Sentencia Civil 513/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 4683/2021 de 07 de abril del 2026

PRIMERO.- Resumen de antecedentes

1.-La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía contrató con las empresas API Movilidad S.A., Martín Casillas S.L. y UTE Ley 18/82 (UTE Cádiz Norte) la realización de diversas obras de conservación de carreteras en la provincia de Cádiz.

2.-Las contratistas formularon una demanda contra la mencionada agencia de la administración pública en la que solicitaban que se la condenara al pago de los intereses de la Ley 3/2004, de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, más sus intereses legales, y unas comisiones por unos contratos de confirming.

3.-Previa oposición de la parte demandada, la sentencia de primera instancia estimó íntegramente la demanda y condenó a la demandada al pago de 208.229,16 euros, con sus intereses legales.

4.-Recurrida la sentencia por la entidad pública demandada, la Audiencia Provincial estimó en parte el recurso de apelación, en el sentido de considerar que, al no proceder el anatocismo, debía dejarse sin efecto la imposición de intereses legales respecto de los intereses del art. 7.2 de la Ley 3/2004.

5.-Las empresas demandantes formularon un recurso de casación.

SEGUNDO.- Único motivo de casación. Compatibilidad de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las relaciones comerciales, con los intereses anatocísticos del art. 1109 del Código Civil

1.- Planteamiento: El único motivo de casación denuncia la infracción del art. 1109 CC y de los arts. 1 y 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En el desarrollo del motivo, la parte recurrente alega, resumidamente, que la sentencia recurrida infringe dichos preceptos al negar la compatibilidad entre los intereses de la Ley contra la morosidad y los intereses legales. Invocó expresamente la sentencia de esta sala 103/2021, de 25 de febrero.

2.-La parte recurrida únicamente se opuso al recurso en cuanto a la imposición de las costas de la apelación, habida cuenta del carácter sobrevenido al caso de la jurisprudencia contenida en la sentencia invocada por las recurrentes.

3.- Decisión de la Sala: El recurso de casación ha de ser estimado por cuanto se expone a continuación.

En la sentencia 103/2021, de 25 de febrero, establecimos que el carácter de norma especial de la Ley 3/2004 no resulta incompatible con la aplicación del art. 1109 CC, en atención a su propia finalidad y ante la ausencia de una previsión expresa en contra, por las siguientes razones:

«1.º) En primer lugar, hay que constatar que no existe una exclusión expresa en la Ley 3/2004 a la aplicación de la regla legal del anatocismo civil respecto de las deudas por intereses moratorios que establece. Tampoco hay una incompatibilidad o contradicción entre aquella ley y el art. 1109 CC. Éste cuando habla de "intereses vencidos" no contiene ninguna regla de delimitación negativa y, en concreto, dentro del término "intereses" se incluyen, en principio, no sólo los ordinarios o remuneratorios, sino también los moratorios.

2.º) La especialidad de la norma (de la Ley 3/2004) en relación con la regulación de la mora en el Código civil es doble: por un lado, se genera automáticamente por el mero incumplimiento del pago en el plazo previsto (contractual o legal), "sin necesidad de aviso de vencimiento ni intimación alguna", frente a la regla de la necesidad de la reclamación judicial o extrajudicial del Código ( art. 1.100 CC) ; por otro lado, en defecto de pacto, el interés moratorio consistirá en el resultado de sumar ocho puntos porcentuales al tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo en su última operación de financiación, frente al interés legal del art. 1108 CC.

3.º) El propio Código civil contempla su coexistencia con las leyes o normas especiales, de forma que solo queda desplazada la regulación general o común en lo que resulten incompatibles. Así, por ejemplo, el art. 1100 prevé que no será necesaria la intimación del acreedor para que la mora exista "cuando la obligación o la ley lo declaren así expresamente". Éste es el caso precisamente de la Ley 3/2004 (en línea con lo que establece también el Código civil en los arts. 1501, en materia de compraventa, o el 1838 en relación con la fianza, etc).

4.º) Teniendo en cuenta que la finalidad a la que responde la Ley 3/2004 y la Directiva 2000/35 /CE, de 9 de junio de 2000, que traspone a nuestro Derecho, es la lucha contra la morosidad, y para ello introduce normas con objeto de "disuadir los retrasos de los pagos, erradicando las causas por las que en la actualidad la morosidad puede resultar ventajosa económicamente para los deudores", y lleva incluso el principio de indemnidad del acreedor perjudicado al punto de incluir entre sus derechos una indemnización por costes del cobro de la deuda, resultaría contradictorio, por contrario a dicha finalidad, que, sin una expresa previsión legal, se interpretase la norma especial como abrogatoria de la regla legal general del anatocismo en perjuicio precisamente del beneficiario de la norma especial.

