Sentencia Constitucional Nº 17/2013, Tribunal Constitucional, Pleno, Rec Recurso de inconstitucionalidad 1024/2004 de 31 de Enero de 2013

Interpuesto por el Parlamento Vasco con respecto a diversos preceptos de la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social; de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local; de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común y de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal.Derecho a la protección de datos; garantías del procedimiento administrativo sancionador y competencias en materia de procedimiento administrativo: interpretación conforme de los preceptos legales relativos a la comunicación interadministrativa de datos, el acceso a los datos del padrón y los registros de personas y bienes de los extranjeros internados (SSTC 292/2000 y 236/2007). Voto particular. Se enjuicia la constitucionalidad de diversos preceptos de la Ley de extranjería que regulan: la comunicación y la cesión de datos de carácter personal de extranjeros tanto por transportistas como por las Administraciones públicas; las especialidades en los procedimientos administrativos de extranjería (comparecencia personal en diversos trámites administrativos y causas de inadmisión de la solicitud); los efectos de la devolución que se equiparan a la expulsión; y las medidas de vigilancia y seguridad en los centros de internamiento de extranjeros (medidas de registro y contención física personal o separación preventiva). Se estima parcialmente el recurso. La Sentencia declara inconstitucional y nula, por tratarse de una sanción administrativa impuesta sin las debidas garantías procesales, la disposición contemplada en la Ley Orgánica 4/2000 que establecía que la devolución del extranjero, lleva aparejada la prohibición de entrada en territorio español por un plazo máximo de tres años.La Sentencia interpreta conforme a la Constitución los siguientes preceptos: la medida de registro prevista en la Ley Orgánica 4/2000 como medida de actuación de vigilancia y seguridad interior de los centros de internamiento de extranjeros, declarando que únicamente procede cuando resulte imprescindible ante concretas situaciones que pongan en riesgo la seguridad del establecimiento, se justifique la medida y su alcance y se informe al afectado de la dimensión e intensidad del mismo. De igual forma, indica la Sentencia que la colaboración por parte de las Administraciones públicas dentro de su ámbito competencial, en la cesión de datos relativos a las personas que serán consideradas interesadas en los procedimientos regulados en la Ley 4/2000, es constitucional cuando se realice de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de protección de datos. En cuanto al acceso a los datos de los extranjeros existentes en los padrones municipales, es conforme a la Constitución, cuando dicho acceso se realice con una serie de garantías: el dato sea pertinente con el ejercicio de la potestad pública, se motive y justifique formalmente el acceso y se garantice la protección de dato de carácter personal. Por otra parte, la Sentencia considera constitucional la obligación de los transportistas de la remisión de información relativa a los pasajeros que vayan a ser trasladados y el acceso a la información y la colaboración entre Administraciones públicas en la cesión de datos relativos a las personas.La sentencia cuenta con un voto particular discrepante.