Sentencia Civil 1436/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 8075/2022 de 31 de octubre del 2024

PRIMERO.- Antecedentes relevante

A los efectos decisorios del presente recurso de casación partimos de los antecedentes siguientes:

1.º-Es objeto de este proceso la demanda de divorcio que es formulada por el demandante D. Epifanio contra su esposa D.ª Luz. El conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado de Primera Instancia número 5 de Vigo, que dictó sentencia 34/2021, en la que, con estimación parcial de la demanda, atribuyó la guarda y custodia del hijo menor a la demandada, con patria potestad compartida, fijó un régimen de visitas entre padre e hijo, así como una pensión de alimentos a favor del menor de 250 € mensuales a cargo de su padre, con abono igualitario de los gastos extraordinarios, todo ello con atribución a la señora Luz del uso del domicilio conyugal.

2.º-La demandada, en la contestación a la demanda, sin formular reconvención, interesó la fijación a su favor de una pensión compensatoria, así como una indemnización al amparo del artículo 1438 del Código Civil, toda vez que en su matrimonio regía el régimen de absoluta separación de bienes.

3.º-En su sentencia, el juzgado desestimó tales pedimentos en aplicación de lo dispuesto en el artículo 770.2 d) de la LEC, toda vez que la demandada, en la contestación, no había formulado la correspondiente acción reconvencional, y ostentar dichas pretensiones una naturaleza estrictamente dispositiva.

4.º-Contra la sentencia se interpuso por la demandada recurso de apelación. Su conocimiento correspondió a la sección sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en DIRECCION000, que dictó sentencia revocatoria de la pronunciada por el juzgado.

El tribunal, con base en las SSTS de 10 de septiembre de 2012 (pleno), y 3 de junio de 2013, consideró procedente entrar en el conocimiento de las pretensiones formuladas expresamente por la demandada en el suplico de su contestación a la demanda, relativas a la pensión compensatoria y a la indemnización del artículo 1438 CC. Para ello, razonó que, de la lectura de la STS de 3 de junio de 2013, se obtienen estas tres conclusiones:

La primera que no se aprecia la existencia del incumplimiento de un requisito formal y tampoco la indefensión alegada. La segunda, que es el propio demandante, anticipándose a las alegaciones de la esposa, y en previsión de una petición formal en tal sentido, quien tomó la decisión, aún sin citarla, de introducir en su demanda los elementos fácticos necesarios para negar la fijación de una pensión compensatoria a partir de una relación detallada tanto de su situación económica como de la correspondiente a su esposa. Y la tercera, que la Sra. Luz no se limitó a defenderse de manera genérica de las pretensiones formuladas en la demanda, sino que interesó expresamente el reconocimiento de la pensión en el suplico de la contestación a la demanda.

Concluye la audiencia su argumentación reconociendo que los supuestos contemplados, en la doctrina jurisprudencial citada, no coinciden exactamente con el caso enjuiciado, pues en aquéllos se debatió sólo la pensión compensatoria, mientras que, en el proceso que ahora nos ocupa, además de esa pensión, se peticionó la pretensión económica del artículo 1438 del CC; «más consideramos que el criterio jurisprudencial resulta igualmente aplicable a esta última pretensión por la existencia de identidad de razón e igualdad jurídica sustancial».

En definitiva, la audiencia dictó sentencia por la que revoca la pronunciada en primera instancia, y fija una pensión compensatoria a favor de la demandada de 300 € al mes durante 6 años, concede a la recurrente una indemnización de 100.000 €, al tiempo que eleva la pensión de alimentos para el hijo menor a 350 € mensuales actualizables anualmente, todo ello sin hacer una especial declaración sobre costas procesales.

5.º-Contra dicha sentencia se interpusieron por el demandante recursos extraordinarios de casación e infracción procesal.

Recurso por infracción procesal

SEGUNDO.- Examen del primero de los motivos por infracción procesal

Al amparo del ordinal 2.º del artículo 469.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC) se impugna la sentencia de la audiencia por infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia y, en concreto, del artículo 218.1 de la precitada disposición general.

