Sentencia Civil 1075/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 5384/2021 de 09 de septiembre del 2024

PRIMERO.- Antecedentes relevantes

A los efectos decisorios de los recursos interpuestos partimos de los antecedentes siguientes:

1.º- El demandante D. Rodrigo ejercita una acción de declaración de nulidad de las cláusulas abusivas obrantes en el contrato de tarjeta de crédito Carrefour Pass de fecha 4 de enero de 2017, suscrito entre la entidad Carrefour Servicios Financieros, S.A., y el actor. Con fecha 31 de julio de 2018 se cedió el crédito a la entidad demandada Invest Capital, LTD.

En concreto, en la demanda se solicitó la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado obrante en las condiciones particulares, que literalmente transcrita dice:

"Consecuencias en caso de impago. El impago a su vencimiento de cualquier cantidad que deba pagar el cliente bajo el Contrato de Tarjeta y/o bajo el Contrato de Préstamo facultará a la entidad para exigir...

"Asimismo, la entidad podrá: a) ... b) declarar el vencimiento anticipado de la deuda por todos los conceptos (comprendiendo capital vencido, intereses, comisiones, incluyendo al de reclamación por impago y gastos ocasionados), c) exigir de inmediato el pago de la deuda amortizándose anticipadamente la deuda pendiente y los demás conceptos pendientes de pago".

Igualmente, se postuló la nulidad de la cláusula concerniente a la reclamación de los saldos deudores que señala:

"La reclamación de las cantidades debidas extrajudicialmente por parte de la entidad, tanto en el Contrato de Tarjeta como en el contrato de Préstamo, dará derecho a esta última a cobrar una comisión por reclamación de impago de 30 €".

En la demanda se alegó el carácter de consumidor del demandante y se acciona con base en la legislación tuitiva de Consumidores y Usuarios, así como con fundamento en la Ley de Condiciones Generales de Contratación, para sostener el carácter abusivo de las cláusulas impugnadas.

2.º- Admitida a trámite la demanda, se opuso a ella la entidad demandada, solicitando que se apreciase su falta de legitimación pasiva, y, de forma subsidiaria, que se desestimase la demanda, sin que cupiese la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado dado que nos encontramos ante un contrato de tarjeta de duración indefinida y no de un contrato de préstamo, por lo que no es aplicable la jurisprudencia invocada por la parte demandante. Igualmente, y de forma subsidiaria, para el caso de que el juzgado declarase la condición general cuatro del contrato abusiva, se interesó se proclamase que la eventual declaración de nulidad en todo caso no podría tener los efectos de sobreseimiento del procedimiento, sino todo lo más continuar el mismo por aquellas cantidades resultantes a la fecha de interposición de la demanda.

3.º- Seguido el procedimiento en todos sus trámites se dictó sentencia por parte del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Denia, que desestimó la demanda al apreciar la falta de legitimación pasiva de la entidad demandada.

4.º- Contra dicha sentencia se interpuso el correspondiente recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió a la sección octava de la Audiencia Provincial de Alicante, que dictó sentencia estimatoria de la demanda.

En consecuencia, consideró, por aplicación de lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de la ley 1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contratación y artículo 83 del texto articulado de la Ley General para la defensa de Consumidores y Usuarios, así como con fundamento en la sentencia de esta sala de 19 de febrero de 2020, la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado. También con fundamento en la STS de 25 de octubre de 2019 decretó la nulidad de la cláusula de comisión por reclamación de posiciones deudoras, pronunciamiento este último no impugnado.

5.º- La parte demandada interpuso el oportuno recurso de casación.

SEGUNDO.- El recurso de casación interpuesto

El recurso de casación interpuesto no puede admitirse a trámite. En las sentencias 487/2018, de 12 de septiembre, 518/2018, de 20 de septiembre y más recientemente en la sentencia 676/2024, de 13 de mayo, declaramos que:

"Hemos interpretado los arts. 481.1 y 487.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el sentido de que la indicación precisa de la norma infringida ha de realizarse en el encabezamiento de cada uno de los motivos en que se funde el recurso, sin que sea suficiente que pueda deducirse del desarrollo de los motivos y sin que tenga que acudirse al estudio de su fundamentación", recordando, entre otras, las sentencias 220/2017, de 4 de abril, 338/2017, de 30 de mayo, 380/2017, de 14 de junio, 901/2021, de 21 de diciembre y 293/22, de 5 de abril, que el motivo del recurso de casación debe estar en el "conflicto jurídico producido por la infracción de una norma sustantiva aplicable al objeto del proceso".

