Sentencia Civil 1056/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 7385/2025 de 30 de junio del 2026

PRIMERO. Antecedentes del caso

1.El objeto de este recurso versa sobre la negativa de un medio informativo a publicar una rectificación remitida por un abogado que, en su escrito de solicitud de rectificación, afirmaba actuar «en defensa de los intereses de mi patrocinado y al amparo de lo establecido en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Rectificación [...] por mandato expreso del Sr. Juan Ramón». El medio informativo se negó a publicar la rectificación por entender que no se había probado que el afectado hubiera otorgado su representación a dicho abogado para el ejercicio del derecho de rectificación.

2.El diario digital «La Gaceta de la Iberosfera», publicado en la web «gaceta.es» de la que es titular la Fundación Disenso y cuyo director es D. Anibal, publicó el 22 de diciembre de 2021, bajo el título «El exjuez condenado Juan Ramón equipara a VOX con el brazo político de ETA», un artículo en el que se contenían determinadas alusiones a D. Juan Ramón.

3.El 24 de diciembre siguiente, el abogado D. Pedro Javier Díaz Carreño remitió un burofax al director de dicho medio informativo, en el que afirmaba:

«Por la presente me dirijo a Ud., en relación a la información que ha sido publicada en el medio de comunicación digital que dirige, con fecha de 22 de diciembre de 2021 y bajo el título «El exjuez condenado Juan Ramón equipara a VOX con el brazo político de ETA».

»En defensa de los intereses de mi patrocinado y al amparo de lo establecido en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Rectificación, vengo por la presente a remitirle escrito de rectificación en ejercicio de su derecho a rectificar la información difundida por el medio que Ud. dirige, así como a solicitar que publique o difunda íntegramente la rectificación, en el plazo de tres días desde su recepción, en el mismo medio y con relevancia semejante a aquella en que se publicó y sin comentarios ni apostillas.

»Por otro lado, también invoco lo dispuesto en materia de rectificación en el artículo 85 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, bajo el título «Derecho de rectificación en internet», por lo que deberá incluir un aviso aclaratorio que ponga de manifiesto que la noticia original no refleja la situación actual de la persona aludida, aviso que deberá quedar visible junto con la información original».

Tras ello, firmaba digitalmente con su nombre y añadía:

«Por mandato expreso del Sr. Juan Ramón».

Con este burofax remitía el texto de la rectificación cuya publicación solicitaba. El burofax fue entregado el 27 de diciembre.

4.El texto de la rectificación no fue publicado por el citado medio informativo digital y el 29 de diciembre de 2021, su director, D. Anibal, envió un burofax a D. Pedro Javier Díaz Carreño con el siguiente contenido:

«Por Ia presente acusamos recibo de su burofax de fecha veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, por la que se nos remite escrito de rectificación en ejercicio del derecho de su supuesto patrocinado a rectificar la información difundida por el medio la Gaceta de la Iberosfera, concretamente Ia publicada bajo el título "El exjuez condenado Juan Ramón equipara a VOX con el brazo político de ETA".

»En este sentido queremos hacer la respetuosa observación de que a pesar de indicar Ud. que actúa por mandato expreso del Sr. Juan Ramón, no aporta ningún documento que acredite tal mandato ni representación, por lo que entendemos que su comunicación es defectuosa al adolecer de un vicio que le impide desplegar sus efectos, tales como sería la apertura del plazo de tres días que Ud. indica en su burofax para proceder a efectuar la rectificación en el sentido solicitado».

5.D. Juan Ramón interpuso una demanda contra D. Anibal y la Fundación Disenso, en la que solicitaba que se condenara a los demandados a publicar en el medio digital Gaceta de La Iberosfera, en su página web, el texto íntegro de la rectificación solicitada con los requisitos establecidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Rectificación en cuanto al tiempo, relevancia e integridad de la rectificación y se incluyera en la noticia original un aviso aclaratorio, conforme a lo dispuesto en el artículo 85.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

6.La sentencia de primera instancia desestimó la demanda. Consideró aplicable por analogía el art. 23.2 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, aprobado por Real Decreto 1720/2007, que exige que la representación de quien inste la rectificación de datos esté claramente acreditada, y declaró que «la representación invocada no podía tenerse por "claramente acreditada" y se entiende justificada la respuesta dada por el codemandado en su momento».

