Sentencia Civil 61/2022 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 71/2022 de 12 de diciembre del 2022

PRIMERO.- Los antecedentes de los que hemos de partir para resolver el recurso de casación, bien de los hechos recogidos en la sentencia recurrida, con la necesaria integración fáctica que procede en el recurso de casación y que se desprendan sin más del análisis de los materiales obrantes en autos, no discutidos por las partes, son los siguientes.

1. En fecha 14 de noviembre de 2014, los entonces cónyuges Sres. Jose Carlos y Bárbara y con una única asistencia letrada firman en Pineda de Mar el documento que se transcribe íntegramente a continuación, denominado "Convenio regulador de divorcio":

"En Pineda de Mar, a 10 de noviembre de 2014.

CONVENIO REGULADOR DE DIVORCIO

REUNIDOS

De una parte, Doña Bárbara, mayor de edad, nacida el NUM015 de mil novecientos sesenta y uno, en El Puerto de Santa María (Cádiz), de nacionalidad española, provista de número de DNI NUM016, vecina de la localidad de Callela, con domicilio en la CALLE001 número NUM002-NUM003 planta NUM004.

Y de otra, Don Jose Carlos, mayor de edad, nacido el NUM017 de mil novecientos cincuenta y ocho en Barcelona, de nacionalidad española, provisto de número de DNI NUM018, y vecino de la localidad de Callela, con domcilio en la CALLE001 número NUM002-NUM003 planta NUM004.

INTERVINIENDO ambos cónyuges en su propio nombre y derecho, y reconociéndose mutuamente plena capacidad legal para el otorgamiento del presente convenio regulador de divorcio de conformidad con lo establecido en el artículo 233-2 del Libro Segundo del Código Civil de Cataluña, a tal efecto,

MANIFIESTAN

Primero.- Que contrajeron matrimonio civil el día 5 de octubre de 1983, en la localidad de Barcelona, constando inscrito en el Registro Civil de Barcelona, tomo NUM019, página NUM020.

Segundo.- Que de dicho matrimonio han nacido y viven dos hijas, ambas mayores de edad, aunque dependientes económicamente:

- Fermina, nacida en Barcelona, el día NUM021 de 1989, inscrito en el Registro Civil de Barcelona, Tomo NUM022, página NUM023. Actualmente cuenta con veinticinco años de edad.

-Guillerma, nacida en Barcelona, el día NUM024 de 1990, inscrito en el Registro Civil de Barcelona, tomo NUM025, página NUM026. Actualmente cuenta con veintitrés años de edad.

Tercero.- Que los presentes manifiestan que ambos consienten libremente el cese efectivo e ininterrumpido de la convivencia matrimonial descartándose toda posibilidad de reconciliación.

Cuarto.- Que el régimen económico matrimonial es el legal de separación de bienes de esta Comunidad Autónoma de Cataluña por no haberse otorgado capitulaciones matrimoniales que lo modifique.

Quinto.- Que el último domicilio conyugal estaba situado en la localidad de Calella en la CALLE001 número NUM002-NUM003 planta NUM004.

Sexto.- Que siendo de interés para ambas partes el proceder a la disolución de su matrimonio por divorcio y deseando que dicho procedimiento se siga según las disposiciones establecidas para los procedimientos de divorcio consensuales, es por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 y 81.1 del Código Civil, pasan a regular sus relaciones de futuro suscribiendo el presente convenio regulador de divorcio con arreglo a lo dispuesto en el artículo 90 del Código Civil y en los artículos 233-2 del Codi Civil de Catalunya en base a las siguientes;

ESTIPULACIONES

PRIMERO. DEL DIVORCIO

Ambos cónyuges convienen su divorcio, quedando extinguidos los derechos recíprocos a exigir el cumplimiento de cualquier otra obligación conyugal que no sea de las convenidas en el presente convenio.

Asimismo se comprometen a no interferirse en la vida privada y actividades del otro cónyuge.

SEGUNDO.- INGRESOS, RENTAS Y CARGAS HIPOTECARIAS

El matrimonio es titular de los siguientes bienes, por mitades indivisas:

* Vivienda situada en CALLE001 número NUM002-NUM003 planta NUM004 tipo dúplex escalera NUM005 de Calella, que constituye el domicilio conyugal. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arenys de Mar en el tomo NUM027, libro NUM028, folio NUM029, finca NUM030 de Calella, con número de referencia catastral NUM031, con un valor catastral en el año 2014 que asciende a 125.696,22 euros, y adquirida en fecha treinta de julio de dos mil dos.

* Plaza de aparcamiento número NUM006, situada en planta NUM007 de la CALLE001 número NUM002-NUM003 de Calella. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arenys de Mar en el tomo NUM032, libro NUM033, folio NUM034, finca NUM035, con número de referencia catastral NUM036, con un valor catastral en el año 2014 que asciende a 13.672,82 euros, y adquirida en fecha treinta de julio de dos mil dos.

* Vivienda situada en CALLE003 número NUM010-NUM011 planta NUM012 escalera NUM013 de Calella. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arenys de Mar en el tomo NUM037, libro NUM038, folio NUM039, finca NUM040 de Calella, con número de referencia catastral NUM041, con un valor catastral en el año 2014 que asciende a 75.651,37 euros, y adquirida en fecha veintiuno de diciembre de dos mil once.

* Plaza de aparcamiento número NUM014, situada en CALLE003 número NUM010-NUM011. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arenys de Mar en el tomo NUM042, libro NUM043, folio NUM044, finca NUM045 de Calella, con número de referencia catastral NUM046, con un valor catastral en el año 2014 que asciende a 8.248,75 euros, y adquirida en fecha veintiuno de diciembre de dos mil once.

* Vivienda situada en CALLE002 número NUM008 planta NUM009 de Calella. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arenys de Mar en el tomo NUM047, libro NUM048, folio NUM049, finca NUM050, con número de referencia catastral NUM051, con un valor catastral en el año 2014 que asciende a 51.143,40 euros, y adquirida en fecha veintiséis de enero de mil novecientos noventa y cuatro.

La unidad familiar tiene unos ingresos mensuales totales aproximados de 3.230 euros que proceden de las siguientes fuentes: 2.200€ del trabajo de D. Jose Carlos; 630€ de la pensión de invalidez de Doña Bárbara; 400€ del alquiler del piso propiedad de ambos cónyuges situado en CALLE003NUM010-NUM011 planta NUM012 escalera NUM013 de Calella.

- Cuenta corriente en la entidad BBVA con un activo a fecha 3 de noviembre de 2014 de 1.750,05 euros.

Asimismo, Dña. Bárbara, posee de forma individual una cuenta corriente a plazo fijo en la entidad BBVA con un activo a fecha de 3 de noviembre de 2014 de 8.823,85 euros.

D. Jose Carlos posee de forma individual, aunque con aportaciones por ambos cónyuges hasta la fecha actual, de una cuenta de plan de pensiones en la entidad BBVA con un activo a fecha 3 de noviembre de 2014 de 40.740,34 euros.

CARGAS

La vivienda sita en CALLE003NUM010-NUM011 de Calella así como su respectiva plaza de aparcamiento, están gravadas con una carga hipotecaria por el que se paga una cuota mensual de 636,35 euros.

Los demás bienes enumerados anteriormente, se encuentran libres de cargas.

TERCERO.- PLAN DE PARENTALIDAD..-

Dado que las hijas habidas en el matrimonio son mayores de edad, no cabe pronunciamiento acera del plan de parentalidad.

CUARTO.- GUARDA Y CUSTODIA DE LOS HIJOS Y PATRIA POTESTAD.-

Dado que las hijas habidas en el matrimonio son mayores de edad, no cabe pronunciamiento acera de la guara y custodia

QUINTO.- RÉGIMEN DE VISITAS-

No cabe pronunciamiento al respecto al no haber hijos menores de edad.

SEXTO.- RÉGIMEN DE PENSIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS HIJAS COMUNES

Las hijas comunes, Fermina y Guillerma, cursan estudios universitarios y no son independientes económicamente, motivo por el que se acuerda en este convenio la pensión de alimentos para las mismas, según dispone el artículo 237-1 del Código Civil de Familia de Cataluña y hasta que tengan ingresos propios o estén en disposición de tenerlos.

D. Jose Carlos se hará cargo de todos los gastos de sus hijas, hasta que adopten la plena independencia económica, tanto de naturaleza ordinaria como extraordinaria, incluidos los de alimentación, ropa, calzado, transporte, libros de texto, matrículas, clases particulares, asistencia sanitaria, etc.

Asimismo D. Jose Carlos, también se hará cargo de la mitad de los gastos de consumo (agua, gas, electricidad) así como de la mitad de los gastos correspondientes a impuestos, tasas y comunidad de propietarios de la finca donde residen sus hijas con Dña. Bárbara situada en CALLE001NUM002-NUM003 planta NUM004 escalera NUM005 de Calella, siempre y cuando alguna de las hijas comunes conviva con ella.

SÉPTIMO.- EL USO DE LA VIVIENDA CONYUGAL Y AJUAR FAMILIAR

Se dispone en este convenio, que la propiedad y uso de la vivienda conyugal, situada en CALLE001NUM002-NUM003 planta NUM004 tipo dúplex escalera NUM005 de Calella, así como de la plaza de aparcamiento número NUM006, situada en planta NUM007 de la CALLE001NUM002-NUM003 de Calella se adjudica a Dña. Bárbara.

De la citada vivienda ha retirado D. Jose Carlos, antes de este acto, sus bienes y enseres de uso personal, e igualmente ha entregado su copia de las llaves de dicha vivienda a Dña. Bárbara.

Respecto al ajuar doméstico ambas partes acuerdan que los bienes que queden en la vivienda conyugal pertenecen a Dña. Bárbara, y los bienes que queden en los otros dos pisos, pertenecen D. Jose Carlos.

OCTAVO.- RÉGIMEN ECONÓMICO Y DIVISIÓN DE LOS BIENES EN COMUNIDAD ORDINARIA INDIVISA.

Que el régimen económico matrimonial aplicable es el de separación de bienes propio de Cataluña, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2 del Código Civil, al regirse los efectos del matrimonio por la ley de residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración del matrimonio, siendo ésta, en la localidad de Barcelona.

Se procede al reparto de los bienes que tienen ambas partes por partes indivisas, para la posterior inscripción registral de extinción del condominio por divorcio:

La propiedad y uso de la vivienda conyugal, situada en CALLE001NUM002-NUM003 planta NUM004 tipo dúplex escalera NUM005 de Calella, así como de la plaza de aparcamiento número NUM006, situada en planta NUM007 de la CALLE001 número NUM002-NUM003 de Calella se adjudica a Dña. Bárbara.

La propiedad del resto de los inmuebles enumerados en la estipulación SEGUNDA: vivienda situada en CALLE002NUM008 planta NUM009 de Calella; la vivienda situada en la CALLE003NUM010-NUM011 planta NUM012 escalera NUM013 y la plaza de aparcamiento número NUM014 de la CALLE003NUM010-NUM011 de Calella así como la carga del préstamo hipotecario al que se encuentra sujeto este último inmueble, se adjudican a D. Jose Carlos.

Respecto a los GASTOS DE COMUNIDAD de todos los inmuebles por ser ellos los copropietarios del inmueble cuya situación en cuanto a este extremo conocen detalladamente, manifestando, asimismo, que las fincas se hallan al corriente en cuanto a gastos de comunidad, arbitrios e impuestos.

En referencia a las rentas obtenidas por el alquiler de la vivienda: D. Jose Carlos se adjudica el importe del alquiler de la vivienda situada en la CALLE003NUM010-NUM011 planta NUM012 escalera NUM013 de Calella.

