Sentencia Civil 56/2022 d...e del 2022

Última revisión
16/02/2023

Sentencia Civil 56/2022 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 34/2022 de 07 de noviembre del 2022

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Orden: Civil

Fecha: 07 de Noviembre de 2022

Tribunal: TSJ Cataluña

Ponente: MARIA EUGENIA ALEGRET BURGUES

Nº de sentencia: 56/2022

Núm. Cendoj: 08019310012022100058

Núm. Ecli: ES:TSJCAT:2022:11645

Núm. Roj: STSJ CAT 11645:2022


Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA

SALA CIVIL Y PENAL

RECURSO DE CASACIÓN e INFRACCIÓN PROCESAL núm. 34/2022

Guarda, custodia o alimentos 559/2019 - Juzgado Primera Instancia 2 Sant Feliu de Guíxols

Recurso de apelación 677/2021 - Sección Civil 2 Audiencia Provincial Girona

Recurrente: Carlos Miguel

Procurador: FCO. JAVIER MANJARIN ALBERT

Letrado: FRANCISCO RAMOS ROMEU

Recurrido: Loreto y MINISTERIO FISCAL

Procurador: JESÚS SANZ LÓPEZ

Letrada: MARIA DELS ANGELS RAGOLTA PALET

SENTENCIA NÚM. 56

Presidente:

Excmo. Sr. D. Jesús Mª Barrientos Pacho

Magistrados:

Ilma. Sra. Dª. Mª Eugènia Alegret Burgués

Ilmo. Sr. D. Fernando Lacaba Sánchez

Ilmo. Sr. D. Carlos Ramos Rubio

Barcelona, 7 de noviembre de 2022

La Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los Magistrados que se expresan más arriba, ha visto el recurso de casación y extraordinario por infracción procesal núm. 34/2022 contra la sentencia dictada en el Recurso de apelación 677/2021 - Sección Civil 2 Audiencia Provincial Girona como consecuencia del procedimiento Guarda, custodia o alimentos 559/2019 - Juzgado Primera Instancia 2 Sant Feliu de Guíxols. El Sr. Carlos Miguel ha interpuesto recurso de casación e infracción procesal, representado por el Procurador FCO. JAVIER MANJARIN ALBERT y defendido por el Letrado FRANCISCO RAMOS ROMEU. La Sra. Loreto, parte recurrida en este procedimiento, ha estado representada por el Procurador JESÚS SANZ LÓPEZ y defendida por la Letrada MARIA DELS ANGELS RAGOLTA PALET. Ha intervenido el Ministerio Fiscal.

Antecedentes

PRIMERO. El Procurador de los Tribunales Sr. Pere Ferrer i Ferrer, actuó en nombre y representación de Carlos Miguel formulando demanda de solicitud de adopción de medidas paterno-filiales que se siguió ante el Juzgado de Primera Instancia 2 de Sant Feliu de Guíxols en el procedimiento Guarda, custodia o alimentos 559/2019. Seguida la tramitación legal, el Juzgado indicado dictó sentencia con fecha 26 de julio de 2021, la parte dispositiva de la cual dice lo siguiente:

ESTIMO parcialment la demanda interposada per la representació processal de Carlos Miguel enfront Loreto amb adopció de les següents mesures i desestimant la resta de les peticionades.

- La potestat parental respecte de la filla menor Valle, es conjunta i compartida.

- La guarda la exercirà la mare conforme el plà de parentalitat que presenta .". GUARDA DE LA MENOR, Valle , LUGAR DE VIVIENDA HABITUAL Y FORMA DE REALIZACION DE LOS INTERCAMBIOS Y COMUNICACIÓN. - (art. 233-9. 2a, art.233-9.2b)

- La Guarda de la menor, Valle, la ostentará en exclusiva la madre. Ello sin perjuicio del carácter compartido de las responsabilidades parentales.

- Cada progenitor tomará las decisiones cotidianas relativas a la menor mientras se encuentre en su compañía.

- Dada la edad de la menor el régimen de visitas con el padre serà abierto si bien se establecerán unos mínimos para el caso de controversia,

- El padre podrá estar en compañía de su hija fines de semana alternos desde el viernes a la salida del centro escolar hasta el lunes al inicio de las clases. Será el padre el encargado de recoger a la menor Valle, en el centro escolar a la finalización de las clases y devolverla al mismo centro el lunes al inicio de las mismas.

- El progenitor que no tenga la menor en su compañía podrà comunicarse con ella por cualquier medio siempre que lo estime oportuno. En caso de comunicación telefónica tendrá que respetar el horario de descanso del resto de la familia.

- El progenitor que solicite un cambio en la guarda es responsable de cualquier gasto adicional para el cuidado o transporte de la menor que pudiese resultar del cambio.

- Estancias con la menor en período de vacaciones:

- 1. Vacaciones escolares de Navidad:

- Los períodos de vacaciones de Navidad se repartirán por mitades entre ambos progenitores. Se seguirá el calendario escolar marcado por la Generalitat de Catalunya.

- La primera mitad se iniciará el día en que finalicen les clases hasta el día 30 de diciembre a les 20h. Y el segundo período será del día 30 a les 20h. hasta el día anterior al inicio de les clases a las 20 horas. Corresponderá a la madre estar con la menor la primera mitad del período vacacional en los años pares y al padre en los años impares. Cuando a la menor le corresponda estar en compañía de su padre será éste quien la recoja del centro escolar o del domicilio materno dependiendo si es la primera o segunda mitad y será éste el encargado de devolverla al domicilio materno.

- Después del período vacacional se restablecerá el régimen de guarda y comunicaciones correspondiendo el primer fin de semana al progenitor que no haya estado en compañía de la menor el último fin de semana antes del inicio de las vacaciones

- 2. Vacaciones escolares de Semana Santa.

- Se repartirán por mitades entre ambos progenitores. La primera mitad en los años pares estará la menor en compañía de la madre y la segunda del padre y así sucesivamente y de forma alterna. El encargado de recoger y devolver a la menor será el padre. Se seguirá el calendario oficial de vacaciones escolares que marque la Generalitat de Catalunya.

- Los períodos serán los siguientes: 1ª fracción del Lunes Santo a las 10h de la mañana al Viernes Santo a las 10h y 2ª fracción del Viernes Santo a las 10h. al Lunes de Pascua, a las 20h.

- Será el padre o persona designada por éste el encargado de recoger a la hija al domicilio materno y devolverla al mismo.

- 3.-Vacaciones escolares de verano.

- Las vacaciones de verano (siguiendo calendario escolar) se repartiran en los años impares corresponderá al padre estar en compañía de su hija desde la finalización del curso escolar hasta el día 30 de junio a las 20h en que el padre la devolverá al domicilio materno permaneciendo en compañía de la madre hasta el día 15 de julio a las 20h en que el padre recogerá a la menor en el domicilio materno y permanecerá en compañía de su hija hasta el 31 de julio en que la devolverá al domicilio materno permaneciendo ésta con la madre hasta el 15 de agosto en que el padre de Valle la recogerá del domicilio materno y permanecerá con ella hasta el 31 de agosto en que la devolverá al domicilio de la madre permaneciendo la menor con la madre hasta el inicio del curso escolar en los años pares este régimen se realizará al revés iniciando el primer período la madre y así sucesivamente.

- Al finalizar las vacaciones de verano se reanudará el régimen de visites de fin de semana alternos iniciando el primer fin de semana el progenitor que no estuvo en compañía de su hija el fin de semana anterior al inicio del período vacacional.

- Días señalados.

- El día del aniversario de la menor o de sus progenitores prevalecerá el acuerdo de éstos, pero a falta del mismo se aplicará el progenitor que no lo tenga en su compañía podrá estar con ella durante dos horas a falta de acuerdo de 17 a 19h.

- Vacaciones y viajes con la menor:

- Cada progenitor podrá viajar con su hija durante el tiempo en que esté en su compañía comunicándolo previamente al otro progenitor. El progenitor que quiera viajar con la menor fuera de la Península deberá obtener el consentimiento del otro progenitor y en caso de desacuerdo deberá obtener el permiso de la autoridad judicial.

- El progenitor que tenga el pasaporte, DNI, Cartilla Sanitaria o documento similar de la hija lo tendrá que facilitar al otro progenitor.

- En caso de producirse circunstancias excepcionales, en los períodes de vacaciones o períodos de custodia de la hija, tales como accidente, enfermedad, intervención quirúrgica, ingreso hospitalario o casos semejantes, deberá comunicarse de inmediato al otro progenitor y operará automáticamente

- el criterio de unidad familiar siempre en beneficio de la hija, pudiendo ser visitada por el otro progenitor sin restricción ni limitación siempre que se haga entre las 10h de la mañana a las 20h.

- DECISIONES RELATIVAS A LA EDUCACION DE LA HIJA Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, FORMATIVAS Y DE OCIO. - (art. 233-9.2f):

- Cada progenitor podrá autorizar que participe la menor en las actividades que no requieran una organización previa, así como actividades sociales que se realicen en el período que conviva con ella.

- DEBER DE INFORMACION Y CONSULTA ENTRE PROGENITORES CON RELACION A LA HIJA.-(Art. 233.-9.2g)

- Cada progenitor tendrá que informar al otro en los aspectos relativos a la salud, educación y ocio de la hija.

- Cada progenitor tendrá que intercambiarse y tendrán acceso a los documentos de relieve de su hija.

- Tota información relativa a la hija tendrá que intercambiarse entre los progenitores, en ningún caso se puede utilizar a la menor como mensajera entre los padres para intercambiarse información o proponer cambios.

- CAMBIOS DE DOMICILIO Y OTRAS CUESTIONES RELEVANTES PARA LA HIJA.-(art.233-9.2h)

- Cada progenitor tendrá el deber de comunicar al otro progenitor con un preaviso de 30 días la intención de cambiar de domicilio.

- Si el cambio de domicilio de un progenitor es incompatible con el régimen de guarda o visitas establecido, los progenitores tendrán la obligación de revisar el acuerdo de parentalidad para hacer una adaptación a las necesidades de la hija.".

El pare pagarà una pensió dŽaliments de 400 euros per la seva filla menor Valle, mentre sigui menor o no hagi obtingut independència econòmica ; i de 250 euros per la seva filla Catalina, fins que hagi obtingut independència econòmica; es pagaràn els primers cinc dies de cada mes en el compte que designi la mare en el cas de Valle i en el compte que designi l'alimentista en el cas dŽ Catalina. Seràn actualitzables amb la variació percentual experimentada per lŽIPC o índex substitutori.

Faig atribució de lŽús del domicili familiar a la demandada, fins la majoria dŽedat de la filla menor o fins que tot i ser major no hagi acabat la seva instrucció per causa que no li sigui imputable.

Sense especial imposició de costes

Estimo parcialment la demanda reconvencional interposada per Loreto enfront Carlos Miguel, amb adopció de les següents mesures.

El demandat pagarà una pensió dŽaliments a favor de lŽactora reconvencional de 500 euros mensuals , els primers cinc dies de cada mes, per un període de tres anys, actualitzable per la variació percentual experimentada per lŽIPC o índex substitutori.

El demandat pagarà a la actora reconvencional una compensació económica per raó del treball, en forma de capital, la quantitat exacte del qual será determinat en execució de sentència dŽacord al que he exposat en el fonament de dret vuitè, en la forma i terminis que es fixin en seu dŽexecució.

Sense imposició de costes a cap de les dues parts.

