Sentencia Civil 943/2022 del Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 2000/2019 de 20 de diciembre del 2022

PRIMERO.- Antecedentes.

El presente recurso de casación se interpone contra una sentencia recaída en juicio ordinario en el que la parte demandante, D. Ángel, interpuso demanda contra Abanca, S.A. , solicitando se declarara la nulidad o de manera subsidiaria la anulabilidad del contrato de compraventa de participaciones preferentes suscrito entre las partes por vicio del consentimiento, reclamando por tal concepto la cantidad de 60.000 euros. Alegó que en fecha 15 de Octubre de 2009 invirtió 60.000 euros en preferentes, en razón de la confianza que tenía depositada en la persona de contacto de la oficina con la que operaba, quien le habló de los rendimientos del producto y, en ningún caso, de sus riesgos; incidió en que de habérsele expuesto de forma clara y comprensible toda la información, la decisión hubiese sido otra, destacando que pudo recuperar una parte importante de la inversión por el proceso de canje propuesto por NGB.

La parte demandada se opuso alegando, en primer término, la caducidad de la acción por transcurso del plazo de cuatro años legalmente establecido. Respecto al fondo del asunto se puso de manifiesto que, más allá de las afirmaciones vertidas por el actor, que se presentaba como un consumidor ajeno al mundo financiero, se había de presumir que contrató voluntaria, libre y conscientemente el producto que nos ocupa, con pleno conocimiento e información contractual, decidiendo invertir su capital bajo un lícito interés de lucro por la alta rentabilidad que ofrecía el mismo. Añadió que ya tenía experiencia inversora en la adquisición de productos híbridos y que fue informado debidamente de sus características esenciales, tanto verbal como documentalmente, no pudiendo apreciarse el error que, interesadamente sostuvo haber padecido.

La sentencia de primera instancia, rechazó la caducidad de la acción al fijar el inicio del cómputo del plazo de caducidad en el momento en que se produce el canje de participaciones, el 13 de junio de 2013, con lo que interpuesta la demanda el 24 de febrero de 2017 no habría transcurrido el plazo de cuatro años y, en consecuencia la acción no podía considerarse caducada, consideró probado el incumplimiento por la entidad bancaria demandada de sus obligaciones de información, estimó la demanda y declaró la nulidad de la orden de suscripción de participaciones preferentes de fecha 15 de octubre de 2009, condenando a la demandada a reintegrar a la actora la cantidad percibida (descontando el importe ya percibido con ocasión del canje) más los intereses correspondientes, con imposición de las costas causadas.

Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por la entidad bancaria demandada, recurso que fue resuelto por la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra que hoy es objeto del presente recurso de casación. Dicha resolución estimó el recurso de apelación interpuesto, revocando la sentencia de primera instancia en el único sentido de añadir al fallo de la misma: "que la parte actora deberá devolver junto al importe recibido como rendimientos percibidos por las participaciones preferentes, el interés legal de dichas cantidades desde que fueron abonadas, manteniendo los demás pronunciamientos". En concreto, y por lo que respecta a la caducidad de la acción, en su fundamento de derecho primero, rechazó la caducidad de la acción por cuanto se produjo el canje de las preferentes por acciones de la entidad bancaria el 4 de julio de 2013, con lo que interpuesta la demanda con fecha 22 de febrero de 2017, no había transcurrido el plazo de cuatro años.

El escrito de interposición del recurso de casación se articula en dos motivos.

En el motivo primero, tras citar como precepto legal infringido el artículo 1301 del Código Civil, se alega la existencia de interés casacional por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. A tal fin, cita como opuestas a la recurrida las sentencias de esta Sala 769/2014, de 12 de enero de 2015 (dictada por el pleno de la Sala Primera), 376/2015, de 7 de julio, 489/2015, de 16 de septiembre, 734/2016, de 20 de diciembre, y 218/2017, de 4 de abril. La parte recurrente niega que el cómputo del plazo de cuatro años deba iniciarse en el momento del canje obligatorio por acciones, sino en el momento en que la demandante fue consciente del error padecido, lo que ocurrió con la suspensión del pago de rendimientos, el 30 de marzo de 2012 o, en su caso, cuando se interpuso reclamación ante el Instituto Gallego de Consumo, el 19 de septiembre de 2012 con lo que, interpuesta la demanda el 22 de febrero de de 2017, la acción estaría caducada.