En cuanto al importe de la cuenta de Plan de Pensiones suscrito por D. Jose Carlos, acuerdan ambas partes en este acto, que en la fecha en que D. Jose Carlos proceda al cobro del mismo, abonará a Dña. Bárbara el importe de 16.000 euros. Dado que esta estipulación se debe satisfacer en un futuro algo lejano (unos 9 años), en el caso de que no se cumpliera la misma, la parte perjudicada podrá hacer valer este convenio como prueba del acuerdo suscrito ante los tribunales pertinentes.

En referencia a la cuenta a plazo fijo que Dña. Bárbara dispone en la entidad BBCA, acuerdan ambas partes en este acto, que la totalidad del importe habido en ella, corresponde a Dña. Bárbara.

Respecto a la cuenta corriente que ambos cónyuges comparten en la entidad BBVA y cuyo importe a fecha 3 de noviembre de 2014 asciende a 17.750,05 euros, se adjudica por entero a D. Jose Carlos.

NOVENO.- PENSIÓN COMPENSATORIA.-

Dado que Dña. Bárbara adquiere la propiedad de la vivienda anteriormente descrita, y aunque D. Jose Carlos adquiera la propiedad del resto de los inmuebles y rentas, también es cierto que este último adquiere la carga hipotecaria de los bienes antes mencionados y la manutención de ambas hijas.

Por ello, acuerdan ambas partes, que aunque Dña. Bárbara sea titular de una pensión de invalidez inferior al sueldo de D. Jose Carlos, aunque por los años que ha dedicado al cuidado de la familia y que por la edad de la misma ya no podrá mejorar su situación económica Dña. Bárbara se considera saldada con la propiedad de la vivienda y con la exclusión por su parte de aportación alguna a los gastos de las hijas.

DÉCIMO.- DE LA TRAMITACIÓN DEL DIVORCIO

Ambas partes se comprometen a instar ante el juzgado correspondiente el divorcio del matrimonio por el sistema de mutuo acuerdo, obligándose a la ratificación del presente Convenio Regulador, en cuanto sean requeridos para ello por el juzgado, prestándose, en todo caso y ya desde ahora y para entonces, mutua y recíprocamente, el uno al otro, el consentimiento preciso para ello.

Y, EN PRUEBA DE TOTAL CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN CON LO QUE PRECEDE, previa lectura por los propios reunidos, éstos firman este documento por triplicado y en todas sus hijas, en el lugar y fecha indicados en el encadenamiento, quedando un ejemplar para cada cónyuge y otro a los efectos de su aportación al Juzgado, junto con la demanda de divorcio".

2. Dicho convenio fue presentado en el mismo año 2014 junto con la demanda de divorcio consensuada, no siendo ratificado por la Sra. Bárbara, lo que comportó el archivo del procedimiento.

3. Antes del mes de febrero de 2015, el Sr. Jose Carlos solicita ante el juzgado medidas previas a la interposición de la demanda contenciosa de divorcio (Antecedentes 2º del Auto de medidas previas dictado el día 4 de mayo de 2015).

4. Según resulta de dicho auto (folio 229) el Sr. Jose Carlos pidió la separación provisional de los cónyuges, que se requiriera a la demandada para la devolución de ciertas cantidades retiradas de las cuentas corrientes compartidas por los cónyuges, y que se ordenase la salida de la esposa del domicilio conyugal permitiéndole a él recoger sus enseres. La Sra. Bárbara se opuso a la tal petición, interesando a su vez la atribución del uso de la vivienda familiar y la imposición al Sr. Jose Carlos del pago de una pensión alimenticia de 400 euros mensuales.

5. En el Auto de medidas previas se otorgó a la Sra. Bárbara el uso del domicilio familiar y se acordó la separación provisional del matrimonio con revocación de los consentimientos y poderes otorgados.

6. En el mes de junio de 2015, tanto la Sra. Bárbara como el Sr. Jose Carlos presentan sendas demandas de divorcio que fueron acumuladas en un solo procedimiento.

7. La Sra. Bárbara explicó en su demanda que una vez firmado el convenio de 10 de noviembre de 2014 se dio cuenta de su error en el sentido de había renunciado en forma equivocada a la pensión compensatoria cuando entendía que por su situación económica le correspondía. Estimó que el pacto firmado, en cuanto a la renuncia de la prestación compensatoria, era nulo porque existió un vicio del consentimiento, vicio que no se habría extendido a los pactos 7 y 8 referidos a la liquidación del régimen económico pues en la demanda de divorcio solicitó que se declarase su plena validez. De este modo, pidió, además de la disolución del vínculo matrimonial: a) el uso del domicilio conyugal por tratarse del cónyuge más necesitado de protección; b) una prestación económica de 500 euros al mes y c) la aprobación de los pactos 7 y 8 del convenio de divorcio de 10 de nov. 2014 (fol. 24 a 40 de los autos). El esposo por su parte pidió el divorcio, desconociéndose los exactos términos de su demanda por no obrar en estos autos.

8. La sentencia de divorcio atribuyó el uso del domicilio familiar a la Sra. Bárbara. Denegó la prestación compensatoria por estimar que entre los ingresos netos del esposo y los de la esposa no existía una gran diferencia y, respecto de la aprobación de los pactos 7 y 8 que había interesado la Sra. Bárbara, dispuso que no podían ser objeto del procedimiento de divorcio remitiendo a las partes a un ulterior procedimiento. La sentencia no fue objeto de recurso de apelación.

9. En fecha 14 de noviembre de 2016 se presenta la demanda que ahora se resuelve. En ella la Sra. Bárbara vuelve a interesar que se aprueben los pactos 7 y 8 del convenio regulador, no ratificado, por entender que son vinculantes para las partes en cuanto que su contenido se refiere a cuestiones patrimoniales.

10. El Sr. Jose Carlos se opuso a la demanda por estimar que el convenio no ratificado por la Sra. Bárbara había quedado sin efecto en su totalidad. Interpuso también demanda reconvencional que ya no es objeto de este recurso de casación.

11. Tanto la sentencia de primera instancia como la de segunda estimaron la demanda y rechazaron la reconvención.

12. La sentencia de primera instancia, después de afirmar que los pactos habidos lo fueron en el ámbito de un convenio regulador del art. 233-2 del CCC, estimó que, aún no ratificado judicialmente, eran vinculantes para el ex marido, en aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo, Sala 1ª expuesta en la S. de 7 de noviembre de 2018, en tanto que no se había acreditado ningún vicio del consentimiento, ni modificación sustancial de las circunstancias contempladas en el convenio.

13. La Sala de apelación confirma la sentencia de primera instancia con los mismos argumentos.

SEGUNDO.- Recurso de casación. Planteamiento

En el único motivo del recurso de casación admitido que formula la defensa del Sr. Jose Carlos se dice infringido el art. 233-5.2 del CCC [Los pactos adoptados después de la ruptura de la convivencia sin asistencia letrada, independiente para cada uno de los cónyuges, pueden dejarse sin efecto, a instancia de cualquiera de ellos, durante los tres meses siguientes a la fecha en que son adoptados y, como máximo, hasta el momento de la contestación de la demanda o, si procede, de la reconvención en el proceso matrimonial en que se pretendan hacer valer] por estimar que en aplicación de dicha norma el convenio regulador no ratificado judicialmente carece de validez, debiéndose dictar doctrina legal en ese sentido.

TERCERO.- Resolución del recurso de casación. Estimación

1. A diferencia del Código Civil que no regula en forma alguna los pactos en previsión de ruptura conyugal o los formulados producida ésta, salvo los contenidos en un convenio regulador del art. 90, la legislación catalana como otras legislaciones autonómicas más modernas (así ley 103 del Fuero Nuevo de Navarra o art. 5 de la Ley 7/2015, de 30 de junio, de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores) regula ampliamente dichos pactos desde la entrada en vigor del Libro II por llei 25/2010 de 29 de julio.

2. Ya en la sentencia STSJCat 23 de febrero de 2016 (ROJ: STSJ CAT 1292/2016 - ECLI:ES:TSJCAT:2016:1292) dictada en aplicación del libro II del CCCC expusimos que en la legislación vigente se podían distinguir los siguientes pactos:

(i) Aquéllos otorgados de conformidad con lo dispuesto en el art. 231.20 CCC, es decir, en previsión de la ruptura matrimonial en capítulos matrimoniales o escritura pública;

(ii) Aquéllos que, producida la ruptura, forman parte de un convenio regulador y que se acompañan a la solicitud de nulidad, separación y divorcio, de mutuo acuerdo (art. 233-2 CCC) para ser homologados judicialmente e integrarse en la sentencia de divorcio o separación o nulidad ex art. 233-3.3 del CCC.

(iii) Los que no formen parte de un convenio regulador habiendo sido concertados tras la crisis familiar con Letrados independientes para cada una de las partes; y

(iv) Los que, concluidos tras la ruptura, no formen parte de un convenio regulador teniendo las partes una solo asistencia letrada.

3. Los pactos en previsión de ruptura matrimonial serán válidos salvo lo dispuesto en el art. 231-20.4 CCC (art. 233-5.1). Los contenidos en el convenio regulador lo serán cuando sean aprobados por Autoridad Judicial (art. 233-3 CCC). Los terceros resultan vinculantes al disponer de Letrado independiente (art. 233-5.2 a s.c)

Por el contrario, los mencionados en cuarto lugar pueden ser objeto de desistimiento ad nutum a tenor del art. 233-5.2 del CCC.

4. El Preámbulo del CCC explica claramente la razón de la norma cuando dice:

"También se regulan por primera vez los llamados acuerdos amistosos de separación y se fija el régimen de validez y los efectos, remarcando su carácter vinculante, pero previendo un plazo de revocación que pretende garantizar que los acuerdos se hayan adoptado libremente. Concretamente, el cónyuge que en el momento de la adopción del acuerdo no haya dispuesto de asistencia letrada independiente puede dejarlo sin efecto durante los tres meses siguientes a la adopción o, como máximo, hasta el momento de la contestación de la demanda o, en su caso, de la reconvención en el proceso matrimonial en que pretendan hacerse valer. Esta posibilidad se justifica por el contexto especial en que las partes suscriben estos acuerdos. A menudo existen desequilibrios graves en la información disponible para una parte y para la otra, y se llega a los acuerdos en situaciones de angustia o estrés que hacen difícil realizar una valoración objetiva de los términos convenidos, en las que existe un riesgo elevado de explotación o abuso de una parte por la otra".

5. De este modo, se concede un plazo de tres meses desde la ruptura de la convivencia para que los firmantes del convenio puedan tener un período de reflexión, lapso temporal que, como máximo, se establece hasta la contestación de la demanda, o, en su caso, la reconvención en el proceso matrimonial donde se quiera hacer valer dicho convenio con la finalidad de que durante dicho tiempo puedan dejar sin efecto el convenio realizado con el fin de que, superados los primeros momentos de ruptura, los firmantes puedan contar con un asesoramiento independiente del que no habían dispuesto anteriormente y comprobar el carácter perjudicial o no de lo pactado.

6. En el FJ 4 de la Sentencia de 13 de mayo de 2022 (ROJ: STSJ CAT 7327/2022 - ECLI:ES:TSJCAT:2022:7327) vuelven a considerarse las diferencias existentes entre las clase de pactos que pueden concertarse en la legislación catalana.

7. Recordábamos entonces que, como se infiere de los artículos 231-20, 233-2 y 233-5 del CCC, el libro II regula dos clases de pactos que pueden concertar los cónyuges. A saber: los que contemplan una futura ruptura matrimonial y los que se concluyen cuando la crisis ha surgido.

En este último caso aún pueden distinguirse los pactos contenidos en el convenio regulador de cara a un divorcio consensuado, de los pactos amistosos que las partes concluyen fuera del procedimiento judicial.

