Sentencia Civil 1052/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 2181/2024 de 30 de junio del 2026

PRIMERO.- Resumen de antecedentes del caso

1.Entre el 17 de enero de 1997 y el 18 de enero de 2011, Transportes Internacionales Ferris SA, Ferris Transportes SL, Transalesa SL, Transportes y Excavaciones Cabeza SL, Grúas Celis SL, Excavaciones Tave SL, Cristóbal Medina Transportes y Excavaciones SL, Ubriqueña de Transportes 98 SL, Servicios Integrales de Transportes El Suspiro 2010 SL, Excavaciones Nuevo Atlaìntico SL, Pusama SL, Minian SL, Servicios Comerciales Oñi Benalup SL, Olegario, Francisco, Justiniano, Leandro, Abel, Serafin, Rogelio, Gabino, Felicisimo, Florian, Jacobo, Melchor, Sixto, Carlos Ramón, Benigno, Roman, Secundino y Luis María adquirieron los sesenta y nueve vehículos cuya identificación, marca, fecha, forma y precio de adquisición, no controvertidos, figuran en la demanda e informe pericial acompañado con la misma y en la propia sentencia de primera instancia, a cuya relación nos remitimos.

2.El 19 de julio de 2016, la Comisión Europea dictó una Decisión [CASE AT.39824-Trucks] (en lo sucesivo, la Decisión) en la que recogía el reconocimiento de hechos constitutivos de prácticas colusorias infractoras del art. 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y 53 del Acuerdo EEE por parte de quince sociedades integradas en cinco empresas fabricantes de camiones (MAN, DAF, IVECO, DAIMLER MERCEDES y VOLVO/RENAULT). De acuerdo con la parte dispositiva de la Decisión, las conductas infractoras, desarrolladas entre el 17 de enero de 1997 y el 18 de enero de 2011, consistieron en la colusión en la fijación de precios e incrementos de precios brutos en el Espacio Económico Europeo (EEE) de camiones medianos y pesados y en el calendario y la repercusión de los costes de introducción de tecnologías de control de emisiones para camiones medios y pesados conforme a las normas EURO 3 a 6. La Decisión impuso a esas empresas cuantiosas multas por la comisión de tales infracciones, les ordenó poner término a las referidas infracciones si no lo hubieran hecho ya y abstenerse de repetir cualquier acto o conducta como las descritas o que tuviera similar objeto o efecto. Un resumen de esta decisión fue publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea de 6 de abril de 2017.

3.Transportes Internacionales Ferris SA, Ferris Transportes SL, Transalesa SL, Transportes y Excavaciones Cabeza SL, Grúas Celis SL, Excavaciones Tave SL, Cristóbal Medina Transportes y Excavaciones SL, Ubriqueña de Transportes 98 SL, Servicios Integrales de Transportes El Suspiro 2010 SL, Excavaciones Nuevo Atlaìntico SL, Pusama SL, Minian SL, Servicios Comerciales Oñi Benalup SL, Olegario, Francisco, Justiniano, Leandro, Abel, Serafin, Rogelio, Gabino, Felicisimo, Florian, Jacobo, Melchor, Sixto, Carlos Ramón, Benigno, Roman, Secundino y Luis María interpusieron una demanda contra Iveco Magirus AG y Volvo Group Trucks Central Europe GMBH en la que ejercitaron una acción de responsabilidad extracontractual del artículo 1.902 CC, en relación con el artículo 101 TFUE, por realización de prácticas colusorias, con fundamento en la Decisión de la Comisión Europea de 19 de julio de 2016. Y solicitaron que se declarase a las demandadas responsables solidarias de los daños y perjuicios producidos, condenándolas a abonar a la parte demandante las cantidades que se indicaban en la demanda para cada uno de los 31 demandantes.

4.El Juzgado de lo Mercantil al que correspondió el conocimiento de la demanda dictó una sentencia en la que desestimó la demanda, sin imposición de costas.