7.El demandante apeló la sentencia y la audiencia provincial desestimó su recurso. La sentencia de segunda instancia consideró correcta la aplicación analógica del art. 23.2 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 1720/2007 que había hecho la sentencia de primera instancia, porque «hubiera debido dejarse constancia de la existencia de una representación voluntaria mediante la expresa designación del representante para el ejercicio del derecho, la constancia indubitada de la identidad del representado mediante la aportación de copia de su DNI o documento equivalente y la expresa referencia al otorgamiento de la representación. Pero nada de esto se hizo. No puede aceptarse que se imponga al destinatario de la comunicación de rectificación la obligación de investigar si existe o no alguna relación más o menos acreditada entre el supuesto mandante y el supuesto mandatario, como se sugiere en la demanda aludiendo a que se podía haber revisado la página web de Ilocad, SL». Y añadió que «legalmente se requiere el otorgamiento de una representación para instar la rectificación de una información publicada por cualquier medio. Y D. Juan Ramón no ha otorgado su representación a D. Pedro Javier Díaz Carreño para instar o solicitar la rectificación de la información publicada por La Gaceta de la Iberosfera».

8.El demandante ha interpuesto un recurso de casación basado en cinco motivos, que ha sido admitido.

Las causas de inadmisión alegadas por los recurridos no pueden estimarse pues el recurso cumple los requisitos de admisibilidad: se identifican las infracciones legales que se denuncian, se delimita el problema jurídico que se plantea y se justifica el interés casacional, bien mediante la invocación de las sentencias que, en opinión del recurrente, establecen una doctrina que resulta contradicha por la sentencia recurrida, bien por la inexistencia de jurisprudencia que exige un pronunciamiento de la sala.

SEGUNDO. Motivos primero a cuarto del recurso de casación

1.Planteamiento. En el motivo primero se denuncia la infracción del art. 1 de la LO 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación y del artículo 20.1.d) -libertad de información- de la Constitución Española, al exigir la sentencia recurrida una forma concreta de acreditar la representación de la persona aludida por la comunicación del medio de comunicación social (con un relato de hechos considerados inexactos, que aluden al representado y con potencialidad de causarle un daño), consistente dicha forma de representación (exigida por los órganos jurisdiccionales de instancia) en la comunicación escrita -dirigida al medio de comunicación- conforme establece expresamente el artículo 23 del Real Decreto núm. 1720/2007, de 21 de diciembre (por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal) exhibiendo a su vez copia del DNI del representado o documento similar

En su desarrollo se alega que no es correcta la aplicación analógica del art. 23 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por no existir identidad de razón y porque la regulación en un mismo marco normativo de la materia de protección de datos personales y de algún aspecto del derecho de rectificación no es razón para aplicar sin más el reglamento de desarrollo de la derogada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

En los motivos segundo y tercero se denuncia la vulneración del art. 2 de la LO 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación y del artículo 20.1.d) -libertad de información- de la Constitución Española, con infracción además del desarrollo jurisprudencial y constitucional del derecho de rectificación en lo atinente a los requisitos de ejercicio del derecho de rectificación y de la libertad de información.

Al desarrollar los motivos se argumenta que el artículo 2 LO 2/1984, de 26 de marzo, no exige una forma de acreditación de la representación para que el medio atienda a una pretensión de rectificación. Basta, pues es lo único que impone, con la remisión de un escrito de rectificación y en la fecha de los 7 días naturales. La sentencia recurrida introduce un requisito no previsto legalmente, que constituye una traba o entorpecimiento del ejercicio de un derecho instrumental de la libertad de información veraz y, por consiguiente, infringe tanto el artículo 2.º LO 2/1984, de 26 de marzo y el artículo 20 de la Constitución.

