Sentencia Civil 539/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 1745/2023 de 09 de abril del 2026

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.La sentencia de segunda instancia desestima el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada -Quartz Capital Fund SCA- contra la dictada en primera instancia, que estimó en parte la demanda formulada por D. Pedro Francisco contra aquella por intromisión ilegítima en su derecho al honor, como consecuencia de la inclusión de sus datos en el fichero Asnef-Equifax.

La Audiencia Provincial considera que los documentos 27 y 28 de la contestación a la demanda no acreditan el requisito del requerimiento de pago previo exigido por el art. 38.1.c) RPDP para la inclusión de los datos, «pues no consta, en suma, qué fue lo remitido al demandante». Añade que «aunque la más reciente jurisprudencia insiste en enfoque funcional (sic) del requerimiento, vinculando el mismo con los fines que le atribuye la ley, lo cierto es que se trata de un aspecto que no se plantea en el recurso, ni se facilitan datos que pudieran incidir en tal valoración».

2.La demandada ha interpuesto un recurso un de casación que ha sido admitido.

SEGUNDO. Planteamiento del recurso.

El recurso de casación, que se interpone al amparo del art. 477.2.1.º LEC, se funda en un motivo único en el que se denuncia la infracción de los arts. 18.1 CE y 20.1.c) LOPDPGDD.

La recurrente sostiene que la sentencia aplica un criterio jurídico erróneo al dar por sentado que el requisito del requerimiento de pago previo lleva aparejado el carácter recepticio. Alega que remitió dos misivas a los domicilios que facilitó el recurrido para las comunicaciones con las últimas facturas devengadas en el seno de la relación contractual que mantenían, que tales misivas no constan como devueltas, y que resulta irrelevante que el requerimiento de pago previo se haya llevado a cabo mediante un envío masivo de notificaciones. Añade que la sentencia 959/2022, de 21 de diciembre, dictada por esta Sala, «declara la no intromisión ilegítima en el derecho al honor [...] ante un supuesto de idénticas características.».

TERCERO. Decisión de la Sala: desestimación

El motivo, y con él el recurso, deben desestimarse por lo que se expone a continuación.

La recurrente confunde el carácter recepticio del requerimiento de pago previo con la fehaciencia de su recepción. Es doctrina reiterada de esta Sala que el requerimiento de pago previo tiene carácter recepticio, si bien dicho carácter no exige la fehaciencia de su recepción, puesto que esta se puede considerar fijada a través de las presunciones o acreditada por cualquier medio de prueba siempre que exista garantía o constancia razonable de ella, lo que, por depender de las circunstancias concurrentes en cada supuesto, habrá que determinar de forma inevitablemente casuística (por todas, sentencias 360/2026, de 5 de marzo, y 959/2022, de 21 de diciembre -que es la que cita y trae a colación la propia recurrente-).

Por tanto, que la sentencia asuma el carácter recepticio del requerimiento previo de pago no constituye ningún error.

Por otro lado, la sentencia no niega ni cuestiona: (i) que las misivas se remitieran a los domicilios facilitados por el recurrido a efectos de comunicaciones; (ii) que no fueran devueltas; (iii) que el sistema utilizado -mediante un envío masivo de notificaciones- sea un medio de comunicación apto para la práctica del requerimiento. Lo que declara la Audiencia Provincial -y esto es lo que diferencia este caso del que fue objeto de la sentencia 959/2022- es que los documentos 27 y 28 aportados con la contestación no acreditan el cumplimiento del requisito del requerimiento de pago previo, «pues no consta, en suma, qué fue lo remitido al demandante».

Efectivamente, dichos documentos son certificados de Servinform relativos al envío masivo de notificaciones correspondientes a los lotes 20201223 y 20201222. En ellos se acredita la generación, impresión y puesta en el servicio postal de miles de cartas en enero de 2021, incluyendo envíos dirigidos al demandante en su dirección, sin incidencias en el proceso.

No obstante, en dichos certificados no consta la carta concreta de requerimiento de pago, que se aporta separadamente como documentos 25 y 26. Ambos son requerimientos de pago de fecha 30 de diciembre de 2020, dirigidos al demandante, en los que se le reclama una determinada cantidad y se le informa, en un caso, de la inclusión de su crédito en un fichero de solvencia y de la cesión del mismo, y en otro, de que la comunicación sirve como requerimiento previo y de la posible inscripción de la deuda en ficheros de solvencia si no se regulariza en el plazo de 30 días.