En el desarrollo de este motivo, se alega que la sentencia dictada por el tribunal provincial es incongruente, puesto que aborda sendas pretensiones de la demandada articuladas en el escrito de contestación a la demanda, cuales son las concernientes a la fijación a su favor de una pensión compensatoria del art. 97 del Código Civil (en adelante CC) , así como una indemnización del art. 1438 del precitado texto legal, que recaen en el marco de las facultades dispositivas de los litigantes, con lo que deberían haberse formulado mediante la correspondiente reconvención, tal y como señala el art. 770.2 d) de la LEC y resolvió la sentencia de primera instancia.

Se razonó, que no concurría la identidad de razón precisa para la aplicación de la jurisprudencia citada por la sentencia recurrida, dado que el actor no introdujo en la demanda una petición de no fijación de dichas prestaciones económicas y que, a consecuencia de ello, sufrió una indefensión, que debe ser corregida mediante la estimación de este motivo del recurso.

Con respecto a la congruencia, es doctrina reiterada de esta sala, la expuesta, por ejemplo, en la sentencia 1016/2024, de 17 de julio, por citar alguna de las más recientes, en la que sostuvimos:

«"[...] las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Harán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate".

»Como hemos declarado, en múltiples ocasiones, por ejemplo, en las sentencias 509/2022, de 28 de junio, 511/2023, de 18 de abril y 628/2024, de 13 de mayo, la congruencia exige una correlación entre los pedimentos de las partes oportunamente deducidos y el fallo de la sentencia, teniendo en cuenta la petición y la causa de pedir.

»Por lo tanto, una sentencia es incongruente, si concede más de lo pedido por las partes (ultra petita), se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo suplicado por los litigantes (extra petita), se dejan incontestadas y sin resolver algunas de las pretensiones sostenidas (citra petita), siempre y cuando el silencio judicial no pueda razonablemente interpretarse como desestimación tácita de la pretensión deducida; por el contrario, es perfectamente válido que dé menos de lo pedido (infra petitum), lo que no constituye infracción de incongruencia salvo que diera menos de lo admitido por la contraparte ( sentencias 604/2019, de 12 de noviembre; 31/2020, de 21 de enero; 267/2020, de 9 de junio; 526/2020, de 14 de octubre; 37/2021, de 1 de febrero; 751/2021, de 2 de noviembre; 202/2022, de 14 de marzo; 364/2022, de 4 de mayo; 509/2022, de 28 de junio Y 628/2024, de 13 de mayo, entre otras muchas)».

Existe, por lo tanto, incongruencia en la modalidad extra petita(fuera de lo pedido), cuando la sentencia resuelve sobre pretensiones o excepciones no formuladas por las partes y con respecto a la relevancia constitucional del vicio de incongruencia hay que señalar que se produce, por entrañar una alteración del principio de contradicción constitutiva de una efectiva denegación del derecho a la tutela judicial efectiva, cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos en que discurrió la controversia procesal ( STC 18 de octubre de 2004, RTC 2004, 174).

Pues bien, con fundamento en tal doctrina, y por los argumentos que se dirán, este motivo del recurso interpuesto va a ser parcialmente estimado.

En efecto, hemos señalado reiteradamente que la pensión compensatoria se configura como un derecho personalísimo de crédito, normalmente de tracto sucesivo, fijado en forma de pensión indefinida o limitada temporalmente, susceptible, no obstante, de ser abonada mediante una prestación única, incardinable dentro de la esfera dispositiva de los cónyuges, condicionada, por lo que respecta a su fijación y cuantificación, a los parámetros establecidos en el art. 97 del CC, y fundada en el desequilibrio económico existente entre los consortes en un concreto momento, como es el anterior de la convivencia marital ( sentencias 100/2020, de 20 de febrero; 418/2020, de 13 de julio; 807/2021, de 23 de noviembre; 435/2022, de 30 de mayo y 1429/2023, de 17 de octubre, entre otras).