En el motivo segundo, tras citar como infringido el artículo 1301 del Código Civil, se alega la existencia de interés casacional por jurisprudencia contradictoria de Audiencias Provinciales. La parte recurrente señala que la sentencia recurrida (71/2019, de 18 de febrero), dictada por la Sección Sexta de la Ilma. Audiencia Provincial de Pontevedra, no considera como dies a quo del cómputo del plazo de caducidad el momento de la interposición de la reclamación ante el Instituto Galego de Consumo, mismo criterio seguido en la sentencia 33/2019, de 25 de enero, de la Sección Sexta de la misma Audiencia Provincial, mientras que la sentencia 388/2018, de 9 de noviembre, de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Pontevedra y otras sentencias de diferentes Secciones de Audiencias Provinciales (dos de ellas de la Audiencia Provincial de La Coruña Sección Quinta, una de la Audiencia Provincial de Orense Sección Primera, y una de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de León, declaran que sí ha de considerarse el momento de la presentación de estas reclamaciones como dies a quo del cómputo del plazo de caducidad, por entender que queda probado que en ese momento fueron conscientes del supuesto error en el consentimiento y por tanto ya pudieron ejercitar la acción.

SEGUNDO.- Decisión de la sala.

Se estiman los motivos.

Se alega por el recurrente que el causante de los demandantes presentó reclamación extrajudicial ante el Instituto Gallego de Consumo el 19 de septiembre de 2012, fecha desde la que hay que entender que conocía que el producto adquirido no era el deseado y a partir de dicha fecha debería iniciarse el cómputo del plazo de caducidad, que se debería entender transcurrido dado que la demanda se interpuso en febrero de 2017. Igualmente añade que también debe considerarse caducada la acción si se tiene en cuenta que el día inicial es el de la intervención por el FROB.

Respecto a la caducidad de la acción y la interpretación a estos efectos del art. 1301 CC, hemos establecido entre otras, en las sentencias 769/2014, de 12 de enero de 2015; 376/2015, de 7 de julio; 489/2015, de 16 de septiembre; 102/2016, de 25 de febrero; y 132/2022, de 21 de febrero, que:

""Por ello, en relaciones contractuales complejas como son con frecuencia las derivadas de contratos bancarios, financieros o de inversión, la consumación del contrato, a efectos de determinar el momento inicial del plazo de ejercicio de la acción de anulación del contrato por error o dolo, no puede quedar fijada antes de que el cliente haya podido tener conocimiento de la existencia de dicho error o dolo. El día inicial del plazo de ejercicio de la acción será, por tanto, el de suspensión de las liquidaciones de beneficios o de devengo de intereses , el de aplicación de medidas de gestión de instrumentos híbridos acordadas por el FROB, o, en general, otro evento similar que permita la comprensión real de las características y riesgos del producto complejo adquirido por medio de un consentimiento viciado por el error[...]".

"Conforme a esta jurisprudencia, el comienzo del plazo de ejercicio de la acción de anulación por vicio en el consentimiento debe computarse desde que los clientes estuvieron en disposición de conocer los riesgos patrimoniales de la operación, que en este caso consistían en la inexistencia de un mercado efectivo de reventa de los títulos y en la práctica imposibilidad de recuperación de la inversión, por la falta de solvencia de la entidad emisora de las preferentes. En asuntos semejantes referidos a comercialización de participaciones preferentes u obligaciones subordinadas ( sentencias 734/2016, de 20 de diciembre, y 204/2019, de 4 de abril) hemos referenciado esta fecha al momento en que la entidad emisora tuvo que ser intervenida por el FROB, que en el caso que nos ocupa fue el 30 de septiembre de 2011 ( sentencia 132/2022, de 21 de febrero) [...]".