SEGUNDO. Contra esta Sentencia, ambas partes interpusieron recurso de apelación, que se admitieron y se sustanciaron en la Sección 2 de la Audiencia Provincial de Girona en el Recurso de apelación 677/2021, la cual dictó Sentencia en fecha 22 de diciembre de 2021, con la siguiente parte dispositiva:

Estimar parcialment el recurs d'apel·lació interposat pel procurador Pere Ferrer Ferrer, en representació de Carlos Miguel, i estimar parcialment a la part apel·lant/apel·lada la Procuradora Maria De La Fe Alberdi Vera en representació de Loreto i modificar parcialment la sentència d'instància només en els següents punts:

1) Els aliments que el Sr. Carlos Miguel ha de pagar en concepte d'aliments per a la seva filla Catalina els ingressarà en un compte titularitat de la Sra. Loreto que ella haurà de facilitar al Jutjat.

2) La prestació alimentària, en els termes i pel temps fixats a la instància, a pagar pel Sr Carlos Miguel a favor de la Sra. Loreto serà de 700€ mensuals.

3) L'ús del que va ser domicili familiar concedit a la Sra. Loreto i a les seves filles finalitzarà quan la filla Valle arribi a la majoria d'edat.

No fem imposició de costes d'aquesta alçada.

TERCERO. Contra esta Sentencia, la representación procesal de Carlos Miguel interpuso recurso de casación y extraordinario por infracción procesal. Por Auto de fecha 2 de junio de 2022, este Tribunal se declaró competente y admitió a trámite los motivos 2º y 4º del recurso de casación y los motivos 3º y 4º del recurso extraordinario por infracción procesal interpuestos, dándose traslado a la parte recurrida y al Ministerio Fiscal para formalizar oposición por escrito en el plazo de veinte días.

CUARTO. Por providencia de fecha 20 de julio de 2022 se tuvo por formulada oposición al recurso de casación y de conformidad con el art. 485 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se señaló para su votación y fallo, que ha tenido lugar el día 20 de octubre de 2022.

Ha sido ponente la Magistrada Doña María Eugènia Alegret Burgués.

Fundamentos

PRIMERO. Planteamiento

1. La sentencia de segunda instancia recaída en fecha 22 de diciembre de 2021 en los autos seguidos entre Carlos Miguel y Loreto es recurrida por la parte inicialmente actora y luego demandada reconvencional. Se presenta recurso extraordinario por infracción procesal del cual únicamente fueron admitidos por la Sala los motivos tercero y cuarto y recurso de casación por interés casacional del que solo fueron admitidos los motivos segundo y cuarto.

Los motivos de ambos recursos guardan relación con la compensación por razón del trabajo solicitada por la Sra. Loreto al amparo del art. 232-5 del CCCat en su escrito de reconvención.

2. En el primer motivo del recurso extraordinario por infracción procesal se combate que haya quedado para ejecución de sentencia la cuantificación del importe de la compensación por razón del trabajo sobre lo que se dice son bases inciertas. En el segundo motivo del mismo recurso se impugna la valoración de las pruebas practicadas en la instancia.

3. En orden al recurso de casación por interés casacional, en el segundo motivo del recurso se dice infringida la doctrina sentada por esta Sala en sus Sentencias 39/2019 de 30 de mayo y SS 52/2016 de 27 de junio, 49 y 64 de 27 de junio de 2016 en cuanto a los bienes subrogados y su inserción en las reglas de cálculo del art. 232-6 del CCC y en el motivo cuarto discute el porcentaje aplicado en la sentencia sobre la diferencia entre patrimonios.

4. Antes de resolver las cuestiones planteadas conviene recordar que en esta materia rige el principio dispositivo, y de aportación de parte ( art 19 y 216 de la Lec 1/2000) así como el de congruencia ( art.218,1 de la Lec) y el de libertad civil del art. 111-6 del CCC, razón por la cual la Sala resolverá únicamente las cuestiones jurídicas planteadas por el hoy recurrente en sus recursos en los estrictos términos en que lo han sido, ya que la parte actora reconvencional no ha objetado la sentencia. Se tendrá en cuenta, además, lo que ambas han venido aceptando en sus diversos escritos.

Recurso extraordinario por infracción procesal

SEGUNDO. Motivo tercero del recurso extraordinario por infracción procesal.

1. El motivo se enuncia del siguiente modo:

"Se ampara en el art. 469.1.2º LEC y se denuncia mediante el mismo la vulneración del art. 209.4 LEC en relación con el art. 219 LEC , por dejar para ejecución de sentencia la cuantificación de una condena dineraria de forma parcial e indeterminada cuando, por su complejidad, debió de remitirse a un procedimiento declarativo posterior, o subsidiariamente, dejarlo para ejecución, pero en su integridad, no de forma parcial, para garantizar el derecho de contradicción de ambas partes, y en particular del condenado ( art. 24 CE )."

Se alega en el desarrollo del mismo que no se concreta en el fallo ni en los fundamentos jurídicos la cuantía de la compensación ni tampoco se concretan los bienes a tener en cuenta, su valor, las deducciones ni ninguno de los cálculos que corresponden según el art. 232-6 del CCC. Que, en definitiva, no constan con claridad las bases de la cuantificación por tener que remitirse a los cálculos realizados en el acto de la vista del juicio verbal y en el escrito de apelación de la otra parte.

2. Entiende el recurrente que la cuestión presentaba tal complejidad que los órganos de instancia debieron trasladar la cuestión a otro procedimiento para no vulnerar el principio contradictorio o, en su caso, dejar también la fijación de las bases para ejecución.

3. Para poder resolver adecuadamente el recurso conviene precisar lo siguiente:

a) la actora reconvencional indicó en su demanda que solicitaba una compensación por razón del trabajo en la "cuantía que se determine de conformidad con el art. 232-5.4 en función de la prueba de este procedimiento" al resultar imposible determinarla en ese momento.

Al propio tiempo solicitaba al Juzgado que requiriese al Sr. Carlos Miguel para que con una antelación mínima de 7 días antes de la vista aportase una serie de documentación acreditativa de sus ingresos y patrimonio.

b) A la vista de la diferente documentación que fue aportando el demandado tanto al contestar la demanda reconvencional como a lo largo del procedimiento a requerimiento del Juzgado a instancias de la actora reconvencional, así como de las restantes pruebas practicadas en el acto del juicio verbal, la defensa de la Sra. Loreto realizó en el acto de la vista los cálculos que a su entender eran adecuados para determinar la compensación por razón del trabajo, obteniendo una suma de 446.000 euros.

Dichos cálculos fueron plasmados luego por escrito tanto en el recurso de apelación formulado por la Sra. Loreto, folio 51v del rollo, como al contestar el recurso de apelación planteado contra la sentencia de primera instancia por el demandado reconvencional.

c) Los cálculos realizados por la defensa de la Sra. Loreto fueron los siguientes:

Patrimonio de la Sra. Loreto:

Casa de DIRECCION000 valorada en 180.000 euros (único bien anterior a la relación).

Patrimonio del Sr. Carlos Miguel durante su relación de pareja:

Vivienda familiar valorada en la actualidad en 3.480.000 euros;

Casa del Golf, comprada en 2001 y vendida en el año 2007: 370.000 diferencia entre el valor de compra y el de venta;

Compra edificio en Bad Soden, Alemania, compuesta de locales y viviendas arrendados, valor de compra según escritura: 500.000 euros;

Compra con un tercero, de un edificio en Memmingen, Alemania, compuesto por una residencia y viviendas alquiladas. Valor del 50% según escritura de adquisición: 215.000 euros.

De la suma de estas cantidades, ascendente a 4.565.000 de euros, la defensa de la Sra. Loreto aceptó deducir:

La cantidad de 2.300.764 euros como valor de los bienes heredados antes de la relación de pareja por el Sr. Carlos Miguel de su difunta esposa y vendidos ya durante la convivencia de los litigantes y 300.000 euros en concepto de hipoteca sobre un inmueble de Alemania.

Con estas deducciones obtuvo la cantidad de 1.964.236 euros, de los que aún dedujo el patrimonio de la Sra. Loreto ascendente, como hemos dicho a 180.000 euros, arrojando la suma de 1.784.236 euros.

Sobre dicha cantidad calculó una compensación del 25% dándole como resultado 446.000 euros, cantidad que reclamó en la vista celebrada.

4. Tal forma de proceder se aviene con lo dispuesto en la DA 3ª 1.b) del libro II del CCC a cuyo tenor: Si las partes no han podido tener acceso a información relevante para fundamentar sus pretensiones, antes de la vista pueden solicitar de la autoridad judicial que la obtenga utilizando los medios de que dispone.

5. No existe indefensión por cuanto fue el demandado reconvencional quien vino aportando los documentos a medida en que iba siendo requerido por el Juzgado y sobre esos documentos la actora reconvencional hizo los cálculos de la compensación, razón por la cual parece claro que el hoy recurrente pudo combatirlos punto por punto, lo que tampoco hizo propiamente ni en el acto de la vista, ni en el recurso de apelación, salvando el cuestionamiento de alguno de los conceptos en su inclusión en las reglas de cálculo del art. 232-6 del CCC, cuestión que debe ser objeto del recurso de casación, también interpuesto.

De hecho, no se especifica cuál sería la concreta indefensión material padecida, fuera de protestas genéricas de indefensión y de que no pudo improvisar en el acto de la vista.

6. La sentencia de primera instancia teniendo en cuenta que la actora reconvencional había admitido que tenía varios coches a su nombre al tiempo de la ruptura de la convivencia que situó a mediados de 2019 (uno de los cuales vendió después), así como que el Sr. Carlos Miguel le había donado un dinero para terminar de pagar la hipoteca de su casa de DIRECCION000, estableció en el fundamento jurídico 8 de su sentencia (la traducción es nuestra), lo siguiente:

" Así, se concluye que se tiene por acreditado el incremento patrimonial, las bases consideradas por la parte actora son las correctas, pero respecto de la cuantificación definitiva, se ha de realizar en ejecución de sentencia pues tiene derecho el actor a que se deduzcan las cargas que puedan afectar a los bienes que se consideren, y hay bienes como expone el actor que tiene derecho a deducir como los vehículos que ha reconocido la propia demandada o lo que costó la extinción del crédito hipotecario que pesaba sobre la finca de la demandada. Eso implicará una reducción del incremento patrimonial que ha de considerarse."

Estableció un porcentaje para la compensación del 15% sobre el incremento patrimonial.

En la parte dispositiva de la sentencia condenó al Sr. Carlos Miguel a pagarle a la Sra. Loreto una compensación económica por razón del trabajo en forma de capital, cuya cantidad exacta sería determinada en ejecución de sentencia de acuerdo con lo expuesto en el FJ 8 en la forma y plazos que se fijasen en ese trámite.

7. La sentencia no fue objeto de aclaración por ninguna de las partes.

8. Ambas partes la recurrieron en apelación.

9. La Sra. Loreto pretendió en dicho recurso que no se computasen los coches que estaban a su nombre y pidió que el porcentaje sobre el incremento subiera al 25%. Nada opuso sobre la donación de una suma de dinero para el pago de la hipoteca de la casa de DIRECCION000.

10. El Sr. Carlos Miguel, por su parte, en el mismo trámite y en relación con la compensación por razón del trabajo, negó la mayor, esto es, que se diera el presupuesto para la compensación (trabajo sustancialmente superior en el hogar de la Sra. Loreto) y, respecto del incremento patrimonial, adujo que no se había aportado inventario de los bienes; que no pudo improvisar en el acto de la vista, y la incorrección general de las bases de la otra parte por cuanto no se especificaba ni detallaban en la sentencia de primera instancia cuáles eran.

Negó también que existiese ningún incremento patrimonial por provenir todo su patrimonio de la herencia de su difunta esposa y ser fruto de su diligente gestión y del incremento del valor de los bienes por razón de ampliaciones y mejoras y por el transcurso del tiempo. El patrimonio, así, no se habría incrementado sino modificado y mermado al cabo de los años.