5.La sentencia fue apelada por la parte demandante y la Audiencia Provincial dictó una sentencia en la que estimó parcialmente el recurso, revocó la sentencia de primera instancia, y acordó: de un lado, estimar parcialmente la demanda formulada contra Volvo Group Trucks Central Europe, GMBH, condenándola a abonar solidariamente a los reclamantes por los respectivos camiones de marcas Volvo y Renault, en el 5% del precio neto de compra de cada uno, más los intereses correspondientes; y, de otro lado, estimar parcialmente la demanda formulada contra Iveco Magirus AG condenándola a abonar solidariamente a los reclamantes por los respectivos camiones de marcas Iveco, en el 5% del precio neto de compra de cada uno, más los intereses correspondientes; absolviendo a las demandadas del resto de pretensiones, sin costas de ninguna de las instancias. En lo que ahora importa, la sentencia de la Audiencia excluyó de la indemnización a que condenó a las entidades demandadas los camiones que no eran de la marca Iveco o Volvo/Renault e hizo responsables solidarias a cada una de las demandadas solo respecto a los camiones de su marca; por considerar que la Decisión no conllevaba una responsabilidad solidaria entre las distintas compañías implicadas respecto a los camiones que no eran de su marca.

6.Iveco interpuso un recurso de casación, basado en cuatro motivos, que fue inadmitido; Volvo interpuso un recurso de casación, basado en ocho motivos, que también fue inadmitido; y, la parte demandante interpuso otro recurso de casación, basado en cuatro motivos, que ha sido admitido.

SEGUNDO.- Motivos primero a cuarto del recurso de casación de la parte demandante. Responsabilidad solidaria de los participantes en el cártel

1. Formulación y resolución conjunta

1.1.En el encabezamiento del primer motivo se alega la infracción del artículo 1.902 CC y de la doctrina del Tribunal Supremo en relación con la responsabilidad solidaria extracontractual.

En el desarrollo del motivo se argumenta, en síntesis, que la sentencia de apelación limita la responsabilidad indemnizatoria de cada empresa demandada a los daños causados por la adquisición de los camiones de su propia marca, excluye la legitimación pasiva respecto a los perjuicios derivados de las adquisiciones de camiones de otras marcas y considera que no existe responsabilidad solidaria entre los infractores de la Decisión, en contradicción con el principio tradicional de responsabilidad solidaria extracontractual e infracción del artículo 1.902 CC, desconociendo la realidad de estos cárteles.

1.2.En el encabezamiento del segundo motivo se alega la infracción del artículo 1.902 CC, en relación con el artículo 101 TFUE.

En el desarrollo del motivo se argumenta, en síntesis, que la sentencia de apelación es contraria a la jurisprudencia del TJUE que se cita en relación con la imputación y responsabilidad solidaria de las demandadas.

1.3.En el encabezamiento del tercer motivo se alega la infracción del artículo 1.902 CC y de la doctrina del Tribunal Supremo expresada en las sentencias del Tribunal Supremo de junio de 2023 en relación con el cártel de camiones sobre la interpretación del artículo 101 TFUE y la aplicación directa del derecho primario de la Unión Europea.

En el desarrollo del motivo se argumenta, en síntesis, que la responsabilidad por daños competenciales debe ser examinada a la luz de los principios del derecho europeo.

1.4.En el encabezamiento del cuarto motivo se alega la infracción del artículo 1.902 CC, en relación con los artículos 101 TFUE y 3 de la Directiva de daños.

En el desarrollo del motivo se argumenta, en síntesis, que la sentencia de apelación priva del derecho al pleno resarcimiento d ellos demandantes cuando desestima la reclamación de los vehículos de marcas diferentes, siendo los destinatarios de la Decisión responsables solidarios de los perjuicios causados.

1.5.Atendida la conexión que existe entre los motivos invocados, todos ellos relativos a la eventual responsabilidad solidaria de los participantes en el cártel, se procede a su resolución conjunta.

2. Resolución de la sala. Los motivos que se examinan deben ser estimados siguiendo la doctrina de las sentencias 680, 681, 682 y 683/2026, de 6 de mayo.

