Sentencia Civil 1475/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 5116/2023 de 07 de noviembre del 2024

PRIMERO.- Antecedentes del caso

1.-Servicios Auxiliares Ríos S.L. (en lo sucesivo, SAR) interpuso una demanda contra Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A. (en lo sucesivo, Repsol) en la que, en lo que aquí interesa por ser objeto del recurso de casación, solicitó que se declarara la nulidad del contrato de comisión exclusiva para la venta de combustibles y carburantes y de arrendamiento de estación de servicio firmado por las partes el 1 de noviembre de 2017 «por contravenir el citado artículo 101 [del TFUE] así como el reglamento comunitario 1984/1983 de fecha 22 de junio de 1983 y el reglamento comunitario número 330/2010 de 20 de abril de 2010». La infracción habría consistido en que Repsol fijaba el precio de venta al público que debía aplicar SAR.

2.-La sentencia del Juzgado de lo Mercantil desestimó la demanda y, apelada por SAR, la Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación.

En lo que aquí es relevante, la sentencia de segunda instancia concluyó que «la cláusula octava incorporada al contrato de comisión que nos ocupa no impone a la demandante un precio fijo de venta, permite que la actora reduzca el precio de venta mediante incentivos a su cargo, y la prueba pericial acredita que la actora realizó esas reducciones, lo que no impidió la rentabilidad y viabilidad de la Estación de Servicio. No estimamos, por tanto, que el contrato infrinja la normativa comunitaria sobre la competencia, ni que haya vulneración del art. 43 bis de la Ley 11/2013 de 26 de junio».

Recurso extraordinario por infracción procesal

SEGUNDO.- Motivo único del recurso extraordinario por infracción procesal

1.-Planteamiento. En el encabezamiento del motivo, la recurrente alega la «vulneración principio de tutela judicial efectiva del art. 24 de la Constitución Española al incurrir la sentencia recurrida en arbitrariedad en la apreciación y valoración de la prueba desviando con ello el resultado probatorio y alejando la fundamentación jurídica del sentido y el alcance que la justificaba».

En el desarrollo del motivo se argumenta que la sentencia incurre en una arbitraria apreciación y valoración de la prueba al denominar a la demandante como «comisionista», cuando de las cláusulas del contrato y de los gastos de explotación en que incurrió la demandante se desprende que esta es una empresa independiente revendedora (es decir, no comisionista) al haber trasladado Repsol Comercial riesgos financieros y comerciales no insignificantes a la sociedad demandante.

2.-Decisión de la sala. El recurso extraordinario por infracción procesal debe ser desestimado. Lo que plantea SAR en este recurso no es una cuestión atinente a la valoración de la prueba (esto es, a la actividad procesal encaminada a fijar los hechos controvertidos), sino una cuestión sustantiva, en concreto, la calificación de la relación contractual que une a las partes y de la posición que en la misma mantiene la demandante. Esta cuestión, propia del recurso de casación, es ajena a la valoración de la prueba y, en el régimen procesal vigente cuando se dictó la sentencia recurrida, no puede ser planteada en el recurso extraordinario por infracción procesal.

Recurso de casación

TERCERO.- Formulación del primer motivo

1.-Planteamiento. En el encabezamiento de este motivo se denuncia la «vulneración de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Primera, de fecha 23 de abril del año 2.023, Asunto C-25/21, de la Directiva Comunitaria 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre del 2.014, y del artículo 75, apartado 1, y de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, en su redacción dada por el Real Decreto-Ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen 101 TFUE (sic)».

Al desarrollar el motivo, la recurrente argumenta que «esta parte citó en el curso del procedimiento judicial la resolución del Pleno del Tribunal de Defensa de la Competencia de 11 de julio de 2001, sobre sanción por práctica prohibida (confirmada por el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo en Recurso de Casación núm. 6188/2007 de fecha 17 de noviembre de 2010). También citamos la multa impuesta por la Comisión Nacional de la Competencia a REPSOL, en fecha 30 de julio del 2.009 (sanción confirmada por el Tribunal Supremo en fecha 11 de octubre de 2022)». Que la sentencia de la Audiencia Provincial, al negar efectos vinculantes a las resoluciones o fallos de las autoridades de competencia, vulnera considerados y preceptos de la Directiva 2014/104/UE y el art. 75 de la Ley de Defensa de la Competencia y «choca de pleno con lo preceptuado en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Primera, de fecha 23 de abril del año 2.023, Asunto C-25/21».

2.- Decisión de la sala. Este motivo debe desestimarse por las razones que se exponen a continuación.

El planteamiento del motivo adolece de serios defectos. Es exigencia del recurso de casación que en su encabezamiento se cite con precisión cuál sea la norma infringida, lo que es incompatible con la invocación de una ley en su totalidad (en este caso, de una directiva).