Dada su configuración jurídica, la pensión compensatoria entra de lleno en el marco de las facultades dispositivas que corresponden a los cónyuges, los cuales cuentan con la posibilidad de configurarla jurídicamente de la forma que estimen oportuna. Son, por lo tanto, perfectamente válidos los pactos relativos a su renuncia, cuantía, revisión, límites temporales, capitalización etc., siempre claro está que reúnan los requisitos de validez de todo pacto libremente concertado ( SSTS 572/2015, de 19 de octubre, 392/2015, de 24 de junio, 615/2018, de 7 de noviembre, 102/2022, de 2 de febrero, 130/2022, de 21 de febrero, y 904/2023, de 6 de junio, entre otras).

Por su parte, el art. 751.3 de la LEC, dentro del Libro IV, relativo a los procesos especiales, bajo el epígrafe «indisponibilidad del objeto del proceso», norma que:

«[...] no obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, las pretensiones que se formulen en los procesos a que se refiere este Título y que tengan por objeto materias sobre las que las partes puedan disponer libremente, según la legislación civil aplicable, podrán ser objeto de renuncia, allanamiento, transacción o desistimiento, conforme a lo previsto en el capítulo IV del Título I del Libro I de esta Ley».

Por último, el art. 770.2 d) de la LEC establece que, en los procedimientos matrimoniales, sólo se admitirá reconvención:

«Cuando el cónyuge demandado pretenda la adopción de medidas definitivas, que no hubieran sido solicitadas en la demanda, y sobre las que el tribunal no deba pronunciarse de oficio».

La cuestión que suscita el recurso interpuesto ha dado lugar a pronunciamientos de esta sala. La primera ocasión, en la que fue específicamente interpretado el art. 770.2 d) de la LEC, fue en la sentencia de pleno 533/2012, de 10 de septiembre.

En el caso contemplado por dicha resolución, el demandante había expresado, en su escrito de demanda, su oposición al reconocimiento de una pensión compensatoria a favor de la que fue su cónyuge, anticipándose de esta forma a una petición de tal clase que pudiera ser formulada, toda vez que la edad de demandada le otorgaba amplias posibilidades de acceso al mercado laboral. Asimismo, el demandante propuso prueba -que fue practicada- dirigida a constatar las circunstancias laborales y económicas de la demandada mediante la que pretendía justificar la denegación de la precitada pensión.

La demandada, sin formular reconvención, se defendió en el escrito de contestación a la demanda frente a las alegaciones efectuadas por el marido y adujo la procedencia de la precitada prestación económica a su favor por concurrir una situación objetiva de desequilibrio e imposibilidad de superarlo, en atención a su exclusiva dedicación a la familia, falta de formación y experiencia laborales, así como por su edad, que implicaba una gran dificultad para acceder a un empleo. Terminó solicitando, en el suplico de la contestación a la demanda, una cantidad concreta en concepto de pensión compensatoria.

El Juzgado declaró el divorcio, pero denegó la pensión por no haberse formulado reconvención expresa, decisión que fue confirmada por la audiencia; no obstante, se estimó el recurso de casación interpuesto con la argumentación siguiente:

«B) La especial naturaleza de la institución matrimonial se traduce, en el plano procesal, en que no rigen los principios dispositivo y de preclusión con igual fuerza que en los procesos declarativos ordinarios, como se infiere, entre otros extremos, del hecho de que el artículo 770.2.ª, párrafo segundo, LEC limita la exigencia de reconvención expresa prevista en el artículo 406.1 LEC a determinados supuestos, entre los que figura el que aquí interesa (letra d]), que concurre «[c]uando el cónyuge demandado pretenda la adopción de medidas definitivas, que no hubieran sido solicitadas en la demanda, y sobre las que el tribunal no deba pronunciarse de oficio».

