Sentencia Contencioso-Administrativo 80/2024 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Décima, Rec. 685/2021 de 01 de febrero del 2024

PRIMERO: Es objeto del presente procedimiento instado por la representación procesal de Norberto, Rosaura, María Antonieta y Ovidio contra la resolución del Sr. Viceconsejero de Asistencia Sanitaria de fecha 29 de abril de 2021 por la que se inadmitió, por estar prescrita, la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración formulada ante el Servicio Madrileño de Salud en fecha 1 de febrero de 2021 por los anteriores, por considerar que el fallecimiento de su familiar Amanda el 31 de enero de 2020 fue ocasionada por las complicaciones derivadas de la intervención de cirugía bariátrica (by pass gástrico) llevada a cabo en el Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid el 6 de noviembre de 2008.

La pretensión de los actores la hemos dejado transcrita en el antecedente 3º de esta sentencia, por lo que, a lo ahí expresado nos remitimos ahora.

SEGUNDO: Conviene que nos refiramos previamente a las posiciones de las partes.

En la demanda los recurrentes, quienes respectivamente son hijos y pareja de hecho inscrita de la difunta Amanda relatan como la misma, en fecha 6 de noviembre de 2008 fue sometida a un baypass gástrico en el Hospital Universitario Fundación Jimenez Díaz, cuando tenía 40 años, dicha intervención se describe como "lapartomía media SU. Fabricación de un reservorio gástrico de 5x3 cms. Montaje en Y de Roux, con anastomosis gastroyeyunal mecánica EEA 21. Pie de asas a 100 cc de la válvula ileocecal. Asa común de 100 asa alimentaria en el resto. Cierre en un plano. Drenajes en ambos hipocondrios y en subcutáneo."

Sostienen que, a raíz de dicha cirugía la paciente empezó a padecer diferentes sintomatologías que repercutieron gravemente en su salud, hasta causarle la muerte en fecha 31 de enero de 2020.Dichos síntomas consistieron en una pérdida excesiva de peso, pues en un mes de la cirugía había perdido 50 kilos de peso, con anemias, y diarreas intensas, estatorrea que produjo un déficit vitáminico de vitaminas D,K e hipoglucemia. Estos síntomas, dicen, se manifestaron de forma inmediata y posterior a la cirugía bariátrica, apareciendo enfermedades tales como hipoalbumineremia, desnutrición calórica proteica, edemas en miembros inferiores y luego generalizados que ocasionaron su debilitamiento generalizado, que le llevaron a una última intervención en fecha 2 de diciembre de 2019, falleciendo finalmente el 31 de enero de 2020, cuando apenas tenía 52 años de edad.

Considera, en relación con el requerimiento que se le hace en fecha 2 de marzo de 2021 que todas las patologías que ha venido padeciendo Amanda son debidas a la intervención a la que fue sometida en fecha 6 de noviembre de 2008, existiendo una relación causal entre esta intervención y el fallecimiento el 31 de enero de 2020, por ello considera que no existe prescripción.

Señala como la resolución recurrida no atribuye a la intervención bariátrica el fallecimiento de Amanda, toda vez que el certificado de defunción reseña como causas de la muerte de, señalándose:

Causa inmediata: Insuficiencia hepática aguda sobre crónica.

Causa intermedia: Peritonitis bacteriana espontánea.

Causas inicial fundamental: Cirrosis con enfermedad grasa

Otros procesos: Insuficiencia respiratoria multifactorial

Sin embargo señala que los informes médicos que obran en el expediente acreditan claramente que el fallecimiento de Amanda fue debido al bypass gástrico, pues considera que la situación de desnutrición y debilitamiento general de los órganos vitales es ocasionada por dicha cirugía, y dado el debilitamiento que esta padecía, había que haberla reintervenido alargando la zona absortiva del intestino, lo que, en el caso de la recurrente se hizo demasiado tarde.

Tras analizar la fundamentación jurídica y el instituto de la responsabilidad patrimonial, expresa que en el caso debatido, pues la intervención a la que se sometió a Amanda no fue la adecuada, y, consecuencia de ella se produjo el deterioro de salud de la misma, intentándose corregir las consecuencias de la primera intervención con otra intervención que resultó ineficaz, pues se realizó demasiado tarde, dado su deterioro de salud.

TERCERO: Frente a la postura de los demandantes, se alza la representación de la Comunidad de Madrid, insiste en la prescripción como causa de inadmisión de la reclamación, pues considera que resulta aplicable el art. 67.2 de la Ley 39/2015. Asi, argumenta que la intervención de Amanda tuvo lugar el 6 de noviembre de 2008, y como notan los propios recurrentes desde el inicio comenzó a padecer diversas sintomatologías que repercutieron gravemente en su salud hasta llevarla al fallecimiento. Señala como los actores expresan en la reclamación previa que en fecha 2 de mayo de 2017 ingresa en el HU fundación Jimenez Díaz, por edemas generalizados y deterioro de su estado general, recibiendo albumina intravenosa, fluidoterapia, nutrición enteral a través sonda nasogástrica, administrándole 400 mg de hierro intravenoso, iniciándose un tratamiento para el sobrecrecimiento bacteriano después de haber descartado con cultivos infección bacteriana o por clostridium, evolucionando favorablemente, remitiendo los edemas y la diarrea. Señalando los recurrentes que en el diagnóstico se determina que la descompensación hidrópica, la desnutrición proteica grave y la insuficiencia pancreática exocrina se debe a una malabsorción en relación con la cirugía bariatrica.

Sostiene que los daños que padeció la difunta Amanda no son daños continuados sino daños permanentes, tal y como los configura la jurisprudencia del Tribunal Supremo, considerando que estos daños permanentes son, según la sentencia de 21 de junio de 2097

"[...] aquellos en los que el acto generador de los mismos se agota en un momento concreto aun cuando sea inalterable y permanente en el tiempo el resultado lesivo, mientras que los continuados "son aquellos que, porque se producen día a día, de manera prolongada en el tiempo y sin solución de continuidad, es necesario dejar pasar un período de tiempo más o menos largo para poder evaluar económicamente las consecuencias del hecho o del acto causante del mismo. Y por eso, para este tipo de daños, "el plazo para reclamar no empezará a contarse sino desde el día en que cesan los efectos", o como señala la sentencia de 20 de febrero de 2001 , en estos casos, para el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial el "dies a quo" será aquel en que se conozcan definitivamente los efectos del quebranto ( sentencias, entre otras, de 8 de julio de 1993 , 28 de abril de 1997 , 14 de febrero de 1994 , 26 de mayo de 1994 y 5 de octubre de 2000 ."

