Sentencia Civil 946/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 5764/2023 de 03 de julio del 2024

PRIMERO.- Antecedentes relevantes

A los efectos decisorios del presente proceso, partimos de los antecedentes relevantes siguientes:

1.º- Es objeto de este proceso la demanda de desahucio por precario promovida por la mercantil Gramina Homes, S.L., contra los ignorados ocupantes de la vivienda, sita en la DIRECCION000, de Parla. Emplazados los demandados en el referido domicilio se personó en el procedimiento de D. Carlos Ramón, en su condición de ocupante de dicho inmueble.

2.º- En su contestación a la demanda, alegó que había sido propietario de la vivienda; que Bankia, al haber dejado de abonar las cuotas de amortización del préstamo concedido para adquirirla, promovió un procedimiento de ejecución hipotecaria en su contra; que, a pesar de ello, le concedió una moratoria al amparo del RD 27/2012, y que no tuvo más noticias del asunto hasta la presente demanda, momento en el que tuvo constancia de que la actual propietaria de la vivienda era la entidad demandante; sostuvo que él y su familia se encontraban en situación de vulnerabilidad. Como fundamentación jurídica de la contestación citó el art. 440.5 LEC, realmente sería el 441.5 LEC.

Por todo ello, interesó que se suspendiera el desahucio hasta que la intervención de los servicios sociales permitiese una solución a la situación de carencia de vivienda en la que se encontraba. Con tal finalidad solicitó se diera traslado de dicha necesidad a los servicios sociales del ayuntamiento de Parla.

3.º- Seguido el procedimiento en todos sus trámites se dictó sentencia por parte del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Parla, que estimó la demanda de desahucio.

Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación, que se fundamentó en la infracción de los arts. 1.1, 1.2 y 1.3 de la Ley 1/2013, de 14 de marzo, y del Real Decreto-Ley 6/2020, de 10 de marzo.

El conocimiento del recurso correspondió a la sección vigésima de la Audiencia Provincial de Madrid, que dictó sentencia confirmatoria de la pronunciada por el juzgado.

4.º- Contra dicha sentencia se formularon recursos extraordinarios por infracción procesal y casación.

SEGUNDO.- Motivos del recurso extraordinario por infracción procesal

El primer motivo se interpuso al amparo de lo dispuesto en el art. 469.1.3.º LEC, por infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, cuando la infracción determine la nulidad conforme a la ley o hubiere podido producir indefensión, como preceptos que se consideraron vulnerados se citaron los arts. 5.2, 12, 166.1.º, 149.2.º, 225.3.º, 227.1.º, 437.1.º y 399 de la LEC, al no haberse dirigido la acción contra todas las personas debidas.

El segundo motivo, se interpuso al amparo del art. 469.1.2.° de la LEC, con alegación de la vulneración de las normas procesales reguladoras de la sentencia.

En concreto, se invoca la infracción del artículo 218 LEC, al no haberse pronunciado la sentencia dictada sobre la aplicación al caso de la Ley 1/2013 de 14 de mayo, y del Real Decreto 5/2017, RD- Ley 6/2020 de 10 de marzo, RD 27/2012 de 17 de marzo, por los que se adoptan medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que confieren un derecho de uso a los deudores hipotecarios que se han visto privados de su vivienda, siempre que se encuentren en la situación de vulnerabilidad que la norma define, lo que impide que pueda prosperar un desahucio por precario.

Los precitados motivos no deben ser estimados.

Con respecto al primero de los motivos, se queja el recurrente de la falta de interpelación judicial de su hermano con el que compró en comunidad la vivienda litigiosa, por lo que entiende concurre una situación de litisconsorcio pasivo necesario.

No podemos aceptar el motivo, no planteado en ambas instancias, lo que conforma una cuestión introducida por primera vez en casación, en contradicción, además, con lo mantenido por el recurrente en su contestación a la demanda, en la que afirmó vivía en el inmueble litigioso con su mujer e hijos, como así resulta también de las certificaciones del padrón de habitantes; por lo que, independientemente de que se trate de una excepción susceptible de apreciación de oficio, no existe elemento de prueba alguna para considerar que el hermano del demandado ocupe la vivienda litigiosa; por otra parte, el título de éste quedó sin efecto al ejecutarse la hipoteca.

En cuanto al segundo de los motivos, se introduce, por primera vez, en el recurso de apelación, la alegación de la vulneración de la ley 1/2013, de 14 de mayo y sucesivas prórrogas. Con respecto al Real Decreto 27/2012, de 15 de noviembre, se señaló, por el recurrente, en la contestación a la demanda, de que a su amparo se le concedió una moratoria, sin que, desde entonces, hubiera tenido contacto alguno con el acreedor hipotecario, y únicamente a través del presente juicio de precario conoció la actual titularidad de la vivienda por la entidad actora. En cualquier caso, desde la entrada en vigor de dicho real decreto, el 16 de noviembre de 2012, transcurrió con creces el plazo de dos años de suspensión del lanzamiento al que se refiere su art. 1.1.