Además, no existe forma segura de vincular las cartas aportadas como documentos 25 y 26 con los envíos masivos certificados en los documentos 27 y 28, a la vista de su contenido y de la falta de correspondencia identificativa entre unos y otros.

De ahí que el fiscal señale acertadamente que:

«El recurso prescinde de que la razón por la que la Audiencia no considera acreditado que se practicara el requerimiento no fue por las dudas acerca de si las cartas enviadas llegaron o no al domicilio del demandante sino por no quedar acreditado el contenido de lo enviado, es decir, si realmente se enviaron esos requerimientos (y no otra cosa), que aparecen en los docs. nº 25 y 26 de la contestación, pero no en los certificados (docs. nº 27 y 28). Lo expresa claramente la sentencia cuando dice: " (...) no consta, en suma, qué fue lo remitido al demandante".»

Y añada, además, que:

«El recurso nada dice sobre esta cuestión y, en contra de lo apreciado por la Audiencia, da por supuesto que las cartas que aparecen en los docs. nº 25 y 26 fueron las que se remitieron al demandante, razón por la que se centra únicamente en que el carácter recepticio del requerimiento previo de pago no exige la fehaciencia de su recepción y en que los envíos masivos son un método válido para tenerlo por practicado cuando la comunicación depositada en el operador postal ha sido remitida al domicilio del deudor y no consta su devolución, lo que nada tiene que ver con lo tenido en cuenta por la Audiencia para resolver.»

En definitiva, la recurrente parte de la remisión al recurrido de las cartas a que se refieren los documentos 25 y 26; sin embargo, este hecho, que la Audiencia Provincial ha declarado no probado, no puede servir de fundamento al recurso de casación, ya que altera la base fáctica sobre la que se asienta la razón decisoria de la resolución recurrida e incurre en supuesto de la cuestión al basarse en una circunstancia que esta no asume ni declara probada, lo que resulta improcedente (por todas, sentencias 83/2025, de 16 de enero, y 307/2025, de 26 de febrero).

Es cierto que es doctrina reiterada de esta Sala la que declara el carácter funcional del requerimiento de pago previo, lo que ha justificado que no se considere vulnerado el honor del deudor en algunos supuestos de requerimientos defectuosos o incluso de falta de requerimiento; y también lo es que la jurisprudencia más reciente viene insistiendo en que la regla es que lo que vulnera el derecho al honor es aparecer registrado como moroso sin serlo (por todas, sentencias 360/2026, antes citada, 5/2026, de 8 de enero, y 1835/2025, de 12 de diciembre). Pero, como expone la Audiencia Provincial en la sentencia recurrida, «lo cierto es que se trata de un aspecto que no se plantea en el recurso, ni se facilitan datos que pudieran incidir en tal valoración».

CUARTO. Costas y depósitos

Al desestimarse el recurso casación procede imponer las costas generadas por dicho recurso a la recurrente, con pérdida del depósito para recurrir ( arts. 398.1 y 394.1 LEC y disposición adicional 15.ª, apartado 9.ª , LOPJ, respectivamente).

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.La sentencia de segunda instancia desestima el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada -Quartz Capital Fund SCA- contra la dictada en primera instancia, que estimó en parte la demanda formulada por D. Pedro Francisco contra aquella por intromisión ilegítima en su derecho al honor, como consecuencia de la inclusión de sus datos en el fichero Asnef-Equifax.

La Audiencia Provincial considera que los documentos 27 y 28 de la contestación a la demanda no acreditan el requisito del requerimiento de pago previo exigido por el art. 38.1.c) RPDP para la inclusión de los datos, «pues no consta, en suma, qué fue lo remitido al demandante». Añade que «aunque la más reciente jurisprudencia insiste en enfoque funcional (sic) del requerimiento, vinculando el mismo con los fines que le atribuye la ley, lo cierto es que se trata de un aspecto que no se plantea en el recurso, ni se facilitan datos que pudieran incidir en tal valoración».

2.La demandada ha interpuesto un recurso un de casación que ha sido admitido.

SEGUNDO. Planteamiento del recurso.

El recurso de casación, que se interpone al amparo del art. 477.2.1.º LEC, se funda en un motivo único en el que se denuncia la infracción de los arts. 18.1 CE y 20.1.c) LOPDPGDD.