Señalando como, según la sentencia que invoca de fecha 28 de febrero de 2007,

"El día a quo para el ejercicio de la acción de responsabilidad por disposición legal ha de ser aquél en que se conozcan definitivamente los efectos del quebranto o aquél en que se objetivan las lesiones con el alcance definitivo de secuelas, y una vez establecido dicho alcance definitivo de la enfermedad y sus secuelas, los tratamientos posteriores encaminados a obtener una mejor calidad de vida o a evitar ulteriores complicaciones en la salud del paciente o la progresión de la enfermedad, no enervan la situación objetiva en que la lesión, enfermedad o secuela consisten".

Considera que a la vista de los datos que expresan los actores la manifestación de las secuelas de la paciente se produjo, en la mejor de las hipótesis, en el año 2017, con lo que presentada la reclamación previa en fecha 1 de febrero de 2021, esta se produce fuera del plazo legal, indicando que el hecho que se produjese un empeoramiento de la paciente no implica que el fallecimiento sea consecuencia de la cirugía bariátrica del año 2008, sobre todo si se consideran las causas del certificado de defunción que obran al folio 53 del ea, puesto que, ninguna de esas causas tienen relación con los hechos diagnosticados en el 2017 tienen con la cirugía bariátrica de 2008. Ni las relacionadas con el hígado (insuficiencia hepática aguda sobre crónica y cirrosis con enfermedad grasa), ni la peritonitis, ni, desde luego, la insuficiencia respiratoria multifactorial. En 2017, recordemos, únicamente se puso en relación con la cirugía bariátrica de 2008 la "malabsorción" y la "insuficiencia pancreática", por ello, y a la vista de estas circunstancias considera que cuando los actores formularon la reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Servicio Madrileño de Salud el día 1 de febrero de 2021, se había superado ya el plazo de un año para ejercer la acción de responsabilidad patrimonial, habida cuenta que sus secuelas eran ya definitivas en el año 2017.

Tras ello, analiza, con carácter subsidiario la responsabilidad patrimonial sanitaria, refiriéndose a la prestación sanitaria es una obligación de medios, no de resultados, señalando como las causas del fallecimiento de Amanda, no guardan relación con la cirugía bariatrica a la que se la sometió en 2008. Reseña finalmente, como el acto recurrido expresa

"Lo que muestra la documentación unida a la reclamación, e incluso el relato de los hechos de ésta y del escrito de subsanación, es que la paciente tuvo una evolución dentro de lo posible en pacientes con una patología previa como la Sra. Amanda, que se somete a una cirugía bariátrica, con consultas e ingresos que no son extraños a esta situación (déficit de absorción , gastroenteritis, abdominoplastia, hernias, etc.,) así como procesos derivados de la propia actitud de la paciente (atracones, toma de fármacos para intentos autolíticos, etc.) .

De lo contrario, es decir, de dar curso a una reclamación como la presente, no habría límite, siendo los procedimientos de responsabilidad patrimonial de la administración infinitos, pudiéndose reclamar por cualquier muerte que ocurra a cualquier persona, con el simple hecho de hacerla basar en cualquier intervención o atención médica que se hubiera llevado a cabo a lo largo de su vida.

Encontrándose la presente reclamación, por tanto, dentro de los supuestos que recoge el art. 88 de la citada Ley 39/2015 , no cabe admitir a trámite la misma."

CUARTO: Finalmente la representación de la codemandada Fundación Jiménez Diaz UTE, considera que existen dos motivos fundamentales para desestimar la demanda, el primero, que es acogido por la Administración, cual es el de la prescripción, toda vez que toda vez que la intervención de cirugía bariátrica ( bypass gástrico) se llevó a cabo el 6 de noviembre de 2008, reconociendo los demandantes que los daños comenzaron a manifestarse de forma casi inmediata, y existiendo múltiples diagnósticos (desde febrero de 2013a mayo de 2017) que ponen relación la anemia por malabsorción con la cirugía bariátrica realizada en 2008. Por lo que, habiéndose determinado las secuelas de dicha cirugía, cuando menos en el año2017, la reclamación realizada el 1 de marzo de 2021 es claramente extemporánea por exceder del plazo previsto en el artículo 67.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACAP para iniciar el procedimiento de responsabilidad patrimonial.

En segundo lugar, y con carácter subsidiario, considera que no existen los elementos necesarios para exigir responsabilidad patrimonial al HU Fundación Jiménez Díaz, en tanto que en tanto que los servicios médicos que fueron prestados a la fallecida Amanda se han ajustado a la "lex artis". Considera que la actividad médica se corresponde con una obligación de medios y no de resultados, sin que sea exigible la consecución de un resultado determinado, de tal forma que la asistencia médica será correcta en tanto que haya aplicado de forma debida los medios que eran exigibles en atención al diagnóstico para el logro de un resultado, sin que pueda concluirse que el agravamiento de la patología y sus secuelas hubiera podido evitarse de haber practicado otras actuaciones médicas diferentes a las realizadas. Por otra parte, los actores no han acreditado el nexo de causalidad entre los daños cuya indemnización reclama y la praxis de la intervención médica a la que la paciente fue sometida en el año 2008, a su juicio, los recurrentes se limitan a señalar que dicha intervención fue el desencadenante de todas las dolencias que padeció la misma hasta su fallecimiento, si bien en ningún momento se determina ni acredita que dicha intervención debió ser realizada de otro modo y, en su caso, cuál hubiera sido la metodología y los medios que debieron emplearse endicha intervención.