Estimó que la valoración dada por la parte actora no tenía justificación por no existir prueba pericial y pidió reducir del 15% al 5% el porcentaje que, en su caso, había que aplicar a la diferencia patrimonial.

11. Así las cosas, la sentencia de segunda instancia negó que el actor hubiese padecido indefensión. Consideró que el gravamen por las hipotecas de las fincas de Alemania ya estaba descontado en el cálculo de la actora en reconvención, y también el valor de la herencia recibida por el demandado, y afirmando que el actor podía haber incorporado en su recurso, siquiera en forma subsidiaria, la relación de bienes y cálculos, lo que no había hecho, solo quedaba pendiente para la ejecución el valor de los vehículos que se hallaban a nombre de la Sra. Loreto y que se habían de computar como patrimonio suyo. No hay mención en la sentencia al dinero donado por el Sr. Carlos Miguel para la cancelación de la hipoteca de la casa propiedad de la Sra. Loreto -suponemos por un descuido- pues la sentencia resulta confirmatoria de la de primera instancia en este punto.

En relación con el incremento del valor de algunos bienes inmuebles afirma la sentencia de la Audiencia que consta que se hicieron actuaciones que lo propiciaron, contando con la intervención de la Sra. Loreto por lo que dicho incremento debía computarse en aplicación de la doctrina del TSJCat.

Por último, rechazó ambos recursos de apelación en lo que se refería al porcentaje a considerar.

12. Expuesto lo anterior, no apreciamos que exista ninguna complejidad que obligue a diferir la cuestión a otro procedimiento.

El demandado reconvencional tenía la facilidad probatoria en lo que a sus propios bienes se refiere y si no hizo los cálculos fue por causa imputable al mismo. No existe la inclusión de ningún bien de su propiedad sorpresivo pues al formular la demanda reconvencional ya se hacía alusión a los bienes inmuebles de Mallorca, Cataluña y Alemania. El valor resulta de las propias escrituras, aportadas por su representación, además de otras pruebas practicadas, valoradas libremente por el juzgador de instancia.

El juicio verbal es un juicio que se basa en los principios de oralidad, unidad de acto e inmediación por lo que las defensas deben hallarse preparadas para actuar según su devenir.

13. En relación con la infracción de los art. 209.4 y 219 de la Lec, como recuerda la STS 31 de marzo de 2022 (ROJ: STS 1244/2022 - ECLI:ES:TS:2022:1244), el propio tribunal ha ido elaborando una doctrina a partir de la Sentencia 993/2011, de 16 de enero de 2012, en la cual después de reseñar lo dispuesto en el art. 209.4º LEC "(la sentencia) también determinará, en su caso, la cantidad objeto de la condena, sin que pueda reservarse su determinación para la ejecución de sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 219 de esta Ley "), y el art. 219 LEC, que prohíbe las sentencias con reserva de liquidación, y solo admite la remisión a ejecución cuando la liquidación consista en una sencilla operación aritmética, ha entendido que el contenido de estos preceptos debía ser matizado por las razones que a continuación se exponen:

"El propio art. 210.4º se refiere a "en su caso" y en cuanto a la disposición sobre sentencias con reserva de liquidación (ex art. 219) ya dice la E. de M. de la LEC "que se procura restringir a los casos en que sea imprescindible", lo que no cabe identificar de modo absoluto con los supuestos de sencilla operación aritmética.

"Es cierto que el legislador procesal del 2000 establece, de forma bastante oscura, un sistema que pretende evitar el diferimiento a ejecución de sentencia de la cuantificación de las condenas, de modo que las regulaciones que prevé se circunscriben, aparte supuestos que la propia LEC señala (como los de liquidación de daños y perjuicios de los arts. 40.7 , 533.3 y 534.1, párr. 2º), a eventos que surjan o se deriven de la propia ejecución. Con tal criterio se trató de superar la problemática que se planteaba con anterioridad en la aplicación del art. 360 LEC 1881 , precepto de contenido tan correcto como defectuosamente aplicado. De conformidad con el mismo, la realidad o existencia del daño (salvo "in re ipsa"), las bases y la cuantía debían acreditarse necesariamente en el proceso declarativo, si bien podía suceder que las bases o la cuantificación, no fuera posible fijarlas, y entonces cabía diferirlas para ejecución de sentencia. Esto nunca era aplicable a la realidad o existencia del daño, pues incluso en caso de imposibilidad de acreditarlo, la falta de prueba acarreaba la desestimación de la pretensión correspondiente. Sucedía en la práctica que el temor a no obtener un pronunciamiento favorable en sede de costas, si la sentencia no accedía a la indemnización reclamada, retraía a los demandantes en la fijación de una suma indemnizatoria, y ello ocurría incluso a pesar de que en alguna medida se trató de solventar con la doctrina denominada de la "estimación sustancial", y, por otra parte, por razones de desidia probatoria de las partes durante el proceso, y de comodidad de las resoluciones judiciales que no motivaban si había habido o no posibilidad de probar en el periodo correspondiente, se terminó por imponer la rutina de remitir la cuantificación a ejecución de sentencia. Con tal actitud se generó un incremento litigioso al insertarse en el proceso de ejecución un incidente (nuevo proceso) declarativo sobre el daño con el consiguiente aumento del coste -tiempo y gastos- y derroche de energías sociales. Para corregir la situación se entendió, con sana intención, que había que exigir la cuantificación dentro del proceso declarativo y a ello responden los preceptos procesales que se examinan. La normativa, como regla general, es saludable para el sistema, empero un excesivo rigor puede afectar gravemente al derecho a la tutela judicial efectiva (...) de los justiciables cuando, por causas ajenas a ellos, no les resultó posible la cuantificación en el curso del proceso. No ofrece duda que, dejarles en tales casos sin el derecho a la indemnización afecta al derecho fundamental y a la prohibición de la indefensión, y para evitarlo es preciso buscar fórmulas que, respetando las garantías constitucionales fundamentales -contradicción, defensa de todos los implicados, bilateralidad de la tutela judicial-, permitan dar satisfacción a su legítimo interés. Se puede discutir si es preferible remitir la cuestión a un proceso anterior (...); o excepcionalmente permitir la posibilidad operativa del incidente de ejecución (...), pero lo que en modo alguno parece aceptable es el mero rechazo de la indemnización por falta de instrumento procesal idóneo para la cuantificación. Los dos criterios han sido utilizados en Sentencias de esta Sala según los distintos supuestos examinados, lo que revela la dificultad de optar por un criterio unitario sin contemplar las circunstancias singulares de cada caso (...)".

14. Por su parte, la STS de 5 de abril de 2019 (ROJ: STS 2103/2019 - ECLI:ES:TS:2019:2103) establece como criterio orientador para optar por una u otra solución la imprescindibilidad y la mayor o menor complejidad de la ejecución.

15. Pues bien, ello expuesto, el motivo se desestima puesto que la sentencia de apelación no infringe los preceptos que se dicen vulnerados en el recurso.

Tal y como han quedado las bases de la compensación económica por razón del trabajo en la sentencia de segunda instancia (no obsta que su contenido lo sea por remisión a escritos que obran en los autos, por más que no sea una técnica aconsejable), sin más objeción por el recurrente que la expuesta en el motivo cuarto del recurso extraordinario, aún no examinado y en el segundo motivo del recurso de casación, también por analizar, en el trámite de ejecución de sentencia solo debía sumarse al patrimonio de la Sra. Loreto el valor de los vehículos a su nombre en el momento de la ruptura de la convivencia (vehículos Volkswagen Oldtimes y Touareg según los escritos de ambas partes) e imputarse la cuantía donada por el Sr. Carlos Miguel para pagar una parte del crédito hipotecario que recaía sobre la finca de DIRECCION000 propiedad de la Sra. Loreto, lo que no presenta, a juicio de la Sala, complejidad alguna que obligue a diferir la cuestión a otro pleito, lo cual, por otro lado, tampoco sería posible a tenor de lo preceptuado en el art. 234-13 del CCC.

16. Por lo expuesto el motivo se desestima.

TERCERO. Motivo cuarto del recurso extraordinario por infracción procesal. Valoración de la prueba

1. En este motivo, al amparo del art. 469.1 nº 2 y 4 se denuncia la infracción del art. 218 de la Lec en cuanto al derecho a una valoración de la prueba que sea razonable y no arbitraria, en relación con el art. 319.1 de la Lec y 326.1 de la misma ley.

Se combate en el mismo motivo la valoración de varias pruebas, así como si el valor de determinados bienes debía o no computarse a efectos del cálculo de la compensación.

2. El motivo adolece de graves defectos formales.

En el mismo se discute tanto la valoración de algunos inmuebles como la procedencia del dinero empleado en su adquisición, como que alguno de estos bienes no debía de haberse computados para calcular la compensación.

La eficacia probatoria de diferentes medios, así documentales públicas y privadas debió ser objeto de motivos separados según el acuerdo del TS de 27 de enero de 2017 y tampoco cabe mezclar cuestiones fácticas con las jurídicas, como los bienes que pueden o no entrar en el cómputo de la compensación según las reglas sustantivas del art. 232-6 del CCC.

3. Cabe recordar la doctrina del TS, Sala 1ª que en la Sentencia 334/2016, de 20 mayo decía:

"(...) aunque la jurisprudencia de esta Sala ha admitido que pueda justificarse un recurso por infracción procesal, al amparo del apartado 4º del art. 469.1 LEC , en la existencia de un error patente o arbitrariedad en la valoración realizada por la sentencia recurrida que comporte una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva (entre otras, Sentencias 326/2012, de 30 de mayo; y 58/2015, de 23 de febrero ), se refiere exclusivamente a la valoración realizada en orden a la determinación o fijación de los hechos y no a las valoraciones jurídicas extraídas de los hechos considerados probados"

4. En relación con la valoración probatoria hemos declarado reiteradamente, por todas, STSJCat de 19 de diciembre de 2019 (ROJ CAT 10652/2019 - ECLI:ES:TSJCAT:2019:10652) y las que en ella se citan, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, que el error en la valoración de la prueba sólo puede excepcionalmente tener acceso a la casación mediante un soporte adecuado, bien por medio de la alegación de la existencia de un error patente o arbitrariedad en la valoración de la prueba en cuanto, según la doctrina constitucional, comporta la infracción del derecho de tutela judicial efectiva, o bien por la infracción de una norma concreta de prueba que haya sido vulnerada por el juzgador. En defecto de todo ello, la valoración de la prueba es función del juzgador de instancia y ajena al recurso extraordinario por infracción procesal, añadiéndose que sólo en caso de que se diera una clara desviación del resultado probatorio podría afirmarse una vulneración del artículo 24 de la Constitución Española, que contempla el número cuatro de del art. 469. 1 LEC.

Dicho de otro modo, para que una valoración probatoria realizada en las instancias, salvo prueba tasada, pueda atentar contra el principio de tutela judicial efectiva, debe ser arbitraria e incurrir en errores notorios que no se advierten en el presente caso.

5. Lo anterior bastaría para rechazar este motivo del recurso, pero con ánimo de agotar el razonamiento diremos que:

a) En relación con la finca de DIRECCION001, la propia parte recurrente manifestó que la compró con dinero procedente de la herencia de su esposa, cuando ahora afirma por vez primera y sin soporte probatorio alguno, que lo hizo con ahorros producto de su trabajo anterior a la relación more uxorio con la Sra. Loreto, por más que en el documento de compra del año 2000 se diga que el dinero procedía del extranjero. La relación more uxorio comenzó según las partes en el año 1997 y la compra tuvo lugar en el año 2000 por lo que no se dan los elementos precisos para presumir que el dinero procedía de ahorros existentes antes del año 1997.

