Sentencia Civil 502/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 3331/2021 de 07 de abril del 2026

PRIMERO. Resumen de antecedentes relevantes

1.Quantum Leap Management, SL interpuso una demanda de resolución por incumplimiento contractual respecto del contrato de obra de proyectos informáticos suscrito con Kyre Solutions, SL el 17 de enero de 2014, por el que esta se obligaba a entregar finalizada, antes del 30 de abril de 2014, la aplicación informática de tesorería contratada, por el precio estipulado para la ejecución del proyecto de 43.560 euros (IVA no incluido). En la demanda suplicó que se dictara sentencia en los términos ya transcritos en el antecedente de hecho primero de esta resolución.

2.La sentencia de primera instancia apreció el incumplimiento contractual alegado, declaró resuelto el contrato y condenó a la demandada a indemnizar a la demandante en 119.888,01 euros -65.005,53 por daño emergente (lo pagado a la demandada más el sobrecoste satisfecho por el mismo softwarea la nueva empresa encargada del proyecto), y 54.882.48 euros por lucro cesante-, así como «a no efectuar competencia frente a la actora conforme las estipulaciones 18ª y 19ª del contrato y a eliminar cualesquiera datos entregados por la actora para el desarrollo de la aplicación».

Dichas cláusulas disponían literalmente lo siguiente:

«DECIMO OCTAVA.- USO DE LAS FUENTES. Las fuentes serán de uso exclusivo por parte de EL CLIENTE, y no podrán ser utilizados para usos o desarrollos análogos ni para adaptaciones de las mismas a otras aplicaciones o desarrollos de EL PROVEEDOR.

»Se entenderá por fuentes la totalidad de los códigos fuente relacionados con la aplicación y que permitan su uso, explotación, mantenimiento (incluidos los correctivos, normativos y evolutivos) y desarrollo posterior. Quedarán exentas aquellas fuentes propiedad de EL PROVEEDOR que sean utilizadas, las cuales serán entregadas compiladas.

»La entrega de código fuente se realizará con la entrega de la aplicación, sin perjuicio del período de garantía al que se compromete el PROVEEDOR.

»DECIMO NOVENA.- PROPIEDAD DE LAS FUENTES. Todos los derechos de explotación sobre la aplicación informática (incluidos los códigos fuente) corresponderán al CLIENTE.

»Con carácter general, todos los productos que hubieran sido desarrollados en el curso de los servicios en relación con la aplicación informática (así como la información, ideas, conceptos, know-how, técnicas, metodologías, planos, videos, fotografías, diapositivas, dibujos, diseños, especificaciones, memorias, anexos, libros, folletos y, en general, todo tipo de documento, soporte escrito o informático, audiovisual o sonoro, elaborado, modificado y/o corregido directa o indirectamente por el PROVEEDOR o al que el mismo tuviera acceso en relación con el servicio), pasarán a ser íntegramente propiedad del CLIENTE, así como todos los derechos renunciables de propiedad intelectual e industrial por el máximo tiempo que la Ley reconoce al autor, comprometiéndose a ejecutar aquellas actividades y formalizar los documentos que resulten precisos, a tal efecto. En consecuencia, el PROVEEDOR renuncia a cualquier derecho que pudiera ostentar sobre los productos o materiales referidos. En estos casos, los programas fuente, objeto, soportes informáticos, etc. Y cualquier otro material legible por máquina o a través de cualquier soporte, que resulte como consecuencia del presente Contrato, deberán ser entregados libres de todo defecto y/o condicionante técnico para su utilización.»

Además, la cláusula 11.ª, a la que después aludiremos, establecía literalmente:

«DECIMO PRIMERA.- Confidencialidad. Tanto EL CLIENTE como EL PROVEEDOR se comprometen a no divulgar la información y documentación confidencial referente a la otra parte de la que hayan tenido conocimiento por razón de la ejecución del presente contrato, salvo las indispensables para su cumplimiento, y a mantenerla en secreto, incluso después de la finalización del mismo.

»Ambas partes acuerdan tomar las medidas necesarias respecto a su personal e incluso terceros que puedan tener acceso a dichas información y documentación, a fin de garantizar la confidencialidad objeto de esta cláusula.

»Para una mejor comprensión de la presente clausula se adjunta contrato accesorio de CONFIDENCIALIDAD, que habrá de ser firmado por ambas partes y unido al presente contrato principal.»

3.La sentencia de segunda instancia estimó en parte el recurso de apelación interpuesto por la demandada, revocó parcialmente la dictada en primera instancia y redujo la cuantía de la indemnización a 65.005,53 euros -al considerar justificado el daño emergente, pero no el lucro cesante, «que se funda en meras conjeturas»-, confirmando el resto de sus pronunciamientos.

