Sentencia Constitucional Nº 88/2009, Tribunal Constitucional, Sala Segunda, Rec Cuestión de inconstitucionalidad 3005-2001 de 20 de Abril de 2009

La norma enjuiciada establece: ?los derechos consolidados no podrán ser objeto de embargo, traba judicial o administrativa, hasta el momento en que se cause la prestación o en que se hagan efectivos en los supuestos de enfermedad grave o desempleo de larga duración?.La Sentencia niega que este precepto contradiga el art. 24.1 CE, pues la limitación que introduce a la pronta ejecución efectiva de las resoluciones judiciales está justificada, y el art. 117.3 CE, pues no priva a los jueces de la potestad de ejecutar lo juzgado. No puede entenderse que los derechos consolidados de los planes de pensiones constituyan un activo patrimonial susceptible de embargo, ya que el partícipe no puede a voluntad disponer de estos derechos porque la ley lo prohíbe.Se declara la constitucionalidad del precepto enjuiciado porque: a) la norma persigue un fin legítimo por la doble función económica y social que desempeña: la de complementar el nivel obligatorio y público de protección social y la de favorecer la modernización, desarrollo y estabilidad de los mercados financieros; b) la medida resulta idónea y necesaria para asegurar la viabilidad y estabilidad de los planes y fondos de pensiones, y c) la norma respeta el canon de la proporcionalidad, ya que el sacrificio de los acreedores es inferior a la amenaza que para la viabilidad y estabilidad financiera de los planes y fondos de pensiones representaría la embargabilidad de los derechos consolidados.Se aplica la doctrina sobre los límites constitucionales a las declaraciones legislativas de inembargabilidad contenida en la STC 113/1989, de 22 de junio.