Sentencia Civil 1801/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 3411/2021 de 09 de diciembre del 2025

PRIMERO.- Antecedentes del caso

1.-La cuestión objeto de este recurso consiste en si el cesionario del crédito de la perjudicada frente a la aseguradora de la responsabilidad civil del causante del accidente devenga el interés previsto en el art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro.

La persona que resultó lesionada en un accidente de tráfico cedió a la sociedad titular de la clínica en que recibió asistencia médica el crédito que tenía frente a la aseguradora del vehículo causante del accidente por los gastos médicos generados por dicha asistencia médica.

El Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda interpuesta por la titular de la clínica contra la aseguradora al considerar prescrita la acción. Pero, apelada la sentencia, la Audiencia Provincial la revocó, rechazó que la acción hubiera prescrito, estimó en parte la apelación y condenó a la aseguradora a pagar a la demandante la cantidad resultante de aplicar a los servicios médicos prestados las tarifas públicas del Servei de Salut de les Illes Balears, aunque desestimó la petición de que esa cantidad devengara el interés previsto en el art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro pues, argumentó la sentencia, conforme al apartado 1.º de tal precepto legal, solo procede el devengo de tales intereses cuando la acción es ejercitada por el perjudicado, pero no por aquel al que ha cedido su crédito. Y porque, conforme al apartado 8.º del precepto, el impago estaba justificado por la apariencia de abusividad en la aplicación de los precios por la clínica de la que es titular la demandante.

2.-La demandante ha interpuesto un recurso de casación contra dicha sentencia, basado en un solo motivo relativo al devengo del interés del art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro.

SEGUNDO.- Motivo único

1.- Planteamiento. En el encabezamiento del motivo se alega la infracción del art. 20.1 de la Ley del Contrato de Seguro.

En el desarrollo del motivo, la recurrente invoca la doctrina de una audiencia provincial que sigue el criterio de la única sentencia dictada sobre este asunto por la Sala Primera del Tribunal Supremo (sentencia 384/2017 de 19 de junio), que resuelve en sentido contrario al de la sentencia recurrida, pues acepta la posibilidad de transmitir, en la cesión de derechos, los intereses del artículo 20 LCS.

2.- Decisión de la sala. La jurisprudencia de esta sala, al resolver sobre la procedencia del devengo del interés previsto en el art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro, ha distinguido el supuesto de subrogación del asegurador que indemniza a su asegurado y posteriormente ejercita las acciones que por razón del siniestro correspondían a su asegurado frente a la aseguradora del responsable del siniestro, del supuesto en que el crédito del perjudicado es cedido a un tercero y es este quien acciona contra la aseguradora.

3.-Como declara la sentencia 148/2021, de 16 de marzo, con cita de la anterior sentencia 699/2013, de 19 de noviembre, la subrogación prevista en el art. 43 de la Ley del Contrato de Seguro no constituye una cesión de créditos, un supuesto atípico de sucesión en el crédito del asegurado frente al tercero responsable, ni un supuesto particular de subrogación por pago. El art. 43 de la Ley del Contrato de Seguro establece una subrogación legal, aunque no se produzca automáticamente. Mientras que la cesión es el cauce para realizar el interés de la circulación del crédito, la subrogación atiende a la satisfacción de un interés subrogado para recuperar, por vía de regreso, un desembolso patrimonial efectuado por el asegurador.

Respecto del devengo del interés del art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro, en el caso de subrogación de la aseguradora que indemniza a su asegurado y ejercita frente a la aseguradora del responsable del siniestro las acciones que a este corresponden por razón del siniestro, la sentencia 43/2009, de 5 de febrero, rechazó que pudiera reclamarse el interés previsto en el art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro. Las razones expuestas en esta sentencia fueron, resumidamente, las siguientes:

i) Desde el punto de vista literal, el art. 43 de la Ley del Contrato de Seguro limita el ejercicio de la acción subrogatoria a la cantidad efectivamente satisfecha, pues la concede «una vez pagada la indemnización» y precisa que comprende los derechos y acciones que por razón del siniestro correspondieran al asegurado frente a las personas responsables del mismo «hasta el límite de la indemnización».

