Sentencia Civil 1150/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 4024/2023 de 18 de septiembre del 2024

PRIMERO.- Antecedentes relevantes

A los efectos decisorios del presente recurso de casación hemos de partir de los antecedentes siguientes:

1.º- D.ª Amparo presentó demanda ante los juzgados de familia de Madrid, en septiembre del año 2018, contra quien fue su pareja D. Eduardo. Los litigantes tuvieron una hija en común nacida el NUM000 de 2011. Fueron infructuosas las dirigencias llevadas a efecto para la localización del demandado. El demandado fue declarado en rebeldía.

2.º- Seguido el procedimiento, en todos sus trámites, se dictó sentencia por parte del Juzgado de Primera Instancia número 85 de Madrid, con fecha 1 de diciembre de 2020. En dicha resolución se atribuyó a la madre la guarda y custodia de la menor, así como el ejercicio de la patria potestad; no obstante, se dejó en suspenso la contribución del padre a los alimentos de la hija, al desconocerse el paradero y, por lo tanto, sus concretos ingresos económicos.

3.º- Contra dicha sentencia se interpuso por la demandante recurso de apelación. Su conocimiento correspondió a la sección 22 de la Audiencia Provincial de Madrid, que dictó sentencia 2/2023, de 10 de enero, en la que fijó una pensión de alimentos, en beneficio de la hija menor de los litigantes con cargo a su padre, de un 10% de los ingresos de éste.

4.º- La madre recurrió en casación, en solicitud de que se cuantificarse dicha contribución económica en la suma de 200 € mensuales.

5.º- El Ministerio fiscal se adhirió al recurso de casación, se apoyó en la sentencia de esta sala 378/2024, de 13 de marzo, que aplica la doctrina de la sentencia del Tribunal Constitucional 2/2024 de 15 de enero.

En consecuencia, entendió que debería procederse a la cuantificación de la pensión de alimentos., que se devengará desde la fecha de interposición de la demanda. Para ello tuvo en cuenta que la madre percibió unos ingresos declarados a la AEAT, de 3291 euros en el ejercicio de 2018, que la niña nació el NUM000 del 2011 que presentó un contrato privado de alquiler de una vivienda de 500 euros mensuales y que la menor asiste a un colegio público con 90 € de abono del servicio de comedor.

SEGUNDO.- Recurso de casación

El recurso de casación se interpuso por infracción del artículo 39.3 de la Constitución, así como de los artículos 110, 142, 143, 144, 146, 147 y 154 del Código Civil, y se citó jurisprudencia menor de las audiencias provinciales, que determinaban en casos como el enjuiciado el importe de la pensión de alimentos.

La concreta cuestión controvertida fue resuelta por esta sala en la sentencia 378/ 2024, de 14 de marzo, en dicha resolución señalamos:

"Es jurisprudencia reiterada de esta sala, de la que son manifestación las sentencias 860/2023, de 1 de junio; 1210/2023, de 21 de julio, 1365/2023, de 4 de octubre y 4/2024, de 8 de enero, la que se asienta en los pilares siguientes:

"1) La especial protección de los alimentos de los hijos menores de edad en los procedimientos de familia.

"Conforme a la cual dicha obligación tiene unas connotaciones particulares, que la distinguen de las restantes deudas alimentarias legales, toda vez que posibilitan una mayor flexibilidad en la fijación del importe de la pensión y en la interpretación del principio de proporcionalidad, de manera que los hijos puedan gozar del mejor nivel de vida que los recursos económicos de sus progenitores les puedan brindar y que su satisfacción genere un mayor esfuerzo contributivo, una de cuyas manifestaciones la encontramos en el art. 608 LEC.

"2) La doctrina del mínimo vital para el caso de dificultades económicas.

"Esta obligación impuesta al juez de fijar "en todo caso", la contribución de cada progenitor para satisfacer alimentos que impone el art. 93 del CC, determinó el nacimiento, para situaciones de acreditada dificultad económica, de la denominada doctrina del mínimo vital, de cuya aplicación encontramos manifestación en las SSTS 184/2016, de 18 de marzo y 484/2017, de 20 de julio, con base a la cual:

"i) Lo normal será fijar siempre en supuestos de esta naturaleza un mínimo que contribuya a cubrir los gastos repercutibles más imprescindibles para la atención y cuidado del menor, y admitir sólo con carácter muy excepcional, con criterio restrictivo y temporal, la suspensión de la obligación,

"ii) Ante la más mínima presunción de ingresos, cualquiera que sea su origen y circunstancias, se habrá de acudir a la solución que se predica como normal, aún a costa de un gran sacrificio del progenitor alimentante.