4.La demandada ha interpuesto un recurso de casación que ha sido admitido.

SEGUNDO. Planteamiento del recurso. Alegaciones de la recurrida

1. Planteamiento.El recurso de casación se funda en dos motivos.

1.1. En el motivo primero se denuncia la infracción del art. 1124 CC, así como la vulneración de la doctrina jurisprudencial relativa a los efectos resolutorios por incumplimiento contractual (se citan las sentencias 918/95, de 23 de octubre, de 11 de febrero de 1992, 1227/2003, de 30 de diciembre, 169/2013, de 20 de marzo, 315/2011, de 4 de julio).

La recurrente alega, en relación con las obligaciones de no competencia y eliminación de datos entregados, que:

«La primera de estas obligaciones, relativa a no hacer competencia a mercantil QUANTUM LEAP MANAGEMENT, S.L., es una obligación derivada del contrato declarado resuelto, por lo cual dicha obligación se extingue con la resolución, no siendo por tanto conforme a Derecho imponer dicha obligación a mi representada. Su imposición en virtud de la sentencia dictada primera instancia, y su confirmación por la sentencia dictada en segunda instancia, vulnera, por tanto, la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo en lo relativo a los efectos derivados de la resolución del contrato en cuanto a la extinción de las obligaciones derivadas del contrato.

»La segunda de las obligaciones, consistente en eliminar los datos entregados por QUANTUM LEAP MANAGEMENT, S.L., no se constituye como una obligación derivada de la resolución del contrato, por cuanto la devolución por mi representada del precio abonado conlleva irremediablemente, a fin de evitar el enriquecimiento injusto, el derecho de mi representada de apropiarse para sí del fruto del trabajo realizado.»

1.2. En el motivo segundo se denuncia la infracción del art. del art. 1106 CC, así como la vulneración de la doctrina jurisprudencial relativa a la indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento contractual (se citan las sentencias de 13 de abril de 19878, 416/1992, de 28 de abril, 260/1997, de 2 de abril, 81/2018, de 14 de febrero, 441/2019, de 17 de julio, y 656/2020, de 10 de diciembre)

La recurrente alega que:

«En el caso que nos ocupa, tanto en primera instancia como en la sentencia que se recurre, se ha condenado a mi representada al pago, en concepto de indemnización por daños y perjuicios, de la cantidad total de 65.005,53 euros, como daño emergente, habiéndose revocado por la Sala la cantidad correspondiente por lucro cesante.

»El daño emergente a cuya indemnización ha sido condenada mi representada incluye no solo el precio abonado por la actora a mi representada en virtud del contrato suscrito, y que asciende a 47.190,00 euros (IVA incluido), sino que además se añade la cantidad de 16.260,00 euros (IVA incluido). Esta segunda cantidad corresponde a la diferencia entre el precio abonado por la actora a mi representada y el precio que la actora abonó a un tercero, la mercantil SOLUSOFT, S.L., como pago del precio, que asciende a un total 66.620,00 euros, por el desarrollo de una nueva aplicación, en una relación privada entre la actora y la citada mercantil, una vez declarado resuelto el contrato por la actora, sin que haya conexión alguna con mi representada y sin intervención por esta de ningún tipo.»

2. Alegaciones de la recurrida.La recurrida se opone al recurso al entender que concurren causas de inadmisión y por razones de fondo.

2.1. Como causas de inadmisión invoca la indeterminación del suplico y la falta de interés casacional.

2.2. A continuación, alega: (i) en oposición al motivo primero, que en este tipo de contratos existe un intercambio de información confidencial o de índole profesional sensible y que, como es habitual en estos casos, las partes incluyeron dos cláusulas de no competencia, la 18.ª y la 19.ª, cuya funcionalidad se extiende más allá de la vigencia del contrato, con el objetivo de regular la relación postcontractual y de proteger la información sensible y específica de cada cliente, con independencia de la duración del contrato y de la causa de su resolución; añade, en relación con la eliminación de los datos, que la recurrente pretende apropiarse de una información y unos datos que no le pertenecen, pues eran accesorios para la realización de un trabajo no concluido, por lo que, resuelto el contrato, dicha información debe ser destruida; (ii) en oposición al motivo segundo, que no puede reducirse aún más el daño emergente cuando la cantidad cuya rebaja se pretende constituye un importe real que ha tenido que abonar efectivamente a otra empresa para obtener exactamente el mismo trabajo.

