Sentencia Civil 568/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 2377/2021 de 09 de abril del 2025

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

Alfedel, S.L. es una entidad que ha promovido mediante sociedades cooperativas varios colegios concertados en Madrid. Una de estas cooperativas es Nobelis Sociedad Cooperativa Madrileña.

El 15 de octubre de 2009 para la financiación de la construcción del colegio, Nobelis, contrató un crédito de 10.200.000 euros con garantía hipotecaria con las entidades Banco Santander y Caixabank. En esa misma fecha Nobelis contrató con estas dos entidades financieras sendos swaps por un nominal máximo de 3.825.000 euros. El 1 de julio de 2009, Nobelis había recibido una «oferta de aseguramiento de la financiación» de ambos bancos, que se correspondía con las permutas financieras que contrató.

El mismo día 15 de octubre de 2009, entre las mismas partes, se contrató un crédito de 500.000 euros para atender desfases de tesorería (una línea de liquidez). Este crédito fue novado el 4 de agosto de 2011, para ampliar la cuantía disponible a 500.000 euros, y en la escritura se afirmaba que el resto de los contratos (el crédito hipotecario y las permutas financieras) se mantenían vigentes, junto con todas sus garantías. Para entonces ya habían aparecido liquidaciones negativas de las permutas financieras.

Este contrato fue novado más tarde, el 10 de octubre de 2013, para ampliar el plazo de amortización, hasta el 15 de octubre de 2028, con la consiguiente modificación del calendario de pagos. En la escritura también se hacía mención a que se mantenían vigentes en su integridad el resto de los contratos.

Esta novación vino precedida de una asamblea de los cooperativistas, celebrada el 19 de septiembre de 2013, en la que al hilo de autorizar la novación se manifestaba lo siguiente:

«(...) la Asamblea de la Cooperativa, en su conjunto, y asimismo todos y cada uno de los actuales socios-trabajadores de la Cooperativa, individual y particularmente, manifiestan conocer, aceptar, asumir y ratificar las condiciones y compromisos que asumió la cooperativa en los contratos de financiación originales, que se extenderán y mantendrán vigentes mientas sigan vigentes dichos contratos, tal y como aquellos sean novados».

2.En la demanda que inició este procedimiento, Nobelis interesó la nulidad de los contratos de swap por error vicio en el consentimiento, propiciado por un defecto de información previa a la contratación de estos productos financieros complejos, y la consiguiente restitución recíproca de prestaciones. Subsidiariamente, ejercitó una acción de incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales en la comercialización y contratación de las permutas financieras, al amparo del art. 1101 CC. Y, también subsidiariamente, pidió la condena al banco a pagar las comisiones implícitas cobradas.

3.El juzgado estimó la demanda de nulidad por error vicio en el consentimiento. Advirtió que las permutas financieras fueron ofrecidas a Nobelis como condición sine qua nonpara la obtención de la financiación. Consideró que las permutas habían sido ofertadas por los dos bancos demandados dentro de una labor de asesoramiento, que «no cumplían las condiciones necesarias para ser un instrumento de cobertura idóneo» y que no se ofrecieron otro tipo de alternativas. También concluyó que no había quedado acreditado que se hubiera cumplido con las exigencias legales de información previa, adecuada y comprensible sobre los riesgos económicos en caso de una bajada drástica de los tipos de interés, ni tampoco del coste de cancelación.

4.La sentencia de primera instancia fue recurrida por los dos bancos demandados, y la Audiencia desestima ambos recursos. Además de confirmar la desestimación de la excepción de caducidad de la acción, desestimó también las objeciones sobre el error vicio y sobre la pretendida confirmación. La sentencia de apelación considera que no hay ningún acto de Nobelis que pudiera ser interpretado como renuncia a la acción de nulidad. No lo son las novaciones realizadas, ya que solo suponen una forma de hacer frente a las obligaciones económicas asumidas y no puede inferirse de ellas una voluntad de renunciar a la acción de nulidad.