Partiendo de que la intervención del FROB data de 30 de septiembre de 2011 y que la demanda se interpuso en febrero de 2017, resulta patente que la acción de anulación por error vicio del consentimiento estaba caducada, por transcurso de cuatro años ( art. 1301 C. Civil) , lo que debe conducir a la estimación de los motivos y a igual conclusión se llega si iniciamos el cómputo el 19 de septiembre de 2012, fecha de la reclamación extrajudicial.

TERCERO .- Asunción de la instancia, desestimación del recurso de apelación y estimación de la demanda respecto de la acción alternativa ejercitada: indemnización de daños y perjuicios.

Una vez desestimada la acción de nulidad por error vicio del consentimiento, debe examinarse la acción ejercitada alternativamente en la demanda.

Esta sala entiende que la acción ejercitada es la acción de incumplimiento del contrato de asesoramiento y correlativa indemnización de daños y perjuicios a los clientes/inversores, dado que en la fundamentación jurídica de la demanda se invoca el art. 1101 del Código Civil.

Según reiterada jurisprudencia de esta sala, la vulneración de la normativa legal sobre el deber de información al cliente sobre el riesgo económico de la adquisición de participaciones preferentes puede causar un error en la prestación del consentimiento, o un daño derivado de tal incumplimiento ( sentencias 677/2016, de 16 de noviembre, 62/2019, de 31 de enero, y 249/2019, de 6 de mayo, con cita de otras anteriores). En este segundo caso, en el marco de una relación de asesoramiento prestado por una entidad de servicios financieros y a la vista del perfil e intereses de inversión del cliente, puede surgir una responsabilidad civil al amparo del art. 1101 CC, por el incumplimiento o cumplimiento negligente de las obligaciones surgidas de esa relación de asesoramiento financiero, que causa al inversor un perjuicio consistente en la pérdida total o parcial de su inversión.

En tales casos, además de identificar este incumplimiento o cumplimiento negligente de las obligaciones de la empresa que presta servicios de inversión, debe haber una relación de causalidad entre el incumplimiento o cumplimiento negligente y el daño indemnizable ( sentencia 573/2022, de 18 de julio).

En las actuaciones no consta que la entidad demandada ofreciera información suficiente a los inversores sobre el producto financiero adquirido, que entrañaba un elevado riesgo, ni les advirtió de su verdadera naturaleza y del riesgo de pérdida total o parcial de la inversión. Tampoco consta más acervo documental que la propia orden de compra, de modo que no se entregó a los inversores ninguna información escrita sobre los riesgos contraídos al contratar.

Declarada probada la ausencia de información sobre los riesgos y al concurrir los elementos necesarios para la procedencia de la acción indemnizatoria, debe estimarse la primera pretensión ejercitada alternativamente en la demanda. Lo que supone la estimación en parte del recurso de apelación y la estimación en parte de la demanda.

En particular, la indemnización se concretará en ejecución de sentencia y deberá contraerse a la pérdida patrimonial consistente en la diferencia entre el valor nominal de la inversión y el valor obtenido en el proceso de liquidación realizado por el FROB, a cuya cifra resultante deberán sumarse los intereses legales desde la fecha de la contratación y detraerse los rendimientos percibidos con sus intereses legales desde las respectivas fechas de cobro.

CUARTO.- Costas y depósitos.

1.- La estimación del recurso de casación comporta que no proceda hacer expresa imposición de las costas por él causadas, según previene el art. 398.2 LEC.

2.- La estimación en parte del recurso de apelación implica que tampoco deban imponerse a ninguna de las partes las costas de la segunda instancia, conforme establece el mismo art. 398.2 LEC.

3.- La estimación sustancial de la demanda comporta que se impongan las costas de la primera instancia al demandado, según ordena el art. 394.2 LEC.

4.- Asimismo, procede la devolución de los depósitos constituidos para los recursos de casación y de apelación, de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 8, LOPJ.