La acción ejercitada en la demanda es una acción de indemnización de daños y perjuicios ocasionados por una infracción del Derecho de la Competencia, en concreto el cártel de fijación de precios sancionado por la Comisión Europea, en la Decisión de 19 de julio de 2016. Quienes reclaman son los adquirentes de varios camiones, de las marcas Iveco, Volvo/Renault, Daf, Mercedes y Man, cuyos fabricantes fueron sancionados por el cártel que fue investigado en el procedimiento que dio lugar a la Decisión sancionadora. La propia Decisión se ocupa de precisar que se trató de una infracción única y continuada, en la que los diferentes acuerdos y prácticas concertadas formaban parte de un plan común con un objeto anticompetitivo único consistente en la limitación de la competencia en el mercado de los camiones medios y pesados en el EEE.

Esta acción de responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados por este cártel no es de naturaleza contractual. La responsabilidad de las demandadas deriva no tanto de haber fabricado o comercializado el camión con un precio cartelizado, con un sobreprecio, como por su participación en el cártel, que propició ese sobreprecio. Es una responsabilidad de naturaleza extracontractual. Los causantes del daño son todos los participantes en los acuerdos colusorios y entre ellos existe una solidaridad impropia.

Así ha sido reconocido expresamente en la Directiva 2014/104/UE, cuyo artículo 11.1 prescribe como regla general la responsabilidad conjunta y solidaria de todos los partícipes en el cártel respecto de los daños y perjuicios ocasionados con el cártel:

«Los Estados miembros velarán por que las empresas que hayan infringido el Derecho de la competencia por una conducta conjunta sean conjunta y solidariamente responsables por los daños y perjuicios ocasionados por la infracción del Derecho de la competencia, como consecuencia de lo cual cada una de las empresas estará obligada a indemnizar plenamente por el perjuicio causado, y la parte perjudicada tendrá derecho a exigir el pleno resarcimiento de cualquiera de ellas hasta que haya sido plenamente indemnizada».

Esta norma ha sido traspuesta en el art. 73 LDC, cuyo apartado 1 se hace eco de esa regla general:

«1. Las empresas y las asociaciones, uniones o agrupaciones de empresas, que hubieran infringido de forma conjunta el Derecho de la competencia serán solidariamente responsables del pleno resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la infracción».

Aunque esta norma no resulte de aplicación por razones temporales, resulta aplicable esa regla de la responsabilidad solidaria de los partícipes en el cártel, en atención a la naturaleza de la acción. Y de hecho así lo había reconocido el Tribunal de Justicia, en la sentencia de 16 de febrero de 2023 (C-312/21, Tráficos Manuel Ferrer),que en su apartado 60 declara:

«[...] la parte que presenta una reclamación de daños y perjuicios basada en la existencia de un perjuicio ocasionado por un comportamiento contrario a la competencia puede dirigir la reclamación únicamente contra uno de los autores de dicho comportamiento, habida cuenta de que, según la jurisprudencia, como ha señalado la Abogada General en el punto 102 de sus conclusiones, una infracción del Derecho de la competencia implica, en principio, la responsabilidad solidaria de sus autores ( sentencia de 29 de julio de 2019, TiborTrans,C-451/18 , EU:C:2019:635, apartado 36)»

De tal forma que, como afirma en el apartado 61:

«el artículo 11, apartado 1, de la Directiva 2014/104, en la medida en que prevé tal posibilidad, debe considerarse una disposición que codifica la jurisprudencia del Tribunal de Justicia».

Esta doctrina jurisprudencial del TJUE se encuentra en la sentencia citada, de 29 de julio de 2019 (C-451/18, Tibor-Trans),cuyo apartado 36 lo declara expresamente:

«[...] una infracción única y continuada del Derecho de competencia implica la responsabilidad solidaria de sus autores. Por tanto, el hecho de que Tibor-Trans solo demandara a uno de los autores al que no había adquirido camiones directamente no desvirtúa las consideraciones expuestas en los apartados 31 a 33 de la presente sentencia, con respecto a la regla de competencia establecida en el artículo 7, punto 2, del Reglamento n.º 1215/2012».

En consecuencia, las demandadas, Iveco Magirus AG y Volvo Group Trucks Central Europe GMBH están obligadas a indemnizar los daños sufridos por el sobreprecio pagado en la compra de los camiones de las otras marcas, aunque no fueran fabricantes ni comercializadoras de esos camiones, en la medida en que son responsables solidarias de los daños y perjuicios derivados de la conducta infractora del Derecho de la competencia en la que participaron sociedades de ambos grupos, junto con otras empresas fabricantes y comercializadoras de otras marcas de camiones, entre ellas Daf, Mercedes y Man.