Por otra parte, el art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro establece los sujetos a los que afecta la mora del asegurador, entre los cuales se encuentra el «tercero perjudicado en el seguro de responsabilidad civil», figura en la que no puede incluirse la aseguradora que ejercita la acción de subrogación.

ii) Desde el punto de vista sistemático, no pueden aceptarse los argumentos que parten de la equiparación absoluta entre la acción subrogatoria que corresponde al acreedor, al cesionario de un crédito o a quien paga en interés del deudor, con arreglo a los artículos 1111 y 1212 del Código Civil, y la acción subrogatoria que contempla el artículo 43 de la Ley del Contrato de Seguro. Esta es una acción de carácter específico legalmente prevista en favor de las aseguradoras fuera de los supuestos previstos en el Código Civil y con unos requisitos determinados en función de la indemnización efectivamente satisfecha, del importe del daño causado y del ámbito de la cobertura del contrato.

iii) Desde una perspectiva teleológica, la mora prevista en el artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro, en algunas modalidades, como el abono del importe mínimo de lo que el asegurador pueda deber o la reparación o reposición del objeto siniestrado ( artículo 20.2 de la Ley del Contrato de Seguro), carece de sentido en relación con la aseguradora como sujeto pasivo. Por otra parte, la finalidad del artículo 20 LCS radica en fomentar el rápido resarcimiento del asegurado o perjudicado imponiendo sobre la aseguradora que retrasa injustificadamente el cumplimiento de su obligación un recargo indemnizatorio de notoria importancia. Esta finalidad pierde su sentido cuando se trata de las relaciones entre aseguradoras.

En el mismo sentido se pronuncia también la sentencia 384/2017, de 19 de junio.

4.-Pero en el presente caso, no estamos ante una subrogación prevista en el art. 43 de la Ley del Contrato de Seguro, sino ante la cesión de un crédito.

Por la cesión de crédito prevista en los arts. 1112, 1203.3.º y 1526 del Código Civil, el cesionario adquiere la titularidad del crédito cedido con el contenido contractual que tenía en origen, por lo que puede exigir dicho crédito al deudor cedido sin ninguna restricción o limitación. El cesionario adquiere la titularidad del crédito, con el mismo contenido que tenía para el acreedor cedente, permaneciendo incólume la relación obligatoria. Así lo hemos declarado en la sentencia 1207/2025, de 3 de septiembre, que se hace eco de las numerosas sentencias dictadas sobre este particular.

Respecto del devengo del interés del art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro cuando la acción frente al asegurador del responsable del siniestro es ejercitada por el cesionario del crédito del perjudicado, la sentencia 384/2017, de 19 de junio, declaró que el recargo de demora previsto en el artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro forma parte del contenido contractual de una cesión de crédito. No hay disposición legal que la prohíba, por lo que las partes pueden acordarla al amparo del artículo 1255 del Código Civil y no hay fundamento para una aplicación restrictiva de la cesión de los intereses de demora. La legitimación resultante deriva del propio título contractual acordado por las partes. Una vez perfeccionada la cesión, el cesionario adquiere la titularidad del crédito cedido con el contenido que tenía en origen, por lo que puede exigir dicho crédito al deudor cedido sin ninguna restricción o limitación.

5.-No obstante lo anterior, el recurso de casación no puede ser estimado al carecer de efecto útil pues la recurrente ha dejado sin cuestionar la segunda de las razones por las que la sentencia recurrida desestimó la solicitud de condena al pago de los intereses del art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro. Tal razón estaba basada en la aplicación del art. 20.8 de la Ley del Contrato de Seguro, por la concurrencia de una causa justificada para no pagar el crédito indemnizatorio cedido a la demandante, consistente en el carácter aparentemente abusivo de las tarifas aplicadas por el centro sanitario para fijar el precio de la asistencia sanitaria prestada a la accidentada, hasta el punto de que la Audiencia Provincial redujo en un 75% el importe de lo reclamado en la demanda.

Al haber quedado sin cuestionar una de las razones que justificaron el pronunciamiento impugnado pues no se ha formulado ningún motivo de recurso basado en la infracción del art. 20.8 de la Ley del Contrato de Seguro, que la recurrente llevara razón en la otra impugnación, basada en la infracción del art. 20.1 de la Ley del Contrato de Seguro, resulta ineficaz pues ha quedado incólume una de las razones que, por sí sola, con base en un precepto legal cuya infracción no ha sido denunciada, es suficiente para sustentar el pronunciamiento impugnado.

TERCERO.- Costas y depósito

1.-De acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas del recurso de casación deben ser impuestas a la recurrente.