La recurrente sostiene que la sentencia aplica un criterio jurídico erróneo al dar por sentado que el requisito del requerimiento de pago previo lleva aparejado el carácter recepticio. Alega que remitió dos misivas a los domicilios que facilitó el recurrido para las comunicaciones con las últimas facturas devengadas en el seno de la relación contractual que mantenían, que tales misivas no constan como devueltas, y que resulta irrelevante que el requerimiento de pago previo se haya llevado a cabo mediante un envío masivo de notificaciones. Añade que la sentencia 959/2022, de 21 de diciembre, dictada por esta Sala, «declara la no intromisión ilegítima en el derecho al honor [...] ante un supuesto de idénticas características.».

TERCERO. Decisión de la Sala: desestimación

El motivo, y con él el recurso, deben desestimarse por lo que se expone a continuación.

La recurrente confunde el carácter recepticio del requerimiento de pago previo con la fehaciencia de su recepción. Es doctrina reiterada de esta Sala que el requerimiento de pago previo tiene carácter recepticio, si bien dicho carácter no exige la fehaciencia de su recepción, puesto que esta se puede considerar fijada a través de las presunciones o acreditada por cualquier medio de prueba siempre que exista garantía o constancia razonable de ella, lo que, por depender de las circunstancias concurrentes en cada supuesto, habrá que determinar de forma inevitablemente casuística (por todas, sentencias 360/2026, de 5 de marzo, y 959/2022, de 21 de diciembre -que es la que cita y trae a colación la propia recurrente-).

Por tanto, que la sentencia asuma el carácter recepticio del requerimiento previo de pago no constituye ningún error.

Por otro lado, la sentencia no niega ni cuestiona: (i) que las misivas se remitieran a los domicilios facilitados por el recurrido a efectos de comunicaciones; (ii) que no fueran devueltas; (iii) que el sistema utilizado -mediante un envío masivo de notificaciones- sea un medio de comunicación apto para la práctica del requerimiento. Lo que declara la Audiencia Provincial -y esto es lo que diferencia este caso del que fue objeto de la sentencia 959/2022- es que los documentos 27 y 28 aportados con la contestación no acreditan el cumplimiento del requisito del requerimiento de pago previo, «pues no consta, en suma, qué fue lo remitido al demandante».

Efectivamente, dichos documentos son certificados de Servinform relativos al envío masivo de notificaciones correspondientes a los lotes 20201223 y 20201222. En ellos se acredita la generación, impresión y puesta en el servicio postal de miles de cartas en enero de 2021, incluyendo envíos dirigidos al demandante en su dirección, sin incidencias en el proceso.

No obstante, en dichos certificados no consta la carta concreta de requerimiento de pago, que se aporta separadamente como documentos 25 y 26. Ambos son requerimientos de pago de fecha 30 de diciembre de 2020, dirigidos al demandante, en los que se le reclama una determinada cantidad y se le informa, en un caso, de la inclusión de su crédito en un fichero de solvencia y de la cesión del mismo, y en otro, de que la comunicación sirve como requerimiento previo y de la posible inscripción de la deuda en ficheros de solvencia si no se regulariza en el plazo de 30 días.

Además, no existe forma segura de vincular las cartas aportadas como documentos 25 y 26 con los envíos masivos certificados en los documentos 27 y 28, a la vista de su contenido y de la falta de correspondencia identificativa entre unos y otros.

De ahí que el fiscal señale acertadamente que:

«El recurso prescinde de que la razón por la que la Audiencia no considera acreditado que se practicara el requerimiento no fue por las dudas acerca de si las cartas enviadas llegaron o no al domicilio del demandante sino por no quedar acreditado el contenido de lo enviado, es decir, si realmente se enviaron esos requerimientos (y no otra cosa), que aparecen en los docs. nº 25 y 26 de la contestación, pero no en los certificados (docs. nº 27 y 28). Lo expresa claramente la sentencia cuando dice: " (...) no consta, en suma, qué fue lo remitido al demandante".»

Y añada, además, que:

«El recurso nada dice sobre esta cuestión y, en contra de lo apreciado por la Audiencia, da por supuesto que las cartas que aparecen en los docs. nº 25 y 26 fueron las que se remitieron al demandante, razón por la que se centra únicamente en que el carácter recepticio del requerimiento previo de pago no exige la fehaciencia de su recepción y en que los envíos masivos son un método válido para tenerlo por practicado cuando la comunicación depositada en el operador postal ha sido remitida al domicilio del deudor y no consta su devolución, lo que nada tiene que ver con lo tenido en cuenta por la Audiencia para resolver.»