»C) Cuando se trata de la decisión sobre la procedencia o de otorgar una pensión o prestación compensatoria por desequilibrio económico ( artículo 97 CC) , cuya petición por el cónyuge demandado está sujeta a reconvención, dado que no puede acordarse de oficio, se plantea si debe estimarse comprendido en la excepción relativa a que la medida hubiera sido solicitada en la demanda (caso en que no es necesaria la reconvención), el supuesto en que la parte demandante solicita expresamente que se deniegue la pensión o prestación, y la parte demandada, sin formular reconvención, solicita en la contestación a la demanda que se conceda dicha medida».

Acto seguido, se resuelve la cuestión controvertida argumentado que:

«En efecto, esta Sala entiende que cuando la LEC exige reconvención expresa lo hace con el fin de someter a un régimen formal la ampliación o integración del objeto del proceso, de forma suficiente para garantizar la seguridad jurídico-procesal. En el supuesto en que la parte demandante se opone al reconocimiento de la pensión compensatoria, introduciendo el debate sobre su procedencia, debe admitirse que con ello integra en el objeto del proceso la pretensión relativa a la pensión por desequilibrio económico. Así se infiere del hecho de que el otorgamiento de una medida de esta naturaleza, discutida en el seno de un procedimiento familiar, no puede ser entendida de manera rígida como una pretensión de carácter unilateral frente a la que la otra parte se presenta con el carácter de sujeto pasivo, sino como una medida que debe ser ponderada y discutida simultáneamente en su anverso y en su reverso teniendo en cuenta diversas circunstancias atinentes a ambas partes en relación con la institución matrimonial, y ponderando intereses que están por encima de los individuales de uno y otro cónyuge. Esta es la razón por la que cuando la parte demandante solicite que no se fije esa medida, introduciendo de manera clara y expresa su discusión en el debate, debe considerarse que se cumplen los requisitos de formalidad suficientes para considerar ampliado el objeto del proceso no solo a la posibilidad de denegar la medida, sino también, como reverso lógico, a la posibilidad de concederla. Debe interpretarse, pues, que cuando el artículo 710.2.ª d) LEC dispone, como uno de los supuestos en que se excusa la reconvención en los procesos familiares, aquel en que el cónyuge demandado pretenda la adopción de medidas definitivas, no apreciables de oficio, «que no hubieran sido solicitadas en la demanda», la naturaleza de esta medida impone que se considere equivalente al supuesto de solicitud en la demanda el caso en que se haya solicitado su denegación, pues tiene el mismo efecto contemplado en la LEC de ampliar a su discusión el objeto del proceso.

»F) En aplicación de esta doctrina, procede estimar la infracción en que se funda el recurso, puesto que, más allá de que la sentencia recurrida expusiera las razones que entendía que justificaban su decisión, debe apreciarse incongruencia en la falta de resolución sobre una pretensión, referente al reconocimiento de una pensión compensatoria a favor de la esposa y a cargo del marido, que cabe entender que había sido introducida en el proceso por las partes con arreglo a una razonable interpretación de la ley. Como se ha dicho, debe valorarse la actuación del propio demandante, que, anticipándose a las alegaciones de la esposa, y en previsión de la petición formal que esta pudiera hacer al respecto en el trámite procesal oportuno, tomó la decisión de incluirla en su demanda, aunque fuera para sostener que su fijación era improcedente, -petición en sentido negativo que apoyó en razones y pruebas que consideraba pertinentes para sustentarla-. A su vez debe tenerse en cuenta la conducta procesal de la esposa, que no se limitó a defenderse de manera genérica de las pretensiones formuladas en su contra, sino que interesó expresamente el reconocimiento de la pensión en la contestación a la demanda».

Como no podía ser de otra forma, se adopta la misma decisión en el caso enjuiciado por la STS 722/2013, de 15 de noviembre, con expresa referencia a la sentencia de Pleno de 10 de septiembre de 2012, en tanto en cuanto concurría la necesaria identidad de razón, puesto que, también, el actor en su demanda había suscitado la improcedencia de la fijación de la pensión compensatoria, habida cuenta de la independencia económica de los cónyuges, mientras que la demandada postuló, en su escrito de contestación a la demanda, sin formular reconvención, que se fijase una pretensión económica de tal clase a su favor, al concurrir los supuestos del desequilibrio económico en función de larga duración del matrimonio, dedicación pasada y futura a la familia, apoyo a la carrera profesional de su esposo y renuncias a puestos fijos de trabajo.