8. Los pactos entre las partes que se conciertan cuando la crisis ya se ha producido y los derechos ya han podido surgir, conociéndose su alcance y contenido, se regulan en los arts. 233-2, 233-3 y 233-5. 1 y 2 de modo que caben pactos vinculantes de derechos disponibles, como serían entre los cónyuges mayores de edad, la compensación por razón del trabajo, la prestación económica o la atribución del uso del domicilio, aunque no se vinculen a un convenio regulador, siempre que ambas partes hubiesen contado con asesoramiento legal independiente.

9. Los pactos que forman parte de un convenio regulador deben tener un contenido determinado, definido en el art. 233-2, y pueden incluir la atribución del uso del domicilio conyugal, la prestación compensatoria, los alimentos de los hijos comunes mayores de edad dependientes y la liquidación del régimen económico matrimonial. Una vez ratificados judicialmente deben ser aprobados por la autoridad judicial según indica el art. 233-3 CCC, salvo si son perjudiciales para el interés de los hijos menores.

10. Por el contrario, los pactos fuera del convenio regulador pueden tener contenido diverso y su validez puede ser examinada por el Juez, sea en el procedimiento de divorcio sea en otro procedimiento, si alguna de las partes se opone a ellos.

11. Lo que se plantea en esta litis y respecto de lo que no existe doctrina legal es si un convenio regulador concluido para ser presentado en un divorcio consensuado o de mutuo acuerdo, no homologado judicialmente por no haber sido ratificado por una de las partes por estimar que perjudicaba sus intereses, con conocimiento de la otra, puede ser declarado parcialmente válido como se pretende en la presente demanda.

12. La respuesta debe ser forzosamente negativa.

El convenio regulador suscrito por las partes lo fue, según el pacto 10 del convenio antes transcrito, para ser presentado junto con una demanda de divorcio de mutuo acuerdo y se concibió como un todo, hallándose todas sus cláusulas relacionadas.

De transacción lo ha calificado el TS, lo cual resulta del todo lógico ya que el convenio es el resultado de las cesiones que los cónyuges realizan para regular las consecuencias de la ruptura familiar, de modo que no tiene propiamente una causa patrimonial estrictu sensu -por más que pueda contener cláusulas con efectos patrimoniales- sino que se trata de un negocio familiar, causa familiae, donde todos los pactos se hallan interrelacionados y donde, sobre todos ellos, como un todo, se proyecta el consentimiento prestado.

13. En el presente supuesto, el convenio no fue ratificado por la Sra. Bárbara seguidamente a su firma pues, aunque se llegó a presentar la demanda de divorcio de mutuo acuerdo en el propio año 2014, tuvo que ser archivada por falta de ratificación de la Sra. Bárbara. La explicación dada y conocida por la otra parte fue que el convenio le resultaba perjudicial en cuanto que había renunciado a la pensión compensatoria a la que entendía tenía derecho.

14. Tampoco el Sr. Jose Carlos asumió, aunque hubiese ratificado judicialmente el convenio, conocido el desistimiento de la Sra. Bárbara, las consecuencias de lo acordado, pues antes del transcurso de tres meses formuló medidas previas en las que no solo no hizo valer el convenio regulador, sino que se interesaron efectos contrarios a lo pactado.

15. En síntesis, aunque teóricamente pueda distinguirse el convenio regulador del art. 233-2 de los pactos concertados fuera del convenio regulador ex art. 233-5.2, (en cuanto a su posible contenido y al alcance del control judicial), cuando al convenio regulador realizado al amparo del art. 233-2, como fue el caso, se ha llegado sin asistencia jurídica independiente, como es también el caso, y no ha sido ratificado por una de las partes antes del transcurso de tres meses, y tampoco la otra lo hizo valer antes de tres meses en el procedimiento de medidas previas y ninguna de ellas en el proceso de divorcio contencioso que seguidamente entablaron ambas, con conductas procesales contrarias a lo convenido, no existe ninguna razón jurídica para que no se le dé el tratamiento previsto en el art. 233-5.2.

16. Es por ello que no se puede pretender en un procedimiento posterior que se declare la validez del convenio que se dejó sin efecto a instancias de las partes en el plazo de tres meses y, menos aún, su validez parcial, disociando unos pactos de los otros.

17. La interrelación de los pactos se aprecia claramente en el pacto noveno del convenio en el cual se dice que no se pacta pensión compensatoria por la adjudicación a la esposa del domicilio familiar y porque el Sr. Jose Carlos se hacía responsable único de los alimentos de las hijas mayores dependientes, considerándose la Sra. Bárbara saldada de la prestación compensatoria con la adjudicación de la vivienda.

18. El convenio es un negocio jurídico complejo de contenido obligacional reciproco, STS, Sala 1ª de 18 de julio de 2014 (ROJ: STS 3175/2014 - ECLI:ES:TS:2014:3175) que no puede dejarse al arbitrio de una de las partes ex art. 1256 y 1258 del CC.

19. La actual pretensión, que no se limita a pedir la división de los bienes comunes, sino a que se declare la validez de la liquidación de todas las relaciones económicas del matrimonio según el convenio regulador, es contraria al principio de buena fe y al de los propios actos a los que se refieren los art. 111-7 y 111-8 del CCC en tanto que a instancia de las partes fue dejado en su día sin efecto.

20. La Sala conoce la doctrina del TS a la que se acogen las sentencias de instancia expuesta en las Sentencias de 22 de abril de 1997 (ROJ: STS 2817/1997 - ECLI:ES:TS:1997:2817), la nº 572/2015, de 19 de octubre y, sobre todo, en la nº 615 de 7 de noviembre de 2018, expresivas de la validez de los pactos contenidos en un convenio regulador no ratificado judicialmente en los aspectos de derecho disponible si no concurren vicios del consentimiento o se han modificado las circunstancias, pero dicha doctrina no puede ser aplicada sin más en Cataluña cuya legislación reconoce a las partes un derecho de desistimiento, unilateral y sin causa, de lo convenido tras la crisis familiar en el plazo de tres meses, supuesto ante el que nos hallamos puesto que la Sra. Bárbara estimó que algunas partes del convenio le era perjudiciales, no pudiendo, como se ha expuesto, tomar del contrato lo que favorece y dejar lo que le perjudica.

Así lo entendimos también en la STSJCat de 04 de diciembre de 2017 (ROJ: STSJ CAT 10689/2017 - ECLI:ES:TSJCAT:2017:10689).

21. Es por ello que el recurso de casación se estima, debiendo, por ende, ser desestimada la demanda principal.

22. Respecto de la reconvención en relación con los pagos de la hipoteca de una de las viviendas, dados los términos de la Sentencia de apelación (FJ 4ª) y que no fue objeto de impugnación alguna en el recurso de casación, nada cabe resolver en este grado procesal siendo firme la sentencia en este punto.

23. Éste es el segundo procedimiento judicial que siguen las partes para poner fin a las relaciones derivadas de su extinto matrimonio, lo que debía haber sido más fácil, más rápido y más económico de haberse llegado a una solución negociada, además de más conveniente para continuar con una adecuada y pacífica relación familiar por el bien de la descendencia común, ahora dividida en sus lealtades entre ambos progenitores.

La Sala las invita a interesarse por la mediación para resolver de una manera más eficiente y económica las cuestiones patrimoniales pendientes -división de las cosas comunes- tras la presente resolución, de no llegarse a un acuerdo amistoso.

CUARTO.- Costas y depósito para recurrir

En cuanto a las costas de la demanda principal se imponen a la parte actora, manteniéndose el pronunciamiento de costas de la reconvención.

En cuanto a las costas del recurso de apelación no se imponen a ninguna de las partes en tanto que el recurso de apelación debió, cuanto menos, ser estimado en parte.

No se imponen tampoco las costas del recurso de casación habida cuenta de su estimación.

Todo ello al amparo de los art. 394 y 398 de la Lec.

Asimismo, se acuerda la devolución del depósito constituido.

PRIMERO.- Los antecedentes de los que hemos de partir para resolver el recurso de casación, bien de los hechos recogidos en la sentencia recurrida, con la necesaria integración fáctica que procede en el recurso de casación y que se desprendan sin más del análisis de los materiales obrantes en autos, no discutidos por las partes, son los siguientes.

1. En fecha 14 de noviembre de 2014, los entonces cónyuges Sres. Jose Carlos y Bárbara y con una única asistencia letrada firman en Pineda de Mar el documento que se transcribe íntegramente a continuación, denominado "Convenio regulador de divorcio":

"En Pineda de Mar, a 10 de noviembre de 2014.

CONVENIO REGULADOR DE DIVORCIO

REUNIDOS

De una parte, Doña Bárbara, mayor de edad, nacida el NUM015 de mil novecientos sesenta y uno, en El Puerto de Santa María (Cádiz), de nacionalidad española, provista de número de DNI NUM016, vecina de la localidad de Callela, con domicilio en la CALLE001 número NUM002-NUM003 planta NUM004.

Y de otra, Don Jose Carlos, mayor de edad, nacido el NUM017 de mil novecientos cincuenta y ocho en Barcelona, de nacionalidad española, provisto de número de DNI NUM018, y vecino de la localidad de Callela, con domcilio en la CALLE001 número NUM002-NUM003 planta NUM004.

INTERVINIENDO ambos cónyuges en su propio nombre y derecho, y reconociéndose mutuamente plena capacidad legal para el otorgamiento del presente convenio regulador de divorcio de conformidad con lo establecido en el artículo 233-2 del Libro Segundo del Código Civil de Cataluña, a tal efecto,

MANIFIESTAN

Primero.- Que contrajeron matrimonio civil el día 5 de octubre de 1983, en la localidad de Barcelona, constando inscrito en el Registro Civil de Barcelona, tomo NUM019, página NUM020.

Segundo.- Que de dicho matrimonio han nacido y viven dos hijas, ambas mayores de edad, aunque dependientes económicamente:

- Fermina, nacida en Barcelona, el día NUM021 de 1989, inscrito en el Registro Civil de Barcelona, Tomo NUM022, página NUM023. Actualmente cuenta con veinticinco años de edad.

-Guillerma, nacida en Barcelona, el día NUM024 de 1990, inscrito en el Registro Civil de Barcelona, tomo NUM025, página NUM026. Actualmente cuenta con veintitrés años de edad.

Tercero.- Que los presentes manifiestan que ambos consienten libremente el cese efectivo e ininterrumpido de la convivencia matrimonial descartándose toda posibilidad de reconciliación.

Cuarto.- Que el régimen económico matrimonial es el legal de separación de bienes de esta Comunidad Autónoma de Cataluña por no haberse otorgado capitulaciones matrimoniales que lo modifique.

Quinto.- Que el último domicilio conyugal estaba situado en la localidad de Calella en la CALLE001 número NUM002-NUM003 planta NUM004.

Sexto.- Que siendo de interés para ambas partes el proceder a la disolución de su matrimonio por divorcio y deseando que dicho procedimiento se siga según las disposiciones establecidas para los procedimientos de divorcio consensuales, es por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 y 81.1 del Código Civil, pasan a regular sus relaciones de futuro suscribiendo el presente convenio regulador de divorcio con arreglo a lo dispuesto en el artículo 90 del Código Civil y en los artículos 233-2 del Codi Civil de Catalunya en base a las siguientes;

ESTIPULACIONES

PRIMERO. DEL DIVORCIO

Ambos cónyuges convienen su divorcio, quedando extinguidos los derechos recíprocos a exigir el cumplimiento de cualquier otra obligación conyugal que no sea de las convenidas en el presente convenio.

Asimismo se comprometen a no interferirse en la vida privada y actividades del otro cónyuge.

