Sentencia Civil 361/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 8135/2024 de 06 de marzo del 2026

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.D.ª Josefina interpuso una demanda frente a Telefónica de España, SAU por vulneración de su derecho al honor como consecuencia de la inclusión de sus datos en los ficheros Asnef y Badexcug, en la que reclamó 10.000 euros en concepto de indemnización por daños morales y la cancelación de los datos.

Alegó el incumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa de protección de datos. Afirmó, en concreto:

«-Inexistencia de una deuda cierta, líquida y exigible.

»-Falta de requerimiento previo de pago con la mención de ser incluida en caso contrario en ficheros de morosidad. Y ello por cuanto la actora en ningún momento recibió dicha notificación antes de la inclusión.

»-Inexistencia de contrato en el que se advierta al cliente que sus datos pueden ser incluidos en ficheros de insolvencia, con mención de los ficheros en los que participe, quedando a la espera de su aportación.

»-Deuda no indiciaria de insolvencia económica».

2.La demandada se opuso a la demanda y la sentencia de primera instancia la desestimó.

El juzgado partió de la aplicación al caso de la LOPDP 15/1999, de 13 de diciembre, así como de lo dispuesto en el art. 38 del RPDP, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. Consideró que la deuda existía y era cierta, líquida y exigible en el momento de la inclusión. Asimismo, tuvo por acreditadas, mediante presunciones, tanto la prestación de la información previa a la inclusión exigida por el art. 39 del RPDP como la realización del requerimiento previo de pago previsto en la letra c) del art. 38.1.

Añadió que, si bien en la grabación del contrato aportada no se hacía mención específica a la posibilidad de inclusión en ficheros de morosos -efectuándose únicamente una remisión genérica al Condicionado General, que sí la contemplaba en su art. 9.5, aunque no constaba firmado por la demandante-, en el ámbito de la tutela del derecho al honor la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha adoptado un enfoque funcional respecto del requisito del requerimiento de pago. Este enfoque atiende a su finalidad legal y a las circunstancias del caso, especialmente a la eventual sorpresa del afectado por la inclusión en el fichero, relativizando la relevancia de su omisión cuando el deudor conocía la deuda y mostró una actitud pasiva, pues el requerimiento persigue evitar la inclusión de quienes han dejado de pagar por simple descuido o error ajeno y cuyo incumplimiento no resulta indicativo de su solvencia. Concluyó que ese mismo enfoque debía aplicarse al análisis del requisito de la información contractual sobre la posible inclusión en registros de morosos, de modo que, constando plenamente acreditado el requerimiento de pago con apercibimiento expreso de inclusión en caso de impago -como ocurría en el presente supuesto-, debía flexibilizarse el examen del requisito de información contractual, entendiéndose globalmente cumplidos los presupuestos para la anotación en dichos registros.

3.La sentencia de segunda instancia desestimó el recurso de apelación interpuesto por la demandante y confirmó la dictada en primera instancia.

La Audiencia Provincial afirma que «no consta la información previa existente anterior a la fecha en que se contrata el servicio telefónicamente», pero añade: «[s]in embargo, los requerimientos de pago aportados, que fueron realizados a través de una empresa intermediaria que Correos reconoce como interviniente en la remisión de las comunicaciones de la entidad demandada, son de fecha anterior a la inclusión, fueron remitidos al servicio de correos y al domicilio del interesado, según obra en la documental y contienen la advertencia expresa de que en caso de impago de las facturas se reserva la entidad el derecho a comunicar sus datos a las entidades encargadas de la prestación de servicios sobre incumplimiento de obligaciones dinerarias, ( art 29LO15/9 con las consecuencia e inconvenientes de tal medida, de modo que cumplido dicho requisito, procede confirmar la apelada.»

4.La demandante ha interpuesto recurso de casación, que ha sido admitido, al que se han opuesto tanto la demandada como el fiscal.

SEGUNDO. Planteamiento del recurso. Decisión de la Sala

1. Planteamiento.El recurso de casación se funda en dos motivos.

1.1. En el motivo primero se denuncia la infracción del art. 39 RPDP, así como la vulneración por la recurrida de la sentencia dictada por esta Sala el 27 de octubre de 2023, ya que en el caso no se ha cumplido «el requisito de la advertencia al cliente de la inclusión en ficheros de insolvencia para el caso de adeudos [...]» y la sentencia incurre en un error patente, manifiesto y notorio, ya que «hace equivalentes, integrándolos en uno solo, dos requisitos distintos y no excluyentes, establecidos por los arts. 38 y 39 del Reglamento citado como de cumplimiento obligatorio, [...] dado que bajo los auspicios de la LOPD 15/99 ambos requisitos son de necesario cumplimiento conjunto, faltando aquí el cumplimiento del art 39 [...]».

1.2. En el motivo segundo se denuncia la infracción de los arts. 18.1 CE y 19.1 LOPDP en relación con el art. 9.3 de la LOPDH, ya que se priva al recurrente «de toda indemnización por considerar el Tribunal a quo que la inclusión de los datos de aquél en el fichero Badexcug ha sido lícita y, por tanto, no ha visto dañado su honor.»

2. Decisión de la Sala. Desestimación del recurso

2.1. El motivo primero debe desestimarse por lo que se expone a continuación.

El motivo denuncia la infracción del art. 39 del RPDP al entender la recurrente que la sentencia impugnada habría confundido el deber específico de información previsto en dicho precepto -esto es, la obligación de informar al deudor, tanto en el momento de la celebración del contrato como al tiempo de efectuar el requerimiento, de la posible comunicación de sus datos a ficheros de solvencia en caso de impago- con el requisito distinto del art. 38.1.c), consistente en el requerimiento previo de pago.

Así planteado, el motivo no puede prosperar.

