Sentencia Civil 698/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 5975/2019 de 20 de mayo del 2024

PRIMERO.- Resumen de antecedentes

1.- El 17 de diciembre de 2010, en el punto kilométrico 179/695 de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona, (Estación de Ariza), una máquina ferroviaria denominada Dresina, propiedad de la empresa Gestión de Maquinaria Ferroviaria S.L.U. (GMF) y operada por la UTE Medinaceli, fue colisionada por otra máquina Dresina propiedad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), que era operada por la UTE SISECAT y conducida por el empleado de ésta, D. Jesus Miguel.

Las operaciones de ambas máquinas estaban supervisadas por un empleado de ADIF, el jefe de circulación D. Mariano.

2.- Como consecuencia de la colisión resultaron lesionados los ocupantes de las máquinas, por lo que, conforme a la legislación vigente en la fecha del siniestro, se siguió un procedimiento penal por falta de lesiones imprudentes ante el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Calatayud, que el 24 de mayo de 2013 dictó sentencia por la que condenaba al Sr. Jesus Miguel como autor responsable de una falta de lesiones por imprudencia y declaró la responsabilidad civil subsidiaria y solidaria de Siemens S.A. y la responsabilidad civil directa y solidaria de HDI Seguros S.A. En lo que respecta a la responsabilidad civil, la distribuyó al 50% entre el conductor Sr. Jesus Miguel y el jefe de Circulación Sr. Mariano.

La sentencia fue confirmada por la Audiencia Provincial de Zaragoza por sentencia de 15 de octubre de 2013.

GMF no fue parte en el procedimiento penal.

3.- GMF fue indemnizada en el 50% de sus daños por ADIF (en cuanto que empleadora del Sr. Mariano). Para ello, se inició el 22 de marzo de 2011 un expediente de responsabilidad patrimonial, que estuvo suspendido hasta que concluyó el procedimiento penal. Una vez reanudado, ADIF dictó la resolución de 23 de enero de 2015 que acordaba conceder una indemnización de 122.558,57 euros.

4.- GMF interpuso una demanda contra el Sr. Jesus Miguel, Siemens y HDI en reclamación de 122.558,57 euros, como importe de la mitad de los daños no indemnizada.

5.- La sentencia de primera instancia desestimó la demanda, al considerar que la acción estaba prescrita. En lo que ahora interesa consideró que no se trataba de una acción de responsabilidad civil ex delicto, porque los daños objeto de reclamación no fueron objeto del procedimiento penal, puesto que GMF ni formuló denuncia ni reclamó nada en ese proceso. En consecuencia, al tratarse de un supuesto de responsabilidad civil extracontractual, resulta de aplicación el plazo de un año que ya estaba sobradamente transcurrido cuanto se presentó la demanda.

6.- GMF presentó un recurso de apelación, que fue estimado por la Audiencia Provincial. En primer lugar, consideró que la acción ejercitada era derivada de un hecho que el Código Penal califica como delito, por lo que resultaba aplicable el plazo de prescripción que establece el art. 1964 CC, por lo que no estaba prescrita en la fecha de la presentación de la demanda. Y en cuanto al fondo del asunto, asumió la declaración de responsabilidad efectuada en la jurisdicción penal y condenó a las demandadas al pago de la cantidad reclamada en la demanda, en el caso de la aseguradora con los intereses del art. 20 LCS desde el 7 de abril de 2017.

7.- GMF (actualmente Comsa Machinery and Equipment S.L.U.) ha interpuesto un recurso extraordinario por infracción procesal y un recurso de casación.

Recurso extraordinario por infracción procesal

SEGUNDO.- Único motivo de infracción procesal. Error patente en la valoración de la prueba

Planteamiento:

1.- El único motivo de infracción procesal, formulado al amparo del art. 469.1.4º LEC, denuncia la infracción del art. 24 CE.

2.- En el desarrollo del motivo, la parte recurrente alega, resumidamente, que la sentencia recurrida incurre en error patente, al no tener en cuenta, a efectos de la determinación del día inicial del devengo de intereses, la primera reclamación extrajudicial formulada a la aseguradora, el 13 de septiembre de 2011.

Decisión de la Sala:

1.- El recurso por infracción procesal no puede convertirse en una tercera instancia. Para que un error en la valoración de la prueba tenga relevancia para la estimación de un recurso de esta naturaleza, con fundamento en el art. 469.1.4º LEC, debe ser de tal magnitud que vulnere el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE. En las sentencias de esta sala 418/2012, de 28 de junio; 262/2013, de 30 de abril; 44/2015, de 17 de febrero; 303/2016, de 9 de mayo; 411/2016, de 17 de junio; 208/2019, de 5 de abril; 141/2021, de 15 de marzo; 59/2022, de 31 de enero; y 391/2022, de 10 de mayo (entre otras muchas), tras reiterar la excepcionalidad de un control, por medio del recurso extraordinario por infracción procesal, de la valoración de la prueba efectuada por el tribunal de segunda instancia, recordamos que no todos los errores en la valoración probatoria tienen relevancia a estos efectos, dado que es necesario que concurran, entre otros requisitos, los siguientes: 1º) que se trate de un error fáctico, -material o de hecho-, es decir, sobre las bases fácticas que han servido para sustentar la decisión; y 2º) que sea patente, manifiesto, evidente o notorio, lo que se complementa con el hecho de que sea inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales.

