Sentencia Civil 652/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 4595/2019 de 13 de mayo del 2024

PRIMERO.- Resumen de antecedentes

1. La parte demandante, y aquí recurrida, en fecha de 16 de abril de 2009 suscribió una orden de compra de 30 títulos de la clase "Preferentes EM 18-05-09", de la entidad Caixa Galicia, por un valor nominal de 30.000 euros.

2. El 10 de marzo de 2011, el Banco de España comunicó que la entidad emisora de los mencionados títulos precisaba un capital adicional de 2.622 millones de euros, que debería tener antes del 30 de septiembre de 2011. Como quiera que llegada esta fecha no lo logró, tuvo que solicitar ayuda al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que amplió el capital social de NCG Banco, S.A., por un total de 2.465 millones de euros, mediante la emisión de 2.465 millones de acciones ordinarias de 1 euro de valor nominal, que fueron íntegramente suscritas y desembolsadas por el FROB, que pasó a ser titular del 93,16% del capital social, correspondiendo la titularidad del restante 6,84% a Nova Caixa Galicia.

3. El 29 de mayo de 2017, la parte demandante interpuso una demanda contra Abanca Corporación Bancaria, S.A. (sucesora de la entidad comercializadora de las participaciones preferentes), en la que, de manera principal, solicitó la nulidad de la adquisición de los mencionados títulos por error vicio del consentimiento, con la consiguiente restitución de prestaciones. Subsidiariamente solicitó la resolución contractual por incumplimiento de los deberes de diligencia, lealtad e información.

La demandada se opuso argumentando que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en el momento de la interposición de la demanda habían transcurrido más de cuatro años desde que las demandantes estuvieron en disposición de conocer el error que alegaban haber padecido al contratar, puesto que el 30 de septiembre de 2011 ya no existió mercado de reventa y era imposible recuperar la inversión. Aportó un bloque documental con noticias de prensa que se hacían eco en esas fechas de la problemática y añadió que en el caso, además, la parte actora había presentado el 27 de agosto de 2012 una reclamación de consumo que acreditaba el conocimiento del error que ahora invocaba para solicitar la nulidad del contrato, al alegar el desconocimiento de los riesgos de las preferentes en el momento de la contratación.

Además, entre otras excepciones y alegaciones, la demandada invocó su falta de legitimación pasiva, la existencia de información sobre los riesgos del producto ofrecida al contratar, y la improcedencia de la acción de resolución contractual, que además estaría prescrita.

4. La sentencia de primera instancia estimó la demanda y declaró la nulidad del contrato de adquisición de las preferentes con las consecuencias restitutorias del art. 1303 CC (restitución de la inversión minorada por los rendimientos e intereses percibidos por las demandantes). Por lo que aquí interesa, el juzgado rechazó la alegación de la demandada referida a la extinción por razón de caducidad de la acción de nulidad ejercitada. El juzgado razonó que en el caso el dies a quo del cómputo del plazo de caducidad sería el 4 de julio de 2013, momento en el que los actores tuvieron necesariamente cabal conocimiento de la pérdida sufrida al producirse la efectiva conversión obligatoria de las participaciones preferentes en acciones, por lo que cuando se interpuso la demanda no habían transcurrido cuatro años. En cuanto al fondo, apreció el incumplimiento por la entidad de los deberes legales que le correspondían en la comercialización del producto y la ausencia de información adecuada y suficiente sobre el producto contratado determinante de la nulidad contractual.

5. La demandada interpuso un recurso de apelación en el que defendía la extinción de la acción por caducidad y, de manera subsidiaria, la imposibilidad de apreciar la acción de resolución contractual al amparo del art. 1124 CC, de acuerdo con la jurisprudencia.

El recurso fue desestimado por la Audiencia Provincial, que confirmó los razonamientos de la sentencia de primera instancia por lo que se refiere a la caducidad de la acción de nulidad, por lo que consideró innecesario pronunciarse sobre las alegaciones referidas a la procedencia de la acción de resolución contractual.

6. La entidad demandada ha interpuesto un recurso de casación.

SEGUNDO.- Recurso de casación

1. Planteamiento. Los dos motivos del recurso de casación serán analizados conjuntamente, habida cuenta que ambos se refieren a una única cuestión jurídica y tienen esencialmente por denominador común la denuncia de la infracción del artículo 1301 del Código Civil, en relación con las sentencias de esta sala 769/2014, de 12 de enero de 2015; 376/2015, de 7 de julio; 489/2015, de 16 de septiembre; 734/2016, de 20 de diciembre; y 218/2017, de 4 de abril.

En el desarrollo de ambos motivos, la parte recurrente alega, resumidamente, que la sentencia recurrida ignora una serie de datos que demuestran que los adquirentes de los títulos conocían los hechos que justificaban su acción de nulidad por error vicio del consentimiento con más de cuatro años de antelación a su ejercicio, como fueron la intervención de la entidad por parte del FROB el 30 de septiembre de 2011, la suspensión del pago de los rendimientos el 30 de marzo de 2012, o la realización de una reclamación por la parte demandante ante el Instituto Gallego de Consumo el 27 de agosto de 2012.