La Audiencia Provincial no desconoce la dualidad normativa de ambos preceptos ni subsume el deber de información del art. 39 en el mero requerimiento del art. 38.1.c). Lo que hace es asumir la valoración efectuada por el Juzgado de Primera Instancia y, constatando que concurren los restantes presupuestos -existencia de una deuda cierta, vencida y exigible; requerimiento previo de pago; y advertencia expresa de la posibilidad de inclusión antes de que esta se produjera-, aplicar la doctrina jurisprudencial sobre el carácter funcional del requerimiento, proyectándola también sobre la exigencia de información contractual. No se trata, por tanto, de integrar en uno solo los requisitos de los arts. 38 y 39, sino de valorar si la eventual inobservancia formal del deber de información contractual comporta, en el caso concreto, la vulneración del derecho fundamental invocado.

En el caso, no existe controversia real sobre la naturaleza de la deuda. De los hechos declarados probados resulta que se trataba de una deuda cierta, vencida y exigible en el momento de la inclusión, presupuesto imprescindible para descartar que se esté tratando a un no deudor como moroso.

También consta que la demandante fue requerida de pago con carácter previo a la inclusión y advertida expresamente de la posibilidad de comunicación de sus datos a ficheros de solvencia en caso de impago, inclusión que se produjo precisamente ante la persistencia en el incumplimiento.

La invocación de la sentencia 1505/2023, de 27 de octubre, no resulta decisiva. En aquel supuesto la cuestión del carácter funcional del requerimiento no constituyó la ratio decidendini fue objeto de debate en los términos en que aquí se suscita. Por tanto, no puede extraerse de dicha resolución una doctrina contraria a la aplicada por la Audiencia Provincial.

Por el contrario, la jurisprudencia más reciente de esta sala ha reforzado expresamente el carácter funcional del requerimiento de pago. Así lo declaran, entre otras, las sentencias 946/2022, de 20 de diciembre, 959/2022 y 960/2022, de 21 de diciembre, así como la 280/2024, de 27 de febrero, en las que se afirma que el requerimiento no es una exigencia meramente formal, sino un instrumento dirigido a evitar la inclusión en registros de morosos de quien ha dejado de pagar por simple descuido, error bancario o circunstancia análoga no indicativa de insolvencia.

Desde esta perspectiva, la omisión o la práctica defectuosa de alguno de los requisitos formales no determina automáticamente la existencia de una intromisión ilegítima en el derecho al honor. Lo decisivo no es la mera infracción formal, sino si, en atención a las circunstancias del caso, ha quedado frustrada la finalidad a la que responde el requerimiento previo: evitar la inclusión en estos registros de quien ha dejado de pagar por simple descuido, error bancario o circunstancia análoga no indicativa de insolvencia. Como se razonó en la sentencia 280/2024, cuando el impago no obedece a un error subsanable sino a la persistencia en el incumplimiento de una deuda cierta y exigible, la eventual irregularidad en el requerimiento pierde relevancia desde la perspectiva del derecho al honor, pues la inclusión no reviste carácter sorpresivo y refleja una situación real de incumplimiento.

En esta misma línea, la sentencia 918/2025, de 9 de junio, ha declarado expresamente que, aun cuando la advertencia no se hubiera realizado en el momento de la celebración del contrato, procede aplicar la doctrina del carácter funcional del requerimiento cuando el deudor admite la existencia de deudas vencidas e impagadas y ha sido requerido con advertencia expresa antes de su inclusión. Y la sentencia 1385/2025, de 24 de septiembre, ha precisado que el incumplimiento de la exigencia acumulativa del art. 39 RPDP no implica necesariamente una intromisión ilegítima en el derecho al honor, pues no todo incumplimiento de la normativa de protección de datos comporta automáticamente tal vulneración, debiendo valorarse si se ha cumplido la funcionalidad asignada a dichos requisitos.

En definitiva, la cuestión no estriba en la regularidad administrativa del tratamiento de datos, sino en determinar si la inclusión comportó una intromisión ilegítima en el derecho al honor. Y, conforme a la doctrina reiterada de esta sala, dicha intromisión se produce cuando se trata al no deudor como moroso. No es ese el caso, pues la demandante mantenía una deuda cierta y exigible, fue requerida de pago con advertencia expresa y no procedió a su satisfacción.

En consecuencia, la eventual falta de advertencia al tiempo de la contratación -aun admitiendo que no se acreditara en los términos formales del art. 39- no determina, en las circunstancias concurrentes, la existencia de una vulneración del derecho al honor.

Por todo ello, el motivo primero debe ser desestimado.

2.2. La pretensión indemnizatoria se anuda necesariamente a la apreciación de una intromisión ilegítima en el derecho al honor. El art. 9.3 de la LOPDH presupone, para el nacimiento del derecho a la indemnización, la previa existencia de tal intromisión. De igual modo, la invocación del art. 18.1 CE solo puede desplegar eficacia si se constata la vulneración del derecho fundamental que proclama.

Por tanto, desestimado el motivo primero, y afirmado que no concurrió una intromisión ilegítima en el derecho al honor de la demandante, la pretensión indemnizatoria carece de sustento, pues no puede apreciarse daño moral indemnizable cuando no se ha producido vulneración del derecho al honor.

Por ello, el motivo segundo también debe ser desestimado.

2.3. En consecuencia, desestimados los dos motivos en que se fundaba, procede desestimar el recurso de casación.

TERCERO. Costas y depósitos

Al desestimarse el recurso casación procede imponer las costas generadas por dicho recurso a la recurrente, con pérdida del depósito para recurrir ( arts. 398.1 y 394.1 LEC y disposición adicional 15.ª, apartado 9.ª , LOPJ, respectivamente).?