Comienza analizando la prescripción, invocando el art. 67.1 de la Ley 3972015 (LPACAP), señala a este respecto como los actores argumentan que el fallecimiento de su madre y pareja producido el 31 de enero de 2020, argumentando que este fue consecuencia de la cirugía bariatrica del bypass gástrico a la que la misma se sometió el 6 de noviembre de 2008, y que le causó una anemia por mal absorción que es lo que acabó produciendo un debilitamiento general que la llevó a la muerte. Considera, por el contrario, que ya desde el año 2013, a la vista de la documentación que obra en el expediente, ya estaba descrita la anemia por mal absorción derivada del bypass gástrico. Por tanto, las secuelas de la cirugía realizada el 6 de noviembre de 2008 ya fueron determinadas tomando la fecha más beneficiosa para los demandantes, al menos en mayo de 2017, destacando que entre dichas secuelas (malabsorción) no se encuentra ninguna de las que causaron el fallecimiento de la paciente, sin que se haya acreditado la relación entre el bypass gástrico realizado el 6 de noviembre de 2008 y la insuficiencia hepática aguda y cirrosis, que ocasionaron su fallecimiento. Por ello, a su juicio, la presentación de la reclamación patrimonial realizada el 1 de febrero de 2021 fue extemporánea al exceder del pazo de un año previsto en el art. Art. 67.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre LPACAP, computado desde la determinación del alcance de las secuelas.

Realiza una cronología de los hechos, partiendo de la historia clínica y de los datos que constan en el expediente, analizando tras ello la praxis médica dispensada a la difunta Amanda, y si la intervención realizada el 6 de noviembre de 2008, se realizó con mala praxis que causó a la misma una malabsorción , que a su vez habría producido anemia, diarrea intensa, astenia, vómitos, esteatorrea que produjo déficit vitamínicos de vitamina D, K, hipocalcemia, hipoalbuminemia, desnutrición calórico-proteica, edemas en miembros inferiores y luego generalizados y su debilitamiento general con el resultado del fallecimiento.

Destaca como ni en el expediente (y en la demanda) no consta ninguna prueba pericial o informe de carácter médico que haya concluido, ni tan siquiera de forma indiciaria, que en la intervención de bypass gástrico realizada el 6 de noviembre de 2008 hubiera existido mala praxis. Por el contrario, los informes médicos que obran en el expediente administrativo llevan a concluir que la intervención fue realizada acorde a la buena praxis que era exigible en atención a las circunstancias concurrentes y la naturaleza de la intervención, ya que los mismos ponen de manifiesto que la evolución de la paciente fue según lo previsto en este tipo de intervenciones, siendo revelador que la misma tuvo como resultado el fin pretendido, que no era otro que curar la obesidad mórbida que padecía la paciente, lo cual se llevó a cabo al haber perdido la misma 50 kg. Así lo recoge entre otros, el informe de hematología clínica de fecha 14 de febrero de 2013 en el que se indica: " no pérdida de peso en los últimos meses, desde la intervención en 2008 perdió 50 kg pero últimamente se mantiene estable".

Expresa como tanto la intervención de bypass gástrico a la que se sometió el 6 de noviembre de 2008 como el posterior seguimiento realizado por el servicio de endocrinología, fueron ajustados a la " lex artis ad hoc", habiendo sido las actuaciones de los facultativos adecuadas y correctas, teniendo en cuenta que la actividad médica implica una obligación de medios y no de resultados, habiendo sido la paciente atendida adecuadamente acorde a sus necesidades y requerimientos, poniendo a su alcance todos los servicios, pruebas, y tratamientos necesarios, sin reparar en medios, con el seguimiento y controles necesarios. Señala, en relación con la malabsorción que padeció la paciente, se llama, precisamente, "cirugía malabsortiva" toda vez que su eficacia para la pérdida de peso en obesidades mórbidas se basa en reducir la capacidad de absorción de nutrientes durante el paso de los alimentos por el intestino. Por tanto, la anemia y el déficit de vitaminas liposolubles son una de las complicaciones más habituales de este tipo de cirugía bariátrica, por lo que en todo caso, está considerada como preceptiva la suplementación vitamínica después de la realización de un bypass gástrico, tanto con fines preventivos como terapéuticos. En el caso de Amanda no cabe duda que se realizó un seguimiento y control continuado de la paciente para evaluar su evolución y su estado de salud, con controles rutinarios por el servicio de endocrinología, así como el tratamiento mediante suplementos vitamínicos para paliar la anemia. Por tanto el tratamiento al que fue sometida fue acorde a la lex artis ad hoc. Considera que la intervención realizada el 6 de noviembre de 2008 y el posterior seguimiento médico y los tratamientos pautados fueron acordes a la lex artis, poniendo de relieve como en el caso de la paciente existieron comportamientos que comprometieron su propio estado de salud y que consistieron en la desatención sistemática de los tratamientos médicos pautados. Expresa como consta en los informes médicos que la paciente no se realizaba los análisis preceptivos, que sufría trastorno por atracones, que abandonó el tratamiento psiquiátrico y que incluso llegó a ingerir fármacos con intención autolítica.

Expresa como en el primer informe que consta tras la intervención, de fecha 25 de abril de 2012, cuando ya habían pasado casi cuatro años de la intervención, diagnosticándosele la anemia y malabsorción, señalándose "probable trastorno por atracones actual" y que "tiene lo que parecen crisis de ansiedad", igualmente señala que la paciente no se ha hecho los análisis. Posteriormente el 26 de mayo de 2014 se la ingresa por un intento autolítico, destacándose en los antecedentes personales que constan en el informe emitido en esa misma fecha por el servicio de Medicina Interna se refiere que la paciente ha perdido 50 kg desde la intervención, pero está volviendo a engordar. En el informe posterior de 11 de junio de 2014 vuelve a diagnosticar probable trastorno por atracones, pautando como tratamiento el cuidado de la alimentación realizando 5 comidas diariamente sin saltarse ninguna. Debe tomar 3 piezas de fruta y verdura y ensalada siempre en comida y cena, así como retomar el control psiquiátrico. Dicho diagnóstico fue repetido en posteriores informes de 3 de diciembre de 2014 en el que nuevamente se diagnostica probable trastorno por atracones y se prescribe el cuidado de la alimentación, así como en los de 22 de enero de 2015, de 9 de abril de 2015, de 12 de agosto de 2015, 14 de diciembre de 2016.42 En el informe de 23 de septiembre de 2019 del servicio de endocrinología del Hospital de Getafe se refiere en los antecedentes el abandono del seguimiento por psiquiatría relacionado con la bulimia nerviosa que padecía la paciente. Por ello considera que la propia actitud de la paciente, mantenida a lo largo de los años pudo ser la principal causa del deterioro de su estado de salud.