2.-Procede acordar también la pérdida del depósito constituido de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

PRIMERO.- Antecedentes del caso

1.-La cuestión objeto de este recurso consiste en si el cesionario del crédito de la perjudicada frente a la aseguradora de la responsabilidad civil del causante del accidente devenga el interés previsto en el art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro.

La persona que resultó lesionada en un accidente de tráfico cedió a la sociedad titular de la clínica en que recibió asistencia médica el crédito que tenía frente a la aseguradora del vehículo causante del accidente por los gastos médicos generados por dicha asistencia médica.

El Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda interpuesta por la titular de la clínica contra la aseguradora al considerar prescrita la acción. Pero, apelada la sentencia, la Audiencia Provincial la revocó, rechazó que la acción hubiera prescrito, estimó en parte la apelación y condenó a la aseguradora a pagar a la demandante la cantidad resultante de aplicar a los servicios médicos prestados las tarifas públicas del Servei de Salut de les Illes Balears, aunque desestimó la petición de que esa cantidad devengara el interés previsto en el art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro pues, argumentó la sentencia, conforme al apartado 1.º de tal precepto legal, solo procede el devengo de tales intereses cuando la acción es ejercitada por el perjudicado, pero no por aquel al que ha cedido su crédito. Y porque, conforme al apartado 8.º del precepto, el impago estaba justificado por la apariencia de abusividad en la aplicación de los precios por la clínica de la que es titular la demandante.

2.-La demandante ha interpuesto un recurso de casación contra dicha sentencia, basado en un solo motivo relativo al devengo del interés del art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro.

SEGUNDO.- Motivo único

1.- Planteamiento. En el encabezamiento del motivo se alega la infracción del art. 20.1 de la Ley del Contrato de Seguro.

En el desarrollo del motivo, la recurrente invoca la doctrina de una audiencia provincial que sigue el criterio de la única sentencia dictada sobre este asunto por la Sala Primera del Tribunal Supremo (sentencia 384/2017 de 19 de junio), que resuelve en sentido contrario al de la sentencia recurrida, pues acepta la posibilidad de transmitir, en la cesión de derechos, los intereses del artículo 20 LCS.

2.- Decisión de la sala. La jurisprudencia de esta sala, al resolver sobre la procedencia del devengo del interés previsto en el art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro, ha distinguido el supuesto de subrogación del asegurador que indemniza a su asegurado y posteriormente ejercita las acciones que por razón del siniestro correspondían a su asegurado frente a la aseguradora del responsable del siniestro, del supuesto en que el crédito del perjudicado es cedido a un tercero y es este quien acciona contra la aseguradora.

3.-Como declara la sentencia 148/2021, de 16 de marzo, con cita de la anterior sentencia 699/2013, de 19 de noviembre, la subrogación prevista en el art. 43 de la Ley del Contrato de Seguro no constituye una cesión de créditos, un supuesto atípico de sucesión en el crédito del asegurado frente al tercero responsable, ni un supuesto particular de subrogación por pago. El art. 43 de la Ley del Contrato de Seguro establece una subrogación legal, aunque no se produzca automáticamente. Mientras que la cesión es el cauce para realizar el interés de la circulación del crédito, la subrogación atiende a la satisfacción de un interés subrogado para recuperar, por vía de regreso, un desembolso patrimonial efectuado por el asegurador.

Respecto del devengo del interés del art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro, en el caso de subrogación de la aseguradora que indemniza a su asegurado y ejercita frente a la aseguradora del responsable del siniestro las acciones que a este corresponden por razón del siniestro, la sentencia 43/2009, de 5 de febrero, rechazó que pudiera reclamarse el interés previsto en el art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro. Las razones expuestas en esta sentencia fueron, resumidamente, las siguientes:

i) Desde el punto de vista literal, el art. 43 de la Ley del Contrato de Seguro limita el ejercicio de la acción subrogatoria a la cantidad efectivamente satisfecha, pues la concede «una vez pagada la indemnización» y precisa que comprende los derechos y acciones que por razón del siniestro correspondieran al asegurado frente a las personas responsables del mismo «hasta el límite de la indemnización».