5.Frente a la sentencia de apelación, Caixabank formula un recurso extraordinario por infracción procesal, sobre la base de un motivo, y un recurso de casación, articulado en dos motivos.

SEGUNDO. Recurso extraordinario por infracción procesal

1. Formulación del motivo. El motivo se formula al amparo del ordinal 4º del art. 469.1 LEC, por vulneración en el proceso civil de derechos fundamentales reconocidos en el art. 24 CE, al haber realizado una valoración de la prueba arbitraria, que adolece además de un error patente, evidente e inmediatamente verificable con el examen de otros documentos literosuficientes, en relación con haber entrado a resolver la objeción formulada en el recurso de apelación sobre el conocimiento de los riesgos por parte de Alfedel, que representó y asesoró a la demandante, así como respecto de la convalidación del contrato.

2. Resolución del tribunal. Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

Constituye jurisprudencia constante de la sala que la valoración de la prueba es función de instancia, y tan sólo cabe, excepcionalmente, justificar un recurso por infracción procesal, al amparo del apartado 4º del art. 469.1 LEC, en la existencia de un error patente o arbitrariedad en la valoración realizada por la sentencia recurrida que comporte una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva. La valoración de la prueba susceptible de impugnación sería la que se refiere a la determinación de los hechos, de la base fáctica, pero no la valoración jurídica de los hechos acreditados ( sentencias 418/2012, de 28 de junio; 262/2013, de 30 de abril; 44/2015, de 17 de febrero; 303/2016, de 9 de mayo; 411/2016, de 17 de junio; y 1033/2023, de 27 de junio, entre otras muchas).

En este caso se denuncia la valoración de la prueba realizada por el tribunal de apelación por la que concluye que la intervención de Alfedel en la contratación de los swaps no suplía ni justificaba la falta o defecto de información sobre el funcionamiento de estos productos y sus concretos riesgos, y aquella valoración que no tiene en cuenta un acuerdo de la asamblea de cooperativistas que para el recurrente suponía una confirmación del contrato. Ambas valoraciones, a estos efectos, son jurídicas, y no iban encaminadas a determinar unos hechos concretos y determinados, sino que versaban sobre la consideración jurídica que merecerían respecto de la suficiencia de la información suministrada para evitar el error judicial y la pretendida confirmación o validación del contrato. Cuestiones que se pueden impugnar, en su caso, por vía del recurso de casación, pero no del recurso extraordinario por infracción procesal.

TERCERO. Motivo primero del recurso de casación

1. Formulación del motivo primero. El motivo primero denuncia la infracción de los arts. 1265 y 1266 CC, y de la jurisprudencia que los interpreta, en relación con la apreciación de error vicio en el consentimiento que pueda determinar la nulidad del contrato. El recurso entiende que, en atención a las circunstancias concurrentes, no cabe en este caso apreciar error vicio en el consentimiento, porque el cliente contrató con conocimiento de las características del producto y de sus riesgos.

Las circunstancias concretas que resalta el recurso son que el swap contratado estaba estrechamente vinculado con un proyecto de financiación «en el que existe un caso base en el que ya están presupuestados de antemano los costes de financiación de la operación, conforme al tipo pactado en el propio derivado, que se negocia durante meses y vinculado a una financiación que incluye una serie de hitos financieros y conceptos que son más complejos que el propio derivado, sobre los que la actora hacía un seguimiento continuado. Esta circunstancia hace imposible la concurrencia del error, toda vez que la demandante había elaborado y asumido unas cuentas que daban por hecho el pago de las liquidaciones que produjo el swap, con la presentación y asunción del caso base».

2. Decisión del tribunal. Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

El recurso pretende que este tribunal vuelva a revisar el juicio realizado por la Audiencia sobre el error vicio, y en concreto sobre si la cooperativa demandante contrató la permuta financiera con conocimiento de las características del producto y de sus riesgos. Y para ello advierte la necesidad de la valorar las circunstancias que concurrían en la contratación del swap y en concreto su estrecha vinculación con un proyecto de financiación de la construcción de un colegio.