Destaca como en la demanda los actores afirman que si no se hubiera practicado la cirugía el 6 de noviembre de 2008 la paciente no hubiera fallecido en enero de 2020, toda vez que consideran que el resultado patológico se ha producido únicamente por la cirugía bariátrica. Por el contrario sostiene que los beneficios de la cirugía bariátrica para la salud de la paciente habrían superado claramente las consecuencias de la misma, ya que con este tratamiento se produjo una importante pérdida de peso (50 Kg), lo que a su vez supuso una reducción significativa de su riesgo de fallecimiento por los factores de riesgo asociados a la obesidad mórbida. Por otro lado, ninguna prueba aporta la parte demandante que acredite que la citada intervención haya tenido una evolución fuera de lo habitual, nique la insuficiencia hepática aguda que fue la causa directa de la muerte haya tenido su origen en la cirugía de bypass gástrico realizada en 2008, toda vez que el fallecimiento de la paciente tuvo como causa inmediata la insuficiencia hepática aguda, que a su vez tuvo como causa inicial fundamental la cirrosis con enfermedad grasa de la paciente, por lo que no se acredita la existencia de nexo causal entre la cirugía de bypass gástrico realizada en 2008 y el fallecimiento. Expresa además, que en la paciente concurría una patología previa como era la obesidad mórbida, entre cuyas comorbilidades se encuentra la enfermedad de hígado graso no alcohólico. Destacando como en la literatura científica el desarrollo de la enfermedad de hígado graso no alcohólico se asocia con sobrepeso y obesidad, habiéndose descrito en pacientes con obesidad mórbida tras bypass gástrico: " La enfermedad de hígado graso no alcohólico (NAFLD) es una disfunción hepática originada por acumulo de grasa en el hígado. Esta situación generalmente evoluciona como una esteatosis simple, pero si a la grasa se le une inflamación y fibrosis se origina esteatohepatitis ((NASH), con el riesgo de que pueda degenerar en cirrosis. El desarrollo de NAFLD se asocia con sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina, diabetes mellitus tipo 2 (DM tipo 2), dislipemia y síndrome metabólico (SM) según los factores de riesgo de: World Health Organization (WHO), International Diabetes Federation (IDF) y Third report of the National Cholesterol Education Programs (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adults Panel III). Final Report 5-7. La reducción de peso por la cirugía constituye un método eficaz que contribuye a impedir su desarrollo y evolución; no obstante, se ha descrito que en pacientes con obesidad mórbida (OM) tras el bypass gástrico y a término más o menos largo existe ganancia de peso y reaparición de las comorbilidades."

Considera que de documentación médica que obra en el expediente no existe prueba o indicio alguno que permita entender que la intervención de bypass gástrico que fue realizada el 6 de noviembre de 2008 en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz fuera cometida una mala praxis, y hubiese sido la causa de la cirrosis que padeció la paciente doce años después de la citada operación y que finalmente causó la muerte de la misma. Considerando, acreditado, por el contrario, que el deterioro del estado de salud de la paciente se debió a las conductas llevadas a cabo por la misma, quien reiteradamente desatendió las prescripciones médicas.

Tras ello discrepa de la cuantificación de la reclamación efectuada, pues no se acredita ni si la fallecida trabajaba con anterioridad a 2008, ni los gastos de entierro y funeral que se reclaman, ni tampoco las situaciones personales de los demandantes.

Tras ello aborda la fundamentación jurídica, analizando la prescripción, destacando como las secuelas padecidas por la recurrente serían daños de carácter permanente, señalando que las secuelas derivadas de la intervención se habrían evidenciado desde el 2013 hasta el año 2017, por lo que, el plazo de un año 67.1 de la LPACAP, se iniciaría cuando concluye la actividad dañosa, aunque perdure el daño causado. La razón es obvia: producido el acto causante del resultado lesivo, éste queda perfectamente determinado y puede ser evaluado o cuantificado de forma definitiva, de tal manera que la valoración que se haga a efectos de reclamación en vía administrativa ha de ser vinculante para el reclamante, y ello porque, como se ha dicho, la agravación del daño habrá de provenir de la concurrencia de un hecho nuevo, considerando así que la reclamación efectuada por los demandantes excede claramente del plazo de un año desde que la paciente conoció los efectos permanentes de su operación de bypass gástrico, y por tanto el ejercicio de la acción estaría, a su juicio, claramente prescrito.

Finalmente, analiza la falta de concurrencia de los requisitos para estimar concurrente la responsabilidad patrimonial, dado que no se ha acreditado ni la mala praxis, ni el nexo causal, por todo ello interesa la desestimación íntegra de la demanda.

QUINTO: El artículo 106.2 de la Constitución proclama la responsabilidad patrimonial de la Administración, al disponer que

"Los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos".

En concordancia con la norma constitucional el artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, disponía que

" Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas".

El artículo 32.1 y 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, aplicable al supuesto de autos, dispone que

" 1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley...2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas".

Y el artículo 34.1 de la Ley 40/2015 dispone que "Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos."

La doctrina jurisprudencial en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración recogida, entre otras, en las sentencias del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 2012 y de 29 de julio de 2013, exige para que la misma se produzca que concurran los siguientes requisitos:

1º.- Un hecho imputable a la Administración, bastando con acreditar que el daño se ha producido en el desarrollo de una actividad cuya titularidad corresponde a un ente público.

2º.- Un daño antijurídico producido, en cuanto detrimento patrimonial injustificado, o lo que es igual, que el que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportar.

El daño o perjuicio patrimonial ha de ser real, no basado en meras esperanzas o conjeturas, evaluable económicamente, efectivo e individualizado en relación con una persona o grupo de personas.