TERCERO. Decisión de la Sala. Desestimación de las causas de inadmisión. Estimación en parte del motivo primero y desestimación del segundo

1.Las causas de inadmisión se desestiman. En la sentencia 383/2010, de 10 de junio, se rechazó como causa de inadmisión del recurso de casación la alegada falta de determinación del petitumen el suplico del escrito de interposición, «porque, lejos de interpretaciones excesivamente formalistas, el "suplico" del escrito de interposición del recurso cumple con las prescripciones legales en cuanto, tras la solicitud de que se dé lugar al mismo, interesa que se anule la sentencia recurrida y se resuelva dentro de los términos en que está planteado el debate lo que -desde la posición de la parte actora- significa la solicitud de estimación de la demanda».

Por la misma razón, ha de desestimarse en el presente caso, como causa de inadmisión, la alegada falta de determinación del suplico, puesto que la solicitud de casación y anulación de la sentencia «en virtud de los motivos expuestos», que es lo que en él se interesa, más allá de formalismos excesivos que procede rechazar, significa dejar sin efecto el pronunciamiento que condena a la recurrente «a no efectuar competencia frente a la actora conforme las estipulaciones 18ª y 19ª del contrato y a eliminar cualesquiera datos entregados por la actora para el desarrollo de la aplicación», así como obtener la rebaja de la indemnización en lo referido al sobrecoste que la recurrida abonó a un tercero, la mercantil Solusoft, SL, como pago del precio por el desarrollo de la misma aplicación. Además, del propio contenido del escrito de oposición al recurso se desprende que la recurrida ha comprendido sin dificultad el alcance de lo pretendido por la recurrente, lo que evidencia que ha podido articular su defensa con todas las garantías y de forma plenamente efectiva.

Y también debe desestimarse como causa de inadmisión la alegada falta de interés casacional, ya que las cuestiones jurídicas que plantea el recurso están claramente identificadas en el escrito de interposición, que, además, justifica de forma suficiente dicho interés mediante la cita de sentencias representativas de la doctrina jurisprudencial a las que, a juicio de la recurrente, se opone la sentencia recurrida. La efectiva existencia o no de tal oposición forma parte de la cuestión de fondo y corresponde examinarla al resolver el recurso de casación (sentencias 201 y 486/2024, de 19 de febrero y 11 de abril, respectivamente).

2.El motivo primero del recurso de casación debe estimarse en parte por lo que se expone a continuación.

La recurrente denuncia la infracción del art. 1124 CC y de la doctrina jurisprudencial relativa a los efectos de la resolución por incumplimiento, en cuanto la sentencia recurrida, tras declarar resuelto el contrato, mantiene la condena a «no efectuar competencia frente a la actora conforme las estipulaciones 18ª y 19ª del contrato» y a «eliminar cualesquiera datos entregados por la actora para el desarrollo de la aplicación». La queja ha de ser acogida únicamente en lo que se refiere a la primera de dichas condenas.

Conforme a una reiterada doctrina jurisprudencial (por todas, sentencia 47/2026, de 21 de enero), la resolución del contrato por incumplimiento produce, como regla general, efectos retroactivos, en el sentido de que las partes deben restituirse recíprocamente las prestaciones recibidas, quedando sin efecto las obligaciones propias del vínculo contractual en los términos en que fue concertado. Ahora bien, esta eficacia no impide la subsistencia de determinadas obligaciones de carácter postcontractual o autónomo -singularmente, las relativas a la confidencialidad o a la no utilización de información obtenida durante la ejecución del contrato- ni excluye la procedencia de las medidas necesarias para asegurar la íntegra restitución y evitar situaciones de enriquecimiento injustificado.

A la luz de esta doctrina, la condena impuesta a la recurrente de «no efectuar competencia frente a la actora conforme las estipulaciones 18ª y 19ª del contrato» no puede ser mantenida. En efecto, dichas cláusulas no contienen en sentido propio un pacto de no competencia (ni delimitación objetiva, ni temporal, ni territorial), sino que disciplinan el uso de los códigos fuente y la titularidad de los derechos de explotación sobre la aplicación informática en el marco de un contrato de obra que presupone su correcta ejecución y entrega. La sentencia recurrida, al proyectar sobre ellas una prohibición general de competir, introduce una restricción que no se desprende del contenido contractual y que, además, resulta incompatible con los efectos de la resolución, en la medida en que priva de soporte a las previsiones relativas al uso y explotación del resultado de la obra no entregada en los términos convenidos. De este modo, se impone a la recurrente una limitación de su actividad -la realización de desarrollos informáticos, al menos en lo relativo a aplicaciones de tesorería- que carece de base contractual suficiente y que excede de lo necesario para restablecer la situación anterior al contrato.