Sobre el valor de dicha finca no constituye error notorio alguno que la Audiencia haya considerado, a falta de otros datos, como precio el que el hoy recurrente estableció para venderla en los anuncios publicados.

Por último, se pretende descontar el valor de compra cuando esta tuvo lugar durante la convivencia, tratándose además de una cuestión sustantiva y no procesal.

b) En cuanto a la casa del Golf lo que se plantea en el motivo no es un error probatorio sino si la plusvalía obtenida con la venta de dicha finca (la hoy recurrida afirmó en su escrito de contestación al recurso de apelación de la otra parte que no se había invertido en obras), debía o no computarse para calcular la compensación, lo que constituiría una infracción sustantiva propia del recurso de casación.

c) Lo mismo ocurre en relación con las fincas sitas en Alemania adquiridas según se afirma con dinero procedente de la herencia de la esposa del Sr. Carlos Miguel que como bien subrogado se debía descontar.

d) Tampoco constituye error notorio alguno que la Audiencia hubiese cuantificado en 300.000 euros, cifra admitida por la demandante reconvencional, el valor del gravamen a deducir del patrimonio final del Sr. Carlos Miguel toda vez que el hoy recurrente tenía la facilidad probatoria si las cargas hipotecarias al tiempo de la ruptura familiar en el año 2019 eran superiores a esa suma (los documentos se presentaron en alemán y solo fueron parcialmente traducidos).

e) De otro lado, si la compra del edificio de Memmingen ascendió a 215.000 euros en el año 2009, parece obvio que 10 años más tarde no podía tener una carga hipotecaria de 300.000 euros como se dice en el recurso.

El motivo se desestima y con él íntegramente el recurso extraordinario por infracción procesal

Recurso de casación

CUARTO. Motivo segundo del recurso de casación por interés casacional

1. En este motivo se dice infringido el art. 232-6 del CCC, dedicado a las reglas de cálculo de la compensación económica por razón del trabajo y la jurisprudencia de esta Sala según las STSJCat 39/2019 de 30 de mayo y 49, 52/2016 y 64/2016 de 27 de junio (esta última inexistente en esa fecha).

2. En este motivo, sin indicación alguna de los párrafos del art. 232-6 del CCC que se entienden conculcados, se estima en primer lugar que no debió ser tenida en cuenta en el patrimonio final el valor de la masía de DIRECCION001 por tratarse de un bien subrogado y de igual forma el valor de las dos fincas de Alemania pagados también con la herencia de la difunta esposa del Sr. Carlos Miguel.

El argumento se desestima.

La sentencia descuenta del valor del patrimonio final del Sr. Carlos Miguel la suma de 2.300.764 euros en que valora la herencia recibida por el recurrente en el momento de ser vendida durante la convivencia familiar por lo que sí tiene en cuenta dichos bienes como valor de la subrogación.

En la STSJCat de 26 de noviembre de 2018 (ROJ: STSJ CAT 9914/2018 - ECLI:ES:TSJCAT:2018:9914) con cita de otras anteriores declaramos que:

"....las SSTSJC 51/2014, de 17 de julio y 24/2016, de 11 de abril ... a la hora de precisar qué bienes no podían computarse para establecer el aumento patrimonial, excluimos los bienes que los cónyuges hubieren adquirido privativamente antes del matrimonio y aquellos otros que adquirieren durante la convivencia en sustitución o merced a la inversión de aquellos, así como las plusvalías de los mismos debidas al simple transcurso del tiempo, a las oscilaciones del mercado o a cualesquiera otras circunstancias ajenas a su administración, conservación, reparación, renovación, reforma o ampliación. Pero, en cambio, debían incluirse:

(a) los bienes adquiridos mediante la inversión de rentas obtenidas durante la convivencia matrimonial, especialmente las procedentes del trabajo o de la actividad mercantil o industrial, así como el aumento y la conservación del valor experimentados por los bienes privativos de los cónyuges en razón a su actuación directa (administración, conservación, reparación, renovación, reforma o ampliación) o a las inversiones realizadas con las antedichas rentas, y

(b) Aquellas rentas generadas por uno de los cónyuges constante el matrimonio y dedicadas a la amortización de los préstamos concertados para financiar la adquisición, reparación, conservación o mejora de sus bienes privativos, estuvieren dedicados o no al uso familiar..."

La sentencia no incumple dicha doctrina por cuanto la herencia del Sr. Carlos Miguel ha sido considerada para reducir el valor de su patrimonio. Otra cosa sería que la herencia al no existir en el patrimonio final -art. 232-6. 1.c) no se hubiese tenido en cuenta en forma alguna.

2. En segundo lugar, se cuestiona que se contabilice la suma de 370.000 euros, diferencia entre el precio de compra de la casa del Golf en el año 2001 y el de venta en el año 2007.

En este punto asiste razón a la parte recurrente.

La casa fue comprada y vendida durante la convivencia por lo que, al no existir en el momento de la ruptura, no puede computarse ni como patrimonio inicial ni final según el art. 232-6.1 a) y c). Hay que tener en cuenta que no consta en las sentencias de instancia que la plusvalía obtenida en el año 2007 siguiera en el patrimonio del Sr. Carlos Miguel en el momento de la ruptura, acaecida en el año 2019.

En cualquier caso, a diferencia de la casa de DIRECCION001, el incremento contabilizado lo fue por el alza de los valores de mercado, hecho admitido por la Sra. Loreto en su escrito de oposición al recurso de apelación formulado por la otra parte (fl. 58 v del rollo).

Hemos declarado reiteradamente en las sentencias 49 y 52 de 27 de junio de 2016 y en otras posteriores que no deben tenerse en cuenta las plusvalías de los bienes debidas al simple transcurso del tiempo, a las oscilaciones del mercado o a cualesquiera otras circunstancias ajenas a su administración, conservación, reparación, renovación, reforma o ampliación. En consecuencia, el valor de 370.000 euros no debió ser computado.

3. Por el contrario, según esa misma doctrina, el incremento experimentado en el valor de la casa de DIRECCION001 entre el momento de la compra y el de la ruptura de la convivencia, que el Juzgado y la Audiencia consideran producto de las mejoras, reformas y ampliaciones realizadas en ella durante ese tiempo con la intervención de la Sra. Loreto -además de la herencia de la esposa, ya descontada, el Sr. Carlos Miguel obtenía rendimientos de sus bienes durante la convivencia- debe ser contabilizado ya que no es ajeno a su administración, conservación, reparación, renovación, reforma o ampliación.

4. En cuanto al valor del gravamen a descontar la sentencia recurrida lo contabiliza en 300.000 euros por lo que no cabe sino estar a esa suma que es la considerada probada por la Audiencia.

5. En conclusión, el recurso de casación se estima en parte en cuanto se debe descontar del patrimonio final del Sr. Carlos Miguel la cantidad de 370.000 euros en concepto de plusvalía por la venta de la casa del Golf.

De esta forma, a la suma de 1.964.236 euros en que se valoró el patrimonio del Sr. Carlos Miguel debe descontarse la cantidad de 370.000 euros, y tener en cuenta, además, en ejecución de sentencia los otros dos conceptos contemplados en las sentencias de instancia ya no discutidos: aumento del patrimonio de la Sra. Loreto con el valor de los coches existentes a su nombre en el momento de la ruptura conyugal (según admiten ambas partes, un vehículo Volkswagen Oldtimes, y otro Touareg matrícula .... SCM) pendientes de valoración y de la suma abonada por el Sr. Carlos Miguel para liquidar la hipoteca de la finca de la Sra. Loreto en DIRECCION000 asimismo pendiente de cuantificar.

QUINTO. Motivo cuarto del recurso de casación. Porcentaje para la compensación

1. En dicho motivo se denuncia la infracción del art. 232-5.3 y 4 del CCC el cual establece que:

"3. Para determinar la cuantía de la compensación económica por razón de trabajo, debe tenerse en cuenta la duración e intensidad de la dedicación, teniendo en cuenta los años de convivencia y, concretamente, en caso de trabajo doméstico, al hecho que haya incluido la crianza de hijos o la atención personal a otros miembros de la familia que convivan con los cónyuges. 4. La compensación económica por razón de trabajo tiene como límite la cuarta parte de la diferencia entre los incrementos de los patrimonios de los cónyuges, calculada de acuerdo con las reglas establecidas por el artículo 232-6. Sin embargo, si el cónyuge acreedor prueba que su contribución ha sido notablemente superior, la autoridad judicial puede incrementar esta cuantía".

Se invoca como fundamento del recurso la infracción de la jurisprudencia expuesta en las STSJCat 56/2018 de 21 de junio y en la STSJCat 39/2019 de 30 de mayo.

2. El motivo se desestima.

3. El párrafo 3 del art. 232-5 del CCC que se dice infringido se refiere a los parámetros que deben considerarse para establecer la cuantía de la compensación y que son: la duración e intensidad de la dedicación a la familia, en este caso la Sra. Loreto lo hizo en exclusiva; los años de convivencia (22) y en el caso del trabajo doméstico la crianza de los hijos (dos en este caso).

Estos parámetros y no otros han sido los considerados por el Juzgado y la Audiencia para establecer un porcentaje del 15% de la diferencia patrimonial, lo cual no resulta en absoluto arbitrario ni puede ser modificado por esta Sala.

4. En la STSJC 49/2017, de 26 de octubre, declaramos que el porcentaje a aplicar para fijar la compensación económica por razón del matrimonio solo puede revisarse cuando de forma notoria se hayan desconocido los criterios legales establecidos en el art. 232-5.3 CCCat, lo que no se ha producido en el caso controvertido.

5. Esta Sala de casación no ha establecido en ninguna sentencia una correlación aritmética para fijar la cuantía de la compensación entre los años de convivencia, la forma de la dedicación al hogar o al negocio del otro, o el número de hijos atendidos, sino que ha estado a las circunstancias de cada caso.

En este sentido, la cita de las sentencias de contraste trascritas en el recurso de casación resulta artificiosa e inhábil para sustentar el interés casacional pretendido. El porcentaje de la compensación lo fija la Audiencia discrecionalmente y salvo arbitrariedad o desconocimiento de las bases legales establecidas no puede ser combatido en casación.

6. Aún así, cabe decir que en la STSJCat 56/2018 de 21 de junio, la Sala estableció una compensación ascendente al 20% de la diferencia patrimonial porque así lo había solicitado la acreedora de la compensación. Razones de congruencia impedían superar dicho límite.

En la STSJCat 39/2019 de 30 de mayo el porcentaje fue fijado en la sentencia de apelación y no fue controvertido en casación.

SEXTO. Costas y depósito para recurrir.

Las costas del recurso extraordinario por infracción procesal se imponen a la parte recurrente dada su desestimación.

No se imponen las costas del recurso de casación que ha sido estimado en parte ( art. 394 y 398 de la Lec).

Fallo

LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA, DECIDE:

- Desestimar el recurso extraordinario con imposición de costas y pérdida del depósito constituido.

- Estimar en parte el recurso de casación.

- Casar en parte la sentencia en el único sentido de descontar del patrimonio del Sr. Carlos Miguel para el cálculo de la compensación económica por razón del trabajo de la que resulta acreedora la Sra. Loreto la suma de 370.000 euros en concepto de plusvalía por la venta de la casa del Golf, confirmándose en lo restante la sentencia de la Audiencia.

- No se imponen las costas del recurso de casación con devolución del depósito constituido.

Notifíquese la presente a las partes y con su testimonio remítase el Rollo y las actuaciones a la Sección indicada de la Audiencia.

