Sentencia Civil 362/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 8449/2024 de 06 de marzo del 2026

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.D. Demetrio interpuso una demanda frente a Ibancar World, SL por vulneración de su derecho al honor como consecuencia de la inclusión de sus datos en el fichero Asnef, en la que reclamó 5.000 euros en concepto de indemnización por daños morales y la cancelación de los datos.

Alegó el incumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa de protección de datos, en concreto:

«-la existencia de una deuda cierta, líquida v exigible;

»-falta de requerimiento previo de pago;

»-existencia de disconformidad con la deuda previamente manifestada mediante procedimiento judicial ya iniciado.»

2.La demandada se opuso a la demanda y la sentencia de primera instancia la desestimó.

El juzgado tuvo «por hecho correctamente el requerimiento previo de pago»; además, entendió que «en el momento en que se incluyen los datos en el fichero de morosos la deuda era cierta, veraz y no estaba discutida».

3.La sentencia de segunda instancia estimó el recurso de apelación interpuesto por el demandante, revocó la dictada en primera instancia y estimó en su integridad la demanda. La Audiencia Provincial partió de la inclusión de los datos del actor en el fichero Asnef con posterioridad a la presentación por el actor de una demanda frente a la demandada, en la que solicitaba la declaración de nulidad por usurario del contrato de préstamo suscrito con ella del que dimanaba la pretendida deuda determinante de la inclusión, razonando a continuación lo siguiente:

«Se hace así patente que la deuda no podía considerarse cierta, vencida y exigible en el momento de su inclusión en el archivo, en fecha 27 de junio del 2.022, teniendo en consideración que antes ya se había presentado demanda interesando la declaración de nulidad del contrato y la ahora demandada era conocedora de la existencia de esta reclamación judicial, a la que se opuso expresamente en trámite de contestación; por último, se dictó sentencia judicial que establece la ineficacia del contrato del que resulta la deuda, y que es además de fecha anterior a la cancelación de los datos indebidamente incluidos en el archivo.

»La deuda incluida en el archivo Asnef por parte de la entidad demandada es la que resulta de las obligaciones dimanantes del contrato de préstamo, obligaciones cuyo contenido nada tienen que ver con los efectos restitutorios anudados legalmente a la ineficacia contractual instada por el actor ( art. 3 de la Ley de 23 de julio de 1.908 y art. 1.303 del CC), por lo que la posible y circunstancial coincidencia entre el importe a restituir y el importe del crédito contractual incorporado al archivo no neutraliza la total falta de certeza de los datos incluidos, toda vez que se trata de datos evidentemente controvertidos desde que se cuestiona judicialmente la validez y vigencia del préstamo.»

4.La demandada ha interpuesto un recurso de casación, que ha sido admitido, al que se ha opuesto el actor y que apoya la fiscal.

SEGUNDO. Planteamiento del recurso. Decisión de la Sala

1. Planteamiento. El recurso de casación se funda en un motivo único en el que se denuncia la infracción del art. 20.1.b) LOPDPyGDD.

La recurrente sostiene que una reclamación judicial de nulidad por usura no convierte en no pacífica la deuda y, por tanto, en ilegítima el alta en los ficheros de morosos. Cita en su apoyo las sentencias de esta Sala 945/2022, de 20 de diciembre (del Pleno), y 185/2023, de 7 de febrero, y transcribe el pasaje de estas que, a su juicio, contiene la doctrina jurisprudencial a la que se opone la sentencia recurrida:

«[...] el desvalor que para el ordenamiento jurídico supone la usura [...] no tiene como consecuencia que la comunicación a un fichero de morosos de los datos del deudor que no ha restituido la suma que le fue entregada constituya una intromisión ilegítima en el derecho al honor de este, cuando en ese momento el deudor no había planteado controversia sobre la existencia de la deuda ni había intentado restituir siquiera el capital recibido».

2. Decisión de la Sala. Desestimación del recurso

El motivo y, con él, el recurso deben desestimarse por inexistencia de interés casacional, ya que la sentencia recurrida no contradice la doctrina jurisprudencial establecida por esta sala en las sentencias que se traen a colación, sino que resuelve un supuesto fáctico sustancialmente distinto.

En efecto, el motivo se funda en la infracción del art. 20.1.b) LOPDPyGDD, sosteniendo que la mera interposición de una demanda de nulidad por usura no convierte en controvertida la deuda ni, por tanto, en ilegítima la inclusión en el fichero de morosos. Para ello se invocan las sentencias 945/2022, de 20 de diciembre (Pleno), y 185/2023, de 7 de febrero, de las que se transcribe, como determinante de la alegada oposición a la doctrina jurisprudencial, el pasaje siguiente:

«[...] el desvalor que para el ordenamiento jurídico supone la usura [...] no tiene como consecuencia que la comunicación a un fichero de morosos de los datos del deudor que no ha restituido la suma que le fue entregada constituya una intromisión ilegítima en el derecho al honor de este, cuando en ese momento el deudor no había planteado controversia sobre la existencia de la deuda ni había intentado restituir siquiera el capital recibido».