SEGUNDO.- INGRESOS, RENTAS Y CARGAS HIPOTECARIAS

El matrimonio es titular de los siguientes bienes, por mitades indivisas:

* Vivienda situada en CALLE001 número NUM002-NUM003 planta NUM004 tipo dúplex escalera NUM005 de Calella, que constituye el domicilio conyugal. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arenys de Mar en el tomo NUM027, libro NUM028, folio NUM029, finca NUM030 de Calella, con número de referencia catastral NUM031, con un valor catastral en el año 2014 que asciende a 125.696,22 euros, y adquirida en fecha treinta de julio de dos mil dos.

* Plaza de aparcamiento número NUM006, situada en planta NUM007 de la CALLE001 número NUM002-NUM003 de Calella. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arenys de Mar en el tomo NUM032, libro NUM033, folio NUM034, finca NUM035, con número de referencia catastral NUM036, con un valor catastral en el año 2014 que asciende a 13.672,82 euros, y adquirida en fecha treinta de julio de dos mil dos.

* Vivienda situada en CALLE003 número NUM010-NUM011 planta NUM012 escalera NUM013 de Calella. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arenys de Mar en el tomo NUM037, libro NUM038, folio NUM039, finca NUM040 de Calella, con número de referencia catastral NUM041, con un valor catastral en el año 2014 que asciende a 75.651,37 euros, y adquirida en fecha veintiuno de diciembre de dos mil once.

* Plaza de aparcamiento número NUM014, situada en CALLE003 número NUM010-NUM011. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arenys de Mar en el tomo NUM042, libro NUM043, folio NUM044, finca NUM045 de Calella, con número de referencia catastral NUM046, con un valor catastral en el año 2014 que asciende a 8.248,75 euros, y adquirida en fecha veintiuno de diciembre de dos mil once.

* Vivienda situada en CALLE002 número NUM008 planta NUM009 de Calella. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arenys de Mar en el tomo NUM047, libro NUM048, folio NUM049, finca NUM050, con número de referencia catastral NUM051, con un valor catastral en el año 2014 que asciende a 51.143,40 euros, y adquirida en fecha veintiséis de enero de mil novecientos noventa y cuatro.

La unidad familiar tiene unos ingresos mensuales totales aproximados de 3.230 euros que proceden de las siguientes fuentes: 2.200€ del trabajo de D. Jose Carlos; 630€ de la pensión de invalidez de Doña Bárbara; 400€ del alquiler del piso propiedad de ambos cónyuges situado en CALLE003NUM010-NUM011 planta NUM012 escalera NUM013 de Calella.

- Cuenta corriente en la entidad BBVA con un activo a fecha 3 de noviembre de 2014 de 1.750,05 euros.

Asimismo, Dña. Bárbara, posee de forma individual una cuenta corriente a plazo fijo en la entidad BBVA con un activo a fecha de 3 de noviembre de 2014 de 8.823,85 euros.

D. Jose Carlos posee de forma individual, aunque con aportaciones por ambos cónyuges hasta la fecha actual, de una cuenta de plan de pensiones en la entidad BBVA con un activo a fecha 3 de noviembre de 2014 de 40.740,34 euros.

CARGAS

La vivienda sita en CALLE003NUM010-NUM011 de Calella así como su respectiva plaza de aparcamiento, están gravadas con una carga hipotecaria por el que se paga una cuota mensual de 636,35 euros.

Los demás bienes enumerados anteriormente, se encuentran libres de cargas.

TERCERO.- PLAN DE PARENTALIDAD..-

Dado que las hijas habidas en el matrimonio son mayores de edad, no cabe pronunciamiento acera del plan de parentalidad.

CUARTO.- GUARDA Y CUSTODIA DE LOS HIJOS Y PATRIA POTESTAD.-

Dado que las hijas habidas en el matrimonio son mayores de edad, no cabe pronunciamiento acera de la guara y custodia

QUINTO.- RÉGIMEN DE VISITAS-

No cabe pronunciamiento al respecto al no haber hijos menores de edad.

SEXTO.- RÉGIMEN DE PENSIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS HIJAS COMUNES

Las hijas comunes, Fermina y Guillerma, cursan estudios universitarios y no son independientes económicamente, motivo por el que se acuerda en este convenio la pensión de alimentos para las mismas, según dispone el artículo 237-1 del Código Civil de Familia de Cataluña y hasta que tengan ingresos propios o estén en disposición de tenerlos.

D. Jose Carlos se hará cargo de todos los gastos de sus hijas, hasta que adopten la plena independencia económica, tanto de naturaleza ordinaria como extraordinaria, incluidos los de alimentación, ropa, calzado, transporte, libros de texto, matrículas, clases particulares, asistencia sanitaria, etc.

Asimismo D. Jose Carlos, también se hará cargo de la mitad de los gastos de consumo (agua, gas, electricidad) así como de la mitad de los gastos correspondientes a impuestos, tasas y comunidad de propietarios de la finca donde residen sus hijas con Dña. Bárbara situada en CALLE001NUM002-NUM003 planta NUM004 escalera NUM005 de Calella, siempre y cuando alguna de las hijas comunes conviva con ella.

SÉPTIMO.- EL USO DE LA VIVIENDA CONYUGAL Y AJUAR FAMILIAR

Se dispone en este convenio, que la propiedad y uso de la vivienda conyugal, situada en CALLE001NUM002-NUM003 planta NUM004 tipo dúplex escalera NUM005 de Calella, así como de la plaza de aparcamiento número NUM006, situada en planta NUM007 de la CALLE001NUM002-NUM003 de Calella se adjudica a Dña. Bárbara.

De la citada vivienda ha retirado D. Jose Carlos, antes de este acto, sus bienes y enseres de uso personal, e igualmente ha entregado su copia de las llaves de dicha vivienda a Dña. Bárbara.

Respecto al ajuar doméstico ambas partes acuerdan que los bienes que queden en la vivienda conyugal pertenecen a Dña. Bárbara, y los bienes que queden en los otros dos pisos, pertenecen D. Jose Carlos.

OCTAVO.- RÉGIMEN ECONÓMICO Y DIVISIÓN DE LOS BIENES EN COMUNIDAD ORDINARIA INDIVISA.

Que el régimen económico matrimonial aplicable es el de separación de bienes propio de Cataluña, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2 del Código Civil, al regirse los efectos del matrimonio por la ley de residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración del matrimonio, siendo ésta, en la localidad de Barcelona.

Se procede al reparto de los bienes que tienen ambas partes por partes indivisas, para la posterior inscripción registral de extinción del condominio por divorcio:

La propiedad y uso de la vivienda conyugal, situada en CALLE001NUM002-NUM003 planta NUM004 tipo dúplex escalera NUM005 de Calella, así como de la plaza de aparcamiento número NUM006, situada en planta NUM007 de la CALLE001 número NUM002-NUM003 de Calella se adjudica a Dña. Bárbara.

La propiedad del resto de los inmuebles enumerados en la estipulación SEGUNDA: vivienda situada en CALLE002NUM008 planta NUM009 de Calella; la vivienda situada en la CALLE003NUM010-NUM011 planta NUM012 escalera NUM013 y la plaza de aparcamiento número NUM014 de la CALLE003NUM010-NUM011 de Calella así como la carga del préstamo hipotecario al que se encuentra sujeto este último inmueble, se adjudican a D. Jose Carlos.

Respecto a los GASTOS DE COMUNIDAD de todos los inmuebles por ser ellos los copropietarios del inmueble cuya situación en cuanto a este extremo conocen detalladamente, manifestando, asimismo, que las fincas se hallan al corriente en cuanto a gastos de comunidad, arbitrios e impuestos.

En referencia a las rentas obtenidas por el alquiler de la vivienda: D. Jose Carlos se adjudica el importe del alquiler de la vivienda situada en la CALLE003NUM010-NUM011 planta NUM012 escalera NUM013 de Calella.

En cuanto al importe de la cuenta de Plan de Pensiones suscrito por D. Jose Carlos, acuerdan ambas partes en este acto, que en la fecha en que D. Jose Carlos proceda al cobro del mismo, abonará a Dña. Bárbara el importe de 16.000 euros. Dado que esta estipulación se debe satisfacer en un futuro algo lejano (unos 9 años), en el caso de que no se cumpliera la misma, la parte perjudicada podrá hacer valer este convenio como prueba del acuerdo suscrito ante los tribunales pertinentes.

En referencia a la cuenta a plazo fijo que Dña. Bárbara dispone en la entidad BBCA, acuerdan ambas partes en este acto, que la totalidad del importe habido en ella, corresponde a Dña. Bárbara.

Respecto a la cuenta corriente que ambos cónyuges comparten en la entidad BBVA y cuyo importe a fecha 3 de noviembre de 2014 asciende a 17.750,05 euros, se adjudica por entero a D. Jose Carlos.

NOVENO.- PENSIÓN COMPENSATORIA.-

Dado que Dña. Bárbara adquiere la propiedad de la vivienda anteriormente descrita, y aunque D. Jose Carlos adquiera la propiedad del resto de los inmuebles y rentas, también es cierto que este último adquiere la carga hipotecaria de los bienes antes mencionados y la manutención de ambas hijas.

Por ello, acuerdan ambas partes, que aunque Dña. Bárbara sea titular de una pensión de invalidez inferior al sueldo de D. Jose Carlos, aunque por los años que ha dedicado al cuidado de la familia y que por la edad de la misma ya no podrá mejorar su situación económica Dña. Bárbara se considera saldada con la propiedad de la vivienda y con la exclusión por su parte de aportación alguna a los gastos de las hijas.

DÉCIMO.- DE LA TRAMITACIÓN DEL DIVORCIO

Ambas partes se comprometen a instar ante el juzgado correspondiente el divorcio del matrimonio por el sistema de mutuo acuerdo, obligándose a la ratificación del presente Convenio Regulador, en cuanto sean requeridos para ello por el juzgado, prestándose, en todo caso y ya desde ahora y para entonces, mutua y recíprocamente, el uno al otro, el consentimiento preciso para ello.

Y, EN PRUEBA DE TOTAL CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN CON LO QUE PRECEDE, previa lectura por los propios reunidos, éstos firman este documento por triplicado y en todas sus hijas, en el lugar y fecha indicados en el encadenamiento, quedando un ejemplar para cada cónyuge y otro a los efectos de su aportación al Juzgado, junto con la demanda de divorcio".

2. Dicho convenio fue presentado en el mismo año 2014 junto con la demanda de divorcio consensuada, no siendo ratificado por la Sra. Bárbara, lo que comportó el archivo del procedimiento.

3. Antes del mes de febrero de 2015, el Sr. Jose Carlos solicita ante el juzgado medidas previas a la interposición de la demanda contenciosa de divorcio (Antecedentes 2º del Auto de medidas previas dictado el día 4 de mayo de 2015).

4. Según resulta de dicho auto (folio 229) el Sr. Jose Carlos pidió la separación provisional de los cónyuges, que se requiriera a la demandada para la devolución de ciertas cantidades retiradas de las cuentas corrientes compartidas por los cónyuges, y que se ordenase la salida de la esposa del domicilio conyugal permitiéndole a él recoger sus enseres. La Sra. Bárbara se opuso a la tal petición, interesando a su vez la atribución del uso de la vivienda familiar y la imposición al Sr. Jose Carlos del pago de una pensión alimenticia de 400 euros mensuales.

5. En el Auto de medidas previas se otorgó a la Sra. Bárbara el uso del domicilio familiar y se acordó la separación provisional del matrimonio con revocación de los consentimientos y poderes otorgados.

6. En el mes de junio de 2015, tanto la Sra. Bárbara como el Sr. Jose Carlos presentan sendas demandas de divorcio que fueron acumuladas en un solo procedimiento.