Así por esta sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN. Esta Sentencia se ha firmado y publicado el mismo día de la fecha por los Magistrados de esta Sala que la han dictado. Doy fe.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

SALA CIVIL I PENAL

RECURS DE CASSACIÓ i INFRACCIÓ PROCESSAL núm. 34/2022

Guarda, custòdia o aliments 559/2019 - Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Sant Feliu de Guíxols

Recurs d'apel·lació 677/2021 - Secció Civil 2 Audiència Provincial Girona

Recurrent: Carlos Miguel

Procurador: FCO. JAVIER MANJARIN ALBERT

Lletrat: FRANCISCO RAMOS ROMEU

Persona contra la qual es recorre: Loreto i MINISTERI FISCAL

Procurador: JESÚS SANZ LÓPEZ

Lletrada: MARIA DELS ANGELS RAGOLTA PALET

SENTÈNCIA NÚM. 56

President:

Excm. Sr. Jesús M. Barrientos Pacho

Magistrats:

Il·lma. Sra. M. Eugènia Alegret Burgués

Il·lm. Sr. Fernando Lacaba Sánchez

Il·lm. Sr. Carlos Ramos Rubio

Barcelona, 7 de novembre de 2022

La Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, integrada pels magistrats que s'expressen més amunt, hem vist el recurs de cassació i extraordinari per infracció processal núm. 34/2022 contra la Sentència dictada en el recurs d'apel·lació 677/2021 - Secció Civil 2 de l' Audiència Provincial Girona com a conseqüència del procediment de guarda, custòdia o aliments 559/2019 - Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Sant Feliu de Guíxols. El Sr. Carlos Miguel ha interposat recurs de cassació i infracció processal, representat pel procurador Fco. Javier Manjarin Albert i defensat pel lletrat Francisco Ramos Romeu. La Sra. Loreto, part contra la qual es recorre en aquest procediment, ha estat representada pel procurador Jesús Sanz López i defensada per la lletrada Maria dels Àngels Ragolta Palet. Hi ha intervingut el Ministeri Fiscal.

Antecedents de fet

Primer. El procurador dels tribunals, Sr. Pere Ferrer i Ferrer, va actuar en representació de Carlos Miguel i va formular una demanda de sol·licitud d'adopció de mesures paternofilials que es va seguir davant el Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Sant Feliu de Guíxols en el procediment de guarda, custòdia o aliments 559/2019. Seguida la tramitació legal, el Jutjat indicat va dictar sentència amb data 26 de juliol de 2021, la part dispositiva de la qual diu el següent:

ESTIMO parcialment la demanda interposada per la representació processal de Carlos Miguel enfront Loreto amb adopció de les següents mesures i desestimant la resta de les peticionades.

- La potestat parental respecte de la filla menor Valle, es conjunta i compartida.

- La guarda la exercirà la mare conforme el plà de parentalitat que presenta .". GUARDA DE LA MENOR, Valle , LUGAR DE VIVIENDA HABITUAL Y FORMA DE REALIZACION DE LOS INTERCAMBIOS Y COMUNICACIÓN. - (art. 233-9. 2a, art.233-9.2b)

- La Guarda de la menor, Valle, la ostentará en exclusiva la madre. Ello sin perjuicio del carácter compartido de las responsabilidades parentales.

- Cada progenitor tomará las decisiones cotidianas relativas a la menor mientras se encuentre en su compañía.

- Dada la edad de la menor el régimen de visitas con el padre serà abierto si bien se establecerán unos mínimos para el caso de controversia,

- El padre podrá estar en compañía de su hija fines de semana alternos desde el viernes a la salida del centro escolar hasta el lunes al inicio de las clases. Será el padre el encargado de recoger a la menor Valle, en el centro escolar a la finalización de las clases y devolverla al mismo centro el lunes al inicio de las mismas.

- El progenitor que no tenga la menor en su compañía podrà comunicarse con ella por cualquier medio siempre que lo estime oportuno. En caso de comunicación telefónica tendrá que respetar el horario de descanso del resto de la familia.

- El progenitor que solicite un cambio en la guarda es responsable de cualquier gasto adicional para el cuidado o transporte de la menor que pudiese resultar del cambio.

- Estancias con la menor en período de vacaciones:

- 1. Vacaciones escolares de Navidad:

- Los períodos de vacaciones de Navidad se repartirán por mitades entre ambos progenitores. Se seguirá el calendario escolar marcado por la Generalitat de Catalunya.

- La primera mitad se iniciará el día en que finalicen les clases hasta el día 30 de diciembre a les 20h. Y el segundo período será del día 30 a les 20h. hasta el día anterior al inicio de les clases a las 20 horas. Corresponderá a la madre estar con la menor la primera mitad del período vacacional en los años pares y al padre en los años impares. Cuando a la menor le corresponda estar en compañía de su padre será éste quien la recoja del centro escolar o del domicilio materno dependiendo si es la primera o segunda mitad y será éste el encargado de devolverla al domicilio materno.

- Después del período vacacional se restablecerá el régimen de guarda y comunicaciones correspondiendo el primer fin de semana al progenitor que no haya estado en compañía de la menor el último fin de semana antes del inicio de las vacaciones

- 2. Vacaciones escolares de Semana Santa.

- Se repartirán por mitades entre ambos progenitores. La primera mitad en los años pares estará la menor en compañía de la madre y la segunda del padre y así sucesivamente y de forma alterna. El encargado de recoger y devolver a la menor será el padre. Se seguirá el calendario oficial de vacaciones escolares que marque la Generalitat de Catalunya.

- Los períodos serán los siguientes: 1ª fracción del Lunes Santo a las 10h de la mañana al Viernes Santo a las 10h y 2ª fracción del Viernes Santo a las 10h. al Lunes de Pascua, a las 20h.

- Será el padre o persona designada por éste el encargado de recoger a la hija al domicilio materno y devolverla al mismo.

- 3.-Vacaciones escolares de verano.

- Las vacaciones de verano (siguiendo calendario escolar) se repartiran en los años impares corresponderá al padre estar en compañía de su hija desde la finalización del curso escolar hasta el día 30 de junio a las 20h en que el padre la devolverá al domicilio materno permaneciendo en compañía de la madre hasta el día 15 de julio a las 20h en que el padre recogerá a la menor en el domicilio materno y permanecerá en compañía de su hija hasta el 31 de julio en que la devolverá al domicilio materno permaneciendo ésta con la madre hasta el 15 de agosto en que el padre de Valle la recogerá del domicilio materno y permanecerá con ella hasta el 31 de agosto en que la devolverá al domicilio de la madre permaneciendo la menor con la madre hasta el inicio del curso escolar en los años pares este régimen se realizará al revés iniciando el primer período la madre y así sucesivamente.

- Al finalizar las vacaciones de verano se reanudará el régimen de visites de fin de semana alternos iniciando el primer fin de semana el progenitor que no estuvo en compañía de su hija el fin de semana anterior al inicio del período vacacional.

- Días señalados.

- El día del aniversario de la menor o de sus progenitores prevalecerá el acuerdo de éstos, pero a falta del mismo se aplicará el progenitor que no lo tenga en su compañía podrá estar con ella durante dos horas a falta de acuerdo de 17 a 19h.

- Vacaciones y viajes con la menor:

- Cada progenitor podrá viajar con su hija durante el tiempo en que esté en su compañía comunicándolo previamente al otro progenitor. El progenitor que quiera viajar con la menor fuera de la Península deberá obtener el consentimiento del otro progenitor y en caso de desacuerdo deberá obtener el permiso de la autoridad judicial.

- El progenitor que tenga el pasaporte, DNI, Cartilla Sanitaria o documento similar de la hija lo tendrá que facilitar al otro progenitor.

- En caso de producirse circunstancias excepcionales, en los períodes de vacaciones o períodos de custodia de la hija, tales como accidente, enfermedad, intervención quirúrgica, ingreso hospitalario o casos semejantes, deberá comunicarse de inmediato al otro progenitor y operará automáticamente

- el criterio de unidad familiar siempre en beneficio de la hija, pudiendo ser visitada por el otro progenitor sin restricción ni limitación siempre que se haga entre las 10h de la mañana a las 20h.

- DECISIONES RELATIVAS A LA EDUCACION DE LA HIJA Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, FORMATIVAS Y DE OCIO. - (art. 233-9.2f):

- Cada progenitor podrá autorizar que participe la menor en las actividades que no requieran una organización previa, así como actividades sociales que se realicen en el período que conviva con ella.

- DEBER DE INFORMACION Y CONSULTA ENTRE PROGENITORES CON RELACION A LA HIJA.-(Art. 233.-9.2g)

- Cada progenitor tendrá que informar al otro en los aspectos relativos a la salud, educación y ocio de la hija.

- Cada progenitor tendrá que intercambiarse y tendrán acceso a los documentos de relieve de su hija.

- Tota información relativa a la hija tendrá que intercambiarse entre los progenitores, en ningún caso se puede utilizar a la menor como mensajera entre los padres para intercambiarse información o proponer cambios.

- CAMBIOS DE DOMICILIO Y OTRAS CUESTIONES RELEVANTES PARA LA HIJA.-(art.233-9.2h)

- Cada progenitor tendrá el deber de comunicar al otro progenitor con un preaviso de 30 días la intención de cambiar de domicilio.

- Si el cambio de domicilio de un progenitor es incompatible con el régimen de guarda o visitas establecido, los progenitores tendrán la obligación de revisar el acuerdo de parentalidad para hacer una adaptación a las necesidades de la hija.".

El pare pagarà una pensió dŽaliments de 400 euros per la seva filla menor Valle, mentre sigui menor o no hagi obtingut independència econòmica ; i de 250 euros per la seva filla Catalina, fins que hagi obtingut independència econòmica; es pagaràn els primers cinc dies de cada mes en el compte que designi la mare en el cas de Valle i en el compte que designi l'alimentista en el cas dŽ Catalina. Seràn actualitzables amb la variació percentual experimentada per lŽIPC o índex substitutori.

Faig atribució de lŽús del domicili familiar a la demandada, fins la majoria dŽedat de la filla menor o fins que tot i ser major no hagi acabat la seva instrucció per causa que no li sigui imputable.

Sense especial imposició de costes

Estimo parcialment la demanda reconvencional interposada per Loreto enfront Carlos Miguel, amb adopció de les següents mesures.

El demandat pagarà una pensió dŽaliments a favor de lŽactora reconvencional de 500 euros mensuals , els primers cinc dies de cada mes, per un període de tres anys, actualitzable per la variació percentual experimentada per lŽIPC o índex substitutori.

El demandat pagarà a la actora reconvencional una compensació económica per raó del treball, en forma de capital, la quantitat exacte del qual será determinat en execució de sentència dŽacord al que he exposat en el fonament de dret vuitè, en la forma i terminis que es fixin en seu dŽexecució.

Sense imposició de costes a cap de les dues parts.

SEGON. Contra aquesta Sentència, ambdues parts van interposar recurs d'apel·lació, que es va admetre i es va substanciar a la Secció 2 de l' Audiència Provincial de Girona en el recurs d'apel·lació 677/2021, la qual va dictar sentència en data 22 de desembre de 2021, amb la següent part dispositiva:

Estimar parcialment el recurs d'apel·lació interposat pel procurador Pere Ferrer Ferrer, en representació de Carlos Miguel, i estimar parcialment a la part apel·lant/apel·lada la Procuradora Maria De La Fe Alberdi Vera en representació de Loreto i modificar parcialment la sentència d'instància només en els següents punts:

1) Els aliments que el Sr. Carlos Miguel ha de pagar en concepte d'aliments per a la seva filla Catalina els ingressarà en un compte titularitat de la Sra. Loreto que ella haurà de facilitar al Jutjat.

2) La prestació alimentària, en els termes i pel temps fixats a la instància, a pagar pel Sr Carlos Miguel a favor de la Sra. Loreto serà de 700€ mensuals.