En el motivo cuarto se denuncia la infracción del art. 1 LO 2/1984, de 26 de marzo, del derecho de rectificación y de los arts. 1259, 1278, 1280 y 1710 del Código Civil. La exigencia de una concreta forma para acreditar la existencia de la representación del aludido por el abogado que suscribe el escrito de rectificación supone una infracción de la jurisprudencia en cuanto a que la representación se rige, salvo las excepciones legalmente tasadas ex art. 1280.5.° Código Civil, por la libertad de forma.

La infracción se habría cometido porque la sentencia recurrida parte del reconocimiento de un mandato cuanto menos verbal pero exige una formalización por escrito.

En todos estos motivos se cuestiona que la sentencia de segunda instancia haya desestimado la demanda porque con el escrito de rectificación no se acompañó un documento que acreditara el otorgamiento de la representación del aludido por el abogado que suscribía el escrito. La estrecha relación existente entre las cuestiones planteadas en estos motivos aconseja su resolución conjunta.

2. Decisión de la sala. Estos motivos deben ser estimados por las razones que a continuación se expresan.

La representación supone la concesión de un poder de legitimación a una determinada persona para que obre en interés y en nombre de otra, de forma que la actuación del representante vale frente al exterior como si hubiera actuado el representado.

El ámbito de la representación comprende no solo los actos jurídicos negociales sino también los no negociales, como es el caso del ejercicio de derechos. En el caso del derecho de rectificación, esta posibilidad está prevista expresamente en el apartado 2 del art. 1 de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación (en lo sucesivo, LO 2/1984), que prevé que «[p]odrán ejercitar el derecho de rectificación el perjudicado aludido o su representantes [...]». La falta de precisiones adicionales en dicho precepto respecto de esta última expresión permite que el derecho de rectificación sea ejercitado tanto por representantes legales como por representantes voluntarios del perjudicado aludido por la información que se pretende rectificar.

Aunque puede tener otro origen, la relación que de modo típico da nacimiento a la representación voluntaria es el mandato. Cuando el mandatario actúa como tal frente a los terceros, concurre una contemplatio domini,esto es, el mandatario, al actuar en nombre e interés del mandante, establece una relación directa entre su mandante, el dominus,y los terceros.

Salvo aquellos casos en que la ley exige una determinada forma, el apoderamiento que da origen a la representación se rige por el principio espiritualista. La jurisprudencia ha entendido aplicable al poder de representación el art. 1710 del Código Civil, encuadrado en el título que regula el contrato de mandato, por lo que la representación puede otorgarse «por instrumento público o privado y aun de palabra».

3.El ejercicio del derecho de rectificación se caracteriza por su antiformalismo. Los requisitos que establece la LO 2/1984 son muy simples y el plazo para su ejercicio es muy breve. Estas características no casan bien con la exigencia de requisitos formales que obstaculicen el ejercicio del derecho.

En el caso objeto de este recurso, en el escrito remitido al director del medio informativo, el abogado firmante expresó en qué calidad actuaba (no en su propio nombre e interés sino en el de su representado, como mandatario del mismo), quién era su representado (el hoy demandante, D. Juan Ramón) y cuál era el objeto del mandato representativo otorgado (el ejercicio del derecho de rectificación frente a los demandados, con un determinado contenido y respecto de una determinada información).

El contenido del escrito y del texto de la rectificación que se interesaba mostraba de una forma clara que el abogado que lo suscribía actuaba en interés de su cliente. Dado que, como reconoce la propia sentencia recurrida, el otorgamiento de representación puede ser verbal, y que los abogados, por su profesión, son destinatarios típicos de estos mandatos representativos, no existían motivos razonables para exigir requisitos adicionales, como era el acompañamiento de documentos en los que se recogiera por escrito el otorgamiento del poder de representación. En este caso, la razón alegada por el medio informativo se revela como una mera excusa para impedir al demandante la satisfacción de su derecho de rectificación.