Además de lo anterior, en el presente litigio se ha ejercitado una acción de nulidad de un negocio jurídico «por contravenir el citado artículo 101 [del TFUE] así como el reglamento comunitario 1984/1983 de fecha 22 de junio de 1983 y el reglamento comunitario número 330/2010 de 20 de abril de 2010». Pero tanto la Directiva 2014/104/UE como el art. 75 de la Ley de Defensa de la Competencia, citados como infringidos en este motivo del recurso, regulan la indemnización de los daños causados por la infracción del Derecho de la competencia, no la acción de nulidad de los actos y negocios jurídicos contrarios a dicho Derecho. Es exigible una mínima explicación de cómo y por qué esas normas reguladoras de la indemnización de los daños causados por la infracción de las normas del Derecho de la competencia son aplicables cuando se acciona la nulidad de un negocio jurídico por infracción de esas normas. Y esa explicación no se contiene en el recurso.

3.-La sentencia del TJUE de 20 de abril de 2023, asunto C-25/21, declara efectivamente que «la infracción del Derecho de la competencia constatada en una resolución de una autoridad nacional de la competencia que se ha impugnado ante los órganos jurisdiccionales nacionales competentes, pero que ha adquirido firmeza tras haber sido confirmada por estos órganos jurisdiccionales, ha de reputarse acreditada -en el marco tanto de una acción de nulidad al amparo del artículo 101 TFUE, apartado 2, como de una acción por daños por infracción del artículo 101 TFUE- por la parte demandante salvo prueba en contrario, trasladándose así a la parte demandada la carga de la prueba fijada en ese artículo 2, siempre que la naturaleza de la presunta infracción objeto de esas acciones y su alcance material, personal, temporal y territorial coincidan con los de la infracción constatada en dicha resolución».

Ahora bien, para que juegue tal inversión de la carga de la prueba, el TJUE, en el apartado 65 de dicha sentencia, razona que el tribunal nacional debe comprobar que el demandante haya demostrado que su situación está comprendida en el ámbito de las resoluciones de la autoridad nacional de la competencia y, en particular, que la naturaleza y el alcance material, personal, temporal y territorial de las presuntas infracciones objeto de su acción de nulidad y de su acción por daños se corresponden con la naturaleza y con el alcance de las infracciones constatadas en dichas resoluciones.

La aplicación de esa doctrina al caso objeto del recurso exige que el recurrente hubiera justificado que la conducta de Repsol en que basa su acción está encuadrada en el ámbito material, personal, temporal y territorial de la infracción del Derecho de la competencia objeto de las resoluciones a que hace referencia. Tal justificación brilla por su ausencia. Debe recordarse que, para que opere la inversión de la carga de la prueba, la citada sentencia del TJUE exige que la conducta en que se basa la acción esté incluida en el ámbito temporal de las infracciones sancionadas en resoluciones de la autoridad nacional de la competencia y, en el caso objeto del recurso, esas resoluciones son de fechas muy anteriores a la conducta que se reputa infractora del Derecho de la competencia.

Además de lo anterior, incluso en el caso de que pudiera considerarse que la coincidencia parcial (en cuanto que la compañía demandada fue sancionada en esas resoluciones de la autoridad nacional de la competencia) constituye un indicio de la existencia de los hechos a que se refieren las constataciones de esa resolución (apartado 64 de la citada sentencia del TJUE), la existencia de la infracción puede desvirtuarse mediante prueba en contrario. Y eso es justamente lo sucedido en el presente caso. Siendo la infracción denunciada la fijación de precios por parte de la compañía suministradora de hidrocarburos, la sentencia recurrida afirma no solo que la relación contractual existente entre las partes permitía a la demandante rebajar el precio de venta al público de tales hidrocarburos sino que la prueba pericial practicada ha probado que esos descuentos se produjeron efectivamente sin que se pusiera en riesgo la rentabilidad y viabilidad de la estación de servicio explotada por la demandante. Esto es, en el caso de la relación contractual existente entre las partes de este litigio, el precio indicado como máximo o recomendado no se ha comportado en la realidad como un precio fijo o mínimo.

En consecuencia, la aplicación de la doctrina de la citada sentencia del TJUE no conlleva que la demandada hubiera incurrido en la infracción del Derecho de la competencia alegada por la demandante.

CUARTO.- Motivo segundo

1.-Planteamiento. En el encabezamiento de este motivo, la recurrente invoca la «infracción de la doctrina del Tribunal Supremo (concretamente, la sentencia dictada fijando interés para la doctrina del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, de 22 de mayo de 2015 y Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1ª, núm. 452/2012 de 28 de septiembre de 2012) sobre la interpretación del artículo 43.bis en relación con los contratos de suministro de carburantes tipo CODO, vulnerando con ello lo dispuesto en el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y la Ley 11/2013 así como el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia» (énfasis de mayúsculas suprimido).