3) L'ús del que va ser domicili familiar concedit a la Sra. Loreto i a les seves filles finalitzarà quan la filla Valle arribi a la majoria d'edat.

No fem imposició de costes d'aquesta alçada.

TERCER. Contra aquesta Sentència, la representació processal de Carlos Miguel va interposar recurs de cassació i extraordinari per infracció processal. Per interlocutòria de data 2 de juny de 2022, aquest Tribunal es va declarar competent i va admetre a tràmit els motius 2n i 4t del recurs de cassació i els motius 3r i 4t del recurs extraordinari per infracció processal interposats, i ho va traslladar a la part contra la qual es recorre i al Ministeri Fiscal perquè formalitzessin oposició per escrit en el termini de vint dies.

QUART. Per provisió de data 20 de juliol de 2022 es va tenir per formulada l'oposició al recurs de cassació i de conformitat amb l' article 485 de la Llei d'enjudiciament civil, es va assenyalar data per a la seva decisió, que ha tingut lloc el dia 20 d'octubre de 2022.

Ha estat ponent la magistrada Sra. María Eugènia Alegret Burgués.

Fonaments de dret

Primer.Plantejament

1. La Sentència de segona instància que va recaure en data 22 de desembre de 2021 en les actuacions seguides entre Carlos Miguel i Loreto és objecte de recurs per la part inicialment actora i després demandada reconvencional. Es presenta recurs extraordinari per infracció processal, del qual únicament la Sala va admetre els motius tercer i quart i el recurs de cassació per interès cassacional, del qual només es van admetre els motius segon i quart.

Els motius d'ambdós recursos tenen relació amb la compensació per raó del treball sol·licitada per la Sra. Loreto a l'empara de l' article 232-5 del CCC en el seu escrit de reconvenció.

2. En el primer motiu del recurs extraordinari per infracció processal es combat que hagi quedat per execució de sentència la quantificació de l'import de la compensació per raó del treball sobre el que es diu que són bases incertes. En el segon motiu del mateix recurs s'impugna la valoració de les proves practicades en la instància.

3. Pel que fa al recurs de cassació per interès cassacional, en el segon motiu del recurs es diu infringida la doctrina establerta per aquesta Sala en les seves sentències 39/2019 de 30 de maig i següents 52/2016 de 27 de juny, 49 i 64 de 27 de juny de 2016 pel que fa als béns subrogats i la seva inserció en les regles de càlcul de l' article 232-6 del CCC, i en el motiu quart discuteix el percentatge aplicat a la Sentència sobre la diferència entre patrimonis.

4. Abans de resoldre les qüestions plantejades convé recordar que en aquesta matèria regeix el principi dispositiu i d'aportació de part ( art 19 i 216 de la LEC 1/2000) així com el de congruència ( article 218,1 de la LEC) i el de llibertat civil de l' article 111-6 del CCC, raó per la qual la Sala resoldrà únicament les qüestions jurídiques plantejades per l'avui recurrent en els seus recursos en els estrictes termes en què ho han estat, ja que la part actora reconvencional no s'ha oposat a la Sentència. Es tindrà en compte, a més, el que ambdues han acceptat en els seus diversos escrits.

Recurs extraordinari per infracció processal

Segon.Motiu tercer del recurs extraordinari per infracció processal

1. El motiu s'enuncia de la següent manera:

"Se ampara en el art. 469.1.2º LEC y se denuncia mediante el mismo la vulneración del art. 209.4 LEC en relación con el art. 219 LEC , por dejar para ejecución de sentencia la cuantificación de una condena dineraria de forma parcial e indeterminada cuando, por su complejidad, debió de remitirse a un procedimiento declarativo posterior, o subsidiariamente, dejarlo para ejecución, pero en su integridad, no de forma parcial, para garantizar el derecho de contradicción de ambas partes, y en particular del condenado ( art. 24 CE )."

En el desenvolupament d'aquest motiu s'al·lega que no es concreta en la decisió ni en els fonaments jurídics la quantia de la compensació ni tampoc no es concreten els béns que cal tenir en compte, el seu valor, les deduccions ni cap dels càlculs que corresponen segons l' article 232-6 del CCC i que, en definitiva, no consten amb claredat les bases de la quantificació per haver de remetre's als càlculs realitzats a l'acte de la vista del judici verbal i en l'escrit d'apel·lació de l'altra part.

2. El recurrent entén que la qüestió presentava tal complexitat que els òrgans d'instància haurien d'haver traslladat la qüestió a un altre procediment per no vulnerar el principi contradictori o, si escau, deixar també la fixació de les bases per a execució.

3. Per poder resoldre adequadament el recurs convé precisar el següent:

a) L'actora reconvencional va indicar a la demanda que sol·licitava una compensació per raó del treball en la "quantia que es determini de conformitat amb l'article 232-5.4 en funció de la prova d'aquest procediment" en resultar impossible determinar-la en aquell moment.

Al mateix temps, sol·licitava al Jutjat que requerís el Sr. Carlos Miguel perquè amb una antelació mínima de 7 dies abans de la vista aportés una sèrie de documentació acreditativa dels seus ingressos i patrimoni.

b) En vista de la diferent documentació que va aportar el demandat tant en contestar la demanda reconvencional com durant el procediment a requeriment del Jutjat i a instància de l'actora reconvencional, així com de les altres proves practicades a l'acte del judici verbal, la defensa de la Sra. Loreto va fer a l'acte de la vista els càlculs que al seu entendre eren adequats per determinar la compensació per raó del treball, i va obtenir una suma de 446.000 euros.

Aquests càlculs es van plasmar després per escrit tant en el recurs d'apel·lació formulat per la Sra. Loreto, foli 51v del rotlle, com en contestar el recurs d'apel·lació plantejat contra la Sentència de primera instància pel demandat reconvencional.

c) Els càlculs realitzats per la defensa de la Sra. Loreto van ser els següents:

Patrimoni de la Sra. Loreto:

Casa d' DIRECCION000 valorada en 180.000 euros (únic bé anterior a la relació).

Patrimoni del Sr. Carlos Miguel durant la seva relació de parella:

Habitatge familiar valorat avui dia en 3.480.000 euros;

Casa del Golf, comprada l'any 2001 i venuda l'any 2007: 370.000 €, diferència entre el valor de compra i el de venda;

Compra d'edifici a Bad Soden, Alemanya, compost de locals i habitatges arrendats, valor de compra segons escriptura: 500.000 euros;

Compra amb un tercer, d'un edifici a Memmingen, Alemanya, compost per una residència i habitatges llogats. Valor del 50% segons l'escriptura d'adquisició: 215.000 euros.

De la suma d'aquestes quantitats, que ascendeix a 4.565.000 d'euros, la defensa de la Sra. Loreto va acceptar deduir:

La quantitat de 2.300.764 euros com a valor dels béns heretats abans de la relació de parella pel Sr. Carlos Miguel de la seva difunta muller i venuts ja durant la convivència dels litigants i 300.000 euros en concepte d'hipoteca sobre un immoble d'Alemanya.

Amb aquestes deduccions va obtenir la quantitat d'1.964.236 euros, dels quals encara va deduir el patrimoni de la Sra. Loreto ascendent, com hem dit, a 180.000 euros, que fan la suma d'1.784.236 euros.

Sobre aquesta quantitat va calcular una compensació del 25% que va donar com a resultat 446.000 euros, quantitat que va reclamar a la vista celebrada.

4. Aquesta forma de procedir s'avé amb el que disposa la DA 3a 1 .b) del llibre II del CCC a tenor del qual: "Si les parts no han pogut tenir accés a informació rellevant per fonamentar llurs pretensions, abans de la vista poden sol·licitar a l'autoritat judicial que l'obtingui emprant els mitjans de què disposa".

5. No existeix indefensió, ja que va ser el demandat reconvencional qui va aportar els documents a mida en què el Jutjat els requeria i sobre aquests documents l'actora reconvencional va fer els càlculs de la compensació, raó per la qual sembla clar que l'avui recurrent va poder combatre'ls punt per punt, cosa que tampoc no va fer pròpiament ni a l'acte de la vista ni en el recurs d'apel·lació, excepte el qüestionament d'algun dels conceptes en la seva inclusió en les regles de càlcul de l' article 232-6 del CCC, qüestió que ha de ser objecte del recurs de cassació, també interposat.

De fet, no s'especifica quina seria la indefensió material concreta patida, fora de protestes genèriques d'indefensió i que no va poder improvisar a l'acte de la vista.

6. La Sentència de primera instància, tenint en compte que l'actora reconvencional havia admès que tenia diversos cotxes a nom seu en el moment de la ruptura de la convivència que va situar a mitjan 2019 (un dels quals vengué després), així com que el Sr. Carlos Miguel li havia donat uns diners per acabar de pagar la hipoteca de la seva casa d' DIRECCION000, va establir en el fonament jurídic 8 de la seva Sentència, el següent:

"Així es conclou que es tè per acreditat lŽincrement patrimonial, les bases considerades per la part actora són les correctes ; però respecte la quantificació definitiva , sŽha dŽefectuar en execució de sentència doncs té dret lŽactor a que es dedueixin les càrregues que puguin afectar als béns que es consideren , i hi ha béns, como exposa lŽactor , que té dret a deduir , com els vehicles que ha reconegut la propia demandada o el que va costar lŽextinció del crèdit hipotecari que pesava sobre la finca de la demandada.

Això implicarà una reducció de lŽincrement patrimonial que ha de considerar-se ."

Va establir un percentatge per a la compensació del 15% sobre l'increment patrimonial.

La part dispositiva de la Sentència va condemnar el Sr. Carlos Miguel a pagar a la Sra. Loreto una compensació econòmica per raó del treball en forma de capital, la quantitat exacta de la qual es determinaria en execució de sentència d'acord amb el que s'exposa en el FJ 8 de la forma i en els terminis que es fixessin en aquest tràmit.

7. La Sentència no va ser objecte d'aclariment per cap de les parts.

8. Ambdues parts la van recórrer en apel·lació.

9. La Sra. Loreto va pretendre en aquest recurs que no es computessin els cotxes que estaven a nom seu i va demanar que el percentatge sobre l'increment pugés al 25%. No va oposar res sobre la donació d'una suma de diners per al pagament de la hipoteca de la casa d' DIRECCION000.

10. El Sr. Carlos Miguel, per part seva, en el mateix tràmit i en relació amb la compensació per raó del treball, va negar la major, això és, que es donés el pressupost per a la compensació (treball substancialment superior a la llar de la Sra. Loreto) i, pel que fa a l'increment patrimonial, va adduir que no s'havia aportat cap inventari dels béns; que no va poder improvisar a l'acte de la vista i la incorrecció general de les bases de l'altra part, ja que no s'especificava ni es detallaven quins eren en la Sentència de primera instància.

Va negar també que existís cap increment patrimonial perquè tot el seu patrimoni provenia de l'herència de la seva difunta muller i era fruit de la seva diligent gestió i de l'increment del valor dels béns per raó d'ampliacions i millores i pel transcurs del temps. El patrimoni, així, no s'hauria incrementat, sinó modificat i minvat al cap dels anys.

Va estimar que la valoració donada per la part actora no tenia cap justificació perquè no existia cap prova pericial i va demanar reduir del 15% al 5% el percentatge que, si escau, calia aplicar a la diferència patrimonial.