7. La Sra. Bárbara explicó en su demanda que una vez firmado el convenio de 10 de noviembre de 2014 se dio cuenta de su error en el sentido de había renunciado en forma equivocada a la pensión compensatoria cuando entendía que por su situación económica le correspondía. Estimó que el pacto firmado, en cuanto a la renuncia de la prestación compensatoria, era nulo porque existió un vicio del consentimiento, vicio que no se habría extendido a los pactos 7 y 8 referidos a la liquidación del régimen económico pues en la demanda de divorcio solicitó que se declarase su plena validez. De este modo, pidió, además de la disolución del vínculo matrimonial: a) el uso del domicilio conyugal por tratarse del cónyuge más necesitado de protección; b) una prestación económica de 500 euros al mes y c) la aprobación de los pactos 7 y 8 del convenio de divorcio de 10 de nov. 2014 (fol. 24 a 40 de los autos). El esposo por su parte pidió el divorcio, desconociéndose los exactos términos de su demanda por no obrar en estos autos.

8. La sentencia de divorcio atribuyó el uso del domicilio familiar a la Sra. Bárbara. Denegó la prestación compensatoria por estimar que entre los ingresos netos del esposo y los de la esposa no existía una gran diferencia y, respecto de la aprobación de los pactos 7 y 8 que había interesado la Sra. Bárbara, dispuso que no podían ser objeto del procedimiento de divorcio remitiendo a las partes a un ulterior procedimiento. La sentencia no fue objeto de recurso de apelación.

9. En fecha 14 de noviembre de 2016 se presenta la demanda que ahora se resuelve. En ella la Sra. Bárbara vuelve a interesar que se aprueben los pactos 7 y 8 del convenio regulador, no ratificado, por entender que son vinculantes para las partes en cuanto que su contenido se refiere a cuestiones patrimoniales.

10. El Sr. Jose Carlos se opuso a la demanda por estimar que el convenio no ratificado por la Sra. Bárbara había quedado sin efecto en su totalidad. Interpuso también demanda reconvencional que ya no es objeto de este recurso de casación.

11. Tanto la sentencia de primera instancia como la de segunda estimaron la demanda y rechazaron la reconvención.

12. La sentencia de primera instancia, después de afirmar que los pactos habidos lo fueron en el ámbito de un convenio regulador del art. 233-2 del CCC, estimó que, aún no ratificado judicialmente, eran vinculantes para el ex marido, en aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo, Sala 1ª expuesta en la S. de 7 de noviembre de 2018, en tanto que no se había acreditado ningún vicio del consentimiento, ni modificación sustancial de las circunstancias contempladas en el convenio.

13. La Sala de apelación confirma la sentencia de primera instancia con los mismos argumentos.

SEGUNDO.- Recurso de casación. Planteamiento

En el único motivo del recurso de casación admitido que formula la defensa del Sr. Jose Carlos se dice infringido el art. 233-5.2 del CCC [Los pactos adoptados después de la ruptura de la convivencia sin asistencia letrada, independiente para cada uno de los cónyuges, pueden dejarse sin efecto, a instancia de cualquiera de ellos, durante los tres meses siguientes a la fecha en que son adoptados y, como máximo, hasta el momento de la contestación de la demanda o, si procede, de la reconvención en el proceso matrimonial en que se pretendan hacer valer] por estimar que en aplicación de dicha norma el convenio regulador no ratificado judicialmente carece de validez, debiéndose dictar doctrina legal en ese sentido.

TERCERO.- Resolución del recurso de casación. Estimación

1. A diferencia del Código Civil que no regula en forma alguna los pactos en previsión de ruptura conyugal o los formulados producida ésta, salvo los contenidos en un convenio regulador del art. 90, la legislación catalana como otras legislaciones autonómicas más modernas (así ley 103 del Fuero Nuevo de Navarra o art. 5 de la Ley 7/2015, de 30 de junio, de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores) regula ampliamente dichos pactos desde la entrada en vigor del Libro II por llei 25/2010 de 29 de julio.

2. Ya en la sentencia STSJCat 23 de febrero de 2016 (ROJ: STSJ CAT 1292/2016 - ECLI:ES:TSJCAT:2016:1292) dictada en aplicación del libro II del CCCC expusimos que en la legislación vigente se podían distinguir los siguientes pactos:

(i) Aquéllos otorgados de conformidad con lo dispuesto en el art. 231.20 CCC, es decir, en previsión de la ruptura matrimonial en capítulos matrimoniales o escritura pública;

(ii) Aquéllos que, producida la ruptura, forman parte de un convenio regulador y que se acompañan a la solicitud de nulidad, separación y divorcio, de mutuo acuerdo (art. 233-2 CCC) para ser homologados judicialmente e integrarse en la sentencia de divorcio o separación o nulidad ex art. 233-3.3 del CCC.

(iii) Los que no formen parte de un convenio regulador habiendo sido concertados tras la crisis familiar con Letrados independientes para cada una de las partes; y

(iv) Los que, concluidos tras la ruptura, no formen parte de un convenio regulador teniendo las partes una solo asistencia letrada.

3. Los pactos en previsión de ruptura matrimonial serán válidos salvo lo dispuesto en el art. 231-20.4 CCC (art. 233-5.1). Los contenidos en el convenio regulador lo serán cuando sean aprobados por Autoridad Judicial (art. 233-3 CCC). Los terceros resultan vinculantes al disponer de Letrado independiente (art. 233-5.2 a s.c)

Por el contrario, los mencionados en cuarto lugar pueden ser objeto de desistimiento ad nutum a tenor del art. 233-5.2 del CCC.

4. El Preámbulo del CCC explica claramente la razón de la norma cuando dice:

"También se regulan por primera vez los llamados acuerdos amistosos de separación y se fija el régimen de validez y los efectos, remarcando su carácter vinculante, pero previendo un plazo de revocación que pretende garantizar que los acuerdos se hayan adoptado libremente. Concretamente, el cónyuge que en el momento de la adopción del acuerdo no haya dispuesto de asistencia letrada independiente puede dejarlo sin efecto durante los tres meses siguientes a la adopción o, como máximo, hasta el momento de la contestación de la demanda o, en su caso, de la reconvención en el proceso matrimonial en que pretendan hacerse valer. Esta posibilidad se justifica por el contexto especial en que las partes suscriben estos acuerdos. A menudo existen desequilibrios graves en la información disponible para una parte y para la otra, y se llega a los acuerdos en situaciones de angustia o estrés que hacen difícil realizar una valoración objetiva de los términos convenidos, en las que existe un riesgo elevado de explotación o abuso de una parte por la otra".

5. De este modo, se concede un plazo de tres meses desde la ruptura de la convivencia para que los firmantes del convenio puedan tener un período de reflexión, lapso temporal que, como máximo, se establece hasta la contestación de la demanda, o, en su caso, la reconvención en el proceso matrimonial donde se quiera hacer valer dicho convenio con la finalidad de que durante dicho tiempo puedan dejar sin efecto el convenio realizado con el fin de que, superados los primeros momentos de ruptura, los firmantes puedan contar con un asesoramiento independiente del que no habían dispuesto anteriormente y comprobar el carácter perjudicial o no de lo pactado.

6. En el FJ 4 de la Sentencia de 13 de mayo de 2022 (ROJ: STSJ CAT 7327/2022 - ECLI:ES:TSJCAT:2022:7327) vuelven a considerarse las diferencias existentes entre las clase de pactos que pueden concertarse en la legislación catalana.

7. Recordábamos entonces que, como se infiere de los artículos 231-20, 233-2 y 233-5 del CCC, el libro II regula dos clases de pactos que pueden concertar los cónyuges. A saber: los que contemplan una futura ruptura matrimonial y los que se concluyen cuando la crisis ha surgido.

En este último caso aún pueden distinguirse los pactos contenidos en el convenio regulador de cara a un divorcio consensuado, de los pactos amistosos que las partes concluyen fuera del procedimiento judicial.

8. Los pactos entre las partes que se conciertan cuando la crisis ya se ha producido y los derechos ya han podido surgir, conociéndose su alcance y contenido, se regulan en los arts. 233-2, 233-3 y 233-5. 1 y 2 de modo que caben pactos vinculantes de derechos disponibles, como serían entre los cónyuges mayores de edad, la compensación por razón del trabajo, la prestación económica o la atribución del uso del domicilio, aunque no se vinculen a un convenio regulador, siempre que ambas partes hubiesen contado con asesoramiento legal independiente.

9. Los pactos que forman parte de un convenio regulador deben tener un contenido determinado, definido en el art. 233-2, y pueden incluir la atribución del uso del domicilio conyugal, la prestación compensatoria, los alimentos de los hijos comunes mayores de edad dependientes y la liquidación del régimen económico matrimonial. Una vez ratificados judicialmente deben ser aprobados por la autoridad judicial según indica el art. 233-3 CCC, salvo si son perjudiciales para el interés de los hijos menores.

10. Por el contrario, los pactos fuera del convenio regulador pueden tener contenido diverso y su validez puede ser examinada por el Juez, sea en el procedimiento de divorcio sea en otro procedimiento, si alguna de las partes se opone a ellos.

11. Lo que se plantea en esta litis y respecto de lo que no existe doctrina legal es si un convenio regulador concluido para ser presentado en un divorcio consensuado o de mutuo acuerdo, no homologado judicialmente por no haber sido ratificado por una de las partes por estimar que perjudicaba sus intereses, con conocimiento de la otra, puede ser declarado parcialmente válido como se pretende en la presente demanda.

12. La respuesta debe ser forzosamente negativa.

El convenio regulador suscrito por las partes lo fue, según el pacto 10 del convenio antes transcrito, para ser presentado junto con una demanda de divorcio de mutuo acuerdo y se concibió como un todo, hallándose todas sus cláusulas relacionadas.

De transacción lo ha calificado el TS, lo cual resulta del todo lógico ya que el convenio es el resultado de las cesiones que los cónyuges realizan para regular las consecuencias de la ruptura familiar, de modo que no tiene propiamente una causa patrimonial estrictu sensu -por más que pueda contener cláusulas con efectos patrimoniales- sino que se trata de un negocio familiar, causa familiae, donde todos los pactos se hallan interrelacionados y donde, sobre todos ellos, como un todo, se proyecta el consentimiento prestado.

13. En el presente supuesto, el convenio no fue ratificado por la Sra. Bárbara seguidamente a su firma pues, aunque se llegó a presentar la demanda de divorcio de mutuo acuerdo en el propio año 2014, tuvo que ser archivada por falta de ratificación de la Sra. Bárbara. La explicación dada y conocida por la otra parte fue que el convenio le resultaba perjudicial en cuanto que había renunciado a la pensión compensatoria a la que entendía tenía derecho.

14. Tampoco el Sr. Jose Carlos asumió, aunque hubiese ratificado judicialmente el convenio, conocido el desistimiento de la Sra. Bárbara, las consecuencias de lo acordado, pues antes del transcurso de tres meses formuló medidas previas en las que no solo no hizo valer el convenio regulador, sino que se interesaron efectos contrarios a lo pactado.

15. En síntesis, aunque teóricamente pueda distinguirse el convenio regulador del art. 233-2 de los pactos concertados fuera del convenio regulador ex art. 233-5.2, (en cuanto a su posible contenido y al alcance del control judicial), cuando al convenio regulador realizado al amparo del art. 233-2, como fue el caso, se ha llegado sin asistencia jurídica independiente, como es también el caso, y no ha sido ratificado por una de las partes antes del transcurso de tres meses, y tampoco la otra lo hizo valer antes de tres meses en el procedimiento de medidas previas y ninguna de ellas en el proceso de divorcio contencioso que seguidamente entablaron ambas, con conductas procesales contrarias a lo convenido, no existe ninguna razón jurídica para que no se le dé el tratamiento previsto en el art. 233-5.2.