Por otra parte, el art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro establece los sujetos a los que afecta la mora del asegurador, entre los cuales se encuentra el «tercero perjudicado en el seguro de responsabilidad civil», figura en la que no puede incluirse la aseguradora que ejercita la acción de subrogación.

ii) Desde el punto de vista sistemático, no pueden aceptarse los argumentos que parten de la equiparación absoluta entre la acción subrogatoria que corresponde al acreedor, al cesionario de un crédito o a quien paga en interés del deudor, con arreglo a los artículos 1111 y 1212 del Código Civil, y la acción subrogatoria que contempla el artículo 43 de la Ley del Contrato de Seguro. Esta es una acción de carácter específico legalmente prevista en favor de las aseguradoras fuera de los supuestos previstos en el Código Civil y con unos requisitos determinados en función de la indemnización efectivamente satisfecha, del importe del daño causado y del ámbito de la cobertura del contrato.

iii) Desde una perspectiva teleológica, la mora prevista en el artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro, en algunas modalidades, como el abono del importe mínimo de lo que el asegurador pueda deber o la reparación o reposición del objeto siniestrado ( artículo 20.2 de la Ley del Contrato de Seguro), carece de sentido en relación con la aseguradora como sujeto pasivo. Por otra parte, la finalidad del artículo 20 LCS radica en fomentar el rápido resarcimiento del asegurado o perjudicado imponiendo sobre la aseguradora que retrasa injustificadamente el cumplimiento de su obligación un recargo indemnizatorio de notoria importancia. Esta finalidad pierde su sentido cuando se trata de las relaciones entre aseguradoras.

En el mismo sentido se pronuncia también la sentencia 384/2017, de 19 de junio.

4.-Pero en el presente caso, no estamos ante una subrogación prevista en el art. 43 de la Ley del Contrato de Seguro, sino ante la cesión de un crédito.

Por la cesión de crédito prevista en los arts. 1112, 1203.3.º y 1526 del Código Civil, el cesionario adquiere la titularidad del crédito cedido con el contenido contractual que tenía en origen, por lo que puede exigir dicho crédito al deudor cedido sin ninguna restricción o limitación. El cesionario adquiere la titularidad del crédito, con el mismo contenido que tenía para el acreedor cedente, permaneciendo incólume la relación obligatoria. Así lo hemos declarado en la sentencia 1207/2025, de 3 de septiembre, que se hace eco de las numerosas sentencias dictadas sobre este particular.

Respecto del devengo del interés del art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro cuando la acción frente al asegurador del responsable del siniestro es ejercitada por el cesionario del crédito del perjudicado, la sentencia 384/2017, de 19 de junio, declaró que el recargo de demora previsto en el artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro forma parte del contenido contractual de una cesión de crédito. No hay disposición legal que la prohíba, por lo que las partes pueden acordarla al amparo del artículo 1255 del Código Civil y no hay fundamento para una aplicación restrictiva de la cesión de los intereses de demora. La legitimación resultante deriva del propio título contractual acordado por las partes. Una vez perfeccionada la cesión, el cesionario adquiere la titularidad del crédito cedido con el contenido que tenía en origen, por lo que puede exigir dicho crédito al deudor cedido sin ninguna restricción o limitación.

5.-No obstante lo anterior, el recurso de casación no puede ser estimado al carecer de efecto útil pues la recurrente ha dejado sin cuestionar la segunda de las razones por las que la sentencia recurrida desestimó la solicitud de condena al pago de los intereses del art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro. Tal razón estaba basada en la aplicación del art. 20.8 de la Ley del Contrato de Seguro, por la concurrencia de una causa justificada para no pagar el crédito indemnizatorio cedido a la demandante, consistente en el carácter aparentemente abusivo de las tarifas aplicadas por el centro sanitario para fijar el precio de la asistencia sanitaria prestada a la accidentada, hasta el punto de que la Audiencia Provincial redujo en un 75% el importe de lo reclamado en la demanda.

Al haber quedado sin cuestionar una de las razones que justificaron el pronunciamiento impugnado pues no se ha formulado ningún motivo de recurso basado en la infracción del art. 20.8 de la Ley del Contrato de Seguro, que la recurrente llevara razón en la otra impugnación, basada en la infracción del art. 20.1 de la Ley del Contrato de Seguro, resulta ineficaz pues ha quedado incólume una de las razones que, por sí sola, con base en un precepto legal cuya infracción no ha sido denunciada, es suficiente para sustentar el pronunciamiento impugnado.

TERCERO.- Costas y depósito

1.-De acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas del recurso de casación deben ser impuestas a la recurrente.