11. Així les coses, la Sentència de segona instància va negar que l'actor hagués patit indefensió. Va considerar que el gravamen per les hipoteques de les finques d'Alemanya ja estava descomptat en el càlcul de l'actora en reconvenció, i també el valor de l'herència rebuda pel demandat, i va afirmar que l'actor podia haver incorporat en el seu recurs, si més no en forma subsidiària, la relació de béns i càlculs, cosa que no havia fet. Només quedava pendent per a l'execució el valor dels vehicles que es trobaven a nom de la Sra. Loreto i que s'havien de computar com a patrimoni seu. No hi ha menció a la Sentència dels diners donats pel Sr. Carlos Miguel per a la cancel·lació de la hipoteca de la casa propietat de la Sra. Loreto -suposem per un descuit- ja que la Sentència resulta confirmatòria de la de primera instància en aquest punt.

En relació amb l'increment del valor d'alguns béns immobles, la Sentència de l'Audiència afirma que consta que es van fer actuacions que el van propiciar i que van comptar amb la intervenció de la Sra. Loreto, per la qual cosa aquest increment havia de computar-se en aplicació de la doctrina del TSJC.

Finalment, va rebutjar ambdós recursos d'apel·lació en el que es referia al percentatge a considerar.

12. Per tot el que s'ha exposat no apreciem que existeixi cap complexitat que obligui a diferir la qüestió a un altre procediment.

El demandat reconvencional tenia la facilitat probatòria en el que es refereix als seus propis béns i si no va fer els càlculs va ser per causa imputable a ell. No existeix la inclusió de cap bé de la seva propietat, sorprenent ja que en formular la demanda reconvencional ja es feia al·lusió als béns immobles de Mallorca, Catalunya i Alemanya. El valor resulta de les pròpies escriptures, aportades per la seva representació, a més d'unes altres proves practicades, valorades lliurement pel jutjador d'instància.

El judici verbal és un judici que es basa en els principis d'oralitat, unitat d'acte i immediatesa, per la qual cosa les defenses han de trobar-se preparades per actuar segons el seu esdevenir.

13. En relació amb la infracció de l' article 209.4 i 219 de la LEC, com recorda la STS 31 de març de 2022 (ROJ: STS 1244/2022 - ECLI: ES: TS: 2022:1244), el mateix Tribunal ha anat elaborant una doctrina a partir de la Sentència 993/2011, de 16 de gener de 2012, en la qual després de ressenyar el que disposa l' article 209.4 LEC "(la sentencia) también determinará, en su caso, la cantidad objeto de la condena, sin que pueda reservarse su determinación para la ejecución de sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 219 de esta Ley "),), i l' article 219 LEC, que prohibeix les sentències amb reserva de liquidació, i només admet la remissió a execució quan la liquidació consisteixi en una senzilla operació aritmètica, ha entès que el contingut d'aquests preceptes havia de ser matisat per les raons que s'exposen a continuació:

"El propio art. 210.4º se refiere a "en su caso" y en cuanto a la disposición sobre sentencias con reserva de liquidación (ex art. 219) ya dice la E. de M. de la LEC "que se procura restringir a los casos en que sea imprescindible", lo que no cabe identificar de modo absoluto con los supuestos de sencilla operación aritmética.

"Es cierto que el legislador procesal del 2000 establece, de forma bastante oscura, un sistema que pretende evitar el diferimiento a ejecución de sentencia de la cuantificación de las condenas, de modo que las regulaciones que prevé se circunscriben, aparte supuestos que la propia LEC señala (como los de liquidación de daños y perjuicios de los arts. 40.7 , 533.3 y 534.1, párr. 2º), a eventos que surjan o se deriven de la propia ejecución. Con tal criterio se trató de superar la problemática que se planteaba con anterioridad en la aplicación del art. 360 LEC 1881 , precepto de contenido tan correcto como defectuosamente aplicado. De conformidad con el mismo, la realidad o existencia del daño (salvo "in re ipsa"), las bases y la cuantía debían acreditarse necesariamente en el proceso declarativo, si bien podía suceder que las bases o la cuantificación, no fuera posible fijarlas, y entonces cabía diferirlas para ejecución de sentencia. Esto nunca era aplicable a la realidad o existencia del daño, pues incluso en caso de imposibilidad de acreditarlo, la falta de prueba acarreaba la desestimación de la pretensión correspondiente. Sucedía en la práctica que el temor a no obtener un pronunciamiento favorable en sede de costas, si la sentencia no accedía a la indemnización reclamada, retraía a los demandantes en la fijación de una suma indemnizatoria, y ello ocurría incluso a pesar de que en alguna medida se trató de solventar con la doctrina denominada de la "estimación sustancial", y, por otra parte, por razones de desidia probatoria de las partes durante el proceso, y de comodidad de las resoluciones judiciales que no motivaban si había habido o no posibilidad de probar en el periodo correspondiente, se terminó por imponer la rutina de remitir la cuantificación a ejecución de sentencia. Con tal actitud se generó un incremento litigioso al insertarse en el proceso de ejecución un incidente (nuevo proceso) declarativo sobre el daño con el consiguiente aumento del coste -tiempo y gastos- y derroche de energías sociales. Para corregir la situación se entendió, con sana intención, que había que exigir la cuantificación dentro del proceso declarativo y a ello responden los preceptos procesales que se examinan. La normativa, como regla general, es saludable para el sistema, empero un excesivo rigor puede afectar gravemente al derecho a la tutela judicial efectiva (...) de los justiciables cuando, por causas ajenas a ellos, no les resultó posible la cuantificación en el curso del proceso. No ofrece duda que, dejarles en tales casos sin el derecho a la indemnización afecta al derecho fundamental y a la prohibición de la indefensión, y para evitarlo es preciso buscar fórmulas que, respetando las garantías constitucionales fundamentales -contradicción, defensa de todos los implicados, bilateralidad de la tutela judicial-, permitan dar satisfacción a su legítimo interés. Se puede discutir si es preferible remitir la cuestión a un proceso anterior (...); o excepcionalmente permitir la posibilidad operativa del incidente de ejecución (...), pero lo que en modo alguno parece aceptable es el mero rechazo de la indemnización por falta de instrumento procesal idóneo para la cuantificación. Los dos criterios han sido utilizados en Sentencias de esta Sala según los distintos supuestos examinados, lo que revela la dificultad de optar por un criterio unitario sin contemplar las circunstancias singulares de cada caso (...)".

14. Per part seva, la STS de 5 d'abril de 2019 (ROJ: STS 2103/2019 - ECLI: ES: TS: 2019:2103) estableix com a criteri orientador per optar per una o una altra solució la imprescindibilitat i la major o menor complexitat de l'execució.

15. Doncs bé, un cop exposat això, el motiu es desestima atès que la sentència d'apel·lació no infringeix els preceptes que es diuen vulnerats en el recurs.

Tal com han quedat les bases de la compensació econòmica per raó del treball en la Sentència de segona instància (no obsta que el seu contingut ho sigui per remissió a escrits que consten a les actuacions, per molt que no sigui una tècnica aconsellable), sense més objecció pel recurrent que l'exposada en el motiu quart del recurs extraordinari, encara no examinat i en el segon motiu del recurs de cassació, també per analitzar, en el tràmit d'execució de sentència només havia de sumar-se al patrimoni de la Sra. Loreto el valor dels vehicles a nom seu en el moment de la ruptura de la convivència (vehicles Volkswagen Oldtimes i Touareg segons els escrits de totes dues parts) i imputar-se la quantia donada pel Sr. Carlos Miguel per pagar una part del crèdit hipotecari que requeia sobre la finca d' DIRECCION000 propietat de la Sra. Loreto, cosa que no presenta, segons el parer de la Sala, cap complexitat que obligui a diferir la qüestió a un altre plet, la qual cosa, d'altra banda, tampoc no seria possible segons el que estableix l' article 234-13 del CCC.

16. Per tot el que s'ha exposat, el motiu es desestima.

Tercer.Motiu quart del recurs extraordinari per infracció processal. Valoració de la prova

1. En aquest motiu, a l'empara de l' article 469.1 núm. 2 i 4 es denuncia la infracció de l' article 218 de la LEC pel que fa al dret a una valoració de la prova que sigui raonable i no arbitrària, en relació amb l' article 319.1 de la LEC i 326.1 de la mateixa Llei.

Es combat en el mateix motiu la valoració de diverses proves, així com si el valor de determinats béns havia de computar-se o no a l'efecte del càlcul de la compensació.

2. El motiu pateix de greus defectes formals.

En aquest es discuteix tant la valoració d'alguns immobles com la procedència dels diners utilitzats en la seva adquisició com que algun d'aquests béns no hauria d'haver-se computat per calcular la compensació.

L'eficàcia probatòria de diferents mitjans, així documentals públiques i privades, va haver de ser objecte de motius separats segons l'acord del TS, de 27 de gener de 2017 i tampoc no es poden barrejar les qüestions fàctiques amb les jurídiques, com els béns que poden o no entrar en el còmput de la compensació segons les regles substantives de l' article 232-6 del CCC.

3. Cal recordar la doctrina del TS, Sala Primera. que en la Sentència 334/2016, de 20 maig, deia:

"(...) aunque la jurisprudencia de esta Sala ha admitido que pueda justificarse un recurso por infracción procesal, al amparo del apartado 4º del art. 469.1 LEC , en la existencia de un error patente o arbitrariedad en la valoración realizada por la sentencia recurrida que comporte una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva (entre otras, Sentencias 326/2012, de 30 de mayo; y 58/2015, de 23 de febrero ), se refiere exclusivamente a la valoración realizada en orden a la determinación o fijación de los hechos y no a las valoraciones jurídicas extraídas de los hechos considerados probados"

4. En relació amb la valoració probatòria hem declarat reiteradament, per totes, STSJ de 19 de desembre de 2019 (ROJ CAT 10652/2019 - ECLI: ES: TSJCAT: 2019:10652) i les que en aquesta s'esmenen, seguint la doctrina del Tribunal Suprem, que l'error en la valoració de la prova només pot excepcionalment tenir accés a la cassació mitjançant un suport adequat, bé per mitjà de l'al·legació de l'existència d'un error patent o arbitrarietat en la valoració de la prova quan, segons la doctrina constitucional, comporta la infracció del dret de tutela judicial efectiva, o bé per la infracció d'una norma concreta de prova que hagi estat vulnerada pel jutjador. En defecte de tot això, la valoració de la prova és funció del jutjador d'instància i aliena al recurs extraordinari per infracció processal, i s'afegeix que només en cas que es donés una clara desviació del resultat probatori podria afirmar-se una vulneració de l' article 24 de la Constitució espanyola, que té en compte el número quatre de de l'article 469. 1 LEC.

Dit d'una altra manera, perquè una valoració probatòria realitzada en les instàncies, excepte la prova taxada, pugui atemptar contra el principi de tutela judicial efectiva, ha de ser arbitrària i incórrer en errors notoris que no s'adverteixen en aquest cas.

5. L'anterior seria suficient per rebutjar aquest motiu del recurs, però amb ànim d'esgotar el raonament direm que:

a) En relació amb la finca de DIRECCION001, la mateixa part recurrent va manifestar que la va comprar amb diners procedents de l'herència de la seva muller, quan ara afirma per primera vegada i sense cap suport probatori que ho va fer amb estalvis producte del seu treball anterior a la relació more uxorio amb la Sra. Loreto, per més que en el document de compra de l'any 2000 es digui que els diners procedien de l'estranger. La relació more uxorio va començar segons les parts l'any 1997 i la compra va tenir lloc l'any 2000, per la qual cosa no existeixen els elements necessaris per suposar que els diners procedien d'estalvis existents abans de l'any 1997.

Sobre el valor d'aquesta finca no constitueix cap error notori que l'Audiència hagi considerat, a falta d'unes altres dades, com a preu el que l'avui recurrent va establir per vendre-la en els anuncis publicats.