En la STS 386/2013, de 3 de junio, con cita también de la sentencia del pleno 533/2012, de 10 de septiembre, se da un paso más, en tanto en cuanto se consideró que la pretensión de la demandada de que se fijase una pensión compensatoria en el suplico de la contestación de la demanda debía ser conocida, a pesar de que el demandante, expresamente, no solicitó que se le denegara a la contraparte, toda vez que así se deducía del contenido de la demanda, y así se argumentó:

«De un lado, porque no se aprecia la existencia del incumplimiento de un requisito formal. De otro, porque tampoco se aprecia la indefensión en que se funda el recurso. La pretensión de que a la esposa le fuera reconocido el derecho a una pensión compensatoria a cargo del marido, había sido introducida en el proceso por las partes con arreglo a una razonable interpretación de la ley y esta circunstancia no permite apreciar la existencia del incumplimiento de un requisito formal ni apreciar indefensión.

»En primer lugar, es el propio demandante el que, anticipándose a las alegaciones de la esposa, y en previsión de la petición formal que esta pudiera hacer al respecto en el trámite procesal oportuno, tomó la decisión de, aun sin citarla, introducir en su demanda los elementos fácticos necesarios para negarla a partir de una relación detallada tanto de su situación económica como de la de su esposa En segundo lugar, la esposa no se limitó a defenderse de manera genérica de las pretensiones formuladas en su contra, sino que interesó expresamente el reconocimiento de la pensión en la contestación a la demanda».

En dicho caso, se entendió que la exposición de la situación económica de ambos cónyuges llevada a efecto por el demandante, anticipándose a la petición por parte de la demandada de una pensión compensatoria a su favor, introducía en el debate el desequilibrio económico determinante de su fijación, que fue expresamente postulada por la parte demandada en su contestación, sin que el actor sufriera merma de su derecho de defensa.

En definitiva, la sentencia consideró que la pensión compensatoria integraba el objeto del proceso, sin perjuicio de que, al abordar el fondo de la controversia, resolviera que la esposa carecía de tal derecho, después de transcurridos siete años de ruptura efectiva de la convivencia conyugal sin haberla reclamado, lo que conformaba ya una cuestión distinta de fondo, y no un presupuesto procesal condicionante del examen de dicha pretensión, que fue examinada por el tribunal de casación.

En una cuarta ocasión, nos pronunciamos al respecto en la sentencia 377/2016, de 3 de junio. El recurso versaba entonces sobre un procedimiento de modificación de medidas adoptadas en una sentencia de divorcio, y se postulaba la fijación de una de pensión compensatoria, que había sido rechazada por haber sido solicitada sin reconvención expresa. En la instancia se desestimó la demanda en virtud del principio de preclusión, mientras que la audiencia entendió que la no utilización de la reconvención no supone una renuncia al derecho y concedió la pensión.

La sala estimó el recurso de casación, al razonar que no es posible una reclamación del derecho a la pensión compensatoria independiente de la acción principal de divorcio, mediante un ulterior incidente de modificación de medidas. Solo hay, por lo tanto, un momento de ruptura conyugal que debe ser contemplado: el de la separación o divorcio que determina la existencia del desequilibrio económico que sustenta el derecho. Si el derecho no se hace valer o no se insta correctamente la situación queda juzgada. Es un problema de naturaleza sustantiva concerniente al momento en el que debe ejercitarse el derecho para valorar el desequilibrio económico, no un tema procesal. En definitiva, se mantuvo la sentencia de primera instancia en cuanto desestima la demanda. Y, en lo que ahora interesa, señaló:

«Es, además, una norma de naturaleza dispositiva, sometida a la autonomía privada, de tal forma que para que el juez pueda concederla a uno de los cónyuges necesita que la solicite en cualquiera de sus escritos iniciales, es decir, en la demanda o en la reconvención (con alguna excepción como la que recoge la sentencia del Pleno de la Sala de 10 de septiembre de 2012, recurso 1519/2010 donde se ha sentado la doctrina de que no puede ser considerada incongruente la resolución sobre la cuestión de la pensión compensatoria, siempre que la pretensión se haya introducido en el proceso, a través de la contestación a la demanda)».

