Sentencia Constitucional Nº 69/2018, Tribunal Constitucional, Pleno, Rec Recurso de inconstitucionalidad 283/2015 de 21 de Junio de 2018

Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.Competencias sobre comercio interior y horarios comerciales, energía y empleo: nulidad parcial de los preceptos legales que atribuyen funciones ejecutivas a la administración del Estado en materia de energía y empleo y regulan la autorización administrativa previa a la constitución de empresas de trabajo temporal.Se enjuicia la constitucionalidad de diversos preceptos de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, relativos a tres grandes bloques de materias competenciales: energía, empleo y comercio interior, en su concreta especificación de horarios comerciales. Se estima parcialmente el recurso. En materia de energía, se declara inconstitucional y nulo el precepto que atribuye al Estado la gestión de los certificados de ahorro energético, pues se trata de una actividad estrictamente aplicativa de normas previamente aprobadas en una materia en que las comunidades autónomas tienen reservadas las competencias de gestión y ejecución. En materia de empleo, se declaran inconstitucionales y nulos los preceptos que atribuyen al Estado las competencias para otorgar las autorizaciones a las empresas de trabajo temporal y para recibir la declaración responsable de las agencias de colocación cuando cuenten con centros de trabajo en dos o más comunidades autónomas o utilicen exclusivamente medios electrónicos. En relación con las empresas de trabajo temporal, la actuación administrativa de autorización está reglada en alto grado y las competencias normativas exclusivas del Estado en materia de legislación laboral minimizan cualquier riesgo de divergencia de criterios entre administraciones. Por su parte, las agencias de colocación actúan bien como entidades colaboradoras de los servicios públicos de empleo o bien como entidades autónomas en coordinación con estos, por lo que el Estado mantiene potestades de control y seguimiento de su actividad. Por lo tanto, el traslado de estas competencias al Estado no se encuentra justificado. Se desestima el recurso en todo lo demás. En particular, en materia de comercio interior y horarios comerciales, se desestima la impugnación relativa a la determinación de las “zonas de gran afluencia turística”, cuyos establecimientos cuentan con plena libertad para determinar los días y horas en que permanecerán abiertos al público, en aplicación de la doctrina establecida en las SSTC 56/2017, de 11 de mayo, y 214/2016, de 15 de diciembre.