2.-Procede acordar también la pérdida del depósito constituido de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

PRIMERO.- Antecedentes del caso

1.-La cuestión objeto de este recurso consiste en si el cesionario del crédito de la perjudicada frente a la aseguradora de la responsabilidad civil del causante del accidente devenga el interés previsto en el art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro.

La persona que resultó lesionada en un accidente de tráfico cedió a la sociedad titular de la clínica en que recibió asistencia médica el crédito que tenía frente a la aseguradora del vehículo causante del accidente por los gastos médicos generados por dicha asistencia médica.

El Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda interpuesta por la titular de la clínica contra la aseguradora al considerar prescrita la acción. Pero, apelada la sentencia, la Audiencia Provincial la revocó, rechazó que la acción hubiera prescrito, estimó en parte la apelación y condenó a la aseguradora a pagar a la demandante la cantidad resultante de aplicar a los servicios médicos prestados las tarifas públicas del Servei de Salut de les Illes Balears, aunque desestimó la petición de que esa cantidad devengara el interés previsto en el art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro pues, argumentó la sentencia, conforme al apartado 1.º de tal precepto legal, solo procede el devengo de tales intereses cuando la acción es ejercitada por el perjudicado, pero no por aquel al que ha cedido su crédito. Y porque, conforme al apartado 8.º del precepto, el impago estaba justificado por la apariencia de abusividad en la aplicación de los precios por la clínica de la que es titular la demandante.

2.-La demandante ha interpuesto un recurso de casación contra dicha sentencia, basado en un solo motivo relativo al devengo del interés del art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro.

SEGUNDO.- Motivo único

1.- Planteamiento. En el encabezamiento del motivo se alega la infracción del art. 20.1 de la Ley del Contrato de Seguro.

En el desarrollo del motivo, la recurrente invoca la doctrina de una audiencia provincial que sigue el criterio de la única sentencia dictada sobre este asunto por la Sala Primera del Tribunal Supremo (sentencia 384/2017 de 19 de junio), que resuelve en sentido contrario al de la sentencia recurrida, pues acepta la posibilidad de transmitir, en la cesión de derechos, los intereses del artículo 20 LCS.

2.- Decisión de la sala. La jurisprudencia de esta sala, al resolver sobre la procedencia del devengo del interés previsto en el art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro, ha distinguido el supuesto de subrogación del asegurador que indemniza a su asegurado y posteriormente ejercita las acciones que por razón del siniestro correspondían a su asegurado frente a la aseguradora del responsable del siniestro, del supuesto en que el crédito del perjudicado es cedido a un tercero y es este quien acciona contra la aseguradora.

3.-Como declara la sentencia 148/2021, de 16 de marzo, con cita de la anterior sentencia 699/2013, de 19 de noviembre, la subrogación prevista en el art. 43 de la Ley del Contrato de Seguro no constituye una cesión de créditos, un supuesto atípico de sucesión en el crédito del asegurado frente al tercero responsable, ni un supuesto particular de subrogación por pago. El art. 43 de la Ley del Contrato de Seguro establece una subrogación legal, aunque no se produzca automáticamente. Mientras que la cesión es el cauce para realizar el interés de la circulación del crédito, la subrogación atiende a la satisfacción de un interés subrogado para recuperar, por vía de regreso, un desembolso patrimonial efectuado por el asegurador.

Respecto del devengo del interés del art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro, en el caso de subrogación de la aseguradora que indemniza a su asegurado y ejercita frente a la aseguradora del responsable del siniestro las acciones que a este corresponden por razón del siniestro, la sentencia 43/2009, de 5 de febrero, rechazó que pudiera reclamarse el interés previsto en el art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro. Las razones expuestas en esta sentencia fueron, resumidamente, las siguientes:

i) Desde el punto de vista literal, el art. 43 de la Ley del Contrato de Seguro limita el ejercicio de la acción subrogatoria a la cantidad efectivamente satisfecha, pues la concede «una vez pagada la indemnización» y precisa que comprende los derechos y acciones que por razón del siniestro correspondieran al asegurado frente a las personas responsables del mismo «hasta el límite de la indemnización».