En definitiva, la recurrente parte de la remisión al recurrido de las cartas a que se refieren los documentos 25 y 26; sin embargo, este hecho, que la Audiencia Provincial ha declarado no probado, no puede servir de fundamento al recurso de casación, ya que altera la base fáctica sobre la que se asienta la razón decisoria de la resolución recurrida e incurre en supuesto de la cuestión al basarse en una circunstancia que esta no asume ni declara probada, lo que resulta improcedente (por todas, sentencias 83/2025, de 16 de enero, y 307/2025, de 26 de febrero).

Es cierto que es doctrina reiterada de esta Sala la que declara el carácter funcional del requerimiento de pago previo, lo que ha justificado que no se considere vulnerado el honor del deudor en algunos supuestos de requerimientos defectuosos o incluso de falta de requerimiento; y también lo es que la jurisprudencia más reciente viene insistiendo en que la regla es que lo que vulnera el derecho al honor es aparecer registrado como moroso sin serlo (por todas, sentencias 360/2026, antes citada, 5/2026, de 8 de enero, y 1835/2025, de 12 de diciembre). Pero, como expone la Audiencia Provincial en la sentencia recurrida, «lo cierto es que se trata de un aspecto que no se plantea en el recurso, ni se facilitan datos que pudieran incidir en tal valoración».

CUARTO. Costas y depósitos

Al desestimarse el recurso casación procede imponer las costas generadas por dicho recurso a la recurrente, con pérdida del depósito para recurrir ( arts. 398.1 y 394.1 LEC y disposición adicional 15.ª, apartado 9.ª , LOPJ, respectivamente).

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.La sentencia de segunda instancia desestima el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada -Quartz Capital Fund SCA- contra la dictada en primera instancia, que estimó en parte la demanda formulada por D. Pedro Francisco contra aquella por intromisión ilegítima en su derecho al honor, como consecuencia de la inclusión de sus datos en el fichero Asnef-Equifax.

La Audiencia Provincial considera que los documentos 27 y 28 de la contestación a la demanda no acreditan el requisito del requerimiento de pago previo exigido por el art. 38.1.c) RPDP para la inclusión de los datos, «pues no consta, en suma, qué fue lo remitido al demandante». Añade que «aunque la más reciente jurisprudencia insiste en enfoque funcional (sic) del requerimiento, vinculando el mismo con los fines que le atribuye la ley, lo cierto es que se trata de un aspecto que no se plantea en el recurso, ni se facilitan datos que pudieran incidir en tal valoración».

2.La demandada ha interpuesto un recurso un de casación que ha sido admitido.

SEGUNDO. Planteamiento del recurso.

El recurso de casación, que se interpone al amparo del art. 477.2.1.º LEC, se funda en un motivo único en el que se denuncia la infracción de los arts. 18.1 CE y 20.1.c) LOPDPGDD.

La recurrente sostiene que la sentencia aplica un criterio jurídico erróneo al dar por sentado que el requisito del requerimiento de pago previo lleva aparejado el carácter recepticio. Alega que remitió dos misivas a los domicilios que facilitó el recurrido para las comunicaciones con las últimas facturas devengadas en el seno de la relación contractual que mantenían, que tales misivas no constan como devueltas, y que resulta irrelevante que el requerimiento de pago previo se haya llevado a cabo mediante un envío masivo de notificaciones. Añade que la sentencia 959/2022, de 21 de diciembre, dictada por esta Sala, «declara la no intromisión ilegítima en el derecho al honor [...] ante un supuesto de idénticas características.».

TERCERO. Decisión de la Sala: desestimación

El motivo, y con él el recurso, deben desestimarse por lo que se expone a continuación.

La recurrente confunde el carácter recepticio del requerimiento de pago previo con la fehaciencia de su recepción. Es doctrina reiterada de esta Sala que el requerimiento de pago previo tiene carácter recepticio, si bien dicho carácter no exige la fehaciencia de su recepción, puesto que esta se puede considerar fijada a través de las presunciones o acreditada por cualquier medio de prueba siempre que exista garantía o constancia razonable de ella, lo que, por depender de las circunstancias concurrentes en cada supuesto, habrá que determinar de forma inevitablemente casuística (por todas, sentencias 360/2026, de 5 de marzo, y 959/2022, de 21 de diciembre -que es la que cita y trae a colación la propia recurrente-).

Por tanto, que la sentencia asuma el carácter recepticio del requerimiento previo de pago no constituye ningún error.

