Sentencia Civil 363/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 4169/2025 de 06 de marzo del 2026

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.D. Anselmo interpuso una demanda frente a Telefónica de España, SAU por vulneración de su derecho al honor como consecuencia de la inclusión de sus datos en el fichero Asnef, en la que reclamó 4.000 euros o, subsidiariamente, 1.500 en concepto de indemnización, así como la cancelación de los datos.

Alegó «el incumplimiento de los requisitos legalmente exigibles para la inclusión de los datos [...] en el fichero de morosos». En concreto, afirmó la inexistencia de deuda cierta y exigible, la omisión del requerimiento previo de pago y del aviso de inclusión en el fichero Asnef, y la concurrencia de prescripción.

2.La demandada se opuso a la demanda y la sentencia de primera instancia la desestimó.

El juzgado consideró que la deuda había sido acreditada por las facturas aportadas, cuyo impago había reconocido el propio demandante en la audiencia previa; que la alegación de su carácter controvertido constituía una cuestión nueva y, en cualquier caso, que no constaba controversia sobre la deuda; que no concurría prescripción; y que el requerimiento de pago previo se había realizado correctamente y con el apercibimiento expreso siguiente: «nos vemos en la obligación de que en caso de que continúe el impago de la deuda, Telefónica de España se reserva el derecho de comunicar esta circunstancia a las entidades dedicadas a la prestación de servicios de información sobre incumplimiento de obligaciones dinerarias (conforme el artículo 29 de la Ley Orgánica 15/199, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal), con los inconvenientes de tal medida».

3.La sentencia de segunda instancia estimó el recurso de apelación interpuesto por el demandante, revocó la dictada en primera instancia y estimó la demanda.

La Audiencia Provincial consideró que «la deuda era vencida, líquida y exigible en el momento en el que se procedió a su inclusión en el fichero» y también que se habían llevado a cabo requerimientos de pago previos, pero estimó que no eran válidos por insuficientes, «ya que carecían del requisito legal de que se mencionara en ellos los sistemas de ficheros en los que participaba la entidad demandada.»

4.La demandada ha interpuesto un recurso de casación que ha sido admitido, al que se ha opuesto el demandante y cuya estimación ha interesado el fiscal.

SEGUNDO. Planteamiento del recurso. Decisión de la Sala

1.Planteamiento. El recurso de casación se funda en un motivo único en el que se denuncia la infracción del art. 20.1.c) LOPDPyGDD, y, con cita de las sentencias 945/2022, de 20 de diciembre (del Pleno), 34/2024, de 11 de enero, y 609/2022, de 19 de septiembre, de esta Sala, la oposición de la sentencia recurrida a la doctrina jurisprudencial que lo interpreta en relación con la expresa indicación de los ficheros en los que se inscribe la deuda y el carácter funcional del requerimiento.

2. Decisión de la Sala. Estimación del recurso

La recurrente tiene razón. La sentencia impugnada se opone a la doctrina jurisprudencial de esta Sala sobre el carácter funcional del requerimiento de pago previo, con arreglo a la cual los defectos formales a la hora de practicarlo cuando concurre una deuda cierta, vencida y exigible que no ha sido satisfecha por quien no podía o no quería pagar, no determinan automáticamente la existencia de una intromisión ilegítima en el derecho al honor.

En el caso, la propia sentencia recurrida declara que «la deuda era vencida, líquida y exigible en el momento en el que se procedió a su inclusión en el fichero», y no cuestiona la realidad del impago. Consta, además, que el demandante fue requerido de pago con carácter previo y que se le advirtió expresamente de la posibilidad de comunicar sus datos a sistemas de información sobre incumplimiento de obligaciones dinerarias en caso de persistencia en el impago. La inclusión se produjo, precisamente, ante la continuidad del incumplimiento.

El único fundamento de la estimación de la demanda radica en que el requerimiento no mencionaba los concretos sistemas de información crediticia en los que participaba la entidad acreedora. Sin embargo, esta Sala ya ha declarado expresamente, en la sentencia 945/2022, de 20 de diciembre (del Pleno), que la falta de información sobre los concretos sistemas en los que participa el acreedor no determina, por sí sola, que la comunicación de los datos a uno de ellos constituya una vulneración del derecho al honor. En el caso de esta sentencia afirmamos que: «[n]o existiendo duda alguna de que el demandante era un deudor moroso, pues no restituyó la totalidad del capital prestado; constando que en el contrato de préstamo se le había advertido de la posibilidad de incluir sus datos en un fichero de morosos en caso de impago de la deuda; y constando que fue requerido de pago con carácter previo a la comunicación de sus datos al registro de morosos, la inclusión de sus datos en un sistema de información crediticia (fichero o registro de morosos) no constituyó una intromisión ilegítima en su derecho al honor.»

Es doctrina reiterada de esta Sala -por todas, sentencias 976/2025, de 18 de junio, 650/2024, de 13 de mayo, y 280/2024, de 27 de febrero- que el requerimiento de pago previo no constituye una exigencia meramente formal, sino un instrumento dirigido a evitar la inclusión en estos registros de quien ha dejado de pagar por simple descuido, error bancario o circunstancia análoga no indicativa de insolvencia. Lo relevante, por tanto, no es la infracción formal considerada en abstracto, sino si, en atención a las circunstancias del caso, ha quedado frustrada la finalidad preventiva que el requerimiento persigue.

En el supuesto examinado no puede afirmarse que dicha finalidad quedara desvirtuada. El demandante no fue tratado como deudor sin serlo - sentencias 1835/2025, de 12 de diciembre, 598/2024, de 6 de mayo, y la ya mencionada 280/2024-; mantenía una deuda cierta y exigible; fue requerido con advertencia expresa de posible inclusión; y persistió en el impago. La comunicación de sus datos no tuvo carácter sorpresivo ni respondió a un error subsanable, sino que reflejó una situación real de incumplimiento.

Como quiera que la sentencia recurrida se opone a la doctrina anterior, procede estimar el recurso de casación, casar la sentencia recurrida, asumir la instancia, desestimar el recurso de apelación y confirmar la sentencia de primera instancia.

TERCERO. Costas y depósitos

1.Al estimarse el recurso de casación no se condena en las costas del recurso a ninguno de los litigantes, con devolución del depósito para recurrir ( art. 398.2 LEC y disposición adicional 15.ª, apartado 8 LOPJ, respectivamente).

2.Al desestimarse el recurso de apelación se imponen al apelante las costas de dicho recurso, con pérdida del depósito para recurrir ( art. 394.1 LEC y disposición adicional 15.ª, apartado 9 LOPJ, respectivamente).