Pues bien, con base en dichos antecedentes jurisprudenciales, procede la desestimación de este concreto motivo del recurso con respecto a la pensión compensatoria.

En efecto, es indiscutible que las pretensiones económicas de la demandada corresponden al marco propio de sus facultades dispositivas y, por lo tanto, sobre ellas no cabe que los tribunales civiles se pronuncien de oficio.

Es obvio, también, que el demandante no ha postulado, en su escrito de demanda, que se fije una pensión compensatoria a favor de su esposa, en tanto en cuanto supondría una injerencia en los derechos ajenos.

No obstante, como destaca la audiencia, la demanda contiene una pormenorizada exposición de los factores y elementos necesarios para la apreciación del desequilibrio económico necesario para proceder al establecimiento y cuantificación de la pensión compensatoria a los que se refiere el art. 97 del CC (duración del matrimonio, capacidad económica de los cónyuges, dedicación a la familia, régimen económico del matrimonio, posibilidades laborales etc.), con aportación de prueba sobre tales extremos.

Además, la demandada, en el suplico de su contestación a la demanda, interesó expresamente la fijación a su favor de una pensión compensatoria en la cuantía que consideró procedente, petición que reprodujo en su recurso de apelación, con indicación de los factores que justificaban su determinación judicial.

El demandante señala que sufrió indefensión, pero para que esta alcance relevancia jurídica debe ser material, real y efectiva, no meramente formal. El recurrente no explicitó, con respecto a la pensión compensatoria, en qué consistió esa alegada merma o privación de su derecho de defensa, dado que los elementos, para la determinación del desequilibrio económico y cuantificación del importe de la pensión ( art. 97 del CC) , se encontraban en los autos, eran perfectamente conocidos por el demandante, en tanto en cuanto los aportó al proceso en la base fáctica de su escrito de demanda, razonó sobre ellos, y propuso, al respecto, prueba documental que se admitió. Tampoco se vio sorprendido por tal pretensión, toda vez que la demandada expresamente solicitó su fijación, y gozó el recurrente de plurales oportunidades procesales para formular su oposición a su determinación judicial.

Por todo ello, consideramos que, en atención a las concretas circunstancias concurrentes, el recurso no puede ser estimado en este extremo impugnatorio.

Cuestión distinta es la relativa a la indemnización del art. 1438 del CC, dado que la demanda no contiene una concreta base fáctica respecto a su determinación, ni el demandante la aportó para cuestionar su procedencia, con razonamiento sobre sus presupuestos fácticos y jurídicos, de manera que pudiera entenderse razonablemente que introdujo su determinación como objeto del proceso, lo que, desde luego, no puede considerarse acreditado.

Es cierto, que las sentencias 678/2015, de 17 de noviembre; 94/2018, de 20 de febrero y 1423/2023, de 17 de octubre, admiten que quepa fijar la indemnización del art. 1438 del CC en el propio procedimiento de separación o divorcio; ahora bien, ello requiere la formulación de reconvención como así aconteció en los casos en los que el tribunal se pronunció al respecto, a título de ejemplo, las sentencias 678/2015, de 11 de diciembre; 589/2017, de 6 de noviembre; 94/2018, de 20 de febrero; 497/2020, de 29 de septiembre y 229/2024, de 21 de febrero; o cuando tal petición se formuló directamente en demanda ( SSTS 658/2019, de 11 de diciembre; 18/2022, de 13 de enero; 357/2023, 10 de marzo; 362/2023, de 13 marzo, y 1423/2023, de 17 de octubre, entre otras).

No se dan, en este supuesto, las mismas circunstancias antes examinadas con respecto a la constitución de la pensión compensatoria como objeto del proceso. No concurre identidad de razón para aplicar la precitada jurisprudencia y adoptar una similar decisión.