Ahora bien, la doctrina recogida en dichas resoluciones -que declara que «para la inclusión de los datos del deudor en ficheros relativos al cumplimiento de obligaciones dinerarias la deuda debe ser, además de vencida y exigible, cierta, es decir, inequívoca, indudable»; que «[p]or tal razón, no cabe incluir en estos registros datos personales por razón de deudas inciertas, dudosas, no pacíficas o sometidas a litigio»; que «[p]or lo general, hemos vinculado el cumplimiento de estos requisitos a la inexistencia de controversia sobre la deuda cuando se produce la comunicación de los datos al fichero de morosos, porque si el titular de los datos considera razonable y legítimamente que no debe lo que se le reclama, y así se lo ha hecho saber al acreedor, la falta de pago no es indicativa de la insolvencia del afectado y por tanto el tratamiento de sus datos en uno de estos ficheros no es pertinente. Tampoco puede utilizarse la inclusión en el fichero de morosos como una medida de presión para zanjar disputas con el cliente sobre la existencia o cuantía de la deuda»; que «a efectos de considerar que la deuda no era cierta, no es relevante el cuestionamiento de la deuda hecho con posterioridad a su inclusión en el registro de morosos»; y que «el desvalor que para el ordenamiento jurídico supone la usura trae consigo la consecuencia de la nulidad prevista en la Ley de 23 de julio de 1908: que el prestatario solo ha de restituir la suma recibida, esto es, el capital del préstamo. Pero no tiene como consecuencia que la comunicación a un fichero de morosos de los datos del deudor que no ha restituido la suma que le fue entregada constituya una intromisión ilegítima en el derecho al honor de este, cuando en ese momento el deudor no había planteado controversia sobre la existencia de la deuda ni había intentado restituir siquiera el capital recibido»- parte de un presupuesto fáctico claro: la inexistencia de controversia al tiempo de la inclusión.

Y es precisamente ese presupuesto el que no concurre en el presente caso.

En la sentencia 945/2022, los datos se incluyeron en el fichero a consecuencia del impago de las cuotas del préstamo antes de que el prestatario se dirigiera a la prestamista para que reconociera su carácter usurario y antes también de que interpusiera la demanda de nulidad del contrato de préstamo por usurario. De modo semejante, en la sentencia 185/2023 el deudor también formuló su primera reclamación sobre la pertinencia de la deuda con posterioridad a la inclusión de sus datos en el fichero de morosos «[p]or tal razón, en el momento en que el acreedor comunicó sus datos personales al registro de morosos, no existía controversia entre las partes sobre la existencia de la deuda.»

En cambio, en el supuesto ahora enjuiciado los datos fueron comunicados al fichero con posterioridad a que el prestatario hubiera impugnado extrajudicialmente el carácter usurario del préstamo y después de haber interpuesto la demanda de nulidad. En estas circunstancias, cuando se produjo la inclusión en el fichero no podía afirmarse que no existiera controversia sobre la deuda, pues su propio fundamento -el contrato de préstamo- estaba siendo objeto de un proceso judicial ya iniciado en el que la propia prestamista era parte demandada. No se trata de un cuestionamiento ex post,irrelevante según la doctrina jurisprudencial, sino de una controversia justificada, previa y formalizada que privaba a la deuda del carácter indiscutido exigido por el art. 20.1.b) LOPDPyGDD. Este precepto establece que, salvo prueba en contrario, se presumirá lícito el tratamiento de datos personales relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras y de crédito cuando se cumpla (entre otros) el requisito de que la deuda sea cierta, vencida y exigible y su «existencia o cuantía no hubiese sido objeto de reclamación administrativa o judicial por el deudor o mediante un procedimiento alternativo de resolución de disputas vinculante entre las partes». En la sentencia 1794/2023, de 20 de diciembre, declaramos que «constituye una intromisión ilegítima la comunicación de los datos personales del deudor a uno de estos ficheros [de morosos] cuando las circunstancias del caso revelan con suficiente claridad que la falta de pago no está relacionada con la solvencia del deudor, sino con su oposición a la certeza, existencia o cuantía de dicha deuda», y añadimos, con remisión a la consignado en la sentencia a 174/2018, de 23 de marzo, que «incluso siendo posible que la deuda resulte finalmente cierta y por tanto pueda considerarse como un dato veraz, puede no ser un dato pertinente y proporcionado a la finalidad del fichero, que no es la simple constatación de las deudas, sino la solvencia patrimonial de los afectados. Y por ello, solo es pertinente la inclusión de los deudores que no pueden o no quieren, de modo no justificado, pagar sus deudas, pero no aquellos que legítimamente discrepan del acreedor respecto de la existencia y cuantía de la deuda.»

La sentencia recurrida no desconoce que la eventual nulidad por usura no exonera al prestatario de restituir el capital, sino que afirma -en línea con la jurisprudencia citada- que, mientras la validez del contrato está sub iudicey pendientes de determinarse las consecuencias restitutorias derivadas de su eventual ineficacia, la deuda contractual no podía considerarse dotada de la necesaria certeza, a efectos de legitimar su comunicación a un fichero de solvencia patrimonial.

Por tanto, no existe contradicción entre la sentencia recurrida y la doctrina sentada en las sentencias 945/2022 y 185/2023, que resolvieron supuestos en los que la inclusión se produjo en ausencia de controversia previa y fue seguida de inmediata cancelación tras el emplazamiento. Al tratarse de un caso fácticamente distinto y correctamente subsumido en la doctrina jurisprudencial vigente, el recurso carece de interés casacional y debe ser desestimado.

TERCERO. Costas y depósitos

Al desestimarse el recurso casación procede imponer las costas generadas por dicho recurso a la recurrente, con pérdida del depósito para recurrir ( arts. 398.1 y 394.1 LEC y disposición adicional 15.ª, apartado 9.ª , LOPJ, respectivamente).