Distinta consideración merece, sin embargo, la condena a eliminar los datos entregados por la recurrida para el desarrollo de la aplicación, cuya procedencia debe ser confirmada. Tales datos fueron facilitados exclusivamente para la ejecución del contrato y su tratamiento quedaba amparado por la relación obligacional que ha quedado resuelta por incumplimiento de la recurrente. En estas circunstancias, la restitución de las prestaciones no se agota en la devolución del precio, sino que comprende también la eliminación de la información suministrada, en cuanto su conservación o utilización carecería ya de título legitimador y podría propiciar un aprovechamiento indebido en perjuicio de la recurrida. A ello se añade que la obligación de confidencialidad asumida por las partes -que se recoge en la cláusula 11.ª y que expresamente se proyecta más allá de la finalización del contrato- refuerza la improcedencia de cualquier uso o retención de dichos datos por parte de la recurrente.

No puede acogerse, por último, la tesis de esta en cuanto sostiene que la devolución del precio le permitiría apropiarse del resultado del trabajo realizado. La resolución por incumplimiento no atribuye al contratista incumplidor un derecho de adquisición sobre el objeto de la prestación no ejecutada conforme a lo pactado, ni legitima la retención o explotación del mismo en perjuicio de la otra parte, sino que, por el contrario, tiende a restablecer el equilibrio patrimonial alterado por el incumplimiento, evitando que quien lo ha provocado obtenga un beneficio injustificado.

En consecuencia, el motivo debe estimarse en parte, dejando sin efecto la condena relativa a la prohibición de competencia, y confirmando en lo demás los pronunciamientos impugnados en este extremo.

3.El motivo segundo del recurso de casación debe desestimarse por lo que se expone a continuación.

La recurrente denuncia la infracción del art. 1106 CC y de la doctrina jurisprudencial sobre la indemnización de daños y perjuicios, al considerar improcedente la inclusión, dentro del daño emergente, del sobrecoste satisfecho por la demandante a una tercera empresa para la realización de la misma aplicación informática. La queja no puede ser acogida.

«El art. 1124 CC permite la reclamación de una indemnización de daños y perjuicios por la resolución del contrato por incumplimiento y la jurisprudencia de la sala, al relacionar dicho precepto con el art. 1106 CC, ha declarado que esta indemnización comprende, además del daño o interés negativo, el interés positivo o de cumplimiento, a fin de colocar al perjudicado en una situación de total indemnidad, de forma que el patrimonio afectado quede en el estado en que se habría encontrado de no haber mediado el incumplimiento», así lo hemos dicho en la sentencia 1106/2025, de 10 de julio, con cita, entre otras, de la 913/2021, de 23 de diciembre, en la que declaramos, en la misma línea, que «la amplia dicción del art. 1106 CC justifica que "el resarcimiento abarque todo el menoscabo económico sufrido por el acreedor, consistente en la diferencia entre la actual situación de su patrimonio y la que tendría de no haberse realizado el hecho dañoso, bien por la disminución efectiva del activo, ya por la ganancia perdida o frustrada, pero siempre comprendiendo en su plenitud las consecuencias del acto lesivo, por cuanto el resarcimiento tiene por finalidad volver el patrimonio afectado a la disposición en que se encontraría de no haber mediado el incumplimiento o acto ilícito" ( sentencias de 10 de enero de 1979, 6 de octubre de 1982, 2 de abril de 1997 y 552/2012, de 17 de julio)».

A la luz de esta doctrina, el sobrecoste asumido por la recurrida para encargar a un tercero la ejecución de la misma prestación constituye un perjuicio directamente conectado con el incumplimiento de la recurrente. En efecto, si el contrato se hubiera ejecutado en los términos convenidos, la recurrida habría obtenido la aplicación informática por el precio pactado, sin necesidad de acudir a un nuevo proveedor ni de soportar un coste adicional. La diferencia entre el precio inicialmente convenido y el finalmente abonado a la nueva empresa representa, por tanto, un daño real y efectivo que trae causa inmediata del incumplimiento contractual.

Frente a ello, el argumento de la recurrente, que pretende excluir dicha partida indemnizatoria por tratarse de una relación contractual ajena a su intervención, no puede prosperar. La circunstancia de que el contrato con el tercero sea una relación jurídica distinta no rompe el nexo causal con el incumplimiento originario, en la medida en que la necesidad de acudir a ese tercero y el consiguiente sobrecoste son consecuencia directa y necesaria de la falta de cumplimiento del contrato inicial. Sostener lo contrario supondría desconocer el principio de indemnidad plena y trasladar al acreedor las consecuencias económicas del incumplimiento, lo que resulta incompatible con la función resarcitoria de la responsabilidad contractual.

En consecuencia, al haber incluido correctamente la sentencia recurrida dicho sobrecoste dentro del daño emergente indemnizable, el motivo debe desestimarse.

CUARTO. Costas y depósitos

Al estimarse en parte el recurso casación no se condena en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes, con devolución del depósito para recurrir ( arts. 398.2 LEC y disposición adicional 15.ª, apartado 8.ª , LOPJ, respectivamente).