16. Es por ello que no se puede pretender en un procedimiento posterior que se declare la validez del convenio que se dejó sin efecto a instancias de las partes en el plazo de tres meses y, menos aún, su validez parcial, disociando unos pactos de los otros.

17. La interrelación de los pactos se aprecia claramente en el pacto noveno del convenio en el cual se dice que no se pacta pensión compensatoria por la adjudicación a la esposa del domicilio familiar y porque el Sr. Jose Carlos se hacía responsable único de los alimentos de las hijas mayores dependientes, considerándose la Sra. Bárbara saldada de la prestación compensatoria con la adjudicación de la vivienda.

18. El convenio es un negocio jurídico complejo de contenido obligacional reciproco, STS, Sala 1ª de 18 de julio de 2014 (ROJ: STS 3175/2014 - ECLI:ES:TS:2014:3175) que no puede dejarse al arbitrio de una de las partes ex art. 1256 y 1258 del CC.

19. La actual pretensión, que no se limita a pedir la división de los bienes comunes, sino a que se declare la validez de la liquidación de todas las relaciones económicas del matrimonio según el convenio regulador, es contraria al principio de buena fe y al de los propios actos a los que se refieren los art. 111-7 y 111-8 del CCC en tanto que a instancia de las partes fue dejado en su día sin efecto.

20. La Sala conoce la doctrina del TS a la que se acogen las sentencias de instancia expuesta en las Sentencias de 22 de abril de 1997 (ROJ: STS 2817/1997 - ECLI:ES:TS:1997:2817), la nº 572/2015, de 19 de octubre y, sobre todo, en la nº 615 de 7 de noviembre de 2018, expresivas de la validez de los pactos contenidos en un convenio regulador no ratificado judicialmente en los aspectos de derecho disponible si no concurren vicios del consentimiento o se han modificado las circunstancias, pero dicha doctrina no puede ser aplicada sin más en Cataluña cuya legislación reconoce a las partes un derecho de desistimiento, unilateral y sin causa, de lo convenido tras la crisis familiar en el plazo de tres meses, supuesto ante el que nos hallamos puesto que la Sra. Bárbara estimó que algunas partes del convenio le era perjudiciales, no pudiendo, como se ha expuesto, tomar del contrato lo que favorece y dejar lo que le perjudica.

Así lo entendimos también en la STSJCat de 04 de diciembre de 2017 (ROJ: STSJ CAT 10689/2017 - ECLI:ES:TSJCAT:2017:10689).

21. Es por ello que el recurso de casación se estima, debiendo, por ende, ser desestimada la demanda principal.

22. Respecto de la reconvención en relación con los pagos de la hipoteca de una de las viviendas, dados los términos de la Sentencia de apelación (FJ 4ª) y que no fue objeto de impugnación alguna en el recurso de casación, nada cabe resolver en este grado procesal siendo firme la sentencia en este punto.

23. Éste es el segundo procedimiento judicial que siguen las partes para poner fin a las relaciones derivadas de su extinto matrimonio, lo que debía haber sido más fácil, más rápido y más económico de haberse llegado a una solución negociada, además de más conveniente para continuar con una adecuada y pacífica relación familiar por el bien de la descendencia común, ahora dividida en sus lealtades entre ambos progenitores.

La Sala las invita a interesarse por la mediación para resolver de una manera más eficiente y económica las cuestiones patrimoniales pendientes -división de las cosas comunes- tras la presente resolución, de no llegarse a un acuerdo amistoso.

CUARTO.- Costas y depósito para recurrir

En cuanto a las costas de la demanda principal se imponen a la parte actora, manteniéndose el pronunciamiento de costas de la reconvención.

En cuanto a las costas del recurso de apelación no se imponen a ninguna de las partes en tanto que el recurso de apelación debió, cuanto menos, ser estimado en parte.

No se imponen tampoco las costas del recurso de casación habida cuenta de su estimación.

Todo ello al amparo de los art. 394 y 398 de la Lec.

Asimismo, se acuerda la devolución del depósito constituido.

PRIMERO.- Los antecedentes de los que hemos de partir para resolver el recurso de casación, bien de los hechos recogidos en la sentencia recurrida, con la necesaria integración fáctica que procede en el recurso de casación y que se desprendan sin más del análisis de los materiales obrantes en autos, no discutidos por las partes, son los siguientes.

1. En fecha 14 de noviembre de 2014, los entonces cónyuges Sres. Jose Carlos y Bárbara y con una única asistencia letrada firman en Pineda de Mar el documento que se transcribe íntegramente a continuación, denominado "Convenio regulador de divorcio":

"En Pineda de Mar, a 10 de noviembre de 2014.

CONVENIO REGULADOR DE DIVORCIO

REUNIDOS

De una parte, Doña Bárbara, mayor de edad, nacida el NUM015 de mil novecientos sesenta y uno, en El Puerto de Santa María (Cádiz), de nacionalidad española, provista de número de DNI NUM016, vecina de la localidad de Callela, con domicilio en la CALLE001 número NUM002-NUM003 planta NUM004.

Y de otra, Don Jose Carlos, mayor de edad, nacido el NUM017 de mil novecientos cincuenta y ocho en Barcelona, de nacionalidad española, provisto de número de DNI NUM018, y vecino de la localidad de Callela, con domcilio en la CALLE001 número NUM002-NUM003 planta NUM004.

INTERVINIENDO ambos cónyuges en su propio nombre y derecho, y reconociéndose mutuamente plena capacidad legal para el otorgamiento del presente convenio regulador de divorcio de conformidad con lo establecido en el artículo 233-2 del Libro Segundo del Código Civil de Cataluña, a tal efecto,

MANIFIESTAN

Primero.- Que contrajeron matrimonio civil el día 5 de octubre de 1983, en la localidad de Barcelona, constando inscrito en el Registro Civil de Barcelona, tomo NUM019, página NUM020.

Segundo.- Que de dicho matrimonio han nacido y viven dos hijas, ambas mayores de edad, aunque dependientes económicamente:

- Fermina, nacida en Barcelona, el día NUM021 de 1989, inscrito en el Registro Civil de Barcelona, Tomo NUM022, página NUM023. Actualmente cuenta con veinticinco años de edad.

-Guillerma, nacida en Barcelona, el día NUM024 de 1990, inscrito en el Registro Civil de Barcelona, tomo NUM025, página NUM026. Actualmente cuenta con veintitrés años de edad.

Tercero.- Que los presentes manifiestan que ambos consienten libremente el cese efectivo e ininterrumpido de la convivencia matrimonial descartándose toda posibilidad de reconciliación.

Cuarto.- Que el régimen económico matrimonial es el legal de separación de bienes de esta Comunidad Autónoma de Cataluña por no haberse otorgado capitulaciones matrimoniales que lo modifique.

Quinto.- Que el último domicilio conyugal estaba situado en la localidad de Calella en la CALLE001 número NUM002-NUM003 planta NUM004.

Sexto.- Que siendo de interés para ambas partes el proceder a la disolución de su matrimonio por divorcio y deseando que dicho procedimiento se siga según las disposiciones establecidas para los procedimientos de divorcio consensuales, es por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 y 81.1 del Código Civil, pasan a regular sus relaciones de futuro suscribiendo el presente convenio regulador de divorcio con arreglo a lo dispuesto en el artículo 90 del Código Civil y en los artículos 233-2 del Codi Civil de Catalunya en base a las siguientes;

ESTIPULACIONES

PRIMERO. DEL DIVORCIO

Ambos cónyuges convienen su divorcio, quedando extinguidos los derechos recíprocos a exigir el cumplimiento de cualquier otra obligación conyugal que no sea de las convenidas en el presente convenio.

Asimismo se comprometen a no interferirse en la vida privada y actividades del otro cónyuge.

SEGUNDO.- INGRESOS, RENTAS Y CARGAS HIPOTECARIAS

El matrimonio es titular de los siguientes bienes, por mitades indivisas:

* Vivienda situada en CALLE001 número NUM002-NUM003 planta NUM004 tipo dúplex escalera NUM005 de Calella, que constituye el domicilio conyugal. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arenys de Mar en el tomo NUM027, libro NUM028, folio NUM029, finca NUM030 de Calella, con número de referencia catastral NUM031, con un valor catastral en el año 2014 que asciende a 125.696,22 euros, y adquirida en fecha treinta de julio de dos mil dos.

* Plaza de aparcamiento número NUM006, situada en planta NUM007 de la CALLE001 número NUM002-NUM003 de Calella. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arenys de Mar en el tomo NUM032, libro NUM033, folio NUM034, finca NUM035, con número de referencia catastral NUM036, con un valor catastral en el año 2014 que asciende a 13.672,82 euros, y adquirida en fecha treinta de julio de dos mil dos.

* Vivienda situada en CALLE003 número NUM010-NUM011 planta NUM012 escalera NUM013 de Calella. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arenys de Mar en el tomo NUM037, libro NUM038, folio NUM039, finca NUM040 de Calella, con número de referencia catastral NUM041, con un valor catastral en el año 2014 que asciende a 75.651,37 euros, y adquirida en fecha veintiuno de diciembre de dos mil once.

* Plaza de aparcamiento número NUM014, situada en CALLE003 número NUM010-NUM011. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arenys de Mar en el tomo NUM042, libro NUM043, folio NUM044, finca NUM045 de Calella, con número de referencia catastral NUM046, con un valor catastral en el año 2014 que asciende a 8.248,75 euros, y adquirida en fecha veintiuno de diciembre de dos mil once.

* Vivienda situada en CALLE002 número NUM008 planta NUM009 de Calella. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arenys de Mar en el tomo NUM047, libro NUM048, folio NUM049, finca NUM050, con número de referencia catastral NUM051, con un valor catastral en el año 2014 que asciende a 51.143,40 euros, y adquirida en fecha veintiséis de enero de mil novecientos noventa y cuatro.

La unidad familiar tiene unos ingresos mensuales totales aproximados de 3.230 euros que proceden de las siguientes fuentes: 2.200€ del trabajo de D. Jose Carlos; 630€ de la pensión de invalidez de Doña Bárbara; 400€ del alquiler del piso propiedad de ambos cónyuges situado en CALLE003NUM010-NUM011 planta NUM012 escalera NUM013 de Calella.

- Cuenta corriente en la entidad BBVA con un activo a fecha 3 de noviembre de 2014 de 1.750,05 euros.

Asimismo, Dña. Bárbara, posee de forma individual una cuenta corriente a plazo fijo en la entidad BBVA con un activo a fecha de 3 de noviembre de 2014 de 8.823,85 euros.

D. Jose Carlos posee de forma individual, aunque con aportaciones por ambos cónyuges hasta la fecha actual, de una cuenta de plan de pensiones en la entidad BBVA con un activo a fecha 3 de noviembre de 2014 de 40.740,34 euros.

CARGAS

La vivienda sita en CALLE003NUM010-NUM011 de Calella así como su respectiva plaza de aparcamiento, están gravadas con una carga hipotecaria por el que se paga una cuota mensual de 636,35 euros.

Los demás bienes enumerados anteriormente, se encuentran libres de cargas.

TERCERO.- PLAN DE PARENTALIDAD..-

Dado que las hijas habidas en el matrimonio son mayores de edad, no cabe pronunciamiento acera del plan de parentalidad.

CUARTO.- GUARDA Y CUSTODIA DE LOS HIJOS Y PATRIA POTESTAD.-

Dado que las hijas habidas en el matrimonio son mayores de edad, no cabe pronunciamiento acera de la guara y custodia

QUINTO.- RÉGIMEN DE VISITAS-

No cabe pronunciamiento al respecto al no haber hijos menores de edad.