Por otro lado, la sentencia no niega ni cuestiona: (i) que las misivas se remitieran a los domicilios facilitados por el recurrido a efectos de comunicaciones; (ii) que no fueran devueltas; (iii) que el sistema utilizado -mediante un envío masivo de notificaciones- sea un medio de comunicación apto para la práctica del requerimiento. Lo que declara la Audiencia Provincial -y esto es lo que diferencia este caso del que fue objeto de la sentencia 959/2022- es que los documentos 27 y 28 aportados con la contestación no acreditan el cumplimiento del requisito del requerimiento de pago previo, «pues no consta, en suma, qué fue lo remitido al demandante».

Efectivamente, dichos documentos son certificados de Servinform relativos al envío masivo de notificaciones correspondientes a los lotes 20201223 y 20201222. En ellos se acredita la generación, impresión y puesta en el servicio postal de miles de cartas en enero de 2021, incluyendo envíos dirigidos al demandante en su dirección, sin incidencias en el proceso.

No obstante, en dichos certificados no consta la carta concreta de requerimiento de pago, que se aporta separadamente como documentos 25 y 26. Ambos son requerimientos de pago de fecha 30 de diciembre de 2020, dirigidos al demandante, en los que se le reclama una determinada cantidad y se le informa, en un caso, de la inclusión de su crédito en un fichero de solvencia y de la cesión del mismo, y en otro, de que la comunicación sirve como requerimiento previo y de la posible inscripción de la deuda en ficheros de solvencia si no se regulariza en el plazo de 30 días.

Además, no existe forma segura de vincular las cartas aportadas como documentos 25 y 26 con los envíos masivos certificados en los documentos 27 y 28, a la vista de su contenido y de la falta de correspondencia identificativa entre unos y otros.

De ahí que el fiscal señale acertadamente que:

«El recurso prescinde de que la razón por la que la Audiencia no considera acreditado que se practicara el requerimiento no fue por las dudas acerca de si las cartas enviadas llegaron o no al domicilio del demandante sino por no quedar acreditado el contenido de lo enviado, es decir, si realmente se enviaron esos requerimientos (y no otra cosa), que aparecen en los docs. nº 25 y 26 de la contestación, pero no en los certificados (docs. nº 27 y 28). Lo expresa claramente la sentencia cuando dice: " (...) no consta, en suma, qué fue lo remitido al demandante".»

Y añada, además, que:

«El recurso nada dice sobre esta cuestión y, en contra de lo apreciado por la Audiencia, da por supuesto que las cartas que aparecen en los docs. nº 25 y 26 fueron las que se remitieron al demandante, razón por la que se centra únicamente en que el carácter recepticio del requerimiento previo de pago no exige la fehaciencia de su recepción y en que los envíos masivos son un método válido para tenerlo por practicado cuando la comunicación depositada en el operador postal ha sido remitida al domicilio del deudor y no consta su devolución, lo que nada tiene que ver con lo tenido en cuenta por la Audiencia para resolver.»

En definitiva, la recurrente parte de la remisión al recurrido de las cartas a que se refieren los documentos 25 y 26; sin embargo, este hecho, que la Audiencia Provincial ha declarado no probado, no puede servir de fundamento al recurso de casación, ya que altera la base fáctica sobre la que se asienta la razón decisoria de la resolución recurrida e incurre en supuesto de la cuestión al basarse en una circunstancia que esta no asume ni declara probada, lo que resulta improcedente (por todas, sentencias 83/2025, de 16 de enero, y 307/2025, de 26 de febrero).

Es cierto que es doctrina reiterada de esta Sala la que declara el carácter funcional del requerimiento de pago previo, lo que ha justificado que no se considere vulnerado el honor del deudor en algunos supuestos de requerimientos defectuosos o incluso de falta de requerimiento; y también lo es que la jurisprudencia más reciente viene insistiendo en que la regla es que lo que vulnera el derecho al honor es aparecer registrado como moroso sin serlo (por todas, sentencias 360/2026, antes citada, 5/2026, de 8 de enero, y 1835/2025, de 12 de diciembre). Pero, como expone la Audiencia Provincial en la sentencia recurrida, «lo cierto es que se trata de un aspecto que no se plantea en el recurso, ni se facilitan datos que pudieran incidir en tal valoración».

CUARTO. Costas y depósitos

Al desestimarse el recurso casación procede imponer las costas generadas por dicho recurso a la recurrente, con pérdida del depósito para recurrir ( arts. 398.1 y 394.1 LEC y disposición adicional 15.ª, apartado 9.ª , LOPJ, respectivamente).