De ninguna manera, el actor expresamente, ni en los antecedentes fácticos y jurídicos de su demanda, introdujo, para cuestionarla, la indemnización del art. 1438 CC como objeto del proceso, anticipándose a una eventual petición de tal clase de la contraparte.

Tampoco, se trata de una de las medidas definitivas a adoptar en los procesos matrimoniales de las previstas en el art. 91 del CC, aunque hayamos admitido la posibilidad de fijarla en los juicios de esta clase. Su condición de pretensión dependiente de las facultades dispositivas de las partes es indiscutible.

La demandada no formuló reconvención conforme a lo establecido en el art. 770.2 d) LEC. Los elementos configuradores del nacimiento de dicha pretensión indemnizatoria y su cuantificación no fueron realmente sometidos a contradicción y cabe apreciar, en este caso, lesión del derecho de defensa del demandante.

Por consiguiente, entendemos que tal cuestión quedó al margen del proceso, y, en este sentido, la audiencia fue incongruente al pronunciarse sobre ella, lo que determina la estimación del recurso en este extremo.

TERCERO.- Examen del segundo motivo por infracción procesal

En esta ocasión, el recurso se interpone, al amparo del artículo 469.1.2.º de la LEC, por infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia, concretamente el artículo 218.2 de la precitada disposición general al haber incurrido la sentencia del tribunal provincial en falta de motivación.

El motivo no puede ser estimado; toda vez que la sentencia dictada por la audiencia explica cuáles son los argumentos que determinaron la estimación de la demanda, y es jurisprudencia reiterada la que considera suficientemente motivadas las resoluciones que vengan apoyadas en razones a través de las cuales quepa conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales que justifican la decisión tomada; es decir, la razón de la decisión que ha determinado el fallo o parte dispositiva de la resolución recurrida ( sentencias 294/2012, de 18 de mayo, 736/2013, de 3 de diciembre y 1065/2024, de 23 de julio).

Ahora bien, que éstas sean o no correctas no corresponde ya al motivo del recurso extraordinario interpuesto ( SSTS 1230/2023, de 18 de septiembre y 1065/2024, de 23 de julio).

Hemos señalado, también, que puede decirse, con carácter general, de forma sintética, que una motivación es arbitraria cuando, en primer lugar, utiliza argumentos que no responden a los principios de la razón y de la lógica, a las reglas de la experiencia o a los conocimientos científicos; en segundo lugar, cuando los razonamientos parten de premisas falsas, porque obviamente en estos casos se alcanzarán conclusiones igualmente falsas; y, en tercer lugar, cuando no se respeten los criterios normativos de aplicación en el ámbito de la decisión que debe adoptarse ( SSTS 332/2024, de 6 de marzo y 1065/2024, de 23 de julio).

Pues bien, en este caso, la sentencia del tribunal provincial está debidamente motivada, se conocen las razones del camino argumental que condujo a la decisión tomada, y esta no se funda en una aplicación arbitraria del ordenamiento jurídico en los términos señalados, con lo que no se lesiona el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE.

CUARTO.- Examen del tercer motivo por infracción procesal

Este último motivo del recurso se fundamenta en el ordinal 2.º del apartado 1 del artículo 469 de la LEC, por infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia, más concretamente por infracción de los artículos 460 y 752 LEC, al admitirse la prueba propuesta en segunda instancia por la parte recurrida.

En concreto, la prueba propuesta y finalmente admitida concierne a un movimiento de una cuenta bancaria, un certificado de estar al corriente en los pagos de la seguridad social, así como un oficio a la entidad, para la que presta sus servicios el demandante, con la finalidad de constatar sus ingresos brutos y retenciones del salario cara a la apreciación de su capacidad económica real.

Las pruebas fueron admitidas parcialmente por auto de 20 de mayo de 2021 con respecto al libramiento del oficio, y las dos restantes, al resolver el recurso de reposición interpuesto por la demandada, por medio de auto de 1 de julio de 2021, en el que la audiencia justifica la admisión de tales pruebas documentales a los efectos de determinar también la pensión de alimentos del hijo menor de los litigantes, lo que conforma una manifestación de su interés superior.