SEXTO.- RÉGIMEN DE PENSIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS HIJAS COMUNES

Las hijas comunes, Fermina y Guillerma, cursan estudios universitarios y no son independientes económicamente, motivo por el que se acuerda en este convenio la pensión de alimentos para las mismas, según dispone el artículo 237-1 del Código Civil de Familia de Cataluña y hasta que tengan ingresos propios o estén en disposición de tenerlos.

D. Jose Carlos se hará cargo de todos los gastos de sus hijas, hasta que adopten la plena independencia económica, tanto de naturaleza ordinaria como extraordinaria, incluidos los de alimentación, ropa, calzado, transporte, libros de texto, matrículas, clases particulares, asistencia sanitaria, etc.

Asimismo D. Jose Carlos, también se hará cargo de la mitad de los gastos de consumo (agua, gas, electricidad) así como de la mitad de los gastos correspondientes a impuestos, tasas y comunidad de propietarios de la finca donde residen sus hijas con Dña. Bárbara situada en CALLE001NUM002-NUM003 planta NUM004 escalera NUM005 de Calella, siempre y cuando alguna de las hijas comunes conviva con ella.

SÉPTIMO.- EL USO DE LA VIVIENDA CONYUGAL Y AJUAR FAMILIAR

Se dispone en este convenio, que la propiedad y uso de la vivienda conyugal, situada en CALLE001NUM002-NUM003 planta NUM004 tipo dúplex escalera NUM005 de Calella, así como de la plaza de aparcamiento número NUM006, situada en planta NUM007 de la CALLE001NUM002-NUM003 de Calella se adjudica a Dña. Bárbara.

De la citada vivienda ha retirado D. Jose Carlos, antes de este acto, sus bienes y enseres de uso personal, e igualmente ha entregado su copia de las llaves de dicha vivienda a Dña. Bárbara.

Respecto al ajuar doméstico ambas partes acuerdan que los bienes que queden en la vivienda conyugal pertenecen a Dña. Bárbara, y los bienes que queden en los otros dos pisos, pertenecen D. Jose Carlos.

OCTAVO.- RÉGIMEN ECONÓMICO Y DIVISIÓN DE LOS BIENES EN COMUNIDAD ORDINARIA INDIVISA.

Que el régimen económico matrimonial aplicable es el de separación de bienes propio de Cataluña, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2 del Código Civil, al regirse los efectos del matrimonio por la ley de residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración del matrimonio, siendo ésta, en la localidad de Barcelona.

Se procede al reparto de los bienes que tienen ambas partes por partes indivisas, para la posterior inscripción registral de extinción del condominio por divorcio:

La propiedad y uso de la vivienda conyugal, situada en CALLE001NUM002-NUM003 planta NUM004 tipo dúplex escalera NUM005 de Calella, así como de la plaza de aparcamiento número NUM006, situada en planta NUM007 de la CALLE001 número NUM002-NUM003 de Calella se adjudica a Dña. Bárbara.

La propiedad del resto de los inmuebles enumerados en la estipulación SEGUNDA: vivienda situada en CALLE002NUM008 planta NUM009 de Calella; la vivienda situada en la CALLE003NUM010-NUM011 planta NUM012 escalera NUM013 y la plaza de aparcamiento número NUM014 de la CALLE003NUM010-NUM011 de Calella así como la carga del préstamo hipotecario al que se encuentra sujeto este último inmueble, se adjudican a D. Jose Carlos.

Respecto a los GASTOS DE COMUNIDAD de todos los inmuebles por ser ellos los copropietarios del inmueble cuya situación en cuanto a este extremo conocen detalladamente, manifestando, asimismo, que las fincas se hallan al corriente en cuanto a gastos de comunidad, arbitrios e impuestos.

En referencia a las rentas obtenidas por el alquiler de la vivienda: D. Jose Carlos se adjudica el importe del alquiler de la vivienda situada en la CALLE003NUM010-NUM011 planta NUM012 escalera NUM013 de Calella.

En cuanto al importe de la cuenta de Plan de Pensiones suscrito por D. Jose Carlos, acuerdan ambas partes en este acto, que en la fecha en que D. Jose Carlos proceda al cobro del mismo, abonará a Dña. Bárbara el importe de 16.000 euros. Dado que esta estipulación se debe satisfacer en un futuro algo lejano (unos 9 años), en el caso de que no se cumpliera la misma, la parte perjudicada podrá hacer valer este convenio como prueba del acuerdo suscrito ante los tribunales pertinentes.

En referencia a la cuenta a plazo fijo que Dña. Bárbara dispone en la entidad BBCA, acuerdan ambas partes en este acto, que la totalidad del importe habido en ella, corresponde a Dña. Bárbara.

Respecto a la cuenta corriente que ambos cónyuges comparten en la entidad BBVA y cuyo importe a fecha 3 de noviembre de 2014 asciende a 17.750,05 euros, se adjudica por entero a D. Jose Carlos.

NOVENO.- PENSIÓN COMPENSATORIA.-

Dado que Dña. Bárbara adquiere la propiedad de la vivienda anteriormente descrita, y aunque D. Jose Carlos adquiera la propiedad del resto de los inmuebles y rentas, también es cierto que este último adquiere la carga hipotecaria de los bienes antes mencionados y la manutención de ambas hijas.

Por ello, acuerdan ambas partes, que aunque Dña. Bárbara sea titular de una pensión de invalidez inferior al sueldo de D. Jose Carlos, aunque por los años que ha dedicado al cuidado de la familia y que por la edad de la misma ya no podrá mejorar su situación económica Dña. Bárbara se considera saldada con la propiedad de la vivienda y con la exclusión por su parte de aportación alguna a los gastos de las hijas.

DÉCIMO.- DE LA TRAMITACIÓN DEL DIVORCIO

Ambas partes se comprometen a instar ante el juzgado correspondiente el divorcio del matrimonio por el sistema de mutuo acuerdo, obligándose a la ratificación del presente Convenio Regulador, en cuanto sean requeridos para ello por el juzgado, prestándose, en todo caso y ya desde ahora y para entonces, mutua y recíprocamente, el uno al otro, el consentimiento preciso para ello.

Y, EN PRUEBA DE TOTAL CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN CON LO QUE PRECEDE, previa lectura por los propios reunidos, éstos firman este documento por triplicado y en todas sus hijas, en el lugar y fecha indicados en el encadenamiento, quedando un ejemplar para cada cónyuge y otro a los efectos de su aportación al Juzgado, junto con la demanda de divorcio".

2. Dicho convenio fue presentado en el mismo año 2014 junto con la demanda de divorcio consensuada, no siendo ratificado por la Sra. Bárbara, lo que comportó el archivo del procedimiento.

3. Antes del mes de febrero de 2015, el Sr. Jose Carlos solicita ante el juzgado medidas previas a la interposición de la demanda contenciosa de divorcio (Antecedentes 2º del Auto de medidas previas dictado el día 4 de mayo de 2015).

4. Según resulta de dicho auto (folio 229) el Sr. Jose Carlos pidió la separación provisional de los cónyuges, que se requiriera a la demandada para la devolución de ciertas cantidades retiradas de las cuentas corrientes compartidas por los cónyuges, y que se ordenase la salida de la esposa del domicilio conyugal permitiéndole a él recoger sus enseres. La Sra. Bárbara se opuso a la tal petición, interesando a su vez la atribución del uso de la vivienda familiar y la imposición al Sr. Jose Carlos del pago de una pensión alimenticia de 400 euros mensuales.

5. En el Auto de medidas previas se otorgó a la Sra. Bárbara el uso del domicilio familiar y se acordó la separación provisional del matrimonio con revocación de los consentimientos y poderes otorgados.

6. En el mes de junio de 2015, tanto la Sra. Bárbara como el Sr. Jose Carlos presentan sendas demandas de divorcio que fueron acumuladas en un solo procedimiento.

7. La Sra. Bárbara explicó en su demanda que una vez firmado el convenio de 10 de noviembre de 2014 se dio cuenta de su error en el sentido de había renunciado en forma equivocada a la pensión compensatoria cuando entendía que por su situación económica le correspondía. Estimó que el pacto firmado, en cuanto a la renuncia de la prestación compensatoria, era nulo porque existió un vicio del consentimiento, vicio que no se habría extendido a los pactos 7 y 8 referidos a la liquidación del régimen económico pues en la demanda de divorcio solicitó que se declarase su plena validez. De este modo, pidió, además de la disolución del vínculo matrimonial: a) el uso del domicilio conyugal por tratarse del cónyuge más necesitado de protección; b) una prestación económica de 500 euros al mes y c) la aprobación de los pactos 7 y 8 del convenio de divorcio de 10 de nov. 2014 (fol. 24 a 40 de los autos). El esposo por su parte pidió el divorcio, desconociéndose los exactos términos de su demanda por no obrar en estos autos.

8. La sentencia de divorcio atribuyó el uso del domicilio familiar a la Sra. Bárbara. Denegó la prestación compensatoria por estimar que entre los ingresos netos del esposo y los de la esposa no existía una gran diferencia y, respecto de la aprobación de los pactos 7 y 8 que había interesado la Sra. Bárbara, dispuso que no podían ser objeto del procedimiento de divorcio remitiendo a las partes a un ulterior procedimiento. La sentencia no fue objeto de recurso de apelación.

9. En fecha 14 de noviembre de 2016 se presenta la demanda que ahora se resuelve. En ella la Sra. Bárbara vuelve a interesar que se aprueben los pactos 7 y 8 del convenio regulador, no ratificado, por entender que son vinculantes para las partes en cuanto que su contenido se refiere a cuestiones patrimoniales.

10. El Sr. Jose Carlos se opuso a la demanda por estimar que el convenio no ratificado por la Sra. Bárbara había quedado sin efecto en su totalidad. Interpuso también demanda reconvencional que ya no es objeto de este recurso de casación.

11. Tanto la sentencia de primera instancia como la de segunda estimaron la demanda y rechazaron la reconvención.

12. La sentencia de primera instancia, después de afirmar que los pactos habidos lo fueron en el ámbito de un convenio regulador del art. 233-2 del CCC, estimó que, aún no ratificado judicialmente, eran vinculantes para el ex marido, en aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo, Sala 1ª expuesta en la S. de 7 de noviembre de 2018, en tanto que no se había acreditado ningún vicio del consentimiento, ni modificación sustancial de las circunstancias contempladas en el convenio.

13. La Sala de apelación confirma la sentencia de primera instancia con los mismos argumentos.

SEGUNDO.- Recurso de casación. Planteamiento

En el único motivo del recurso de casación admitido que formula la defensa del Sr. Jose Carlos se dice infringido el art. 233-5.2 del CCC [Los pactos adoptados después de la ruptura de la convivencia sin asistencia letrada, independiente para cada uno de los cónyuges, pueden dejarse sin efecto, a instancia de cualquiera de ellos, durante los tres meses siguientes a la fecha en que son adoptados y, como máximo, hasta el momento de la contestación de la demanda o, si procede, de la reconvención en el proceso matrimonial en que se pretendan hacer valer] por estimar que en aplicación de dicha norma el convenio regulador no ratificado judicialmente carece de validez, debiéndose dictar doctrina legal en ese sentido.

TERCERO.- Resolución del recurso de casación. Estimación

1. A diferencia del Código Civil que no regula en forma alguna los pactos en previsión de ruptura conyugal o los formulados producida ésta, salvo los contenidos en un convenio regulador del art. 90, la legislación catalana como otras legislaciones autonómicas más modernas (así ley 103 del Fuero Nuevo de Navarra o art. 5 de la Ley 7/2015, de 30 de junio, de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores) regula ampliamente dichos pactos desde la entrada en vigor del Libro II por llei 25/2010 de 29 de julio.