"3) La posibilidad de suspensión de la prestación de alimentos por carencia de recursos económicos para satisfacerlos para los casos de alimentante absolutamente insolvente.

"4) Los supuestos de rebeldía no impiden la fijación de alimentos.

"Son casos en los que no consta que el demandado carezca de recursos económicos o que se encuentre en una situación de absoluta indigencia, simplemente se ignoran cuáles son los ingresos, dado que, por acto propio, se ausentó sin dejar datos incumpliendo sus obligaciones con respecto a sus hijos menores. En la tesitura expuesta, es la madre la que, de forma exclusiva, atiende a las necesidades de los hijos menores de los litigantes.

"[...] Recientemente, el Tribunal Constitucional en la sentencia 2/2024, de 15 de enero, tuvo oportunidad pronunciarse sobre la cuestión controvertida en este proceso, desde el punto de vista del interés superior de los menores y del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE. , señalando al respecto:

""Si bien el dato de la capacidad económica se desconoce y no es posible aplicar con plenitud el citado principio de proporcionalidad, no es menos cierto que el art. 93 CC ordena que '[e]l Juez, en todo caso, determinará la contribución de cada progenitor para satisfacer los alimentos y adoptará las medidas convenientes para asegurar la efectividad y acomodación de las prestaciones a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento'.

"Por lo tanto, el desconocimiento de aquella capacidad económica del demandado, debida a su propia conducta elusiva de sus deberes paternofiliales, no puede erigirse en obstáculo para que la sentencia del juzgado, o en su revisión la de la audiencia provincial, hubiera fijado en este caso una cantidad líquida suficiente para la satisfacción de las necesidades del menor hijo de la recurrente ex art. 142 CC.

"Cantidad líquida cuya denominación, modo de cuantificación e importe no nos corresponde determinar, pues esto deviene en una función estrictamente jurisdiccional.

"Al haber optado sin justificación objetiva por el sistema de un porcentaje sobre los desconocidos ingresos del demandado, y con arreglo a las razones ya expuestas, cabe concluir que las resoluciones de instancia aquí impugnadas han vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE) de la recurrente y de su entonces hijo menor de edad"".

Pues bien, en función de las consideraciones expuestas el recurso de casación debe ser estimado.

El tribunal tiene en cuenta las circunstancias expuestas en el fundamento de derecho primero de esta sentencia y que la madre debe contar con otros ingresos adicionales a los declarados, pues de otra manera no podría cubrir sus gastos fijos antes consignados (500 euros de alquiler mensual y de comedor de la hija) y los otros de atención a necesidades perentorias de subsistencia.

Según las consultas llevadas a efecto en el punto neutro judicial, el Sr. Eduardo, en los años 2019 y 2020, estuvo dado de alta, en España, en el Régimen General de la Seguridad Social en los periodos a los que se refiere su certificación de vida laboral, así como constan también ingresos percibidos, en el ejercicio 2019, por trabajo personal, según base de datos de la AEAT, de unos 6.002,54 euros.

Por todo ello, entendemos procedente fijar, tal y como pide el Ministerio Fiscal, en 200 euros al mes la contribución del padre a los alimentos de su hija, sin perjuicio, en su caso, de revisión.

Esta prestación alimenticia se devengará desde la fecha de la demanda ( art. 148 CC) , al ser la primera vez que se fijan los alimentos ( SSTS 696/2017, de 20 de diciembre; 113/2019 de 20 de febrero; 644/2020, de 30 de noviembre y 412/2022, de 23 de mayo), todo ello, sin perjuicio de su liquidación y revisión por modificación de circunstancias ( art. 91 CC) .

TERCERO.- Costas y depósito

La estimación del recurso de casación conduce a que no se haga especial pronunciamiento sobre las costas, así como tampoco las correspondientes al recurso de apelación ( art. 398 LEC) .

Estimada en parte la demanda no se condena en las costas de la primera instancia a ninguno de los litigantes ( art. 394.2 LEC) .