Por otra parte, por lo que se refiere a la concreta responsabilidad de Volvo Group Trucks Central Europe GMBH respecto a la adquisición de camiones fuera del período a que se refiere expresamente la Decisión, nos remitimos a lo que se ha razonado en la sentencia de la sala 641/2026, de 28 de abril.

3.Aunque en la fecha en que se desarrolló el cártel de los camiones no existía una norma comunitaria o nacional que previera expresamente la responsabilidad solidaria de los cartelistas, la jurisprudencia general sobre defensa de la competencia permite dicha declaración de solidaridad, tanto en interés de las víctimas como para la protección de los intereses generales ante los daños causados. Y como quiera que, por la fecha de los hechos, esta solidaridad no proviene de una disposición legal, se ajusta a lo que la jurisprudencia de la sala denomina solidaridad impropia, en tanto que deriva de su declaración judicial, a partir de la naturaliza del ilícito y de la pluralidad de sujetos concurrentes en la producción del daño.

De hecho, la solidaridad en el resarcimiento de los daños causados por las actividades cartelizadas realizadas por una pluralidad de infractores resulta una consecuencia propia de la efectividad de los arts. 101 TFUE y 1 LDC, e incluso añade un efecto disuasorio para la comisión de conductas anticompetitivas, en tanto que los perjudicados pueden reclamar una compensación a cualquiera de los participantes en el cártel.

Esta responsabilidad solidaria se fundamenta en la imposibilidad de individualizar la contribución causal de cada cartelista en el daño. El daño causado por el cártel consiste en el sobreprecio satisfecho por el adquirente y ese daño trae causa del acuerdo colusorio en el que participaron todos los fabricantes sancionados, con independencia del concreto miembro del cártel de quien el demandante adquiriese el camión. Sin perjuicio de que, como ya preveía el art. 1145 CC y lo hacen ahora los arts. 11.5 de la Directiva UE/104/2014 y 73.5.I LDC, el infractor que hubiera pagado una indemnización pueda repetir, en un proceso posterior, contra el resto de los infractores por una cuantía que se determinará en función de su responsabilidad relativa por el perjuicio causado.

4.Con esta solidaridad se refuerza la tutela de los perjudicados, puesto que si ha sido la conducta conjunta de los infractores la que ha producido el daño, no es exigible al damnificado que individualice una concreta contribución causal (entra en juego aquí el clásico ius electionisde las obligaciones solidarias). Por ello, desde un punto de vista puramente procesal, la solidaridad de los copartícipes facilita la reclamación de los perjudicados, al tiempo que traslada al ámbito interno de los infractores la distribución de responsabilidades.

No cabe olvidar que la STJUE de 16 de febrero de 2023 (C-312/21, Tráficos Manuel Ferrer),se dictó en un caso en que la demanda se había dirigido solo contra unos de los fabricantes (Daimler), a pesar de que algunos de los camiones incluidos en la reclamación habían sido fabricados por otros cartelistas (Renault Trucks e Iveco), y que el Tribunal de Justicia nada objetó a dicha pretensión consecuente con el ius electionis.

5.En consecuencia, procede estimar los motivos del recurso que han sido admitidos y extender la condena de las demandadas al pago del perjuicio derivado de la adquisición de todos los camiones objeto de litigio. Para la cuantificación de este perjuicio, procede seguir el mismo criterio establecido en la sentencia de apelación respecto del derivado de la adquisición de los otros camiones de sus respectivas marcas, que se calcula estimativamente en el 5% del precio de adquisición.

TERCERO.- Costas y depósitos

1.Estimado el recurso de casación formulado, no procede hacer expresa condena en costas ( art. 398.2 LEC).

2.La estimación del recurso de casación no afecta a los pronunciamientos realizados en la instancia sobre las costas.

3.Procede acordar la devolución del depósito constituido para la formulación del recurso de casación interpuesto por la parte demandante, de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 8, LOPJ.