Al desarrollarlo, la recurrente argumenta, con transcripción parcial de una sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que «del artículo 43 bis de la Ley 34/1998 no resulta ninguna autorización para que, en los contratos a que acabamos de referirnos, el operador pueda fijar, directa o indirectamente, el precio de venta al público del combustible, y cabe aquí recordar que esta Sala ha mantenido de forma reiterada que la exención de la aplicación de las prohibiciones del artículo 1 LDC requieren de una norma con rango legal que específicamente autorice acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas que, de no ser por su mediación, estarían incursos en las prohibiciones del artículo 1 LDC, sin que en este caso pueda deducirse de la redacción del artículo 43 bis.4 de la Ley 34/194 (sic) una específica habilitación a las operadoras para la fijación directa o indirecta de precios».

Por tanto, añade la recurrente, de la redacción del artículo 43 bis [de la Ley 34/1998] no cabe deducir una expresa autorización o habilitación a las operadoras para la fijación de precios de manera directa o indirecta, en tanto los contratos de distribución de carburante, y más en concreto, los que actúan bajo la denominación CODO, no pueden incluir cláusulas que contradigan lo dispuesto en los artículos 1 LDC y 101 TFUE.

Argumenta asimismo que la posibilidad real de fijar el precio del combustible por la demandante era inexistente puesto que además de la dificultad logística y efectiva de llevar a cabo dichos descuentos, el beneficio obtenido por la petrolera es inalterable, produciéndose así un perjuicio económico únicamente en el titular de la estación de servicio ante la posición dominante ejercida por la petrolera.

2.-Decisión de la sala. En el recurso de casación civil solo sirven para fundar la contrariedad de la sentencia recurrida con la jurisprudencia, a efectos de justificar el interés casacional, las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo, no las dictadas por otras salas.

Además de lo anterior, el recurso parte de dos premisas erróneas. La primera sería que la sentencia recurrida habría justificado, con base en el art. 43.bis de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, la infracción del Derecho de la competencia en tanto que este prohíbe la fijación de precios.

En realidad, lo que la sentencia de la Audiencia Provincial ha declarado es que la conducta de la demandada no ha sido contraria al Derecho de la competencia, no que haya existido una conducta anticompetitiva que esté justificada por dicho precepto legal.

La segunda premisa errónea es la afirmación de que la demandante no tenía posibilidad real de fijar el precio del combustible.

Al contrario de lo planteado por la recurrente, la sentencia recurrida afirma no solo que existía esa posibilidad real sino que la demandante fijó efectivamente el precio de venta al público pues aplicó descuentos respecto del precio máximo fijado por la demandada.

Sentado lo anterior, el motivo debe desestimarse.

QUINTO.- Motivo tercero

1.-El encabezamiento del tercer y último motivo del recurso de casación es el siguiente: «vulneración del principio de cosa juzgada» (énfasis de mayúsculas suprimido).

2.-En el desarrollo del motivo la recurrente argumenta que la sentencia recurrida infringe «la Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), de fecha 20 de diciembre de 2013, así como infracción de los artículos 16 Reglamento del Consejo de Europa 1/2003, art. 1 Ley 15/2007 de 3 de julio, de defensa de la competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en relación con los artículos 62.4 a) c) y 75 de la Ley de Defensa de la Competencia, así como el artículo 30 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia».

La infracción se habría producido «al no considerar como vinculante la Resolución de 20 de diciembre de 2013 por la cual la CNMC enmarcaba a los contratos tipo CODO en el ámbito del derecho de la competencia y por ende la obligación de las petroleras de abstenerse de fijar directa o indirectamente precios al gestor de la estación de servicio».

2.- Decisión de la sala. Este motivo también debe ser desestimado, por varias razones.

En primer lugar, el encabezamiento del motivo no cita la norma infringida. Si consideráramos incluido en el encabezamiento el primer párrafo del desarrollo del motivo, también es defectuoso pues en el mismo se incluyen normas y actos jurídicos carentes de la necesaria homogeneidad.

En el desarrollo del motivo no se explica cómo se ha producido la infracción de alguna de las normas citadas en ese párrafo. En el caso del art. 9 de la Directiva 2014/104/UE (no citado como infringido en ese primer párrafo de desarrollo del motivo sino en un párrafo posterior) y del art. 75 de la Ley de Defensa de la Competencia, se trata de normas que regulan la acción de indemnización por daños producidos por la infracción del Derecho de la competencia pero no la de nulidad de los actos y contratos contrarios al Derecho de la competencia, como se explicó al resolver el primer motivo. Y no existe una mínima explicación de cómo y en qué medida son aplicables tales preceptos a la acción de indemnización por daños.

Asimismo, como ya se ha expuesto al resolver los anteriores motivos, la sentencia recurrida no excluye el contrato impugnado del ámbito del Derecho de la competencia y no ha amparado una fijación de precios, directa o indirecta, por la petrolera demandada pues ha considerado probado no solo que existía la posibilidad real de que la demandante bajara el precio, sino que además llevó a cabo descuentos sobre el precio máximo fijado por Repsol, lo que no impidió la rentabilidad y viabilidad de la estación de servicio explotada por SAR.

SEXTO.- Costas y depósitos

1.-De acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se condena a la recurrente al pago de las costas de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación.

2.-Procede acordar también la pérdida de los depósitos constituidos de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.