Sentencia Constitucional Nº 96/2012, Tribunal Constitucional, Sala Primera, de 07 de Mayo de 2012

Un Juzgado Civil estimó la petición de diligencias promovida por ADICAE, que solicitaba la identificación completa de todos aquellos clientes que habían suscrito con BBVA productos financieros con la denominación comercial ?contrato cuota seguro?, ?contrato marco para la cobertura de operaciones financieras? entre otros, al objeto de interponer demanda colectiva. Se queja la entidad bancaria de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales.El Tribunal otorga el amparo, a la vez que declara la nulidad de los Autos y retrotrae las actuaciones al momento inmediatamente anterior al dictado en el primer Auto. Antes de entrar en el fondo de la cuestión, es preciso puntualizar un óbice procesal de suma importancia: la legitimación de la entidad bancaria para interponer el preceptivo recurso de amparo. Para el Tribunal, el demandante es titular del derecho a la tutela judicial efectiva e invoca un interés legítimo, pues aunque los datos personales objeto de cesión sean de la titularidad de las personas físicas a que se refieren, la entidad bancaria es titular de los ficheros en que se contienen esos datos y, por ello, la responsable de su adecuado tratamiento, uso y custodia. En relación con el fondo, la Sentencia declara que las resoluciones judiciales impugnadas vulneran el art. 18.4 CE, dado que requerir a una entidad bancaria la entrega de datos personales de sus clientes, sin el consentimiento previo de los mismos, para ponerlos a disposición de una asociación de consumidores implica un claro límite al derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal que sólo se justificaría sobre la base de principios de motivación y proporcionalidad, imprescindibles para proteger derechos fundamentales frente a limitaciones o constricciones que proceden de normas o resoluciones singulares. Para el Tribunal, también existe lesión del derecho a la tutela judicial efectiva. La entidad demandante de amparo no obtiene, del órgano judicial, una respuesta fundada y acorde con las exigencias constitucionales cuando se opone al requerimiento de entrega de los ficheros informáticos que recopilan los datos personales de sus clientes sobre los cuales tiene una obligación de custodia.