La Sentencia del Tribunal Supremo, de 15 de marzo de 2011, con cita de la de 1 de julio de 2009, declara que " no todo daño causado por la Administración ha de ser reparado, sino que tendrá la consideración de auténtica lesión resarcible, exclusivamente, aquella que reúna la calificación de antijurídica, en el sentido de que el particular no tenga el deber jurídico de soportar los daños derivados de la actuación administrativa". Y añade que, conforme a la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 2007, " la viabilidad de la responsabilidad patrimonial de la Administración exige la antijuridicidad del resultado o lesión siempre que exista nexo causal entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido". Finalmente, insiste en que " es doctrina jurisprudencial consolidada la que sostiene la exoneración de responsabilidad para la Administración, a pesar del carácter objetivo de la misma, cuando es la conducta del propio perjudicado o la de un tercero la única determinante del daño producido aunque hubiese sido incorrecto el funcionamiento del servicio público ( Sentencias, entre otras, de 21 de marzo , 23 de mayo, 10 de octubre y 25 de noviembre de 1995, 25 de noviembre y 2 de diciembre de 1996 , 16 de noviembre de 1998 , 20 de febrero, 13 de marzo y 29 de marzo de 1999 )".

3º.- Relación de causalidad entre el hecho que se imputa a la Administración y el daño producido.

Se ha de señalar que el concepto de relación causal se reduce a fijar qué hecho o condición puede ser considerado como relevante por sí mismo para producir el resultado final, como presupuesto o " conditio sine qua non", esto es, como acto o hecho sin el cual es inconcebible que otro hecho o evento se considere consecuencia o efecto del anterior, aunque es necesario además que resulte normalmente idóneo para determinar aquel evento o resultado teniendo en consideración todas las circunstancias del caso, hasta alcanzar la categoría de causa adecuada, eficiente y verdadera del daño ( sentencias del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1998 y de 16 de febrero de 1999, entre otras).

4º.- Ausencia de fuerza mayor, como causa extraña a la organización y distinta del caso fortuito, supuesto este que sí impone la obligación de indemnizar.

5º.- Que el derecho a reclamar no haya prescrito, lo que acontece al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo, si bien, en caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, dicho plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas .

También es doctrina jurisprudencial consolidada la que entiende que esa responsabilidad patrimonial es objetiva o de resultado, de manera que lo relevante no es el proceder antijurídico de la Administración, sino la antijuridicidad del resultado o lesión, aunque es imprescindible que exista nexo causal entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido, dado que no es posible constituir a la Administración en aseguradora universal ( sentencias del Tribunal Supremo de 21 de julio de 2011 y 14 de noviembre de 2011, entre otras).

SEXTO: Es evidente que la primera cuestión que hay que analizar es la de la prescripción, pues de estimarse esta los restantes alegatos no tendrían que ser analizados. Tanto la Comunidad de Madrid como la representación de la codemandada Fundación Jimenez Díaz, destacan que los daños que padeció la paciente Amanda, serían, en su caso, daños de naturaleza permanente y estos se habrían empezado a manifestar en el período comprendido entre febrero del año 2013, y mayo de 2017, momento en que consideran que las secuelas derivadas de la malabsorción ocasionada por la cirugía bariátrica de noviembre de 2008, momento, a partir del cual ya están determinadas las secuelas y, a partir del cual, los actores podían haber reclamado, no siendo correcto deferir el dies a quo a la fecha del fallecimiento de la difunta Amanda.

Llama la atención el escaso esfuerzo argumental que dedican los recurrentes a esta cuestión -tanto en la demanda como en las conclusiones-, y, que, a la vista de los términos de la controversia de este procedimiento, es el tema central y prioritario que hay que abordar en este procedimiento.

Para analizar esta cuestión considera la Sala, que, primeramente es necesario, que nos refiramos a la cronología de los hechos en los términos que se deduce del expediente administrativo.

Con fecha 6 de noviembre de 2008, Amanda fue intervenida en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz para la realización de una cirugía bariátrica (bypass gástrico) siendo la causa de dicha intervención la obesidad mórbida diagnosticada a la paciente. La intervención consistió en laparotomía media supraumbilical, se confecciona un reservorio gástrico de 5x3cm. Montaje en Y de Roux con asa común a 100 cm de válvula ileocecal (bypass yeyuno ileal).

En fecha 7 de noviembre de 2008 la paciente recibe el alta, indicándose que la cirugía ha transcurrido sin incidencias; así consta en el Informe de Alta: "Cirugía sin incidentes pasa a UVI".

En diciembre de 2008 presenta un absceso de pared en que se trata con antibióticos

El 14 de diciembre de 2010 se la interviene para la colocación de una malla.

Se la revisa en fecha 25 abril del 2012 en endocrinología con los siguientes diagnósticos: déficit de vitamina D, anemia por malabsorción, posible trastorno conductual por atracones de comida y sobrecrecimiento bacteriano. Se anota en la consulta los episodios frecuentes de diarrea con deposiciones muy líquidas. En estos años ha perdido 50 kilos.

Ingreso en urgencias en 7 de noviembre de 2012, dada de alta el mismo día con los siguientes diagnósticos: gastroenteritis aguda, hernia abdominal a estudio y anemia a estudio.

Informe de hematología fechado el 14 de febrero de 2013 en el que se le diagnostica anemia secundaria a cirugía bariátrica. Revisión en consulta de hematología para ser preparada antes de la eventroplastia a la que va a ser sometida el 11 de abril del 2013.

Intento autolítico en mayo de 2014 mediante ingesta de pastillas.

Revisión en fecha 9 abril del 2015 en consulta de endocrinología con los siguientes diagnósticos: deficiencia de vitamina D con osteopenia, anemia con ferropenia sin respuesta al hierro oral, trastorno conductual con atracones de comida frecuentes, malabsorción grave tras cirugía bariátrica.

Se la revisa nuevamente en agosto de 2015 en consulta de endocrinología con los mismos diagnósticos que en consultas previas.

Ingreso en fecha 1 de noviembre de 2016 por cuadro infeccioso respiratorio y coagulopatía secundaria a síndrome de malabsorción tras cirugía bariátrica.

Ingreso nuevamente en 12 de mayo de 2017 por descompensación hidrópica por desnutrición proteínica, e insuficiencia pancreática exocrina en relación con cirugía bariátrica. En este ingreso se plantea nutrición parenteral completa y tratamiento diurético y con expansores de volumen.

