdida del depósito constituido para su formulación, de conformidad con la disposición adicional 15ª, apartado 9, LOPJ.