5.º) La regla de la prevalencia de la ley especial sobre la ley general (lex especialis derogat generali)- Digesto 50.17.80: in toto iure generi per speciem derogatur-,debe aplicarse en todo aquello en que ambas normas (la especial y la general) entran en concurso o colisión por afectar a un mismo objeto y tener mandatos contradictorios, lo que exige delimitar el ámbito de aplicación de la norma especial y confrontarlo con la general. La regulación del anatocismo no está comprendida en la Ley 3/2004, que ni lo regula ni proscribe su aplicación. Tampoco resulta contradictoria con su finalidad, antes al contrario, la refuerza.

6.º) Finalmente, la solución acogida es la que mejor armoniza con el criterio que resulta de la jurisprudencia que, en el ámbito de la contratación administrativa, ha establecido la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal Supremo. Así, en la sentencia de esa sala (sección 7.ª) de 17 de mayo de 2012 (rec. núm. 4303/2008), que contiene un amplio análisis de la doctrina jurisprudencial en la materia concluye:

"1º) La fecha inicial del devengo de los intereses legales de los intereses de demora vencidos es la de interposición del recurso, que tiene la consideración de interpelación judicial a los efectos del artículo 1109 del Código Civil, y ello teniendo en cuenta que la finalidad perseguida por dicho precepto es el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados al acreedor, al que se obliga a seguir un proceso judicial que, en el orden contencioso-administrativo, se inicia con el mismo escrito de interposición del recurso, así como la circunstancia de que el momento inicial del devengo del interés legal de los intereses vencidos quedaría a merced de la Administración deudora, ya que la formalización de la demanda se halla supeditada a la remisión por aquélla del expediente administrativo.

"2º) Si la cantidad reclamada excluye la efectiva controversia sobre su cuantificación, al haberse fijado con claridad los parámetros de cuantificación y ser susceptibles de concreción por una simple operación aritmética, siguiendo lo preceptuado en el mencionado artículo 1109 del Código Civil se fija la cuantía de la reclamación y el plazo de devengo computable.

"3º) Cuando la Administración no cumple a su debido tiempo con su obligación de abonar al contratista el saldo resultante de la liquidación provisional de las obras, viene por ello obligada también al pago de los intereses legales devengados por aquella demora".

En el mismo sentido se pronuncia, entre otras, la sentencia de la misma sala y sección de 10 de noviembre de 2015 (recurso núm. 2973/2014), destacando el objetivo del anatocismo consistente en el restablecimiento al perjudicado en la plenitud de su posición jurídica:

"La jurisprudencia de la Sala ha rechazado reconocer el derecho a percibir intereses sobre los intereses en aquellos casos en que no era líquido el importe de estos últimos. En cambio, cuando constaba su monto, ha acogido las pretensiones del recurrente que reclamaban el anatocismo y ha dicho que, aparte de la previsión del artículo 1109 del Código Civil, se debe tener en cuenta su artículo 1101 que reconoce el derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios sufridos por dolo, negligencia o morosidad en el cumplimiento de las obligaciones o por cualquier contravención del tenor de ellas. Se trata, pues, de restablecer al perjudicado en la plenitud de su posición compensándole por todos los perjuicios que se le hayan causado de ese modo. La sentencia de 10 de mayo de 2012 (casación 3823/2009) se manifiesta en el primer sentido y la de 1 de julio de 2015 (casación 1487/2014) en el segundo".

La invocación de esta jurisprudencia contencioso-administrativa no sólo no es impertinente en el marco de este recurso, sino particularmente relevante en la medida en que el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, comprende no sólo los pagos efectuados como contraprestación en las operaciones comerciales realizadas "entre empresas" (se excluyen las operaciones en que intervienen consumidores), sino también las operaciones "entre empresas y la Administración, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos con el Sector Público" (art. 3)».

4.-En tanto que la sentencia recurrida no se adapta a dicha jurisprudencia, debe estimarse el recurso de casación, con el resultado de desestimar el recurso de apelación de la demandada y confirmar la sentencia de primera instancia.

CUARTO.- Costas y depósito

1.-No procede hacer expresa imposición de las costas del recurso de casación que ha sido estimado, de conformidad con el art. 398.2 LEC.

2.-En cuanto a las costas del recurso de apelación, como quiera que se formuló antes de que esta sala se pronunciara sobre la cuestión jurídica litigiosa, consideramos que en su momento existían serias dudas de derecho que aconsejan no hacer expresa imposición de las costas por él causadas, según permite el art. 398.1 LEC.

3.-Procede ordenar la pérdida del depósito constituido para el recurso de apelación y la devolución del prestado para el recurso de casación, de conformidad con la disposición adicional 15ª, apartados 8 y 9, LOPJ.