2. Ya en la sentencia STSJCat 23 de febrero de 2016 (ROJ: STSJ CAT 1292/2016 - ECLI:ES:TSJCAT:2016:1292) dictada en aplicación del libro II del CCCC expusimos que en la legislación vigente se podían distinguir los siguientes pactos:

(i) Aquéllos otorgados de conformidad con lo dispuesto en el art. 231.20 CCC, es decir, en previsión de la ruptura matrimonial en capítulos matrimoniales o escritura pública;

(ii) Aquéllos que, producida la ruptura, forman parte de un convenio regulador y que se acompañan a la solicitud de nulidad, separación y divorcio, de mutuo acuerdo (art. 233-2 CCC) para ser homologados judicialmente e integrarse en la sentencia de divorcio o separación o nulidad ex art. 233-3.3 del CCC.

(iii) Los que no formen parte de un convenio regulador habiendo sido concertados tras la crisis familiar con Letrados independientes para cada una de las partes; y

(iv) Los que, concluidos tras la ruptura, no formen parte de un convenio regulador teniendo las partes una solo asistencia letrada.

3. Los pactos en previsión de ruptura matrimonial serán válidos salvo lo dispuesto en el art. 231-20.4 CCC (art. 233-5.1). Los contenidos en el convenio regulador lo serán cuando sean aprobados por Autoridad Judicial (art. 233-3 CCC). Los terceros resultan vinculantes al disponer de Letrado independiente (art. 233-5.2 a s.c)

Por el contrario, los mencionados en cuarto lugar pueden ser objeto de desistimiento ad nutum a tenor del art. 233-5.2 del CCC.

4. El Preámbulo del CCC explica claramente la razón de la norma cuando dice:

"También se regulan por primera vez los llamados acuerdos amistosos de separación y se fija el régimen de validez y los efectos, remarcando su carácter vinculante, pero previendo un plazo de revocación que pretende garantizar que los acuerdos se hayan adoptado libremente. Concretamente, el cónyuge que en el momento de la adopción del acuerdo no haya dispuesto de asistencia letrada independiente puede dejarlo sin efecto durante los tres meses siguientes a la adopción o, como máximo, hasta el momento de la contestación de la demanda o, en su caso, de la reconvención en el proceso matrimonial en que pretendan hacerse valer. Esta posibilidad se justifica por el contexto especial en que las partes suscriben estos acuerdos. A menudo existen desequilibrios graves en la información disponible para una parte y para la otra, y se llega a los acuerdos en situaciones de angustia o estrés que hacen difícil realizar una valoración objetiva de los términos convenidos, en las que existe un riesgo elevado de explotación o abuso de una parte por la otra".

5. De este modo, se concede un plazo de tres meses desde la ruptura de la convivencia para que los firmantes del convenio puedan tener un período de reflexión, lapso temporal que, como máximo, se establece hasta la contestación de la demanda, o, en su caso, la reconvención en el proceso matrimonial donde se quiera hacer valer dicho convenio con la finalidad de que durante dicho tiempo puedan dejar sin efecto el convenio realizado con el fin de que, superados los primeros momentos de ruptura, los firmantes puedan contar con un asesoramiento independiente del que no habían dispuesto anteriormente y comprobar el carácter perjudicial o no de lo pactado.

6. En el FJ 4 de la Sentencia de 13 de mayo de 2022 (ROJ: STSJ CAT 7327/2022 - ECLI:ES:TSJCAT:2022:7327) vuelven a considerarse las diferencias existentes entre las clase de pactos que pueden concertarse en la legislación catalana.

7. Recordábamos entonces que, como se infiere de los artículos 231-20, 233-2 y 233-5 del CCC, el libro II regula dos clases de pactos que pueden concertar los cónyuges. A saber: los que contemplan una futura ruptura matrimonial y los que se concluyen cuando la crisis ha surgido.

En este último caso aún pueden distinguirse los pactos contenidos en el convenio regulador de cara a un divorcio consensuado, de los pactos amistosos que las partes concluyen fuera del procedimiento judicial.

8. Los pactos entre las partes que se conciertan cuando la crisis ya se ha producido y los derechos ya han podido surgir, conociéndose su alcance y contenido, se regulan en los arts. 233-2, 233-3 y 233-5. 1 y 2 de modo que caben pactos vinculantes de derechos disponibles, como serían entre los cónyuges mayores de edad, la compensación por razón del trabajo, la prestación económica o la atribución del uso del domicilio, aunque no se vinculen a un convenio regulador, siempre que ambas partes hubiesen contado con asesoramiento legal independiente.

9. Los pactos que forman parte de un convenio regulador deben tener un contenido determinado, definido en el art. 233-2, y pueden incluir la atribución del uso del domicilio conyugal, la prestación compensatoria, los alimentos de los hijos comunes mayores de edad dependientes y la liquidación del régimen económico matrimonial. Una vez ratificados judicialmente deben ser aprobados por la autoridad judicial según indica el art. 233-3 CCC, salvo si son perjudiciales para el interés de los hijos menores.

10. Por el contrario, los pactos fuera del convenio regulador pueden tener contenido diverso y su validez puede ser examinada por el Juez, sea en el procedimiento de divorcio sea en otro procedimiento, si alguna de las partes se opone a ellos.

11. Lo que se plantea en esta litis y respecto de lo que no existe doctrina legal es si un convenio regulador concluido para ser presentado en un divorcio consensuado o de mutuo acuerdo, no homologado judicialmente por no haber sido ratificado por una de las partes por estimar que perjudicaba sus intereses, con conocimiento de la otra, puede ser declarado parcialmente válido como se pretende en la presente demanda.

12. La respuesta debe ser forzosamente negativa.

El convenio regulador suscrito por las partes lo fue, según el pacto 10 del convenio antes transcrito, para ser presentado junto con una demanda de divorcio de mutuo acuerdo y se concibió como un todo, hallándose todas sus cláusulas relacionadas.

De transacción lo ha calificado el TS, lo cual resulta del todo lógico ya que el convenio es el resultado de las cesiones que los cónyuges realizan para regular las consecuencias de la ruptura familiar, de modo que no tiene propiamente una causa patrimonial estrictu sensu -por más que pueda contener cláusulas con efectos patrimoniales- sino que se trata de un negocio familiar, causa familiae, donde todos los pactos se hallan interrelacionados y donde, sobre todos ellos, como un todo, se proyecta el consentimiento prestado.

13. En el presente supuesto, el convenio no fue ratificado por la Sra. Bárbara seguidamente a su firma pues, aunque se llegó a presentar la demanda de divorcio de mutuo acuerdo en el propio año 2014, tuvo que ser archivada por falta de ratificación de la Sra. Bárbara. La explicación dada y conocida por la otra parte fue que el convenio le resultaba perjudicial en cuanto que había renunciado a la pensión compensatoria a la que entendía tenía derecho.

14. Tampoco el Sr. Jose Carlos asumió, aunque hubiese ratificado judicialmente el convenio, conocido el desistimiento de la Sra. Bárbara, las consecuencias de lo acordado, pues antes del transcurso de tres meses formuló medidas previas en las que no solo no hizo valer el convenio regulador, sino que se interesaron efectos contrarios a lo pactado.

15. En síntesis, aunque teóricamente pueda distinguirse el convenio regulador del art. 233-2 de los pactos concertados fuera del convenio regulador ex art. 233-5.2, (en cuanto a su posible contenido y al alcance del control judicial), cuando al convenio regulador realizado al amparo del art. 233-2, como fue el caso, se ha llegado sin asistencia jurídica independiente, como es también el caso, y no ha sido ratificado por una de las partes antes del transcurso de tres meses, y tampoco la otra lo hizo valer antes de tres meses en el procedimiento de medidas previas y ninguna de ellas en el proceso de divorcio contencioso que seguidamente entablaron ambas, con conductas procesales contrarias a lo convenido, no existe ninguna razón jurídica para que no se le dé el tratamiento previsto en el art. 233-5.2.

16. Es por ello que no se puede pretender en un procedimiento posterior que se declare la validez del convenio que se dejó sin efecto a instancias de las partes en el plazo de tres meses y, menos aún, su validez parcial, disociando unos pactos de los otros.

17. La interrelación de los pactos se aprecia claramente en el pacto noveno del convenio en el cual se dice que no se pacta pensión compensatoria por la adjudicación a la esposa del domicilio familiar y porque el Sr. Jose Carlos se hacía responsable único de los alimentos de las hijas mayores dependientes, considerándose la Sra. Bárbara saldada de la prestación compensatoria con la adjudicación de la vivienda.

18. El convenio es un negocio jurídico complejo de contenido obligacional reciproco, STS, Sala 1ª de 18 de julio de 2014 (ROJ: STS 3175/2014 - ECLI:ES:TS:2014:3175) que no puede dejarse al arbitrio de una de las partes ex art. 1256 y 1258 del CC.

19. La actual pretensión, que no se limita a pedir la división de los bienes comunes, sino a que se declare la validez de la liquidación de todas las relaciones económicas del matrimonio según el convenio regulador, es contraria al principio de buena fe y al de los propios actos a los que se refieren los art. 111-7 y 111-8 del CCC en tanto que a instancia de las partes fue dejado en su día sin efecto.

20. La Sala conoce la doctrina del TS a la que se acogen las sentencias de instancia expuesta en las Sentencias de 22 de abril de 1997 (ROJ: STS 2817/1997 - ECLI:ES:TS:1997:2817), la nº 572/2015, de 19 de octubre y, sobre todo, en la nº 615 de 7 de noviembre de 2018, expresivas de la validez de los pactos contenidos en un convenio regulador no ratificado judicialmente en los aspectos de derecho disponible si no concurren vicios del consentimiento o se han modificado las circunstancias, pero dicha doctrina no puede ser aplicada sin más en Cataluña cuya legislación reconoce a las partes un derecho de desistimiento, unilateral y sin causa, de lo convenido tras la crisis familiar en el plazo de tres meses, supuesto ante el que nos hallamos puesto que la Sra. Bárbara estimó que algunas partes del convenio le era perjudiciales, no pudiendo, como se ha expuesto, tomar del contrato lo que favorece y dejar lo que le perjudica.

Así lo entendimos también en la STSJCat de 04 de diciembre de 2017 (ROJ: STSJ CAT 10689/2017 - ECLI:ES:TSJCAT:2017:10689).

21. Es por ello que el recurso de casación se estima, debiendo, por ende, ser desestimada la demanda principal.

22. Respecto de la reconvención en relación con los pagos de la hipoteca de una de las viviendas, dados los términos de la Sentencia de apelación (FJ 4ª) y que no fue objeto de impugnación alguna en el recurso de casación, nada cabe resolver en este grado procesal siendo firme la sentencia en este punto.

23. Éste es el segundo procedimiento judicial que siguen las partes para poner fin a las relaciones derivadas de su extinto matrimonio, lo que debía haber sido más fácil, más rápido y más económico de haberse llegado a una solución negociada, además de más conveniente para continuar con una adecuada y pacífica relación familiar por el bien de la descendencia común, ahora dividida en sus lealtades entre ambos progenitores.

La Sala las invita a interesarse por la mediación para resolver de una manera más eficiente y económica las cuestiones patrimoniales pendientes -división de las cosas comunes- tras la presente resolución, de no llegarse a un acuerdo amistoso.

CUARTO.- Costas y depósito para recurrir

En cuanto a las costas de la demanda principal se imponen a la parte actora, manteniéndose el pronunciamiento de costas de la reconvención.

En cuanto a las costas del recurso de apelación no se imponen a ninguna de las partes en tanto que el recurso de apelación debió, cuanto menos, ser estimado en parte.

No se imponen tampoco las costas del recurso de casación habida cuenta de su estimación.

Todo ello al amparo de los art. 394 y 398 de la Lec.

Asimismo, se acuerda la devolución del depósito constituido.