2.- En este caso, el examen de las actuaciones revela que no se ha producido el error patente denunciado. Efectivamente, hubo una reclamación extrajudicial el 13 de septiembre de 2011, pero de sus términos no se deduce que necesariamente tuviera que constituir el día inicial del devengo de intereses del art. 20 LCS, por diversas razones: (i) no se dirigió a la compañía de seguros, sino a la UTE SISECAT; (ii) la cantidad no coincide con la que finalmente fue objeto de reclamación; (iii) se atribuye toda la responsabilidad a SISECAT, cuando finalmente fue compartida.

3.- En todo caso, la valoración objeto de impugnación sobre el día inicial del devengo de los intereses impuestos a la aseguradora no se refiere a la determinación de unos hechos, sino a su relevancia jurídica. Es propiamente una valoración jurídica, que evalúa diversos los momentos posibles, en atención a lo previsto en el art. 20 LCS y a su interpretación jurisprudencial, para acabar determinando cuál debe entenderse por el día inicial.

4.- Como consecuencia de lo cual, el recurso extraordinario por infracción procesal debe ser desestimado.

Recurso de casación

TERCERO.- Único motivo de casación. Fecha del devengo de los intereses del art. 20 LCS

Planteamiento:

1.- El único motivo de casación denuncia la infracción del art. 20, apartados 6º y 8º, LCS.

2.- Al desarrollar el motivo, la parte recurrente aduce, sintéticamente, que al no aplicar la regla general de inicio del devengo de intereses en la fecha del siniestro, se invierte la carga de la prueba en relación con el conocimiento del siniestro por parte de la aseguradora.

Decisión de la Sala:

1.- El motivo no ataca realmente la razón decisoria de la resolución de la Audiencia Provincial sobre la fecha de devengo de intereses, sino que incurre en una petición de principio al intentar afirmar que hubo una reclamación anterior. Como hemos dicho al resolver el recurso extraordinario por infracción procesal, la reclamación extrajudicial a cuya fecha pretende retrotraer la parte recurrente el devengo de los intereses del art. 20 LCS no fue dirigida contra la compañía de seguros. Y esa es la principal razón por la que la Audiencia Provincial únicamente considera como primera reclamación la expresamente dirigida a Zúrich.

2.- Como explica la sentencia 522/2018, de 24 de septiembre, la regla general según la cual el día inicial del devengo de los intereses del art. 20 LCS es el de la fecha del siniestro tiene dos excepciones en el apartado 6º del propio precepto: (i) la primera de ellas, referida al tomador del seguro, al asegurado o al beneficiario, implica que, si no han cumplido el deber de comunicar el siniestro dentro del plazo fijado en la póliza o en la ley, el término inicial del cómputo será el de la comunicación y no la fecha del siniestro; (ii) la segunda excepción viene referida al tercero perjudicado o sus herederos, respecto de los cuales, en el caso de que el asegurador pruebe que no tuvo conocimiento del siniestro con anterioridad a la reclamación o al ejercicio de la acción directa por el perjudicado o sus herederos, será término inicial la fecha de dicha reclamación o la del ejercicio de la acción directa, por lo que, a efectos de la casación, habrá que estar a lo declarado probado en la instancia.

En este caso, en los hechos probados de la sentencia recurrida no consta que hubiera un requerimiento anterior al tenido en cuenta para determinar el día inicial del devengo de intereses, por lo que ninguna infracción del art. 20.6 LCS cabe apreciar.

3.- En cuanto a la posible vulneración del apartado 8º del art. 20 LCS, la sentencia aunque lo cita (para explicar la pretensión de la aseguradora), no lo aplica, puesto que el resultado de su decisión no es exonerar a la entidad aseguradora del pago de intereses (supuesto que regula el indicado apartado), sino que retrasa la fecha de inicio del devengo, en los términos que ya hemos examinado.

4.- Como consecuencia de lo expuesto, el recurso de casación debe ser desestimado.

CUARTO.- Costas y depósitos

1.- La desestimación del recurso extraordinario por infracción procesal y del recurso de casación conlleva que se impongan las costas causadas por ellos a la parte recurrente, según ordena el art. 398.1 LEC.

2.- Asimismo, debe ordenarse la pérdida de los depósitos constituidos para su formulación, de conformidad con la disposición adicional 15ª, apartado 9, LOPJ.