En este caso, la demanda es entablada por un tercero, no por el acreedor hipotecario o cesionario de remate. La conexión de la demandante con la entidad Bankia no se sostuvo en el proceso, ni existe prueba al respecto. La vivienda se adquirió extramuros del procedimiento de ejecución hipotecaria, por lo que la demandante se encuentra legitimada para promover el juicio de precario (por todas, la sentencia del pleno de esta Sala 771/2022, de 10 de noviembre).

En esta sentencia, hemos señalado que "dada la naturaleza plenaria del proceso por precario ( SSTS 691/2020, de 21 de diciembre; 502/2021, de 7 de julio y 605/2022, de 16 de septiembre), cabe alegar y debatir dentro de dicho procedimiento, la cuestión relativa a la aplicación de la Ley 1/2013, que deberá ser resuelta, como cuestión de fondo o, en su caso, mediante la aplicación de la normativa de la prejudicialidad civil ( art. 43 LEC) , por el juez que conozca del procedimiento de precario".

Ahora bien, en este caso, no cabe analizar este motivo de recurso, toda vez que es inadmisible el recurso de casación interpuesto y, por ende, entrar a conocer del formulado por infracción procesal ( disposición final decimosexta, 1, regla 5.ª LEC) . En cualquier caso, la sentencia remite al trámite de ejecución, con lo que, acertadamente o no, se pronuncia sobre tal cuestión.

TERCERO.- Examen de los motivos de casación

Los motivos del recurso de casación se formulan de la forma siguiente.

El primero de ellos, al amparo de lo establecido en el número 3.° del apartado 2 del art. 477 LEC; esto es, por la existencia de interés casacional, por tratarse de un supuesto en el que se infringe la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, expuesta en el presente motivo.

El segundo, se interpone al amparo de lo previsto en el art. 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por infracción del art. 24 de la Constitución Española, ya que la sentencia impugnada incurre en un error patente o arbitrariedad que priva al recurrente del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías, así como de los derechos que como deudor hipotecario tenía reconocidos.

La parte recurrida se queja con razón sobre la concurrencia de motivos formales de inadmisibilidad del recurso.

En efecto, en las sentencias 487/2018, de 12 de septiembre, 518/2018, de 20 de septiembre y 333/2021, de 18 de mayo, hemos interpretado los arts. 481.1 y 487.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el sentido de que la indicación precisa de la norma infringida ha de realizarse en el encabezamiento de cada uno de los motivos en que se funde el recurso, sin que sea suficiente que pueda deducirse de sus respectivos desarrollos y sin que tenga que acudirse al estudio de su fundamentación.

También, hemos dicho que la referencia a la existencia de oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, único contenido de los encabezamientos de los motivos del recurso sirve para justificar el interés casacional, pero no es propiamente el motivo del recurso, sino un presupuesto del mismo. El verdadero motivo debe estar en el "conflicto jurídico producido por la infracción de una norma sustantiva aplicable al objeto del proceso" (entre otras, sentencias 220/2017, de 4 de abril, 338/2017, de 30 de mayo, y 380/2017, de 14 de junio).

Aplicada tal doctrina al caso presente, el simple examen del encabezamiento del primero de los motivos del recurso de casación interpuesto lleva a la conclusión de que ha de ser desestimado por inadmisible, pues en él no se cita norma legal alguna que haya sido infringida por la sentencia recurrida. Solo se hace referencia a la infracción de la "doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, expuesta en el presente motivo".

El segundo motivo es igualmente inadmisible. En efecto, en la redacción vigente del recurso de casación, al tiempo de su interposición, queda expresamente excluida la vulneración del art. 24 de la CE ( art. 477.2.1.º LEC) , dado que su infracción debería plantearse al amparo del art. 469.1.4.º LEC. La tutela judicial civil de los otros derechos fundamentales si es factible por la vía del recurso de casación, pero las garantías procesales constitucionales tienen un específico cauce de alegación que es a través del recurso extraordinario por infracción procesal.

Las causas de inadmisión se convierten, en este momento procesal, en causas de desestimación del recurso de casación. No obsta que, en su día, fuera admitido a trámite, dado el carácter provisorio de la admisión acordada inicialmente, por hallarse sujeta a un examen definitivo en la sentencia ( sentencias 97/2011, de 18 de febrero, 548/2012, de 20 de septiembre, 564/2013, de 1 de octubre, y 146/2017, de 1 de marzo).

El Tribunal Constitucional ha afirmado en numerosas resoluciones que "la comprobación de los presupuestos procesales para la viabilidad de la acción puede volverse a abordar o reconsiderarse en la sentencia, de oficio o a instancia de parte, dando lugar, en su caso, a un pronunciamiento de inadmisión por falta de tales presupuestos" (por todas, SSTC 32/2002, de 11 de febrero; 204/2005, de 18 de julio; 237/2006, de 17 de julio; 7/2007, de 15 de enero; 28/2011, de 14 de marzo; 29/2011 de 14 de marzo; 69/2011, de 16 de mayo; y 200/2012, de 12 de noviembre).

Todo ello, sin perjuicio de que la situación de vulnerabilidad, en la que pudiera encontrarse el demandado y su familia, se haga valer en trance de lanzamiento como se señala en las sentencias de ambas instancias y postuló además el demandado al contestar.

CUARTO.- Costas y depósito

De acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el artículo 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas del recurso de casación deben ser impuestas al recurrente.