Sentencia Contencioso-Administrativo , Rec. 2703/2022 de 11 de diciembre del 2025

PRIMERO.- El recurso contencioso-administrativo se dirige contra la resolución de 17 de agosto de 2022, del Ministro del Interior, que deniega el derecho de asilo, la protección subsidiaria y la residencia en España por razones de protección internacional de carácter humanitario en los términos previstos en la Ley 12/2009, de 30 de octubre.

La resolución considera que la documentación existente acredita la identidad y nacionalidad venezolana de la solicitante, que fundamenta su petición de protección internacional en la situación general de escasez de alimentos y medicamentos, de inseguridad e insalubridad y falta de oportunidades laborales y estudiantiles de su país de origen, Venezuela. Debido a esta situación estableció su residencia en un tercer país antes de llegar a España y solicitar protección internacional.

Relaciona la documentación aportada y la información consultada para el análisis y el estudio de la solicitud, y estima que según las propias alegaciones de solicitante no ha habido persecución o amenaza en su país por los motivos previstos en la Ley para el asilo, ni se desprende de la declaración un temor fundado de sufrirla. Concluye que no ha quedado establecida ni la existencia de una persecución, ni una problemática susceptible de protección conforme a lo prevenido en la Convención de Ginebra de 1951, por lo que deniega la concesión del estatuto de refugiado.

En segundo lugar, la resolución concluye que no concurren ninguna de las causas que pudieran dar lugar a la concesión de protección subsidiaria, del artículo 10 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

Finalmente, deniega la autorización de residencia por razones humanitarias, en el marco de una protección nacional, según las previsiones de los artículos 37.b) y 46.3 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

SEGUNDO.- La demanda alega que, según los hechos y motivos invocados para solicitar la protección internacional, con la normativa aplicable en la materia, la resolución impugnada debió otorgar el asilo o la protección subsidiaria, o, subsidiariamente autorizar la permanencia en España por razones humanitarias.

En la contestación a la demanda se sostiene la conformidad a derecho de la resolución recurrida, ante la ausencia de los requisitos que justifiquen el otorgamiento del asilo o la protección subsidiaria, y por la ausencia de razones humanitarias que justifiquen el derecho a permanecer en España.

TERCERO.- Establece el art. 2 de la Ley 12/2009, de 13 de octubre del derecho de asilo y de la protección subsidiaria que: El derecho de asilo es la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado en los términos definidos en el artículo 3 de esta Ley y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados , hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y su Protocolo, suscrito en Nueva York el 31 de enero de 1967.

Según el art.3 de la misma Ley 12/2009: La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género, orientación sexual o de identidad sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9.

En la entrevista para determinar los hechos relevantes que motivan la solicitud, la demandante, de nacionalidad venezolana, indicó que huyó de Venezuela debido a la situación social y la inseguridad, relatando un acontecimiento concreto en el que fue objeto de un intento de robo con violencia en el que fue herida de bala.

En la documentación incorporada al expediente consta que antes de venir a España, la demandante residió y trabajó en Perú, desde 2017 y durante un año y diez meses.

La situación alegada no es encuadrable en alguna de las causas legales de asilo.

De lo que se sigue la desestimación de la pretensión de reconocimiento del derecho de asilo.

CUARTO.- En cuanto a la protección subsidiaria, el art. 4 de la Ley 12/2009 establece que El derecho a la protección subsidiaria es el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el artículo 10 de esta Ley , y que no pueden o, a causa de dicho riesgo, no quieren, acogerse a la protección del país de que se trate, siempre que no concurra alguno de los supuestos mencionados en los artículos 11 y 12 de esta Ley .

Esos "daños graves" están definidos en el art. 10 de la Ley: Constituyen los daños graves que dan lugar a la protección subsidiaria prevista en el artículo 4 de esta Ley : a) La condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material; b) la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante; c) las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno.

Según el relato de la solicitud y la situación de Venezuela que recoge la resolución, el supuesto no tiene encaje en ninguna de estas situaciones, y tampoco se acredita la existencia de amenazas para la vida o integridad.

QUINTO.- En tercer lugar, sobre la solicitud de autorización de residencia por razones humanitarias.

La autorización de residencia por razones humanitarias supone una protección nacional, por parte de un Estado miembro, sobre una base discrecional y por compasión o por motivos humanitarios, conforme a la normativa de extranjería, al margen del sistema de protección internacional (acorde al considerando 15 y artículo 3 de la Directiva 2011/95). Así lo ha manifestado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencias de 9 de noviembre de 2010 (asunto B y D, acumulados C-57/09 y C-101/09, apartados 116 y 118) y 18 de diciembre de 2014, asunto M?Bodj, ( C-542/13), y de la misma fecha, asunto Abdida ( C-562/13).

Precisamente, el artículo 2.h) de la Directiva de reconocimiento al definir la solicitud de protección internacional, señala: petición de protección presentada a un Estado miembro por un nacional de un tercer país o un apátrida que pueda presumirse aspira a obtener el estatuto de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria, y que no pida expresamente otra clase de protección que esté fuera del ámbito de aplicación de la presente Directiva y pueda solicitarse por separado.

Tal y como recalca el TJUE en la sentencia de 23 de mayo de 2019, asunto Bilali (C-720/17), (apartado 61), del artículo 2, letra h), in fine, de la Directiva 2011/95 se desprende que esta no se opone a que una persona solicite protección en el marco de «otra clase de protección» que esté fuera de su ámbito de aplicación. Así pues, esta Directiva admite que los Estados miembros de acogida pueden conceder, en virtud de su Derecho nacional, una protección nacional que permita a las personas excluidas del estatuto de protección subsidiaria permanecer en el territorio del Estado miembro de que se trate. La concesión de ese estatuto de protección nacional por parte de un Estado miembro no está comprendida, sin embargo, en el ámbito de aplicación de dicha Directiva.

En cuanto tal protección nacional, los artículos 37.b) y el 46.3 de la Ley 12/2009, se refieren a una autorización de permanencia en España por motivos humanitarios, en los términos previstos por la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración. Dichas autorizaciones tienen su propia regulación y son completamente ajenas al procedimiento de protección internacional.

En el presente caso, la resolución estudia el otorgamiento de residencia por razones humanitarias, razonando sobre las circunstancias de la solicitante, que proviene de un tercer país seguro donde, ni con carácter general por el hecho de su nacionalidad venezolana, ni con carácter particular a tenor de lo expuesto en su relato, es posible entender que su permanencia en dicho país pueda suponerle ni un riesgo de persecución por su origen ni daños graves por los mismos motivos. Por lo que no se aprecian razones suficientemente fundadas para otorgar la autorización de residencia en España, según los artículos 37.b y 46.3 Ley de Asilo y su normativa de desarrollo.

La inexistencia de vulnerabilidad está documentada en el expediente, y los razonamientos al efecto de la resolución no son contradichas por la demanda. La procedencia de un tercer Estado considerado seguro, junto con el resto de las circunstancias existentes, muestra que no hay razones por las que, dentro del procedimiento de asilo, pudiera permitirse la estancia por motivos humanitarios.

Por lo tanto, debe confirmarse la resolución recurrida también en cuanto a la autorización de residencia por motivos humanitarios.

SEXTO.- De conformidad con el artículo 139.1 LJCA, procede imponer las costas a la recurrente, sin que el límite máximo de aquéllas pueda exceder de la suma de 1000 euros por todos los conceptos.

Por todo lo expuesto