Revisión en fecha 23 de septiembre de 2019 en consulta de endocrinología con los siguientes diagnósticos: malnutrición proteico calórica en paciente con antecedentes de cirugía bariátrica, esteatorrea con malabsorción de vitaminas liposolubles, déficit de vitamina D, osteopenia, descompensación hidrópica secundaria a hipoalbuminemia, anemia crónica, ferropenia y déficit de zinc.

En fecha 23 de septiembre de 2019 acude al servicio de endocrinología del Hospital Universitario de Getafe por traslado de domicilio, señalando la paciente que a partir de ese momento quiere realizar el seguimiento en dicho hospital. Es diagnosticada de malnutrición proteico-calórica en paciente con antecedentes de cirugía de la obesidad.

En informe de 3 de octubre de 2019 se señala que la paciente no se ha realizado la endoscopia que tenía pendiente en Fundación Jiménez Díaz, siendo el diagnóstico principal epigastralgia.

El 27 de octubre de 2019 ingresa en el Hospital de Getafe con diagnósticos previos. Motivo de ingreso es anasacra progresiva en un contexto de malnutrición proteica. En pruebas de imagen se objetiva signos de cirrosis hepática y problema mecánico en el pie de asa en el que se conectan el asa bilio-pancreática y el asa alimentaria.

Se la interviene el 2 de diciembre de 2019: se desmonta el pie de asa y confeccionándose un asa común de unos 350 cm y un asa alimentaria de 180 cm. Se obtiene una biopsia del hígado que informa de cirrosis hepática.

El día 2 de enero de 2020 se produce ingreso en el Hospital Universitario General de Getafe por descompensación hidrópica. En el contexto de dicho ingreso el 10 de enero de 2020 acontece encefalopatía hepática, la cual es diagnosticada como encefalopatía hepática grado II probablemente secundaria a tratamiento diurético.

Ante la carencia de camas de UCI se traslada al Hospital de Móstoles, donde fallece el día 31 de enero de 2020, siendo la causa de la muerte la insuficiencia hepática aguda crónica, figurando como causa intermedia la peritonitis bacteriana espontánea, siendo la causa inicial o fundamental cirrosis con enfermedad grasa.

SEPTIMO: El artículo 67.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone

"1. Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas".

Este precepto tiene como antecedente el artículo 142.5 de la derogada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la jurisprudencia que lo interpreta y fija los parámetros de su aplicación.

En la aplicación de este precepto, no podemos obviar que el instituto de la prescripción viene directamente vinculado al principio de seguridad jurídica y a la presunción de abandono del ejercicio del derecho ( SSTS de 14 de marzo de 2007, RCAS n.º 262/2000 ; 6 de mayo de 2009, RCAS n.º 292/2005 ; y 24 de mayo de 2010, RCAS n.º 644/2006 ), teniendo que ser interpretado de forma restrictiva al constituir una limitación al ejercicio tardío de los derechos, y no hallarse fundada en la justicia intrínseca. Por otro lado, debe respetarse el principio de indemnidad que se traduce en la reserva del derecho del perjudicado a ser íntegramente resarcido en situaciones en que no ha podido conocer en su totalidad el alcance de su daño hasta un momento posterior, por causas no imputables a su persona o comportamiento.

En esta línea, para determinar el inicio del cómputo del plazo anual, resulta de aplicación la doctrina de la actio nata, de forma que solo comienza ese plazo cuando se ha podido tener conocimiento cierto y efectivo del resultado lesivo provocado por el hecho causante. Por ello, nuestra jurisprudencia ha venido aceptando la posibilidad de la existencia de una temporánea reclamación a pesar de haberse producido la misma fuera del periodo del año en atención a esa imposibilidad de determinación concreta en toda su extensión del daño sufrido. Así, la STS de 25 de junio de 2002 recuerda que la Sala viene "proclamando hasta la saciedad ( sentencias de 8 de julio de 1993 , 28 de abril de 1997 , 14 de febrero y 26 de mayo de 1994 , 26 de octubre de 2000 y 11 de mayo de 2001 ), que "el " dies a quo" para el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial será aquel en que se conozcan definitivamente los efectos del quebranto" ( sentencia de 31 de octubre de 2000 ), o, en otros términos "aquel en que se objetivan las lesiones con el alcance definitivo de las secuelas".

Por ello, se ha venido distinguiendo entre daños permanentes y daños continuados , siendo buen ejemplo la STS de 6 de mayo de 2015 en la que se declara:

" Cuando la sentencia recurrida aborda la cuestión de la prescripción de la acción de responsabilidad patrimonial cita con acierto la consolidada y reiterada doctrina jurisprudencial sobre la aplicación del principio de la actio nata, a cuyo tenor, en lo que ahora interesa, el dies a quo del plazo prescriptorio ha de situarse en la fecha en que se ha determinado el alcance de las secuelas, como se sigue del artículo 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , momento en el que se entiende que el afectado tiene pleno conocimiento de las condiciones fácticas y jurídicas que pueden justificar una reclamación de esta naturaleza".

Ciertamente, la jurisprudencia de esta Sala (por todas, sentencia de 26 de febrero de 2013, dictada en el recurso de casación núm. 367/2011 ) distingue, en supuestos como el que nos ocupa, entre daños continuados, que no permiten conocer en el momento en que se producen los efectos definitivos de una lesión y en los que, por tanto, el dies a quo será aquél en que ese conocimiento se alcance; y daños permanentes, que aluden a lesiones irreversibles e incurables, aunque no intratables, cuyas secuelas resultan previsibles en su evolución y en su determinación, siendo por tanto cuantificables, por lo que los tratamientos paliativos o de rehabilitación ulteriores o encaminados a obtener una mejor calidad de vida, o a evitar eventuales complicaciones en la salud, o a obstaculizar la progresión de la enfermedad, no enervan la realidad de que el daño ya se manifestó con todo su alcance...