Finalment, es pretén descomptar el valor de compra quan aquesta va tenir lloc durant la convivència, tractant-se a més d'una qüestió substantiva i no processal.

b) Pel que fa a la casa del Golf, el que es planteja en el motiu no és un error probatori, sinó si la plusvàlua obtinguda amb la venda d'aquesta finca (l'avui part contra la qual es recorre va afirmar en el seu escrit de contestació al recurs d'apel·lació de l'altra part que no s'havia invertit en obres) havia o no de computar-se per calcular la compensació, cosa que constituiria una infracció substantiva pròpia del recurs de cassació.

c) El mateix ocorre en relació amb les finques situades a Alemanya adquirides segons s'afirma amb diners procedents de l'herència de la muller del Sr. Carlos Miguel, que com a bé subrogat s'havia de descomptar.

d) Tampoc no constitueix cap error notori que l'Audiència hagués quantificat en 300.000 euros, xifra admesa per la demandant reconvencional, el valor del gravamen que calia deduir del patrimoni final del Sr. Carlos Miguel, atès que l'avui recurrent tenia la facilitat probatòria si les càrregues hipotecàries al temps de la ruptura familiar l'any 2019 eren superiors a aquesta suma (els documents es van presentar en alemany i només van ser parcialment traduïts).

e) D'altra banda, si la compra de l'edifici de Memmingen va ascendir a 215.000 euros l'any 2009, sembla obvi que 10 anys més tard no podia tenir una càrrega hipotecària de 300.000 euros com es diu en el recurs.

El motiu es desestima i amb aquest íntegrament el recurs extraordinari per infracció processal.

Recurs de cassació

Quart.Motiu segon del recurs de cassació per interès cassacional

1. En aquest motiu es diu que s'infringeix l' article 232-6 del CCC, dedicat a les regles de càlcul de la compensació econòmica per raó del treball i la jurisprudència d' aquesta Sala segons les STSJ 39/2019 de 30 de maig i 49, 52/2016 i 64/2016 de 27 de juny (aquesta última inexistent en aquesta data).

2. En aquest motiu, sense cap indicació dels paràgrafs de l' article 232-6 del CCC que s'entenen conculcats, s'estima en primer lloc que no va haver de ser tingut en compte en el patrimoni final el valor de la masia de DIRECCION001 per tractar-se d'un bé subrogat i d'igual forma el valor de les dues finques d'Alemanya, pagades també amb l'herència de la difunta muller del Sr. Carlos Miguel.

L'argument es desestima.

La Sentència descompta del valor del patrimoni final del Sr. Carlos Miguel la suma de 2.300.764 euros en què valora l'herència rebuda pel recurrent en el moment de ser venuda durant la convivència familiar, per la qual cosa sí que té en compte aquests béns com a valor de la subrogació.

En la STSJC de 26 de novembre de 2018 (ROJ: STSJ CAT 9914/2018 - ECLI: ES: TSJCAT: 2018:9914) amb menció d'unes altres anteriors declarem que:

"....las SSTSJC 51/2014, de 17 de julio y 24/2016, de 11 de abril ... a la hora de precisar qué bienes no podían computarse para establecer el aumento patrimonial, excluimos los bienes que los cónyuges hubieren adquirido privativamente antes del matrimonio y aquellos otros que adquirieren durante la convivencia en sustitución o merced a la inversión de aquellos, así como las plusvalías de los mismos debidas al simple transcurso del tiempo, a las oscilaciones del mercado o a cualesquiera otras circunstancias ajenas a su administración, conservación, reparación, renovación, reforma o ampliación. Pero, en cambio, debían incluirse:

(a) los bienes adquiridos mediante la inversión de rentas obtenidas durante la convivencia matrimonial, especialmente las procedentes del trabajo o de la actividad mercantil o industrial, así como el aumento y la conservación del valor experimentados por los bienes privativos de los cónyuges en razón a su actuación directa (administración, conservación, reparación, renovación, reforma o ampliación) o a las inversiones realizadas con las antedichas rentas, y

(b) Aquellas rentas generadas por uno de los cónyuges constante el matrimonio y dedicadas a la amortización de los préstamos concertados para financiar la adquisición, reparación, conservación o mejora de sus bienes privativos, estuvieren dedicados o no al uso familiar..."

La Sentència no incompleix aquesta doctrina, ja que l'herència del Sr. Carlos Miguel ha estat considerada per reduir el valor del seu patrimoni. Una altra cosa seria que l'herència, en no existir en el patrimoni final -article 232-6. 1. c) no s'hagués tingut en compte de cap manera.

2. En segon lloc, es qüestiona que es comptabilitzi la suma de 370.000 euros, diferència entre el preu de compra de la casa del Golf l'any 2001 i el de venda l'any 2007.

En aquest punt té raó la part recurrent.

La casa es va comprar i vendre durant la convivència, per la qual cosa, en no existir en el moment de la ruptura, no pot computar-se ni com a patrimoni inicial ni final segons l'article 232-6.1 a) i c). Cal tenir en compte que no consta en les sentències d'instància que la plusvàlua obtinguda l'any 2007 seguís en el patrimoni del Sr. Carlos Miguel en el moment de la ruptura, esdevinguda l'any 2019.

En qualsevol cas, a diferència de la casa de DIRECCION001, l'increment comptabilitzat ho va ser per l'alça dels valors de mercat, fet admès per la Sra. Loreto en el seu escrit d'oposició al recurs d'apel·lació formulat per l'altra part (foli 58 v del rotllo).

Hem declarat reiteradament en les sentències 49 i 52 de 27 de juny de 2016 i en altres de posteriors que no han de tenir-se en compte les plusvàlues dels béns degudes al simple transcurs del temps, a les oscil·lacions del mercat o a qualssevol altres circumstàncies alienes a la seva administració, conservació, reparació, renovació, reforma o ampliació. En conseqüència, el valor de 370.000 euros no va haver de ser computat.

3. Al contrari, segons aquesta mateixa doctrina, l'increment experimentat en el valor de la casa de DIRECCION001 entre el moment de la compra i el de la ruptura de la convivència, que el Jutjat i l'Audiència consideren producte de les millores, reformes i ampliacions realitzades en aquesta durant aquest temps amb la intervenció de la Sra. Loreto -a més de l'herència de la muller, ja descomptada, el Sr. Carlos Miguel obtenia rendiments dels seus béns durant la convivència- ha de ser comptabilitzat ja que no és aliè a la seva administració, conservació, reparació, renovació, reforma o ampliació.

4. Pel que fa al valor del gravamen que cal descomptar, la Sentència objecte de recurs el comptabilitza en 300.000 euros, per la qual cosa no escau sinó atenir-se a aquesta suma, que és la considerada provada per l'Audiència.

5. En conclusió, el recurs de cassació s'estima en part pel que fa al fet que s'ha de descomptar del patrimoni final del Sr. Carlos Miguel la quantitat de 370.000 euros en concepte de plusvàlua per la venda de la casa del Golf.

D'aquesta manera, a la suma d'1.964.236 euros en què es va valorar el patrimoni del Sr. Carlos Miguel ha de descomptar-se la quantitat de 370.000 euros, i tenir en compte, a més, en execució de sentència els altres dos conceptes establerts en les sentències d'instància ja no discutits: augment del patrimoni de la Sra. Loreto amb el valor dels cotxes existents a nom seu en el moment de la ruptura conjugal (segons admeten ambdues parts, un vehicle Volkswagen Oldtimes, i un altre Touareg matrícula .... SCM) pendents de valoració i de la suma abonada pel Sr. Carlos Miguel per liquidar la hipoteca de la finca de la Sra. Loreto a DIRECCION000 també pendent de quantificar.

Cinquè.Motiu quart del recurs de cassació. Percentatge per a la compensació

1. En aquest motiu es denuncia la infracció de l' article 232-5.3 i 4 del CCC el qual estableix que:

"3. Per a determinar la quantia de la compensació econòmica per raó de treball, s'ha de tenir en compte la durada i intensitat de la dedicació, atesos els anys de convivència i, concretament, en cas de treball domèstic, el fet que hagi inclòs la criança de fills o l'atenció personal a altres membres de la família que convisquin amb els cònjuges. 4. La compensació econòmica per raó de treball té com a límit la quarta part de la diferència entre els increments dels patrimonis dels cònjuges, calculada d'acord amb les regles establertes per l'article 232-6. Tanmateix, si el cònjuge creditor prova que la seva contribució ha estat notablement superior, l'autoritat judicial pot incrementar aquesta quantia".

S'invoca com a fonament del recurs la infracció de la jurisprudència exposada en les STSJC 56/2018 de 21 de juny i en la STSJC 39/2019 de 30 de maig.

2. El motiu es desestima.

3. El paràgraf 3 de l'article 232-5 del CCC que es diu infringit es refereix als paràmetres que han de considerar-se per establir la quantia de la compensació i que són: la durada i intensitat de la dedicació a la família, en aquest cas la Sra. Loreto ho va fer en exclusiva; els anys de convivència (22) i en el cas del treball domèstic la criança dels fills (dos en aquest cas).

Aquests paràmetres i no uns altres han estat els que ha considerat el Jutjat i l'Audiència per establir un percentatge del 15% de la diferència patrimonial, la qual cosa no resulta en absolut arbitrària ni pot ser modificada per aquesta Sala.

4. En la STSJC 49/2017, de 26 d'octubre, declarem que el percentatge que cal aplicar per fixar la compensació econòmica per raó del matrimoni només pot revisar-se quan de forma notòria s'hagin desconegut els criteris legals establerts en l' article 232-5.3 CCC, cosa que no s'ha produït en el cas controvertit.

5. Aquesta Sala de cassació no ha establert en cap Sentència una correlació aritmètica per fixar la quantia de la compensació entre els anys de convivència, la forma de la dedicació a la llar o al negoci de l'altre, o el nombre de fills atesos, sinó que s'ha atès a les circumstàncies de cada cas.

En aquest sentit, la menció de les sentències de contrast transcrites en el recurs de cassació resulta artificiosa i inhàbil per mantenir l'interès cassacional pretès. El percentatge de la compensació el fixa l'Audiència discrecionalment i excepte arbitrarietat o desconeixement de les bases legals establertes no pot ser combatut en cassació.

6. Tot i així, cal dir que en la STSJC 56/2018, de 21 de juny, la Sala va establir una compensació ascendent al 20% de la diferència patrimonial perquè així ho havia sol·licitat la creditora de la compensació. Raons de congruència impedien superar aquest límit.

En la STSJC 39/2019, de 30 de maig, el percentatge va ser fixat en la Sentència d'apel·lació i no va ser controvertit en cassació.

Sisè.Costes i dipòsit per recórrer.

Les costes del recurs extraordinari per infracció processal s'imposen a la part recurrent tenint en compte la seva desestimació.

No s'imposen les costes del recurs de cassació que ha estat estimat en part ( article 394 i 398 de la LEC).

Decisió

La Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya decideix:

- Desestimar el recurs extraordinari amb imposició de costes i pèrdua del dipòsit constituït.

- Estimar en part el recurs de cassació.

- Casar en part la Sentència en l'únic sentit de descomptar del patrimoni del Sr. Carlos Miguel per al càlcul de la compensació econòmica per raó del treball de què resulta creditora la Sra. Loreto la suma de 370.000 euros en concepte de plusvàlua per la venda de la casa del Golf, i confirmar en la resta la Sentència de l'Audiència.

- No s'imposen les costes del recurs de cassació amb devolució del dipòsit constituït.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i amb el seu testimoniatge trameteu el rotlle i les actuacions a la Secció indicada de l'Audiència.

Així ho manem i ho signem.

PUBLICACIÓ. Aquesta Sentència s'ha signat i publicat el mateix dia de la data pels magistrats d'aquesta Sala que l'han dictat. En dono fe.

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