Sentencia Civil 176/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 988/2021 de 09 de febrero del 2026

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.D. Valentín interpuso una «demanda de juicio ordinario en reclamación de responsabilidad civil profesional» contra D.ª Noemi. Alegó que la demandada -letrada designada por el turno de oficio para impugnar una resolución de la Delegación del Gobierno que había denegado su solicitud de autorización de residencia de larga duración-, una vez interpuesto el recurso contencioso-administrativo contra dicha resolución denegatoria, no atendió el requerimiento del juzgado para que aportara poder de representación o compareciera a otorgar poder apud acta,lo que provocó la inadmisión del recurso y el archivo de las actuaciones por falta de representación.

Sostuvo que tal actuación constituía un error profesional y una vulneración de las reglas de la lex artispor parte de la demandada, que le había supuesto la pérdida de oportunidad -«pérdida del derecho» más que «oportunidad»- a obtener la autorización solicitada, que le había sido denegada de forma indebida, al habérsele notificado la resolución fuera del plazo de tres meses previsto en la legislación de extranjería. Reclamó «la cantidad 60.000 euros, equivalente a la indemnización por los daños morales sufridos al no poder haber obtenido la renovación de la autorización de residencia de larga duración a la que era acreedor, y por la pérdida del derecho a residir legalmente en España por el periodo por el que se le hubiera concedido la autorización, esto es por 5 años. A lo que hay que añadir la pérdida del trabajo que tenía cuando se le denegó la renovación de la autorización y la imposibilidad de volver a trabajar y a ser inscrito en la Seguridad Social de forma legal, por no poseer la autorización que se le privo (sic)».

2.El Juzgado de Primera Instancia consideró acreditada la negligencia profesional imputada a la demandada, pero entendió que no se había probado la pérdida de oportunidad de obtener la autorización de residencia de larga duración solicitada, descartando que pudiera establecerse en abstracto; pese a lo cual estimó parcialmente la demanda y condenó a la demandada al pago de 4.000 euros en concepto de indemnización por daño moral.

3.La demandada interpuso un recurso de apelación y la Audiencia Provincial lo estimó, revocó la sentencia de primera instancia y desestimó la demanda. Consideró que, si bien había quedado acreditada la falta de diligencia de la letrada, que privó al demandante de obtener una resolución sobre el fondo de su pretensión, no lo estaba la pérdida de oportunidad, extremo que ya había sido apreciado por el juzgado. En consecuencia, concluyó que no procedía reconocer indemnización alguna.

La Audiencia Provincial parte de que en segunda instancia ya no es objeto de controversia «que la demanda del actor no tenía razonablemente posibilidad de ser estimada» y de que esta circunstancia, asumida y declarada en la sentencia de primera instancia, «debió ser tenida en cuenta igualmente para valorar si se ha producido o no el daño moral efectivo que la sentencia apelada indemniza», lo que la Audiencia descarta citando el siguiente pasaje de la sentencia 313/2020, de 17 de junio, de esta Sala: «en litigios de frustración de acciones procesales y nulas o muy escasas posibilidades de éxito de la acción frustrada, realmente se produce un beneficio al supuesto perjudicado al apartarlo de una acción inútil, y ningún daño moral puede existir en esta privación, al menos en circunstancias normales».

4.El demandante ha interpuesto un recurso de casación, que ha sido admitido, y al que se ha opuesto la demandada.

SEGUNDO. Recurso de casación. Planteamiento. Decisión de la Sala

1.Planteamiento. El recurso de casación se articula en dos motivos que, en realidad, constituyen uno solo, pues en el primero se denuncia la infracción normativa -de los arts. 1089, 1091, 1101, 1103, 1542 y 1544 CC, 78.2 EGAE y 24.2 CE- y en el segundo se justifica el interés casacional, por entender vulnerada la doctrina jurisprudencial expuesta en las sentencias 2116/2014, de 20 de mayo, 690/2019, de 5 de marzo, y 1695/2015, de 24 de abril.

El recurrente sostiene, en relación con el grado de prosperabilidad de la acción, que «es evidente que si la demanda hubiera tenido su curso legal y se hubiera dictado sentencia en la instancia, esta hubiera sido estimada [...]». Argumenta, en este sentido, que presentó la solicitud de autorización de residencia de larga duración ante la Delegación del Gobierno el 23 de agosto de 2020 y que la resolución denegatoria se dictó el 17 de enero de 2021, esto es, cinco meses después, por lo que, a tenor de lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social -«Las solicitudes de prórroga de la autorización de residencia, la renovación de la autorización de trabajo, así como las solicitudes de autorización de residencia de larga duración que se formulen por los interesados a tenor de lo dispuesto en la presente Ley Orgánica se resolverán y notificarán en el plazo máximo de tres meses contados a partir del día siguiente al de la fecha en que hayan tenido entrada en el registro del órgano competente para tramitarlas. Transcurrido dicho plazo sin que la Administración haya dado respuesta expresa, se entenderá que la prórroga o renovación han sido concedidas»-, de haber podido continuar el procedimiento contencioso-administrativo «las posibilidades de que obtuviera una sentencia favorable eran muy ciertas». Añade que ni siquiera resultaría relevante la existencia de antecedentes penales, pues, al operar el silencio administrativo positivo, no procedería entrar a valorar el fondo.

2. Decisión de la Sala. El motivo de casación, tal como está planteado, debe ser desestimado y, con él, el recurso.

La cuestión que plantea el recurrente no fue examinada por la Audiencia Provincial. Esta declaró que había quedado fijado en primera instancia y ya no era controvertido en apelación que «la demanda del actor no tenía razonablemente posibilidad de ser estimada». En segunda instancia no se examinó, por tanto, la razonable posibilidad de que el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el actor pudiera prosperar, extremo que el Juzgado de Primera Instancia ya había descartado al considerar que la documentación aportada no permitía concluir que se hubiera perdido la posibilidad de obtener la residencia de larga duración, ni que esta pudiera establecerse en abstracto. La Audiencia Provincial declaró expresamente que dicha cuestión no formaba parte del objeto del recurso de apelación, que se circunscribió a determinar si, pese a lo anterior, procedía reconocer una indemnización por daño moral, como había entendido el Juzgado, lo que rechazó mediante la aplicación de la doctrina jurisprudencial de esta Sala.

En consecuencia, no corresponde ahora a este tribunal entrar a examinar dicha cuestión como un problema de fondo propio del recurso de casación, pues, tratándose de una cuestión no examinada por la sentencia recurrida, ninguna infracción sustantiva pudo producirse por esta. Y si la parte recurrente entendía que dicha cuestión debía haber sido objeto de pronunciamiento, la denuncia de tal omisión únicamente podía articularse por la vía del recurso extraordinario por infracción procesal, por falta de exhaustividad de la sentencia ( art. 218 LEC), previa solicitud del complemento de esta conforme al art. 215 LEC ( sentencia 53/2025, de 13 de enero).

TERCERO. Costas y depósitos

Al desestimarse el recurso de casación procede imponer las costas de dicho recurso al recurrente, con pérdida del depósito para recurrir ( arts. 398.1 y disposición adicional 15.ª, apartado 9.ª , LOPJ, respectivamente).