Lo relevante, con independencia de la terminología, es determinar el momento en el que las manifestaciones esenciales de la enfermedad y las secuelas que ésta indefectiblemente acarrea pueden reputarse como efectivamente constatadas, de modo que los afectados puedan ya ejercitar su derecho a reclamar al considerarse completados los elementos fácticos y jurídicos que permiten deducir la acción". Y en la sentencia de fecha 28 de noviembre de 2017 (rec. 2552/2015 ), dice el Tribunal Supremo: " CUARTO.- Pues bien, conviene recordar, antes de nada, que nuestra jurisprudencia viene distinguiendo, por un lado, entre los daños continuados , que no pueden conocerse en el momento en que se producen los efectos definitivos de una lesión y en los que, por tanto, el dies a quo será aquél en que dicho conocimiento se alcance. Y, de otro, los daños permanentes , que se refieren a lesiones irreversibles e incurables, que no obstante pueden ser tratadas, y cuyas secuelas resultan previsibles en relación a su fijación y evolución, siendo por tanto cuantificables, de modo que los tratamientos paliativos o de rehabilitación ulteriores deben estar encaminados o bien a obtener una cierta calidad de vida, o bien a evitar indeseables complicaciones, o bien, en fin, a obstaculizar la progresión de la enfermedad, no desmienten el hecho cierto de que el daño ya se había manifestado completamente y determinado su el "alcance" que prevé el citado artículo 142.4 de la Ley 30/1992 .".

En definitiva, se trata de determinar el dies a quo del cómputo de plazo, desde una perspectiva objetiva, tomando como referencia los elementos facticos que obran en el procedimiento, y que permitan concluir cuándo las posibles secuelas han quedado fijadas, siendo relevante, como destaca la STSJ de Castilla Y León, Sala de Burgos de 14 de mayo de 2020 (recurso 60/2019) el " título de imputación esgrimido por la actora, pues como hemos declarado reiteradamente, en las demandas de responsabilidad patrimonial frente a las Administraciones Públicas es de suma importancia la acotación del título de imputación, esto es, cual es el servicio público al que se imputa el daño y porqué se le imputa, precisando si ha funcionado de una forma normal o anormal y, en este último caso, en qué ha consistido esa anomalía. La razón de ello es que el objeto del proceso no es declarar la responsabilidad patrimonial por cualquier causa que surja o pueda surgir en el devenir del recurso contencioso administrativo, sino en llegar al convencimiento de que el título que se alega ha resultado probado".

La doctrina jurisprudencial en torno a esta determinación del día inicial se recoge entre otras en la STS de 11 de abril de 2018: " A tal efecto y como señala la sentencia de 25 de junio de 2002, esta Sala viene "proclamando hasta la saciedad ( sentencias de 8 de julio de 1993 , 28 de abril de 1997 , 14 de febrero y 26 de mayo de 1994 , 26 de octubre de 2000 y 11 de mayo de 2001 ), que "el " dies a quo" para el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial será aquel en que se conozcan definitivamente los efectos del quebranto" ( Sentencia de 31 de octubre de 2000 ), o, en otros términos "aquel en que se objetivan las lesiones con el alcance definitivo de las secuelas, siendo de rechazar con acierto la prescripción, cuando se pretende basar el plazo anual en la fecha del diagnóstico de la enfermedad" ( Sentencia de 23 de julio de 1997 )". Y decimos que no es de aplicación al supuesto de autos por cuanto, siendo cierto todo lo anterior, también lo es que no es posible dejar abierto el plazo de prescripción de forma indefinida, salvo que la relación de nuevas secuelas se presenten con una conexión intensa y directa con el mismo, con un alto nivel de previsibilidad. Pero ello no ha acontecido en el supuesto de autos"".

A partir de ahí, lo trascendente es determinar, en casos como el que ahora nos ocupa, en los que el afectado no va a conseguir la sanación completa, cuándo han quedado determinadas y/o estabilizadas de forma definitiva las secuelas. En estos casos, la jurisprudencia del Tribunal Supremo (por todas, sentencia de la Sala Tercera de 10 de julio de 2012; RCAs 2.962/ 2010) viene razonando como sigue:

"La previsión legal de que el ejercicio de la acción de responsabilidad ha de efectuarse siguiendo el principio de la actio nata , responde a la necesidad de no dar comienzo el plazo de prescripción cuando del hecho originador de la responsabilidad se infieren perjuicios o daños que no pueden ser determinados en su alcance o cuantía en el momento de ocurrir el acontecimiento dañoso, que por ello no comienza a computarse sino a partir del momento en que dicha determinación es posible, cual es el supuesto de enfermedades de evolución imprevisible o aquellos otros ocasionales casos en que la enfermedad inicialmente diagnosticada se traduce en unas secuelas de imposible predeterminación en su origen, mas no resulta de aplicación cuando el daño producido resulta previsible en su determinación, y por tanto, cuantificable, pese a que permanezca el padecimiento por no haberse recuperado íntegramente la salud o quedar quebrantada de forma irreversible, momento en que se inicia el plazo para la reclamación, como aquí sucede a partir de aquella determinación del diagnóstico de la enfermedad.

Dicho esto, lleva razón el recurrente en lo que se refiere a la necesidad de distinguir, como ha puesto de relieve la jurisprudencia de esta sala, entre los daños permanentes y los daños continuados. Como con reiteración ha manifestado esta sala, por todas la sentencia de la Sección Sexta de 18 de enero de 2008, recurso de casación 4.224/2002 , existen determinadas enfermedades en las que no es posible una curación propiamente dicha, pues la salud queda quebrantada de forma irreversible, supuestos en que entra en juego la previsión legal de que el ejercicio de la acción de responsabilidad ha de efectuarse, siguiendo el principio de la actio nata, a la que nos hemos referido, desde la determinación del alcance de las secuelas, aun cuando en el momento de su ejercicio no se haya recuperado íntegramente la salud, por cuanto que el daño producido resulta previsible en su evolución y en su determinación, y por tanto, cuantificable.

También es evidente que surgen casos en la realidad sanitaria en que ni existe auténtica curación ni la posibilidad de determinación del alcance de las secuelas; y ello bien porque la propia naturaleza de la enfermedad no permite prever la posible evolución de las mismas, bien porque en el devenir de su desarrollo se produzcan secuelas imprevistas y no determinadas, en cuyos supuestos este tribunal ha venido aceptando la posibilidad de la existencia de una temporánea reclamación a pesar de haberse producido la misma fuera del período del año desde que inicialmente se produjo el diagnóstico en atención a esa imposibilidad de determinación concreta en toda su extensión del daño sufrido. Es el supuesto de enfermedades de evolución imprevisible como son las derivadas del contagio de la hepatitis C o del SIDA o aquellos otros ocasionales casos en que la enfermedad inicialmente diagnosticada se traduce en unas secuelas de imposible predeterminación en su origen.