Esta sala ha venido insistiendo en que es esencial identificar esa norma jurídica infringida al exponer el motivo de casación, y más concretamente, en su encabezamiento ( sentencias 121/2017, de 23 de febrero, 645/2017, de 24 de noviembre, 293/2018, de 22 de mayo, 330/2019, de 6 de junio, 574 y 575/2020, de 4 de noviembre, 135/2021, de 9 de marzo y 997/2023, de 20 de junio entre otras).

Pues bien, en este caso, el recurso interpuesto carece de encabezamiento. Las infracciones que se dicen cometidas se encuentran en un apartado que se denomina fondo del asunto, en el que se consideran infringidos preceptos heterogéneos que no guarda relación entre sí, tales como los arts. 1124 y 1255 del CC. El primero de ellos, relativo a la cláusula de resolución implícita en los contratos con obligaciones recíprocas, y el art. 1255, que consagra el principio de la libre autonomía de la voluntad y los límites a su ejercicio. Es defecto formal la alegación en un mismo motivo de preceptos heterogéneos o inconexos entre sí ( SSTS 609/2021, de 20 de septiembre, 123/2022, de 16 de febrero y 957/2023, de 14 de junio).

Por otra parte, la sentencia recurrida no se fundamenta en la aplicación de tales preceptos, sino en los arts. 8 y 9 de la Ley de Condiciones Generales de Contratación y en el art. 83 del Texto Refundido de la Ley General de Consumidores y Usuarios. En momento alguno, se pronuncia sobre una acción resolutoria del contrato que no fue ejercitada por el demandante, ni por la demandada por vía reconvencional reclamando algún saldo deudor. No se está enjuiciando la viabilidad de dicha acción no entablada.

Por otra parte, se funda un interés casacional en la alegación de distintos autos de audiencias provinciales, no de sentencias, y además sin contrastarlas con otras en sentido contrario.

Como hemos declaramos en numerosas ocasiones (por todas, sentencias 228/2021, de 27 de abril y 719/2023, de 12 de mayo), el recurso de casación es un recurso muy diferente a los recursos ordinarios como el de reposición o el de apelación. Su regulación establece exigencias técnicas muy concretas, incluso un mayor rigor formal que en los recursos ordinarios, que son consecuencia de su función, que es fundamentalmente la de generar jurisprudencia; esto es, asegurar la interpretación uniforme del ordenamiento jurídico, más que otorgar a las partes de un concreto procedimiento judicial la posibilidad de que su litigio vuelva a ser revisado por otro tribunal, pues la tutela judicial efectiva en los procesos civiles se satisface ordinariamente con dos instancias.

Por otra parte, no puede equipararse el escrito de formulación de un recurso de casación con un escrito de alegaciones.

El Tribunal Constitucional ha afirmado en numerosas resoluciones que "la comprobación de los presupuestos procesales para la viabilidad de la acción puede volverse a abordar o reconsiderarse en la sentencia, de oficio o a instancia de parte, dando lugar, en su caso, a un pronunciamiento de inadmisión por falta de tales presupuestos" (por todas, SSTC 32/2002, de 11 de febrero; 204/2005, de 18 de julio; 237/2006, de 17 de julio; 7/2007, de 15 de enero; 28/2011, de 14 de marzo; 29/2011 de 14 de marzo; 69/2011, de 16 de mayo; y 200/2012, de 12 de noviembre).

La causa de inadmisión se convierte, en este momento procesal, en causa de desestimación del recurso de casación. No obsta que, en su día, fuera admitido a trámite, dado el carácter provisorio de la admisión acordada inicialmente, por hallarse sujeta a un examen definitivo en la sentencia ( sentencias 97/2011, de 18 de febrero, 548/2012, de 20 de septiembre, 564/2013, de 1 de octubre, 146/2017, de 1 de marzo, 997/2023, de 20 de junio y 676/2024, de 13 de mayo).

Por todo ello, el recurso interpuesto no puede admitirse, convirtiéndose en este trance en motivo de desestimación.

TERCERO-. Costas y depósito

1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas del recurso de casación deben ser impuestas al recurrente.

2.- Procede acordar también la pérdida del depósito constituido de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.