2. Admisibilidad. Al oponerse al recurso de casación, la parte recurrida alegó su inadmisibilidad, por considerar que no se justificaba el interés casacional por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Tales alegaciones no pueden ser atendidas, ya que el recurso identifica la norma sustantiva que considera infringida y la jurisprudencia de esta sala que se estima vulnerada; lo que, en principio, y sin perjuicio de la estimación o desestimación final del recurso, satisface los requisitos de admisibilidad del recurso por este cauce.

3. Resolución del tribunal. Estimación del recurso. Como hemos recordado en otras ocasiones, en la interpretación del art. 1301 CC, la jurisprudencia ha mantenido que el cómputo del plazo de cuatro años para el ejercicio de la acción de nulidad empieza a correr "desde la consumación del contrato", y no antes ( sentencias 89/2018, de 19 de febrero, y 264/2018, de 9 de mayo). Sin perjuicio de que en la contratación de algunos productos financieros, por ejemplo una participación preferente, puede ser que al tiempo de la consumación del negocio todavía no haya aflorado el riesgo congénito al negocio cuyo desconocimiento podía viciar el consentimiento prestado. Es en estos casos, en que la sentencia 769/2014, de 12 de enero de 2015, entendió que el momento de inicio del cómputo del plazo debía referirse a aquel en que el cliente hubiera podido tener conocimiento de la existencia de dicho error o dolo.

De hecho este tribunal, de forma un tanto casuística, ha ido distinguiendo entre distintos tipos de contratos para advertir, en función de sus características, cuándo podía considerarse consumados.

Los contratos de suscripción de obligaciones de deuda subordinada y participaciones preferentes, hemos entendido que, en principio, se perfeccionan desde la adquisición de estos productos (por ejemplo, sentencias 718/2016, de 1 de diciembre, y 576/2020, de 4 de noviembre). No obstante, como ya hemos apuntado, si para entonces no hubiera aflorado el riesgo que se desconocía y en qué consistía el error, el comienzo del cómputo debe referirse al momento en que el cliente hubiera podido tener conocimiento de su existencia.

En asuntos semejantes referidos a comercialización de participaciones preferentes u obligaciones subordinadas ( sentencias 734/2016, de 20 de diciembre; 204/2019, de 4 de abril; 573/2022, de 18 de julio; 600/2022, de 14 de septiembre; 301/2023, de 27 de febrero, 94/2023, de 24 de enero, 1231/2023, y 1232/2023, de 18 de septiembre) hemos referenciado esta fecha al momento en que la entidad emisora tuvo que ser intervenida por el FROB, que en el caso que nos ocupa fue el 30 de septiembre de 2011, tal como invocó la demandada en la contestación a la demanda.

En este caso, la sentencia recurrida, es contraria a la doctrina de la sala e, incluso, cuando señala que dicha coyuntura pudo no tener sobre los adquirentes la repercusión indispensable para llegar a ser debidamente comprendida, obvia que se trata de valorar que los adquirentes estuvieran en disposición de conocer; incluso aunque se estuviera a los demás momentos que apunta la demandada, cuando se interpuso la demanda el 29 de mayo de 2017 ya habrían transcurrido los cuatro años para el ejercicio de la acción. En particular, los demandantes presentaron el 27 de agosto de 2012 (doc. 3 de la contestación) una reclamación ante el Instituto Gallego de Consumo en la que manifestaron haber contratado confiando en el personal de la entidad y las garantías que les ofrecieron, lo que es demostrativo de haberse enterado ya entonces del error padecido cuando contrataron el producto.

En consecuencia, estimamos el recurso de casación y estimamos el recurso de apelación formulado por la demandada en el sentido de desestimar íntegramente las acciones fundadas en la nulidad por error vicio.

4. Acción ejercitada con carácter subsidiario. La acción ejercitada con carácter subsidiario se basaba en la resolución del contrato de adquisición de las participaciones preferentes por el incumplimiento de las obligaciones que incumbían a la entidad, con cita de la legislación del mercado de valores.

La acción también debe desestimarse porque conforme a la jurisprudencia de esta sala (contenida en la sentencia de pleno, 491/2017, de 13 de septiembre, y reiterada con posterioridad, entre otras por la sentencia 490/2022, de 21 de junio, 1625/2023, y 1626/2022, de 22 de noviembre), "en la comercialización de los productos financieros complejos sujetos a la normativa MiFID, el incumplimiento de las obligaciones de información por parte de la entidad financiera podría dar lugar, en su caso, a la anulabilidad del contrato por error vicio en el consentimiento, o a una acción de indemnización por incumplimiento contractual, para solicitar la indemnización de los daños provocados al cliente por la contratación del producto a consecuencia de un incorrecto asesoramiento. Pero no puede dar lugar a la resolución del contrato por incumplimiento".

TERCERO.- Costas

Dada la estimación del recurso de casación no procede hacer expresa condena respecto de las costas de este recurso.

La estimación de la casación ha supuesto la estimación del recurso de apelación formulada por Abanca, razón por la cual no procede hacer expresa condena de las costas del recurso de apelación.

En cuanto a las costas de primera instancia, la desestimación de la demanda conlleva que se impongan a la parte demandante.