En estos últimos casos ha afirmado, efectivamente, esta sala que si del hecho originador de la responsabilidad se infieren perjuicios o daños que no pueden ser determinados en su alcance o cuantía en el momento de ocurrir el acontecimiento dañoso, el plazo de prescripción no comienza a computarse sino a partir del momento en que dicha determinación es posible, aceptando igualmente que en aquellas enfermedades excepcionales de imprevisible evolución, el daño pueda ser reclamado, como continuado, en cualquier momento. Así lo hemos afirmado en sentencia del 31 de octubre de 2000 . A tal efecto y como señala la sentencia de 25 de junio de 2002, esta sala viene "proclamando hasta la saciedad ( sentencias de 8 de julio de 1993 , 28 de abril de 1997 , 14 de febrero y 26 de mayo de 1994 , 26 de octubre de 2000 y 11 de mayo de 2001 ), que el dies a quo para el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial será aquel en que se conozcan definitivamente los efectos del quebranto" ( sentencia de 31 de octubre de 2000 ), o, en otros términos "aquel en que se objetivan las lesiones con el alcance definitivo de las secuelas, siendo de rechazar con acierto la prescripción, cuando se pretende basar el plazo anual en la fecha del diagnóstico de la enfermedad" ( sentencia de 23 de julio de 1997 )"....(...).

Expuesta así la doctrina jurisprudencial, resulta claro que, si nos encontramos con daños permanentes, estos se sufrirán siempre en el día a día del afectado, habida cuenta de que la sanación total nunca se va a poder conseguir. Así, jurisprudencialmente han merecido la calificación de permanentes los daños derivados de una tetraparexia con parálisis cerebral invariable padecida por recién nacidos [ sentencias de 28 de febrero de 2007 ( RCAs 5536/03, FJ 2º) y 18 de enero de 2008 ( RCAs 4224/02, FJ 4º)], la amputación de una pierna provocada por una deficiente asistencia médica [ sentencia de 21 de junio de 2007 (RCAs 2908/03, FJ 3º)], una meningitis aguda ( sentencia de 1 de diciembre de 2008 (RCAs nº 696172004), o una algoneurodistrofia de etiología traumática ( sentencia de 24 de septiembre de 2010 RCAs nº 3466/ 2006).

La sentencia del Tribunal Supremo de fecha 3 de Octubre de 2012 (RCAs 3566/2011) ha afirmado que:

" Como con reiteración ha manifestado la Sala, por todas la Sentencia de la Sección Sexta de 18 de enero de 2.008, RCAs 4224/2002 , existen determinadas enfermedades en las que no es posible una curación propiamente dicha, pues la salud queda quebrantada de forma irreversible, supuestos en que entra en juego la previsión legal de que el ejercicio de la acción de responsabilidad ha de efectuarse, siguiendo el principio de la "actio nata", a la que nos hemos referido, desde la determinación del alcance de las secuelas, aún cuando en el momento de su ejercicio no se haya recuperado íntegramente la salud, por cuanto que el daño producido resulta previsible en su evolución y en su determinación, y por tanto, cuantificable.

La doctrina de la " actio nata" permite mitigar estos efectos de imprevisibilidad en la determinación exacta del alcance de las secuelas, entendiendo que una vez establecidas de forma general aquellas secuelas derivadas del daño, debe entenderse que es posible el ejercicio de la acción, sin perjuicio que con posterioridad puedan ampliarse la reclamación o en su caso solicitar una reconsideración de las secuelas derivadas en relación de causa-efecto de la actividad administrativa ".

En el caso de autos, consideramos que la secuela derivada de la operación de 2008 se empezó a manifestar, esto es la malabsorción de los nutrientes que generaba una anemia, en el año 2013, y se manifiesta hasta mayo de 2017. A partir de ese momento se sabe que el bypass causa a la paciente la malabsorción y la anemia, que le produjo el proceso de debilitamiento al que atribuyen los recurrentes el fallecimiento, sin embargo, la causa de la muerte, a la vista del certificado médico fue la insuficiencia hepática derivada de la cirrosis hepática, y, no se nos ha demostrado, por otro lado, que esa insuficiencia hepática tenga relación causal directa con la cirugía a la que se la sometió en el año 2008, por ello considera la Sala que la eventual responsabilidad está prescrita, sin que sea posible posponer el dies a quo de la prescripción al fallecimiento de la paciente, entre otras cosas, porque consideramos que no se ha acreditado por la actora la relación entre esa insuficiencia hepática y la cirrosis hepática y la cirugía bariátrica, y mucho más si pensamos que durante los cuatro primeros años de ser sometida al bypass no tuvo más problemas que las complicaciones normales de la cirugía (abceso y eventración) detectándose por primera vez la mal absorción casi cuatro años después de la cirugía, el 25 de abril de 2012.

Por todo ello considera la Sala que procede la desestimación de este recurso formulado por la Procurador de los Tribunales Sra. Dª Adriana Latorre Blanco en nombre de Norberto, Rosaura, María Antonieta y Ovidio contra la resolución del Sr. Viceconsejero de Asistencia Sanitaria de fecha 29 de abril de 2021 por la que se inadmitió, por estar prescrita, la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración formulada ante el Servicio Madrileño de Salud en fecha 1 de febrero de 2021 por los recurrentes, resolución que, por no ser contraria a derecho, se confirma.

Y OCTAVO: El art. 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, establece en su primer párrafo:

"En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho."

Por su parte, el art. 139.4 del mismo Texto Legal dispone:

"La imposición de las costas podrá ser a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima."

En el presente caso se imponen las costas a la recurrente, al haber visto rechazadas todas sus pretensiones y no apreciar la Sala que existan serias dudas de hecho o de derecho.

No obstante, se limita el importe máximo que podrá reclamarse por todas las partes y todos los conceptos enumerados en el art. 241.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, a la suma de dos mil (2000) euros.

V I S T O S los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey, por la potestad que nos confiere la Constitución Española,