En estos momentos en que ya se ha establecido una jurisprudencia clara y completa sobre la extensión de los deberes de información en la contratación de productos financieros complejos por inversores minoristas, de acuerdo con la normativa MiFID y su incidencia en el error vicio en su contratación, no tiene sentido que sigamos revisando la concreta aplicación de esta jurisprudencia a cada caso concreto realizada por los tribunales de instancia, salvo que se justifique con gran claridad el apartamiento de esa jurisprudencia. Si no fuera así, acabaríamos convirtiendo este Tribunal Supremo en una tercera instancia en esta materia, como por desgracia está sucediendo. El interés en que se pronuncie el tribunal de casación debe ser claro, para ilustrar una interpretación legal. Y en este caso el objeto de impugnación (la pretendida relevancia de la vinculación de la permuta financiera con un proyecto de inversión para negar el error vicio) entra dentro de la casuística suscitada en aplicación de esta jurisprudencia, que viene además condicionada por las circunstancias propias de cada caso, que corresponde al tribunal de instancia valorar, por lo que carece de la relevancia necesaria para justificar el interés casacional. Razón por la cual se desestima el motivo al no haber justificado la recurrente que la sentencia recurrida se haya apartado de la jurisprudencia existente en la materia.

CUARTO. Motivo segundo del recurso de casación

1.Formulación del motivo. El motivo segundo denuncia la infracción del art. 1311 CC y la jurisprudencia sobre la confirmación del contrato, contenida en las sentencias 128/2018, de 7 de marzo, y 621/2017, de 21 de noviembre.

El recurrente resume así la infracción:

«La Sentencia recurrida yerra al considerar que no existió confirmación del contrato, con citas del Tribunal Supremo ya cuestionadas en el recurso de apelación por cuanto, en aquellos supuestos examinados, la convalidación se rechazaba por ser insuficiente, a tales efectos la sola satisfacción de las liquidaciones negativas, siendo que aquí no se alegó tal cosa sino una declaración de voluntad expresa de la demandante y de los 62 socios cooperativistas que la conformaban, declarando expresamente por escrito conocer, aceptar, asumir y ratificar las condiciones y compromisos que asumió la cooperativa en los contratos de financiación originales, en los que se incluían los derivados, y un pacto expreso y escrito en el contrato de novación donde se declaraba el mantenimiento de la vigencia de los derivados y de las garantías otorgadas para su cumplimiento».

2. Decisión de la Sala. Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

Al margen del ineludible casuismo, existe ya una jurisprudencia de esta sala sobre la convalidación o confirmación de los contratos de adquisición de permutas financieras que pudieran estar afectados por un vicio de consentimiento, como consecuencia de actos posteriores. Esta jurisprudencia se halla compendiada, entre otras, en la sentencia 139/2022, de 21 de febrero:

«La confirmación purifica al contrato de los vicios de que adoleciera desde el momento de su celebración ( art. 1313 CC) . El art. 1311 CC admite la confirmación expresa y la confirmación tácita.

»La confirmación expresa es una declaración unilateral de voluntad por la que el legitimado para impugnar manifiesta la voluntad de confirmar ( art. 1312 CC) , es decir, de conferir definitivamente eficacia al contrato anulable.

»Según el art. 1311 CC hay confirmación tácita cuando "con conocimiento de la causa de nulidad y habiendo ésta cesado, el que tuviese derecho a invocarla ejecutase un acto que implique necesariamente la voluntad de renunciarlo". Puesto que, de acuerdo con el art. 1309 CC, desde el momento en que el contrato ha sido confirmado válidamente "la acción de nulidad queda extinguida", la referencia a la renuncia de la acción en el art. 1311 CC apunta al efecto práctico de la confirmación, que es impedir el ejercicio de la acción.