Por otra parte, el art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro establece los sujetos a los que afecta la mora del asegurador, entre los cuales se encuentra el «tercero perjudicado en el seguro de responsabilidad civil», figura en la que no puede incluirse la aseguradora que ejercita la acción de subrogación.

ii) Desde el punto de vista sistemático, no pueden aceptarse los argumentos que parten de la equiparación absoluta entre la acción subrogatoria que corresponde al acreedor, al cesionario de un crédito o a quien paga en interés del deudor, con arreglo a los artículos 1111 y 1212 del Código Civil, y la acción subrogatoria que contempla el artículo 43 de la Ley del Contrato de Seguro. Esta es una acción de carácter específico legalmente prevista en favor de las aseguradoras fuera de los supuestos previstos en el Código Civil y con unos requisitos determinados en función de la indemnización efectivamente satisfecha, del importe del daño causado y del ámbito de la cobertura del contrato.

iii) Desde una perspectiva teleológica, la mora prevista en el artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro, en algunas modalidades, como el abono del importe mínimo de lo que el asegurador pueda deber o la reparación o reposición del objeto siniestrado ( artículo 20.2 de la Ley del Contrato de Seguro), carece de sentido en relación con la aseguradora como sujeto pasivo. Por otra parte, la finalidad del artículo 20 LCS radica en fomentar el rápido resarcimiento del asegurado o perjudicado imponiendo sobre la aseguradora que retrasa injustificadamente el cumplimiento de su obligación un recargo indemnizatorio de notoria importancia. Esta finalidad pierde su sentido cuando se trata de las relaciones entre aseguradoras.

En el mismo sentido se pronuncia también la sentencia 384/2017, de 19 de junio.

4.-Pero en el presente caso, no estamos ante una subrogación prevista en el art. 43 de la Ley del Contrato de Seguro, sino ante la cesión de un crédito.

Por la cesión de crédito prevista en los arts. 1112, 1203.3.º y 1526 del Código Civil, el cesionario adquiere la titularidad del crédito cedido con el contenido contractual que tenía en origen, por lo que puede exigir dicho crédito al deudor cedido sin ninguna restricción o limitación. El cesionario adquiere la titularidad del crédito, con el mismo contenido que tenía para el acreedor cedente, permaneciendo incólume la relación obligatoria. Así lo hemos declarado en la sentencia 1207/2025, de 3 de septiembre, que se hace eco de las numerosas sentencias dictadas sobre este particular.

Respecto del devengo del interés del art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro cuando la acción frente al asegurador del responsable del siniestro es ejercitada por el cesionario del crédito del perjudicado, la sentencia 384/2017, de 19 de junio, declaró que el recargo de demora previsto en el artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro forma parte del contenido contractual de una cesión de crédito. No hay disposición legal que la prohíba, por lo que las partes pueden acordarla al amparo del artículo 1255 del Código Civil y no hay fundamento para una aplicación restrictiva de la cesión de los intereses de demora. La legitimación resultante deriva del propio título contractual acordado por las partes. Una vez perfeccionada la cesión, el cesionario adquiere la titularidad del crédito cedido con el contenido que tenía en origen, por lo que puede exigir dicho crédito al deudor cedido sin ninguna restricción o limitación.

5.-No obstante lo anterior, el recurso de casación no puede ser estimado al carecer de efecto útil pues la recurrente ha dejado sin cuestionar la segunda de las razones por las que la sentencia recurrida desestimó la solicitud de condena al pago de los intereses del art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro. Tal razón estaba basada en la aplicación del art. 20.8 de la Ley del Contrato de Seguro, por la concurrencia de una causa justificada para no pagar el crédito indemnizatorio cedido a la demandante, consistente en el carácter aparentemente abusivo de las tarifas aplicadas por el centro sanitario para fijar el precio de la asistencia sanitaria prestada a la accidentada, hasta el punto de que la Audiencia Provincial redujo en un 75% el importe de lo reclamado en la demanda.

Al haber quedado sin cuestionar una de las razones que justificaron el pronunciamiento impugnado pues no se ha formulado ningún motivo de recurso basado en la infracción del art. 20.8 de la Ley del Contrato de Seguro, que la recurrente llevara razón en la otra impugnación, basada en la infracción del art. 20.1 de la Ley del Contrato de Seguro, resulta ineficaz pues ha quedado incólume una de las razones que, por sí sola, con base en un precepto legal cuya infracción no ha sido denunciada, es suficiente para sustentar el pronunciamiento impugnado.

TERCERO.- Costas y depósito

1.-De acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas del recurso de casación deben ser impuestas a la recurrente.

2.-Procede acordar también la pérdida del depósito constituido de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.