La admisión de la prueba se fundamentó en el art. 752 de la LEC, por lo que se encuentra amparada legalmente por dicho precepto, que prevalece, por su especificidad, sobre el art. 460 LEC, y que posibilita, incluso, a los órganos judiciales practicar prueba de oficio con un régimen específico sobre la preclusión de alegaciones.

En el sentido expuesto, la STC 178/2020, de 14 de diciembre, se manifiesta categórica, al referirse a un canon reforzado de tutela judicial efectiva, que determina que la aplicación de las normas procesales deba someterse a un criterio de flexibilidad, con atribución de holgadas facultades al juez, con amplios márgenes para las alegaciones de las partes, así como para aportar documentos y todo tipo de justificaciones, con la finalidad de conseguir que el interés del menor pueda ser garantizado.

De esta manera, como no podía ser de otra forma, se ha expresado la sentencia de esta sala 281/2023, de 21 de febrero, y las citadas en ella, en la que se puede leer:

«[e]stos procedimientos especiales, tuitivos frente a las situaciones de riesgo en las que puedan hallarse los menores, con la finalidad de preservar el libre desarrollo de su personalidad y garantizar su interés superior ( arts. 10.1 y 39 CE) , se sustancian con gran flexibilidad procedimental, de manera tal que las partes gozan de un amplio margen para formular nuevas alegaciones y proponer pruebas sobre ellas ( art. 752 LEC) , susceptibles de ser sometidas al principio de contradicción».

Más recientemente, en el mismo sentido, la STS 129/2024, de 5 de febrero.

Por todo ello, este motivo del recurso tampoco puede ser estimado, puesto que la prueba fue debidamente incorporada al proceso sin infracción de la legalidad procesal y, una vez en autos, opera el principio de adquisición procesal.

Recurso de casación

QUINTO.- Examen del recurso

Se fundamenta en la infracción de los arts. 97 y 1438 del CC.

Con respecto a este último precepto, el recurso carece de interés jurídico, al considerar la sala que dicha pretensión requería la articulación de una acción reconvencional que no fue formulada.

En relación con la infracción del art. 97 del CC, no consideramos que la sentencia del tribunal provincial haya incurrido en la vulneración de tal precepto en cuanto analiza los criterios del art. 97 del CC (duración del matrimonio de treinta años, el nacimiento de tres hijos de la unión, del que el pequeño de ellos, en su condición entonces de menor de edad, quedaba bajo la custodia materna, la edad de la demandada que próximamente cumplirá los 57 años, con carencia de una específica cualificación profesional, que hace improbable que pueda trabajar por cuenta ajena, sin perjuicio de que retome el negocio que explotaba, una vez superada la pandemia del Covid 19, así como la asignación a la esposa de la vivienda familiar y la pensión de alimentos que debe abonar el padre, además de la capacidad económica de los litigantes) que operan tanto para la determinación del desequilibrio económico como para la fijación de su importe ( SSTS 864/2009, de 19 de enero de 2010, de Pleno; luego reiterada en sentencias 702/2010, de 4 de noviembre; 59/2011, de 14 de febrero; 104/2014, de 20 de febrero; 495/2019, de 25 de septiembre; 100/2020, de 12 de febrero, o más recientemente 1429/2023, de 17 de octubre entre otras muchas), sin que la demandada hubiese impugnado el carácter temporal de la pensión.

Por consiguiente, procede en este punto desestimar el recurso de casación interpuesto.

SEXTO.- Costas y depósito

La parcial estimación del recurso extraordinario por infracción procesal y la carencia de interés parcial con respecto al conocimiento del recurso de casación conlleva no se haga especial pronunciamiento sobre costas ( art. 398 LEC) , así como que proceda la devolución de los depósitos constituidos para recurrir ( disposición adicional 15.ª, apartado 8, de la Ley Orgánica del Poder Judicial).