»Esto explica que en la jurisprudencia, el análisis de si los hechos realizados por el legitimado para impugnar el contrato comportan su confirmación no se dirige a identificar una voluntad autónoma de renuncia a la acción. A partir del análisis del comportamiento del titular de la acción se concluye si su conducta es jurídicamente significativa para entender que ha confirmado el contrato y, si es así, el confirmante ya no podrá impugnarlo.

»Precisamente porque en la confirmación tácita esa voluntad debe manifestarse mediante actos concluyentes, mediante un comportamiento del que se infiera inequívocamente la voluntad de confirmar, esta sala, en la impugnación de contratos financieros por clientes que habían padecido un error invalidante como consecuencia de la falta de información, ha declarado que no había confirmación por el mero hecho de recibir liquidaciones, o por no protestar inmediatamente al recibir liquidaciones gravosas, ni tampoco por cancelar anticipadamente el contrato mediante la celebración de otro parecido en condiciones que se consideraban más beneficiosas cuando tampoco a la hora de celebrar el nuevo contrato se informó sobre los riesgos que comportaban. Como explica la sentencia 344/2017, de 1 de junio, dicha conducta encuentra justificación en el riesgo cierto de que tal situación se vaya agravando y suponga un importante quebranto económico ( sentencia 741/2015, de 17 de diciembre, citada por la posterior 164/2016, de 16 de marzo). Es decir, en evitar la "sangría económica que suponen las sucesivas liquidaciones negativas" ( sentencia 503/2016, de 19 de julio).

»Por ello, en estas ocasiones, la sala ha apreciado que la finalidad de esa actuación no fue la confirmación del contrato viciado, sino enjugar el riesgo de insolvencia que se cernía sobre los clientes si se seguían produciendo liquidaciones negativas (también la sentencia 57/2016, de 12 de febrero). Por esa razón, en estos casos, se ha rechazado también que el cliente fuera contra sus propios actos al ejercer la acción de anulación, pues no había confirmado el contrato».

3.En nuestro caso se pretende una confirmación tácita, al amparo del art. 1311 CC, basada en las novaciones de los contratos de 2011 y 2013, que afectaba a la línea de liquidez, y en cuyas escrituras se declaraba que esa modificación no afectaba a los contratos de crédito hipotecario y las permutas financieras; y basada en el acuerdo adoptado en la asamblea de cooperativistas de septiembre de 2013, previa a la última novación de ese año, en la que manifestaban lo siguiente:

«(...) conocer, aceptar, asumir y ratificar las condiciones y compromisos que asumió la cooperativa en los contratos de financiación originales, que se extenderán y mantendrán vigentes mientas sigan vigentes dichos contratos, tal y como aquellos sean novados».

Bajo la jurisprudencia mencionada, no se advierte que la sentencia recurrida haya incurrido en un error al no apreciar una confirmación tácita, pues estas manifestaciones contenidas en las novaciones de la línea de liquidez y el acuerdo de la asamblea venían condicionadas como exigencia necesaria para poder modificar esa líneas de liquidez, sin que pueda verse en ellas una voluntad inequívoca de convalidar el vicio en el consentimiento que presidió la contratación inicial de las dos permutas financieras. Esas manifestaciones se interpretan como una explicitación de que las novaciones alcanzadas afectaban al crédito concedido para la línea de liquidez, pero no a la financiación principal (el crédito hipotecario) ni a las permutas financieras. Y están vertidas como una declaración formal necesaria para obtener la novación que en ese momento se pretendía y respecto de la que había una urgente necesidad. Dicho de otro modo, ni su contenido refleja una confirmación ni por el contexto en que se realizan esas manifestaciones puede concluirse la voluntad inequívoca de tal convalidación.

CUARTO. Costas

Desestimados los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, procede imponer a la parte recurrente las costas generadas con sus recursos, de conformidad con el art. 398.2 LEC, con pérdida de los depósitos constituidos para recurrir, de conformidad con la Disposición Adicional 15.ª, apartado 9.ª, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.