Aunque el precepto legal que prevé la inserción de un aviso aclaratorio cuando se atiende al ejercicio del derecho de rectificación respecto de una información publicada en un medio de comunicación digital se encuentre en la misma ley orgánica que regula diversos aspectos del derecho de protección de datos (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales), se trata de ámbitos normativos diferentes: mientras que las normas de esa ley orgánica relativas a la protección de datos constituyen un desarrollo del derecho fundamental recogido en el art. 20.4 de la Constitución, el párrafo segundo del apartado segundo del art. 85, que prevé la inserción de ese aviso aclaratorio en los medios de comunicación digital, es un desarrollo, en el campo de los medios de información digitales, del derecho de rectificación regulado con carácter principal en la LO 2/1984, estrechamente relacionado con los derechos al honor, la intimidad personal y familiar en Internet y con el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz, como se desprende del propio párrafo primero del citado art. 85.2 de la Ley Orgánica 3/2018. Por tanto, no concurre la identidad de razón que justifique la aplicación analógica de un requisito reglamentario de dicho ámbito normativo (el del derecho de protección de datos) de modo que se añada un requisito formal al ejercicio del derecho de rectificación de informaciones publicadas en un medio de comunicación social.

4.Pueden existir supuestos en los que, por las especiales circunstancias concurrentes, quepan dudas razonables sobre la existencia del mandato representativo otorgado por el aludido por la información al remitente del escrito en que, alegando actuar en representación del aludido, dicho remitente solicita la rectificación. En tales casos, no está justificado que se rechace de plano atender la solicitud de rectificación, pero sí que el medio informativo requerido realice alguna actuación que le permita asegurarse de que el aludido ha ejercitado el derecho de rectificación mediante un representante. Pero no es ese el caso objeto de este litigio, en el que no concurrían elementos objetivos que permitieran dudar de la existencia de ese mandato representativo.

Y, en todo caso, la interposición de la demanda constituyó una confirmación de que el derecho de rectificación se había ejercitado por el aludido, en tiempo y forma, mediante un representante, por lo que el medio informativo, al recibir la demanda, si realmente hubiera tenido dudas sobre la existencia de la representación, habría debido atender la solicitud de rectificación al no existir ya el menor atisbo de duda sobre el ejercicio legítimo del derecho de rectificación por el demandante, a menos que hubiera otra objeción de fondo que justificara la negativa a publicar la rectificación.

La estimación de estos motivos hace innecesario resolver el motivo quinto y último del recurso de casación.

5.Ahora bien la estimación del recurso y consiguiente casación de la sentencia impugnada no determina en este caso que la sala resuelva sobre el fondo de la cuestión planteada en la demanda. Al apreciar que no estaba justificado que el aludido por la información hubiera otorgado representación al abogado que remitió el escrito de rectificación al director del medio informativo, ni la sentencia de primera instancia ni la de apelación enjuiciaron las cuestiones de fondo sobre la procedencia de la rectificación solicitada. Falta por tanto, y de un modo absoluto, el enjuiciamiento sobre la cuestión objeto del proceso, si concurren los requisitos para que proceda la publicación de la rectificación y, en caso afirmativo, en qué términos ha de publicarse. De ahí que, no siendo en absoluto la casación un nuevo juicio que, como la apelación, permita una cognición plena sobre todas las cuestiones de fondo sometidas a debate, y no habiendo sido estas enjuiciadas, en puridad, por ninguna instancia, ni siquiera planteadas en el recurso de casación y objeto de debate ante esta sala, el pronunciamiento de esta sala deba limitarse a casar la sentencia recurrida para que el tribunal de apelación, como órgano de instancia plenamente facultado para conocer de todas las cuestiones de hecho y de derecho objeto del proceso, las resuelva en sentencia, partiendo del presupuesto de que el derecho de rectificación fue ejercitado en su día por el demandante mediante el escrito remitido por su representante al director del medio informativo.

En todo caso, tanto el dictado de la sentencia de apelación como el eventual recurso de casación que se interponga contra la nueva sentencia de la Audiencia Provincial, serán de tramitación preferente.

TERCERO. Costas y depósito

1.No procede hacer expresa imposición de las costas del recurso de casación que han sido estimado, de conformidad con los artículos 394 y 398, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2.Procédase a la devolución del depósito constituido para la interposición del recurso de casación, de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 8, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.